Más de una década después de que dos campesinos ecologistas del estado de Guerrero, en el sur de México, fueron encarcelados y liberados dos años después por razones humanitarias, la situación de los activistas en favor de la preservación del ambiente no ha mejorado. Por eso, el caso de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera ante […]
Más de una década después de que dos campesinos ecologistas del estado de Guerrero, en el sur de México, fueron encarcelados y liberados dos años después por razones humanitarias, la situación de los activistas en favor de la preservación del ambiente no ha mejorado. Por eso, el caso de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, puede servir de reivindicación de los ambientalistas en este país.
«Tiene un componente estructural importante la situación de seguridad y protección de los defensores del ambiente», explicó a IPS Luis Arriaga, director ejecutivo del no gubernamental Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), responsable de la representación legal de ambos ambientalistas.
En 1999, Montiel y Cabrera fueron detenidos y torturados por soldados y condenados en 2000 injustamente, según organismos de derechos humanos, a penas de seis y 10 años de cárcel, respectivamente.
En 2001, el entonces presidente Vicente Fox (2000-2006), del conservador Partido Acción Nacional, les condonó la sentencia por «motivos humanitarios», atendiendo la presión nacional e internacional en torno a los casos, pero sin que esos expedientes fueran analizados jurídicamente.
Ambos ambientalistas fundaron en 1999 la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP) para detener la creciente deforestación en la zona, a unos 600 kilómetros al sureste de la capital mexicana.
En esa zona, el arrasamiento de los bosques entre 1992 y 2000 consumió 86.000 hectáreas, de las 226.203 existentes anteriormente, según la no gubernamental Greenpeace.
Por las supuestas irregularidades identificadas en el proceso judicial, los centros Prodh, de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y por la Justicia y el Derecho Internacional presentaron en 2001 el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la Organización de Estados Americanos, con sede en Washington.
La Comisión trasladó en junio el expediente a la Corte, que también pertenece al sistema interamericano.
En la audiencia final antes de la sentencia, que se efectuará en el periodo de sesiones de la Corte del 23 de agosto al 4 de septiembre en Costa Rica, las organizaciones argumentarán violaciones a los derechos a la libertad y a la seguridad personal, a la integridad personal, a la libertad de asociación y al debido proceso.
Montiel está radicado en el exterior, en tanto que Cabrera se encuentra en algún lugar del territorio mexicano.
OCESP ha experimentado otras agresiones contra sus dirigentes, como la aprehensión y encarcelamiento de Felipe Arreaga en 2004, acusado del asesinato del hijo de un talador de bosques, y un atentado en 2005 contra Alberto Peñaloza, que culminó con la muerte de dos de sus hijos y otros dos vástagos heridos.
Declarado inocente y dejado en libertad en 2005, Arreaga murió en septiembre del año pasado atropellado por una unidad de transporte público en una carretera de Guerrero.
Además, en junio de 2009 fueron ejecutados Leonel Castro y su sobrino Ezequiel Castro, integrantes de OCESP.
«En Guerrero predomina un sistema de justicia bastante disfuncional. Hay fallas en el proceso normativo y en la aplicación de la justicia», dijo a IPS Cécile Lachenal, investigadora del no gubernamental Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
Lachenal formó parte de una delegación internacional de seis miembros, impulsada por Fundar, la Fundación para el Debido Proceso Legal, con sede en Estados Unidos, y la Comisión Internacional de Juristas, que visitó Guerrero en noviembre para evaluar el funcionamiento del poder judicial en ese estado.
Al igual que otros defensores de derechos humanos, los ecologistas se enfrentan a una situación marcada por los riesgos y la virtual indefensión ante éstos.
Así lo constatan informes de octubre de 2009 de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de enero de la no gubernamental organización humanitaria Amnistía Internacional.
El año pasado fueron asesinados al menos cinco protectores de la ecología en esta nación norteamericana, según diversas fuentes.
«La corrupción habla por sí misma. Por ejemplo, un juez que acepta un soborno sólo es castigado con una amonestación», señaló Lachenal.
La Corte Interamericana ya condenó en noviembre de 2009 en dos ocasiones al Estado mexicano. La primera fue por el asesinato en 2001 de tres mujeres jóvenes en la norteña Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos, en lo que se conoce como el caso del «Campo Algodonero», por el sitio donde aparecieron los tres cadáveres.
El otro fallo fue por la desaparición forzada del maestro y dirigente comunitario Rosendo Radilla en 1974 en Guerrero.
Además, la Corte, presidida por el magistrado peruano Diego García-Sayán, está por resolver los casos de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo violadas por militares en ese mismo estado en 2002.
Para Arriaga, no es casualidad que de los cinco expedientes ante la Corte cuatro provengan de Guerrero, una región prácticamente militarizada desde la década del 70 cuando el Estado desplegó la llamada «guerra sucia» contra opositores de izquierda y agrupaciones guerrilleras. «Hemos constatado el incremento significativo de violaciones a los derechos humanos cometidas por los militares», resaltó Arriaga.
En 2000, Montiel recibió el Premio Goldman por el Cuidado del Ambiente, una especie de Premio Nobel ecológico.
Al año siguiente, la organización estadounidense Sierra Club lo distinguió junto a Cabrera con el galardón Chico Mendes, nombrado así en honor al ambientalista brasileño asesinado en 1988. En 2005 lo levantaron Arreaga y Peñaloza.