En Argentina el mes de diciembre se ha tornado el mes de los sobresaltos; todos los años (casi sin excepción) llegado el duodécimo mes del año se desatan «conflictos político-sociales» que, créase o no, despliegan sus efectos sobre la gobernabilidad; intentando con ello obstaculizar el normal desenvolvimiento del sistema democrático. Curiosamente, los factores y procedimientos […]
En Argentina el mes de diciembre se ha tornado el mes de los sobresaltos; todos los años (casi sin excepción) llegado el duodécimo mes del año se desatan «conflictos político-sociales» que, créase o no, despliegan sus efectos sobre la gobernabilidad; intentando con ello obstaculizar el normal desenvolvimiento del sistema democrático.
Curiosamente, los factores y procedimientos que se desarrollan para que una pluralidad de conflictos brote en la superficie suelen ser de lo más variado; sin embargo, hay uno que se ha transformado en un clásico de los fines de año: el saqueo.
Este procedimiento asociado indefectiblemente a lo acaecido en el año 1989 y que determinó el acortamiento del mandato del gobierno del Dr. Raúl Alfonsín se ha convertido últimamente en el fantasma que acecha cada vez que el mes de diciembre anuncia su llegada en la vida de los argentinos.
Sin duda, la situación reinante en aquellos años estaba signada por la grave situación económica que atravesaba el país merced a la desmesurada deuda externa y a la galopante hiperinflación que devoraba los salarios de los trabajadores a un ritmo ininterrumpido. Sin embargo, si bien es absolutamente real que las circunstancias económicas azotaban a amplias franjas de la población -factor que de por sí, mantenía en ebullición un potencial estallido social- el desencadenante de la conflictividad social acaecida, no fue un hecho espontáneo, sino previamente organizado.
Hoy se sabe, gracias a la indagación histórica, que la escasez de productos, el alza desmesurada de precios, las corridas cambiarias, las altas tasas de interés, el alzamiento de Villa Martelli y los mentados saqueos no confluyeron al unísono por azar; sino que lo hicieron orquestadamente, con el deliberado propósito de acelerar la salida del ex presidente constitucional. Sin olvidar, tampoco, la respuesta que el Ceo de Clarín (el grupo mediático más importante del país) le vertió a Don Raúl Alfonsín cuando éste solicito una tregua para terminar su mandato: «Usted ya es un estorbo».
Lo cierto es que la intencionalidad desestabilizadora disfrazada de «espontaneidad» suele estar presente en cada una de estas operaciones. Desde luego, que existen momentos en donde las condiciones objetivas determinan el desenlace de picos de tensión como sucedió en el 2001; pero no es menos cierto que, a lo largo de estos últimos años, esas condiciones se han revertido y, más allá de las dificultades que pueda padecer algún sector en particular, no se dan situaciones de extrema gravedad para que el país se sumerja en la desesperación y saqueos. Por ende, suponer que detrás de todos estos hechos no hay una deliberada intención de desgastar y corroer la gobernabilidad -y con ello obviamente a la democracia- es pecar de exceso de ingenuidad.
El auto-acuartelamiento realizado en la provincia de Córdoba (sin desconocer la legitimidad del reclamo, pero repudiando enérgicamente el procedimiento adoptado para formularlo) es digno de ser observado con mucha atención.
Sin duda, la responsabilidad mayor recae sobre las espaldas del gobernador De la Sota, que haciendo honor a su apellido «se hizo el sota» durante mucho tiempo dejando que el conflicto madure y luego, haciéndose el distraído, responsabilizó al gobierno nacional por lo sucedido. Para peor la oposición, poniendo de manifiesto nuevamente sus estrechísimas luces (ya que de lo contrario uno debería suponer cierta complicidad), salió a respaldar al gobernador en su proceder que, con su actitud, sentó un precedente que brindaba el pretexto para que el conflicto se universalice y los detractores de la democracia se vieran acicateados para aprovechar la oportunidad.
Como bien lo expresó la presidenta en su discurso de ayer: «Por contagio son las paperas, la varicela o la rubéola, pero algunas cosas que pasan en la Argentina y algunas cosas que pasan en determinadas fechas y con determinados protagonistas no son por contagio, son por planificación y ejecución quirúrgica».
Por suerte Argentina pudo festejar sus treinta años de democracia; que a pesar de las dificultades y los obstáculos continúa su marcha.
Es triste observar como muchos de los denominados «periodistas independientes» (que a su vez se arrogan de ser profundamente «democráticos») se encargaron focalizar sus críticas sobre el gobierno nacional por lo acontecido en Córdoba; y no repararon en los porqué y los cómos de esos acontecimientos. Tal vez porque añoran la denominada «democracia formal», esa que evidentemente es necesaria pero limitada e insuficiente -como bien se demostró en la década del 90- para satisfacer los reclamos populares.
O quizá: «porque para ellos el gobierno actual es un estorbo», ya que profundiza la democracia más allá de las formas. No es nuestra intención internarnos en la subjetividad de los informadores independientes, ni nos interesa descifrar el porqué de sus acciones y/o intereses.
Si en cambio, nos interesa reforzar los vínculos con el sistema democrático en su versión más abarcativa. Y mal que les pese a algunos, como bien lo destacó la presidenta anoche el gobierno sigue a paso firme ratificando su compromiso con la democracia; que no es otra cosa que el compromiso con su pueblo. De ahí que como bien señalara la presidenta: «Tengo una sola certeza absoluta: todo lo que falta lograr, lo que nos falta hacer, sólo se puede hacer en democracia, respetando la Constitución, las leyes, las autoridades establecidas».
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