La deuda pública de la Argentina promete ser uno de los grandes temas económicos y políticos del 2015 y no solo para el país, ya que la situación en torno al conflicto con los fondos buitres o especuladores, como con la Justicia de EEUU interviene en otras latitudes, no solo por lo económico, sino y […]
La deuda pública de la Argentina promete ser uno de los grandes temas económicos y políticos del 2015 y no solo para el país, ya que la situación en torno al conflicto con los fondos buitres o especuladores, como con la Justicia de EEUU interviene en otras latitudes, no solo por lo económico, sino y especialmente en el plano de la política.
Tanto Grecia como España, en procesos electorales en el corto plazo y que habilitan expectativas de cambio tienen entre sus amenazas a los acreedores de la deuda y al sistema financiero mundial y sus gerentes de los organismos financieros internacionales, tales como el FMI y el BM.
El sistema mundial del capitalismo ejerce presión sobre los países deudores para la cancelación de deudas contra un ajuste que se descarga sobre los pueblos y a costa de la soberanía. Constituye una de las facetas de la crisis mundial en curso desde 2007/08.
Por ello es que el sistema se la juega en el desenlace de la situación local, que puede seguir cancelando deuda o iniciar un proceso complejo de desobediencia, suspendiendo los pagos y habilitando la auditoría de la deuda desde tiempos de la dictadura de 1976/83 tal como se resolvió en la Ley de Pago Soberano de septiembre del 2014.
Monto de la negociación en curso
Recordemos que la cesación de pagos fue por 100.000 millones de dólares en 2001. El país sigue en cesación de pagos con el 7,6% de los acreedores tenedores de aquellos bonos, ya que el 92,4% accedió a los canjes de deuda del 2005 y 2010.
El país se comprometió a no mejorar la oferta de pago, y si así lo hacía con los acreedores no ingresados a los canjes de deuda, debía ofrecer las mismas condiciones a los que si aceptaron el canje. Es lo que se conoce como cláusula RUFO, la que venció a fines del 2014 y razón por lo cual no se accedía a la demanda de cobro de la sentencia Griesa lograda por los fondos buitres.
La acreencia en default alcanza a 7.600 millones de dólares del 2001 (7,6% de 100.000 millones), a los cuales deben sumarse los intereses correspondientes reclamados por los actuales tenedores de esos títulos. Se estima que actualizada la deuda con todos esos acreedores se puede llegar a más de 20.000 millones de dólares según estiman las autoridades argentinas.
No es poco para un país sin gran capacidad de compra de divisas para hacer frente a sus obligaciones externas, del orden de los 147.000 millones de dólares a junio del 2014 según las cuentas nacionales (claro que no se computa la deuda con organismos estatales). Vale recordar que al momento del default en diciembre del 2001 la deuda externa alcanzaba los 145.000 millones de dólares. Si computamos esos potenciales 20.000 millones de dólares de deuda actualizada, el stock de deuda en valores absolutos es mayor al del momento de la cesación de pagos. El argumento oficial es que el stock de deuda es menor en proporción al PBI, un dato cuestionado por las mediciones de la estadística oficial.
A los fines de pensar la capacidad de pago de la Argentina, conviene recordar el deterioro de la situación externa del país, con un superávit comercial en baja estimado en 7.000 millones de dólares para 2015 derivado de precios internacionales en baja de los productos de exportación, especialmente la soja y límites estructurales al ingreso de divisas, por inversiones o préstamos. Vale adicionar que el superávit se logra con restricciones a las importaciones y regulación de las exportaciones, todo lo que interviene en el nivel de actividad y su impacto como desaceleración económica, recesión productiva y pérdidas de puestos de trabajo-
La deuda era un cáncer en 2001 y lo sigue siendo en el 2015.
La información oficial reconoce a septiembre del 2014 una deuda pública de 209.000 millones de dólares, que según comentamos se aumentaría luego de algún acuerdo con los hold-out y mucho más si contabilizamos la deuda asumida por las provincias de la Argentina. La cifra podría escalar en un 50% más. Vale diferenciar deuda externa por 147.000 millones de dólares y deuda pública por 209.000 millones de dólares.
Muchos de esos acreedores que demandan cancelar deuda a la Argentina compraron los bonos por una miseria, en tiempos de default y escasa credibilidad en la capacidad y posibilidad de pago por parte de Argentina. Es una situación que cambió desde que el país se transformó en un riguroso pagador de deuda, que como se reconoce desde el gobierno, en estos años transitados desde el 2003 se cancelaron más de 190.000 millones de dólares bajo la política de desendeudamiento.
En ese marco, de un país cumplidor con los vencimientos, los fondos especulativos apostaron fuerte a la recuperación de la capacidad de pago de la Argentina y demandaron al país ante la justicia estadounidense, tal como estaba previsto en la emisión de esos títulos.
Por eso, por ser fondos que especularon con la mejora de la situación argentina se los denominó «fondos buitres», aves de rapiña que atacan a un deudor con problemas de pago hasta la recuperación.
La Argentina llevó en crítica la situación a los ámbitos mundiales recibiendo la máxima solidaridad e incluso un trámite favorable en Naciones Unidas para legislar sobre temas similares relativo a deudas soberanas a futuro.
El caso, de seguir el trámite y aprobarse algún mecanismo favorable a los países deudores, servirá eventualmente para evitar ataques especulativos sobre deudas soberanas de otros países, aunque no para la situación argentina actual, demandada como está por los fondos buitres en la Justicia de EEUU. Las disposiciones de la ONU tendrán vigencia a futuro y sin efecto retroactivo.
Una parte de esos acreedores (hold-out), demandaron a la Argentina en los tribunales de Nueva York por unos 1.300 millones de dólares. En el Juzgado neoyorkino de Thomas Griesa lograron durante el 2014 una sentencia favorable ratificada en instancias judiciales superiores que obliga a la Argentina a cancelar en efectivo el 100% de la deuda más intereses, lo que alcanza al día de hoy a más de 1.600 millones de dólares. La Argentina ofreció a esos acreedores las mismas condiciones que al 92,4% ingresado a los canjes del 2005 y 2010, un monto que está por debajo de la sentencia judicial lograda en Nueva York, por lo que los acreedores no aceptaron.
A partir de esa situación se generó un default técnico de la Argentina, no solo por no cancelar el juicio en EEUU, sino porque ya no se puede acreditar en la cuenta en EEUU de los acreedores ingresados a los canjes de deuda bajo legislación estadounidense. Es que existe la posibilidad de embargo de esos fondos. Así, hay 539 millones de dólares inmovilizados en el Banco Mellon de Nueva York, depositados desde junio del 2014 y se habilitó por ley del Congreso argentino el cambio de domicilio de pago, previo canje de bonos, hacia una cuenta en el Banco de la Nación en Buenos Aires. No hubo adherentes a esta posibilidad y el gobierno depositó esos fondos desde septiembre pasado, los que están inmovilizados en una cuenta especial en el BCRA.
Los siguientes pagos siguen inmovilizados en esa cuenta. Argentina quiere pagar y el probable embargo externo impide que los acreedores ingresados a los canjes de duda acrediten en sus cuentas fondos que el país destina con ese fin, haciendo más compleja aun la situación de la deuda. Un gran embrollo que resulta en fondos inmovilizados para cancelar deuda que podrían ser utilizados con otros destinos de política económica y social.
Lo que puede suceder y un camino alternativo
La negociación con los fondos buitres casi no existió en este tiempo, por lo menos públicamente, y la Argentina fue declarada en default técnico limitado y se mantiene penalizada en el sistema financiero internacional, quien presiona para un arreglo con esos hold-outs o fondos buitres.
Entre otras razones para no mejorar la oferta de pago, desde el gobierno argentino se esgrimía la vigencia de la cláusula RUFO, con efecto hasta fines del 2014 y que exigía pagar a los ingresados en los canjes del 2005 y 2010 los mejores pagos que se hicieran a cualquier acreedor de aquella deuda en cesación de pagos del 2001. Ya no existe la famosa cláusula y se habilita la posibilidad de nuevas negociaciones con los acreedores de la sentencia Griesa, lo que puede ser extensivo al conjunto de los acreedores que no ingresaron a ninguno de los canjes de deuda.
Insistamos que están en juego 1.600 millones de dólares con la deuda con sentencia y unos 20.000 millones de dólares con el conjunto de tenedores de títulos en default.
Un primer interrogante es si durante el 2015 la Argentina accederá a negociar con esos fondos buitres y bajo qué condiciones se logrará el acuerdo. Si no negocia y/o no acuerda, el problema se transfiere al nuevo gobierno que asuma en diciembre del 2015. Otro interrogante remite a las fuentes de financiamiento externo de la Argentina en un año donde deben cancelarse 12.000 millones de dólares, la mitad en BODEN 2015, un bono del canje de deuda que tiene vencimiento en octubre del presente año. El último y reciente intento para conseguir un canje de deuda por 3.000 millones de dólares, alargando los plazos de vencimiento de octubre del 2015 a octubre del 2024, con mejores condiciones para los acreedores, no obtuvo propuestas suficientes y evidencia los límites de reinserción de la Argentina en el mercado mundial de préstamos.
En ese sentido, China facilitó la ejecución de tres tramos, por 814 millones, 500 millones y 1.000 millones, de su operación swap contraída con la Argentina por un total posible de 11.000 millones de dólares, en rigor, en yuanes, la moneda de China. Así, la Argentina se hizo de yuanes equivalentes por 2.314 millones de dólares y utilizar fondos de reservas internacionales para cumplir con los compromisos derivados de la deuda y finalizar el año con más de 31.000 millones de dólares de reservas internacionales. Es un horizonte posible la continuidad de asumir nueva deuda con China y postergar una nueva explosión de la crisis de la desuda pública de la Argentina
Otra posibilidad es la suspensión de los pagos y la realización de una auditoría de la deuda, como se establece en la legislación de septiembre pasado.
La asamblea popular integrada por un conjunto diverso de organizaciones sociales y políticas que impulsan una campaña por la suspensión de los pagos, la realización de una auditoría de la deuda y en defensa de la soberanía de los bienes comunes, se dirigieron a todos los parlamentarios nacionales para consultarlos sobre los avances realizados en la conformación de la Comisión de Auditoría. Aclaran en un comunicado que nada esperan de los congresistas y si de la población para instalar un gran movimiento popular que exija una política alternativa en materia de deuda, para terminar con el cáncer de la deuda.
Por todo ello es que madura la idea de una Conferencia Internacional por la suspensión de los pagos de la deuda en Argentina, en abril del 2015, a 15 años del fallecimiento de Alejandro Olmos, quien llevó a juicio a los responsables del endeudamiento externo en tiempos de la dictadura genocida, el inicio ilegitimo del endeudamiento actual.
Esa Conferencia Internacional puede ser un ámbito en donde se publicite la situación de Argentina, Grecia o España y de todos los pueblos del mundo chantajeados por el cáncer de la deuda pública y el ajuste que demandan las clases dominantes de un capitalismo en crisis.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.