Y entonces Clarice Starling y Scully y Mulder, y Ethan Hunt, Jason Bourne, James Bond y todos los cinematográficos agents que la industria del cine nos ha vendido, patearon la puerta del bunker de los villanos Megaupload, atraparon al líder de la organización terrorista, le encajaron los cargos necesarios para que sus huesos pasen mucho […]
Y entonces Clarice Starling y Scully y Mulder, y Ethan Hunt, Jason Bourne, James Bond y todos los cinematográficos agents que la industria del cine nos ha vendido, patearon la puerta del bunker de los villanos Megaupload, atraparon al líder de la organización terrorista, le encajaron los cargos necesarios para que sus huesos pasen mucho tiempo a la sombra y listo, el bien ha triunfado, la piratería derrotada, the end y los jinetes cabalgan hacia el sol del atardecer.
Créditos. Una superproducción de Hollywood.
Ha sido una semana por lo menos extraña. El miércoles, varios sitios de Internet, jugadores de peso como Wikipedia, Google, Yahoo y Facebook, realizaron una demostración global de fuerza que llevó a que una veintena de congresistas estadounidenses retirara su apoyo a la ley SOPA (Stop Online Piracy Act) y la PIPA (Protect Internet Protocol Act). Todo parecía encaminarse a un final tan de fábula como el del primer párrafo: el pueblo en Internet le gana a los abusadores del poder. Pero entonces llegó el FBI para poner las ilusiones del pueblo en su punto justo y dejar claro que, cuando el poder decide sacar los tanques, no necesita de boludeces como el apoyo del Congreso. Instalada la falsa percepción de que Megaupload, y varios otros, son simples desarmaderos digitales; cagándose en millones de personas que hacen un uso legal del servicio, la policía del mundo volvió a entrar en acción. Esta vez no se trata de ir a apropiarse de los pozos de petróleo de algún paisito de por sí sojuzgado, masacrando algunos cientos de miles de civiles en el trámite. Presionados y alentados por el potente lobby de la industria del entretenimiento, ahora cruzan el mundo hasta Nueva Zelanda para detener a Kim «Dotcom» Schmitz, el Saddam Hussein de la piratería de contenidos.
Asistimos a un espectáculo tan ridículo y excesivo como el de varios productos recientes de Hollywood, con el detalle de que esto es peligrosamente real. Todo intento de vencer a la piratería por medios policíacos fracasó estrepitosamente, pero nadie se hace cargo: en 2001, cuando Napster fue obligado a cerrar y Shawn Fanning fue felizmente recuperado para la sociedad, la industria celebró el resonante triunfo. Aún no se había entibiado el champán y ya había cientos de sitios que hacían lo mismo que Napster. Es solo un ejemplo, hay muchos. Llama la atención que la muerte de Steve Jobs haya puesto tan a la luz sus miserias y sus aciertos, y los que fomentan cosas como la SOPA y el cierre de depósitos virtuales no quieran poner más atención en aquello en lo que
Mr. Apple fue un maestro: venderle cosas a la gente. Reformular cuando los vientos cambian. Pensar y seducir. Producir un deseo babeante de chiches asociados a una multitud de posibilidades comerciales, incluyendo -claro- a la industria musical. Los ejecutivos de los sellos aún lloriquean sobre algo a esta altura banal como las ventas de CD, y eso les resta tiempo para aplicarse a aquello que Jobs supo hacer tan bien.
Muchachos: hoy deja más guita un app de música para tablet que un CD.
La discusión es surrealista y los efectos colaterales tienen alcances inesperados. Al patear puertas en Nueva Zelanda, el FBI condenó al grupo argentino Acorazado Potemkin a dejar de ganar dinero, al menos hasta encontrar otro servidor: el cierre de Megaupload hace que la gente no pueda descargar el disco Mugre «a la gorra», sistema que a Juan Pablo Fernández, Federico Ghazarossian y Luciano Esaín les deja más dinero que el contrato standard de una discográfica. Contrato por el cual, además, la compañía es coproductora de los shows. No hay aquí un juicio de valor, cada cual debe atender su negocio. Lo que debe quedar claro es que la industria tiene recursos más productivos, prácticos y rentables que una persecuta policial que encima le granjea el odio de millones. A nadie puede extrañar que, entre el precio de un disco y la asociación con métodos represivos (y sin hablar de subjetividades como la calidad e interés del grueso de los artistas circa 2012), el usuario promedio sienta menos cargo de conciencia por bajar música ilegalmente. Por lo general, el relato del sector más ortodoxo de la lucha contra la piratería pinta a un consumidor sin mayor escrúpulo, cuando ya ha quedado claro que el público está dispuesto a pagar… siempre y cuando el producto valga la pena. Hay una enorme cantidad de personas que utiliza el download ilegal como guía para consumir en el circuito legal, no como sucedáneo.
Como viene sucediendo desde la invención del MP3, los que toman decisiones de peso en la industria siguen un paso atrás de lo que sucede y erran el camino. Sólo un puñado de ejecutivos demuestra inventiva para mantener vivo el negocio de la música. Por suerte, los músicos no dependen exclusivamente de lo que haga la industria por ellos, y aún pueden demostrar que están vivos saliendo a tocar.
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Y el ruido de Control vs. Megaupload ayuda a tapar un debate que enciende fuegos en Europa, pero del que se habla poco. Como era de esperar, las gestiones de Terra Firma (un grupo de inversión) y Citigroup (un banco) trajeron la debacle de la compañía discográfica EMI y la venta de su división de música grabada a Universal (1900 millones de dólares) y la de publicaciones a Sony (por 2200 millones). El jueves, la Association of Independent Music (www.musicindie.com), organización que nuclea a buena parte de los sellos independientes británicos, lanzó una campaña para impedir el desguace. «La creciente concentración del mercado musical en manos de un decreciente número de multinacionales gigantescas ha dañado la competencia, sin dudas» dice el comunicado, que incluye una carta modelo para enviar y presionar al parlamentario favorito. «La venta de EMI amenaza mayores daños futuros, y concentrará aún más el mercado en dos compañías dominantes, Universal y Sony. Eso es suficiente para demandar al gobierno que vigile esto de cerca e impida la venta de la única gran compañía musical del Reino Unido.» Lo de AIM suena más a defensa de los derechos de los músicos que las bravatas del FBI, pero esta clase de campañas posee muchísimo menos punch que la foto de Kim Dotcom.
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Los derechos sobre una obra son importantes. Hay que preservarlos de la utilización inválida o salvaje, del mal uso o abuso, de que se los utilice sin beneficio para su autor. Hay que evitar que los malintencionados, los piratas, los que hacen negocios espurios con la obra de otro, se salgan con la suya.
El 28 de septiembre de 1963, en los escalones del monumento a Lincoln en Washington, Martin Luther King pronunció su célebre discurso para la Marcha por el Trabajo y la Libertad. Sí, ese que dice «I have a dream…» Quizá el lector agradecería que uno refrescara algunos párrafos de esa pieza de oratoria, fundamental para comprender el devenir de los grupos defensores de derechos humanos y la política estadounidenses. Pero este escriba prefiere no exponerse a recibir una demanda desde el «Hogar de los Valientes, Tierra de la Libertad». Es que los derechos sobre ese discurso están en poder de los herederos de MLK, quienes se encargan de que toda imagen o video de ese mitin que aparezca en la web sea bajado de inmediato: en 1999, un sonado juicio por copyright contra la cadena CBS les dio el control sobre las palabras, sobre el sueño de King. Cinco años antes habían demandado al diario USA Today por reproducir el discurso entero. Dos años después hicieron uso de ese control cediendo la imagen de King no para una campaña de derechos humanos, sino para una publicidad de la compañía de comunicaciones Alcatel.
Los herederos conservarán ese derecho al lucro hasta 2038, cuando el discurso pase al dominio público por pasar 70 años desde la muerte de su autor. Es una tarea complicada, y por ello buscaron ayuda: en 2009, el Estate of Martin Luther King Jr. firmó un acuerdo con una compañía que desde entonces gestiona el uso y su correspondiente cobro. Una compañía llamada EMI.
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/2-24151-2012-01-22.html