¿Es posible percibir un fenómeno sin verlo y sin que ninguno de los otros sentidos lo detecten? Si, es posible. No nos estamos refiriendo a nada sobrenatural. De lo que se trata es de considerar el contexto. La ciencia hace uso de este método con mucha frecuencia. Así por ejemplo, los astrónomos hoy en día dan por hecho la existencia de un noveno planeta en el Sistema Solar sin que ningún telescopio todavía lo haya podido ubicar. Lo deducen de los movimientos de los llamados cuerpos transneptunianos del cinturón de Kuiper. Sus órbitas están afectadas por un cuerpo muy grande que no puede ser sino un planeta.
También la investigación policiaca (la seria, no la boliviana, obviamente) hace uso exhaustivo de esta metodología. Consideremos hipotéticamente un asesinato que nadie ha visto, pero se tiene por principal sospechoso a alguien que tenía motivos para realizar el crimen, se beneficia ampliamente con la muerte del asesinado, ha tenido la oportunidad de cometerlo y además, en sus declaraciones ha ocultado información y ha mentido a la policía. El investigador hace un cuadro con toda esta información y, sin haber visto el crimen, puede percibir obviamente quien lo cometió.
Las ciencias médicas, por su lado, hacen también uso amplio de estas metodologías guiándose por los síntomas de los enfermos, y de las pruebas que realizan para descartar alguna evolución del organismo.
Ahora bien, propongo aplicar este método para esclarecer qué está ocurriendo con los contratos del litio en la coyuntura política actual en Bolivia. Entonces me pregunto ¿por qué razón el gobierno boliviano firma contrato para la construcción de una planta de Carbonato de Litio con una empresa que no tiene experiencia alguna en el rubro, como es la CBC Hong Kong? Para encontrar la razón de esta aparente irracional actuación del gobierno, tenemos entonces que ver el contexto. Veamos.
El hijo del presidente, Marcelo Arce Mosqueira, ha sido acusado de negociar los contratos de Litio, sin tener atribución alguna para ese efecto. La denuncia no es anónima, sino viene de un diputado, que tiene facultad de fiscalizar al gobierno, y lo hace con elementos de prueba, como videos, grabaciones y fotografías. El gobierno no se ha referido a esas denuncias, más bien las ignora, a no ser alguna referencia muy genérica, desvirtuando la denuncia, aduciendo simplemente intensiones desestabilizadoras contra el régimen. Si las denuncias del diputado serían infundadas, no habría razón para que el gobierno evite salir a la palestra y con documentación en mano desvirtúe una por una las acusaciones que se han formulado. Mas bien, el gobierno ganaría en credibilidad si lo hiciera. El hecho que lo haya omitido se convierte en un indicio más de irregularidades campantes en el asunto.
Los contratos del Litio han sido cuestionados por amplios sectores de la población, no sólo por la falta de experiencia de la CBC Hong Kong en el rubro, sin también por la significativa cantidad de recursos que el Estado Boliviano deberá pagar para compensar las inversiones que vayan a realizar las empresas contratistas, para no mencionar las ilegalidades que se generan cuando se les permite explotar materia prima, siendo que, por ley, sólo deben actuar en la generación de valor agregado. Entonces, nace una nueva pregunta: ¿Por qué el gobierno arriesga un futuro juicio de responsabilidades al cometer flagrantes ilegalidades?
Otro componente del contexto es la denuncia de presunto soborno a varios Asambleístas de la Comisión de economía plural, producción e industria de la Asamblea Legislativa para aprobar los contratos de litio y despacharlos al pleno de la cámara por hasta 10 mil dólares. Si bien, los diputados aludidos han negado el hecho, las denuncias son insistentes.
Cuando se tiene en cuenta todo este contexto, que no es sino un brevísimo resumen de lo que ha acontecido con el tema del Litio, se tiene consecuentemente una respuesta hipotética a la pregunta inicial: Si bien nadie lo ha visto, se puede deducir que el gobierno ha tenido que recibir fuertes sumas de dinero de soborno por parte de las empresas contratistas para impulsar la aprobación de los contratos del Litio, que además de ser claramente ilegales, son abiertamente desventajosos para el país.
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