Con la apertura de un proceso de investigación por el Consejo de la Judicatura Federal en el que se involucra a funcionarios de la Suprema Corte de Justicia muy cercanos al anterior presidente de ésta, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, la acometida del presidente y su (en el sentido de propiedad) partido Morena contra el Poder Judicial, al que siempre ha buscado controlar, ha alcanzado un nivel máximo que no parece que pueda desembocar positivamente para la nación. Una detallada denuncia anónima —lo cual está previsto en la ley— acerca de tráfico de influencias y presiones a las personas impartidoras de justicia para que emitieran sentencias o fallos conforme a determinados intereses, presentada al CJF en los inicios de este mes de abril, ha abierto un capítulo más, hasta ahora el más intenso, del enfrentamiento entre el actual titular del poder Ejecutivo y el Poder Judicial.
La contienda no es nueva. Desde los inicios del presente gobierno López Obrador comenzó a denunciar los elevados sueldos y prestaciones de los ministros de la Corte y los señaló como contrarios a la fracción III del artículo 127 de la Constitución. El coordinador de los senadores morenistas Ricardo Monreal planteó entonces no sólo investigar a los ministros por presunta corrupción, sino también por posibles nexos con la delincuencia organizada (¡); y el siempre folclórico Félix Salgado Macedonio planteó que se realizara un golpe de Estado en el que el presidente destituyera por sí mismo a todos los ministros. Al final, quien resolvió el tema fue la propia Corte, que declaró improcedentes los juicios de inconstitucionalidad contra esos emolumentos y señaló que la mencionada disposición era sólo aplicable a los funcionarios del Poder Ejecutivo.
Pero en este caso se trata de otro asunto, que no debiera mezclarse con esa añeja polémica. Se involucran en la denuncia al propio Zaldívar y a subalternos suyos, así como a quien fue durante cuatro años el titular de la Consejería Jurídica de la presidencia de la República —funcionario que tiene un nivel equiparado al de un secretario de Estado—, Julio Scherer Ibarra. Probablemente algunos de esos funcionarios del Poder Judicial siguen en funciones en la actualidad. Otros han emigrado, como Carlos Alpízar Salazar, uno de los principales denunciados, hoy ubicado en la Secretaría de Gobernación y a quien el presidente López Obrador ha dado su total respaldo frente a la acusación.
El 12 de abril, la presidenta del CJF dispuso iniciar una investigación contra el ex ministro Zaldívar y sus colaboradores por lo que podrían ser faltas administrativas y delitos como falta de profesionalismo, atentar contra la independencia judicial, violencia sexual, cohecho, desvío de recursos públicos, abuso de funciones y enriquecimiento ilícito. Un misil, de prosperar la investigación, de muy alto poder destructivo contra el hoy cercano colaborador de la campaña de la candidata Claudia Sheinbaum. Ésta, por cierto, no aparece mencionada en lo absoluto ni en la anónima denuncia ni en la ordenada investigación, pero los morenistas interpretan que todo es un ataque armado, incluso desde el mismo poder Judicial, para afectar la campaña de ésta.
Sin embargo, dos investigaciones periodísticas, plasmadas en sendos libros, han venido señalando con anterioridad puntos de coincidencia con lo anónimamente denunciado en relación con el tráfico de influencias y la corrupción en el Poder Judicial: El cártel judicial. Radiografía de un poder fallido, de J. Jesús Lemus, y Traición en Palacio, de Hernán Gómez Bruera. En particular, este último volumen destaca el papel de Scherer Ibarra como promotor, desde el cargo que ocupaba en el gabinete de López Obrador, de ese mercadeo de influencias que se traducía en sentencias a modo de jueces y magistrados.
Y para extender el conflicto, Gómez Bruera, un periodista que en sus publicaciones siempre ha asumido posiciones favorables al gobierno llamado de “Cuarta Transformación”, y al que hay que dotar de respaldo y solidaridad social ante la acusación, ha sido demandado por la empresa Operadora y Administradora de Información Editorial, S. A, de C. V., propietaria del diario El Heraldo, por señalamientos supuestamente calumniosos, por haber manifestado sus dudas en cuanto a las encuestas publicadas por ese medio, y por haber indicado la estrecha relación entre esa empresa periodística y el ex consejero jurídico. Pero la denuncia anónima también coincide en destacar que los dueños de El Heraldo son “íntimos amigos del ex ministro y de la presidencia de la República”, y que “son tan cercanos a Zaldívar que durante su gestión como jefe del CJF, les otorgó un contrato millonario y a sobreprecio a través de su empresa llamada ‘Automóviles García’”.
¿Pero qué pasa? Un gobierno que cotidiana y machaconamente ha hecho ostentación de su intención de combatir la corrupción, y que siempre afirma que “las escaleras se barren de arriba hacia abajo”, ahora lanza una andanada contra la ministra presidenta de la Corte y del CJF, Norma Lucía Piña, por abrir una investigación de gran calado contra esa corrupción en la propia Corte y juzgados, es decir, lo que desde hace tiempo López Obrador ha venido denunciando. Para éste, ahora, se trata de una maniobra política electoral y, sin que expliqué por qué, de una venganza. Y su partido y el propio Arturo Zaldívar anuncian en conferencia de prensa un juicio político contra la responsable mayor del Poder Judicial.
Y Zaldívar, que se retiró anticipadamente de su responsabilidad en la Corte, pero sigue, hasta donde sabemos, disfrutando de la —altísima— pensión vitalicia que le otorga el Poder Judicial, se lanza ahora contra éste y contra la ministra que ocupa el cargo que él anteriormente ostentó. ¿Dónde habrá quedado la congruencia? ¿Si nada deben, por qué temen?
Pero recordemos los antecedentes de esa estrecha vinculación de Zaldívar, desde su presidencia en la Corte, con el Ejecutivo y la mayoría partidaria en el Legislativo. Hace tres años, el Senado de la República aprobó, desde luego, en medio del rechazo de la oposición parlamentaria, y también del diputado morenista Porfirio Muñoz Ledo, la iniciativa presentada por un oscuro legislador del Partido Verde que proponía un artículo transitorio al artículo 97 párrafo Quinto del texto constitucional para permitir extender la presidencia del hoy ex ministro dos años más de lo que indica esa misma disposición. López Obrador (la posible mano que movía esa cuna) se apresuró a dar su respaldo a la iniciativa, en abierta violación de la división de poderes y al párrafo mencionado, que establece un periodo de cuatro años sin posibilidades de reelección para quien ocupe la presidencia de la SCJN y del CJF. Según el mandatario, sólo la permanencia de Zaldívar Lelo de Larrea podía garantizar la reforma del Poder Judicial, desde luego como la diseñaba el presidente.
Ahora podemos vislumbrar por qué en esas fechas el entonces consejero jurídico de la Presidencia, Scherer Ibarra, se manifestó a favor de la reforma y criticó a quienes se oponían por hacer “una tormenta en un vaso de agua”. Según éste, como la disposición estaba en debate y la Corte no se había pronunciado al respecto, había que esperar a que la modificación constitucional por el transitorio fuera publicada para pronunciarse. Finalmente, la iniciativa aprobada por el oficialismo no fue publicada y no procedió. Mucho más adelante, hasta agosto de 2021, ante la adversa opinión de expertos y de la opinión pública, Zaldívar se manifestó rechazando la prolongación de su mandato. Y más adelante, anunció que se retiraba anticipadamente de la Corte, sin cumplir los quince años establecidos para el cargo de ministro y cuando aún estaba vigente su presidencia, para pasar a integrarse al equipo de campaña de Sheinbaum, algo también totalmente inusitado que da cuenta de dónde está y ha estado le politización del Poder Judicial.
Pero hay más. Más recientemente, el 21 de febrero, el mismo presidente, quejándose en sus mañaneras de la actitud de Norma Piña como cabeza de la Corte porque un juez había otorgado el beneficio de prisión domiciliaria a Emilio Lozoya procesado por corrupción en el caso Odebrecht, confesó que el tráfico de influencias existía con el ministro presidente de su predilección. Acusó a la ministra presidenta de dar a los jueces “licencia para robar, para hacer lo que quieran”. Y recordó: “Cuando se daban estos hechos y estaba Zaldívar, se hablaba con él, y él podía, respetuoso de las autonomías, de los jueces, pero pensando en el interés general, pensando en la justicia y en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y le decía cuidado con esto”. “Cuando estaba el ministro Zaldívar de presidente de la Corte había más recato, cuando había un asunto así de este tipo, nosotros respetuosamente interveníamos”.
A confesión de parte, como dicen los abogados, no se requieren más pruebas. La presidencia sí buscaba, “respetuosamente” incidir en los casos en manos de jueces, y lo hacía a través del propio presidente de la Corte, a la sazón Zaldívar Lelo de Larrea, hoy un colaborador del Morena y su candidata.
Ya se verá si progresa el anunciado juicio político a la ministra Norma Piña, y sobre todo qué resultados arroja y el curso que sigue la investigación dispuesta por ésta al ex ministro y su grupo de allegados y colaboradores, así como al ex consejero jurídico Scherer. Sería, o ya lo es, un caso sin precedente de evidencia de la corrupción y el uso faccioso del poder. Por ahora, es un tema más de confrontación y polarización entre los campos en disputa por el poder presidencial y el Congreso de la Unión, y entre la sociedad misma, que ya perdió el asombro ante la habitual suciedad de la política.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH.
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