La función económica del Estado es regular (establecer las reglas de juego) y controlar la actividad económica.
“Nos pasamos la vida hablando contra la inflación, todo gobierno (y todo ministro de Economía) lo primero que promete es combatir la inflación. Y, si uno se fija bien, el ataque a la inflación va dirigido al incremento de los costos, o sea al aumento de sueldos y salarios. Jamás se ha combatido la inflación diciendo que se debe al crecimiento de las ganancias (…) nadie se ha preguntado si las ganancias tenían sentido y si eran económicas”.
Enrique Silberstein
La inflación es el crecimiento generalizado de los precios y es también el deterioro del poder adquisitivo del dinero. El dinero es el medio de pago creado por el Estado a través de la autoridad monetaria, por ende la inflación perjudica a los que tienen ingresos fijos, generando una puja entre los que pueden determinar precios y los que no, afectando a la población y, paralelamente, a la capacidad de ese Estado de contar con un medio de cambio idóneo, que sea a la vez medio de ahorro, combinación esencial para generar lo que en economía se llama “señoreaje”, que no es otra cosa que el financiamiento del gasto público con emisión monetaria.
El deterioro de nuestra moneda hace que solo sea usada como bien de cambio, y el dólar la reemplaza como moneda de ahorro. Cuanto menos vale nuestro dinero, más valen los bienes y servicios, y las divisas (mayor precio debemos pagar por ellos).
La función económica del Estado es regular (establecer las reglas de juego) y controlar la actividad económica. Si además de no cumplir esas funciones debidamente se deprecia nuestra moneda para asegurar un superávit comercial totalmente desproporcionado, con el pretexto de que se debe pagar la deuda externa que no se sabe dónde está ni quiénes se beneficiaron con ella, se genera un proceso inflacionario persistente y creciente.
Esto en la Argentina no siempre fue así, pero la dictadura cívico-militar generó un modelo dependiente del sistema financiero y cambiario mundial mediante la deuda externa, que se profundizó de tal forma que la inflación, medida por el IPC (índice de precios al consumidor) del INDEC, fue del 444% anual en 1976; de 176% anual en 1977; guarismo que se repitió en 1978; 160% en 1979; 101% en 1980; 105% en 1981 y 165% en 1982.
Se va inter-relacionando el dólar con el aumento de los precios a medida que nos reprimarizamos y exportamos materias primas y alimentos. Se abandona el mercado interno y se apuntala un modelo extractivista, agropecuario exportador, que implica comparar nuestros precios internos con los externos, mientras se devalúa sistemáticamente nuestra moneda.
Esa situación se revierte durante el kirchnerismo, cuando creció el PIB sustentablemente en base al mercado interno y el gasto público y, a la vez, aumentaban las exportaciones con mayor valor agregado. Por ejemplo, en 2011 se logró exportar Manufacturas de Origen Industrial (MOI) por 28.916 millones de dólares (cifra jamás lograda antes ni después) creando más fuentes de trabajo. La reticencia inversora de las grandes empresas con mercados cautivos (bienes de uso difundido como el aluminio, los productos petroquímicos, el acero, el cemento, etc., por un lado, y los alimentos por otro) hizo que ante la mayor demanda interna, en lugar de ampliar la capacidad instalada aumentaran los precios.
El gobierno de Cambiemos, con una política premeditada de endeudamiento mediante el mecanismo de disminuir la presión impositiva sobre los sectores de mayores recursos y eliminar los derechos de exportación (retenciones, que dejó solo en la soja), debió financiar el déficit fiscal resultante de menores ingresos por recaudación de impuestos y derechos, déficit que es en pesos pero con deuda en divisas, sin ningún orden y control, corroborado porque las 100 primera empresas que compraron 24.769 millones de dólares en esos años no pueden demostrar en sus balances de dónde sacaron los fondos para hacerlo.
El gobierno de Alberto Fernández al asumir envió el proyecto que se transformó en Ley 27.541 de Solidaridad Social y de Reactivación Productiva, que declaraba la emergencia de casi todo menos la “Emergencia Cambiaria”, que es imprescindible porque le hubiera permitido al Banco Central, en cumplimiento de sus misiones y funciones, preservar las reservas internacionales en lugar de rifarlas entre adelantos a las importaciones [1] de grandes empresas cuando ninguna de ellas tiene esa necesidad y, peor aún, de haberle vendido dólares al tipo de cambio oficial (de $62 del 11 de diciembre de 2019 a $128,19 del 23 de junio de 2022) a empresas que el mismo BCRA que realizó el Informe “Mercado de cambios deuda y formación de activos externos 2015-2019” sabe que los compraron y fugaron.
Entonces la situación desmejora a pasos agigantados, sin Junta Nacional de Granos ni Junta Nacional de Carne, y desmantelados los organismos de control, el precio interno tiene como “límite” el precio del mercado externo y, aún así, no en todo los casos.
El precio interno de la botella de aceite de girasol de 1,5 litros, según el IPC del INDEC de mayo 2022, fue de $370,71, pero las principales marcas que la producen son las que la exportan y en los supermercados de Madrid su precio es de 2,48 euros. La cotización promedio de ese mes era de $128,04, por lo que el precio en la Argentina debería haber sido de $317,54. Se siembra y cosecha el girasol en estas tierras, se prensa y se envasa acá, viaja 10.000 kilómetros y sin embargo el precio es mayor en la Argentina que en España. O bien tienen esos grandes productores su propio precio del euro o bien prefieren vender afuera porque subfacturan la cantidad de botellas vendidas y depositan en cuentas en el exterior la parte exportada no declarada.
El cuadro se torna más complejo cuando observamos que el gobierno nacional arribó a un acuerdo con CIARA-CEC (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro Exportador de Cereales) por el cual no se le aumenta la tasa del derecho de exportación (retenciones) y no se cierran los registros de exportación en las ventas de soja, girasol, harinas y aceites del complejo aceitero, a cambio de que se garantice la venta de 29 millones de litros de aceite de soja y girasol en el mercado interno al precio que nos referimos en el párrafo anterior.
Sabemos que CIARA-CEC pretende renovar el acuerdo, pero quiere que el gobierno le reduzca la alícuota de las retenciones (pagan el 12% en general y el 30% sólo en el caso de la soja), cuando el manual de economía afirma que la principal medida para desacoplar los precios internos de los externos es subir el derecho de exportación. El pretexto de los establecimientos agro industriales es que deben importar soja y otros granos de países lindantes (léase principalmente Paraguay, que exporta más soja de la que produce) y que tienen capacidad ociosa en la industria aceitera y producirían más si le bajan las retenciones.
La Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, lo dijo clara y tajantemente el 20 de junio 2022 al conmemorarse el Día de La Bandera: “Porque cuando se acaban los dólares o cuando el mercado atisba que no va a haber dólares comienza la carrera por la devaluación y a apretar entonces. Por eso comienza la brecha, la brecha entre los dólares financieros, el famoso dólar blue (con el) que hoy hacen pingües negocios”.
Y son cinco “festivales” que implican riquezas para uno y pobreza y exclusión para muchos. La Vicepresidenta se refirió a los tres comerciales, porque Manuel Belgrano en su Correo de Comercio del 10 de marzo de 1810 afirmaba: “La importación de mercancías que impiden el consumo de las del país perjudican al progreso de sus manufacturas, y las lleva tras de sí necesariamente a la ruina de una Nación”. Ellos son:
1. El “festival” del superávit comercial desde el 1º de enero de 2020 al 31 de mayo de 2022: las exportaciones superaron a las importaciones en 30.643 millones de dólares y las reservas internacionales del BCRA decrecieron en igual lapso en 3.548 millones de dólares.
2. El “festival” de las importaciones, que en prevención de la suba del tipo de cambio oficial se acrecentaron exponencialmente: en mayo de 2022 fueron de 7.870 millones de dólares, suma que representa un 53,1% más (en dólares) que en mayo de 2021 y, si tomamos el acumulado de los primeros cinco meses de 2022 (importaciones por 32.722 millones de dólares) es un 44,6 % superior.
3. “Festival” de exportaciones primarias, que acrecientan a pasos acelerados su participación en las ventas externas del país.
Y a ellos le debemos sumar:
4. El “festival” de títulos de Deuda del Tesoro de la Nación en pesos, que son cada vez a menores plazos (la última licitación no superaron los 180 días) y a mayores tasas (del 14 al 16% por encima de la inflación) y alcanza un monto total de 10,6% del PIB (es en pesos pero equivalente a 40.400 millones de dólares).
5. El “festival” de los bancos con los encajes remunerados por Leliq y Notaliq, a los que se les incrementó la tasa efectiva anual de cada una de ellas (66,5% y 67% respectivamente) y al 21 de junio 2022 ascendían a 5,45 billones de pesos (es en pesos pero equivalente a 42.000 millones de dólares).
Obviamente que los ricos pueden estar en varios “festivales” a la vez. Es la amplia mayoría de nuestro pueblo la que no está en ninguno. Esto les hace decir a los Curas católicos en Opción por los Pobres, en la Proclama que le presentaron al Presidente Alberto Fernández el 25 de mayo 2022: “No hay injusticia sin injustos, no hay pobreza sin ricos”.
Nota
[1] Con la Emergencia Cambiaria se suspenden las prerrogativas de que se le prohíbe importar porque la prioridad es preservar las Reservas Internacionales del BCRA.
Horacio Rovelli. Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
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