La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar constitucional el proceso de evaluación del magisterio ha sido erróneamente interpretada como una victoria de la contrarreforma educativa. Pero no hay que ir tan de prisa. Más bien es lo contrario, es decir, un triunfo de los críticos y opositores a […]
La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar constitucional el proceso de evaluación del magisterio ha sido erróneamente interpretada como una victoria de la contrarreforma educativa. Pero no hay que ir tan de prisa. Más bien es lo contrario, es decir, un triunfo de los críticos y opositores a ella. Y para sostenerlo basta con leer el dictamen respectivo, en el que bajo la firma del ministro Fernando Franco González Salas se plantea esta tesis fundamental:
«Con la Ley General del Servicio Profesional Docente no se transgreden los derechos de los maestros, ya que de no obtener un resultado favorable en su tercera evaluación, no serán cesados, sino tendrán la oportunidad de continuar con su plaza, pero en otras áreas» (diario Capital México, miércoles 24 de junio de 2015, primera plana).
De modo que el máximo tribunal del país da un duro revés al propósito descabellado del secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, de privar de su empleo a miles de maestros para dejar la tarea de éstos en manos de las empresas privadas dedicadas a ofrecer servicios educativos.
La decisión de la Corte constituye un triunfo para los críticos y opositores de la contrarreforma educativa peñanietista porque, como a todos nos consta, los maestros no se oponen a la evaluación; se oponen, eso sí, a una evaluación perversa que pretendía dejarlos sin empleo. Una victoria de los maestros, pues ¿qué sentido tiene la tal evaluación si no sirve para echarlos a la calle, cual quieren los grandes capitalistas que pretenden entrar al enorme mercado educativo y que manejan como a un títere a Chuayffet?
Pero los maestros, tanto los de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), como los del oficialista Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) saben que en un país de funcionarios corruptos la victoria jurídica no es suficiente para defender con éxito sus derechos; que ese triunfo judicial debe ser consolidado con una férrea lucha política. Saben que un tribunal tan corrupto como la SCJN puede decir sí a lo que antes dijo no.
Y en esas andan los maestros. No cesan las protestas y movilizaciones de repudio a la contrarreforma. Y cada día son más los estados de la república que se suman a ese repudio. Hasta hoy, las protestas, plantones, movilizaciones y marchas se dan en diez entidades: Distrito Federal, Morelos, Durango, Colima, Sonora, Querétaro, Guerrero, Chiapas, Michoacán y Oaxaca. Se trata de una tercera parte del país. Y es posible que en términos de población se trate de más de la mitad de la república.
¿Qué fuerzas puede oponer el debilitado y deprimido Emilio Chuayffet a ese alud opositor? ¿Una reforma hecha con los pies, improvisada, a la que desde lejos se le ven las costuras? ¿Más amenazas? ¿Represión? ¿Pensará Chuayffet acallar las protestas mediante el empleo de la fuerza pública? ¿Pensará acaso que los militares le van a sacar las castañas del fuego? ¿Ya trató el tema con el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa? ¿Más presos políticos, más sangre, más muertos?
¿Ya habrá considerado don Emilio que si las cosas se ponen más calientes puede entrar al conflicto la muchachada universitaria? ¿Está en la mente de don Emilio otro Tlatelolco?
Perdida la batalla jurídica, perdida la batalla política y perdida la batalla de imagen, qué piensa hacer Chuayffet. ¿Darle más problemas a su jefe, el que por cierto ya tiene bastantes? ¿No es hora ya de la graciosa huida?
Blog del autor: www.miguelangelferrer-mentor.
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