«Sueño con volver a mi comunidad y que todo vuelva a la normalidad, aunque no será fácil», dijo a IPS Valentina Rosendo una de las dos indígenas que acaban de encontrar justicia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. «Quiero que el gobierno reconozca que se equivocó con dos mujeres indígenas», añadió sobre la sentencia […]
«Sueño con volver a mi comunidad y que todo vuelva a la normalidad, aunque no será fácil», dijo a IPS Valentina Rosendo una de las dos indígenas que acaban de encontrar justicia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. «Quiero que el gobierno reconozca que se equivocó con dos mujeres indígenas», añadió sobre la sentencia inapelable el máximo tribunal continental, que condenó al Estado mexicano por la violación de militares a las dos jóvenes del pueblo me’phaa, ocho años atrás.
Rosendo tenía 17 años cuando en febrero de 2002 fue violada por dos soldados, después de abordarla cuando lavaba ropa cerca de su casa en la aldea de Barranca Bejuco, en el municipio Ayutla del estado de Guerrero, a unos 600 kilómetros al sur de Ciudad de México.
Un mes después, tres soldados agredieron sexualmente a Inés Fernández, esta vez en su casa de la vecina comunidad Barranca Tecuani, en el mismo municipio.
Por ambos casos, la Corte Interamericana (CorteIDH) halló culpable al Estado por violar los derechos de las dos indígenas a la integridad personal, a la dignidad y la vida privada, a no ser torturada, a una vida libre de violencia, a las garantías judiciales y a la protección judicial.
«Son dos sentencias muy similares. Constatan la presencia militar, la discriminación y la violencia contra la mujer. Califica la violación de acto de tortura, en un hecho sin precedentes en el caso de México», explicó a IPS Alejandra Nuño, directora para Mesoamérica del no gubernamental Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), al dar a conocer este lunes 4 el contenido de los dos fallos.
Ante la imposibilidad de obtener justicia en México, Rosendo presentó su caso, en noviembre de 2003, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el apoyo del Cejil y el autónomo Centro de Derechos Humanos de la Montaña «Tlachinollan», de Guerrero. Fernández hizo lo mismo en junio siguiente.
La CorteIDH, con sede en San José de Costa Rica, y la CIDH, con sede en Washington, son los órganos de protección y defensa de los derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), que actúan en forma independiente.
En mayo y agosto de 2009 la CIDH elevó los dos casos a la Corte.
«No es posible que el Estado siga negando estos hechos, cuando es evidente el daño grave ocasionado en estas comunidades indígenas. Inés no puede vivir tranquilamente, Valentina no puede regresar a su comunidad», señaló a IPS Abel Barrera, director ejecutivo de Tlachinollan.
La CorteIDH, presidida por el juez peruano Diego García-Sayán, concluyó que el Estado violó dos convenciones americanas: la de Derechos Humanos de 1969, la destinada a Prevenir y Sancionar la Tortura, de 1987, y la establecida para Erradicar la Violencia contra la Mujer, de 1998.
En sus sentencias, emitidas el 30 y el 31 de agosto, la Corte condenó al Estado a investigar eficazmente las agresiones contra Rosendo y Fernández en el fuero civil, efectuar un acto público de disculpa, en español y me’phaa, a publicar las sentencias en el Diario Oficial de la Federación y abrir un centro de atención para la mujer en el zona de los abusos.
Además, compromete al Estado a reformar el Código de Justicia Militar, que data de 1933, para que sean los juzgados civiles los que procesen a los uniformados cuando comentan delitos durante el ejercicio de sus labores.
Así mismo, requiere la revisión de la Ley de Amparo, de modo que las víctimas puedan impugnar la declinación de competencia de un juez al fuero de guerra.
La Corte castiga al Estado con un pago de unos 87.000 dólares en resarcimiento e indemnización para Fernández, su esposo Prisciliano Sierra y sus hijos hijas, y de unos 75.000 para Rosendo y su hija Yenis Bernardino.
Además, deberá saldar 48.000 dólares a Tlachinollan y Cejil como costas del proceso.
«No fue fácil buscar justicia. Dejé mi pueblo, me dejó mi esposo. El gobierno me dijo mujer mentirosa», relató Rosendo, con lágrimas en las ojos y enfundada en una blusa beige y un pantalón azul tipo jean (mezclilla).
Rosendo se vio forzada a aprender español tras la violación, vive en un lugar no especificado del país, trabaja en una tienda de alimentos y ha vuelto a la escuela para terminar su educación secundaria, mientras su hija de 9 años cursa el tercer grado de primaria.
«Ella está desesperada y me pregunta por qué cambiamos de casa en casa y tiene que hacer otros amigos. No está creciendo como una niña normal», expresó Rosendo, quien asiste cada domingo a terapia psicológica.
No es la primera vez que la CorteIDH exige la reforma del fuero castrense y este tema se ha convertido en uno de los más candentes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
El presidente conservador Felipe Calderón informo que enviará al bicameral Congreso legislativo un proyecto para reformar el Código Militar. Pero la Corte Suprema de Justicia no ha logrado un pronunciamiento común sobre sus pasos para cumplir con la sentencia interamericana.
«Vamos a estar atentos al cumplimiento de la sentencia, es obligación del Estado», adelantó Nuño.
El gobierno manifestó el pasado viernes 1 su disposición a acatar el contenido de ambas resoluciones, pero sin especificar el cómo y el cuándo, aunque tiene entre 6 y 12 meses para cumplir con las disposiciones.
La Corte Interamericana condenó en noviembre de 2009 en dos ocasiones al Estado mexicano. La primera fue por el asesinato en 2001 de tres jóvenes en la norteña Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos, en lo que se conoce como el caso del «Campo Algodonero», por el sitio donde aparecieron los cadáveres.
El otro fallo fue por la desaparición forzada del maestro y dirigente comunitario Rosendo Radilla en 1974, también en Guerrero. En ambas situaciones, ONG de derechos humanos han denunciado lentitud en el apego a las sentencias.
Por eso, un grupo de organizaciones quiere crear un comité de seguimiento para el respecto al contenido de las condenas.
En el paso de este año, la Coidh emitirá su fallo sobre el caso de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, detenidos y torturados en 1999 por soldados mexicanos en Guerrero y condenados en 2000 a seis y 10 años de cárcel, respectivamente, por porte de armas y siembra de marihuana.
La militarización de Guerrero «busca desmovilizar, contener la organización de los pueblos indígenas», apuntó Rosales, ganador de la edición 2010 del Premio de Derechos Humanos Robert F. Kennedy, concedido por el estadounidense Centro RFK para la Justicia y los Derechos Humanos.