1. En el cruce de las dos grandes avenidas, quizá las más importantes, de la ciudad de México (Reforma e Insurgentes) se unificaron las dos grandes y muy combativas marchas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) La más grande había salido del Zócalo a las 10.30 y la otra de la […]
1. En el cruce de las dos grandes avenidas, quizá las más importantes, de la ciudad de México (Reforma e Insurgentes) se unificaron las dos grandes y muy combativas marchas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) La más grande había salido del Zócalo a las 10.30 y la otra de la Normal de Maestros a la misma hora. En el monumento a Cuauhtémoc y a sus alrededores más de ochocientos indígenas y campesinos (hombres y mujeres) totalmente desnudos o con un mínimo tapa sexo, manifestaban su solidaridad a los profesores y empleados que recorrían más de 15 kilómetros hacia Los Pinos, la residencia presidencial. Los profesores festejaban su día, el Día del Maestro y, al mismo tiempo (junto a muchos miles de trabajadores de otras instituciones de gobierno) exigían la derogación de la ley del Instituto de Servicios de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) lesiva a los trabajadores.
2. El gobierno de Calderón impuso, como lo hizo su antecesor (Vicente Fox) con la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) una ley contra los intereses de los jubilados y pensionados, así como contra los trabajadores que pertenecen al ISSSTE. Éstos han respondido realizando movilizaciones e interponiendo unos 500 mil amparos, y se espera que se duplique el número. Los funcionarios calderonistas están muy preocupados porque si las protestan se siguen manifestando con paros y bloqueos tendrán que ver la posibilidad de echarlas para abajo, haciendo caer a los legisladores del PAN y del PRI (que la votaron) en la peor vergüenza. ¿Acaso, esta lucha contra la funesta ley del ISSSTE, no es una nueva oportunidad para unificar fuerzas contra el más poderoso enemigo común? Aquí con la CNTE deberían estar unificados los electricistas, los telefonistas, los miembros de la Otra Campaña y las corrientes del PRD y López Obrador.
3. Sería ridículo y tonto, quizá hasta oportunista, plantear la «unidad a toda costa» de la izquierda o del pueblo, tal como los gobiernos burgueses lo han hecho para fortalecerse creando o inventando un enemigo externo. En las condiciones concretas del México de los últimos años, particularmente desde que a principios de los años ochenta la política y la economía neoliberal fue instrumentada por el salinismo, llevando como aliado al PAN, la política de unidad para defender o pelear por asuntos concretos, es urgente e inaplazable. No hubieran desbaratado la lucha de Oaxaca, no seguiría gobernando Ulises Ruiz, no hubieran golpeado a los mineros, no estarían en las cárcel los valiosos luchadores sociales de Atenco, Oaxaca o Yucatán. No se trata de unificarse con un partido o una corriente, sino sólo llegar a acuerdos para problemas muy concretos: sacar de la cárcel a todos los presos políticos, frenar cualquier privatización o encarecimiento, etcétera.
4. A ningún gobierno le agrada que grandes masas de trabajadores se manifiesten en las calles, a no ser como aquellas enormes concentraciones controladas que durante décadas realizó el PRI para dar gracias al presidente de la República en turno. El PRI nunca le tuvo miedo a las movilizaciones porque sus mismos gobiernos las impulsaban y las promovían; siempre usaron las marchas y los mítines para presionar a sus enemigos o competidores, sean el imperialismo yanqui, el clero político o algún sector empresarial que quería salirse del «pacto». Sin embargo a la derecha panista y empresarial le da mucho miedo, le aterroriza pensar en que se pierda el sagrado «principio de autoridad» en el que «de manera natural» unos deben mandar y otros obedecer. Así como para izquierda su arma más valiosa debería ser la participación de las masas en todos los niveles, para la derecha éstas sólo deben someterse a los que ordena la autoridad «para conservar el Estado de derecho».
5. Por eso el gobierno derechista de Calderón, como una medida efectiva contra las movilizaciones que «amenazan la estabilidades país», está impulsando leyes que criminalizan la delincuencia mientras reprime, encarcela a líderes sociales y amenazada las protestas de los trabajadores, como lo hizo en Oaxaca, en San Luis Potosí y Yucatán. Para respaldar sus medidas está haciendo que el ejército abandone sus cuarteles para ponerse al servicio de organizaciones policíacas que los disfrazan con distintos uniformes. El ejército mexicano, que fue creado para defender del país de cualquier invasión o agresión externa o para ayudar al pueblo en casos de desastres naturales, ahora lo encontramos vistiendo uniformes de la Policía Federal Preventiva, de la Agencia Federal de Investigaciones y de otras policías que se dedican a cuidar funcionarios o a imponer retenes de todo tipo.
6. Eso explica en parte, además de las muchísimas deserciones, que en muchas plazas de la República por medio de enormes mantas se esté invitando a los jóvenes a integrarse al ejército. Esta institución seguirá estando integrada por los sectores campesinos y más humildes de sociedad, pero el ejército sólo se encargará de agruparlos y capacitarlos militarmente para enviarlos de los cuarteles a las calles. Si bien se viola la Constitución en aquello de sus deberes originales, sin embargo, dado que los gobiernos han dispuesto otra cosa, seguramente veremos en los próximos meses o años un cambio legislativo. Entonces deberíamos entender que de ahora en adelante ese ejército (bien entrenado con cursos por el ejército yanqui en la Escuela de las Américas que funciona en Panamá, EEUU y otros países) será la base fundamental de la policía que cuidará el llamado orden y la delincuencia, así como particularmente integrará la policía política.
7. Gobierno, empresarios, medios de información, aplaudirán seguramente porque entonces «la policía estará más preparada y será más profesional» para cuidar los grandes intereses del gran capital. Pero esa política de gobierno de hacer descansar las medidas de autoridad en la policía está llevando a resultados desastrosos. Calderón al iniciar una guerra contra el narcotráfico calculó muy mal. Quiso lucirse políticamente para ganar consenso y le está saliendo el tiro por la culata. Como dice La Jornada: sus decisiones están teniendo un costo inaceptable, no solo en vidas de todos, sino también en ruptura de la paz social, en zozobra y terror de la población y en la inevitable corrupción de dependencias públicas, corporaciones de seguridad e instituciones castrenses. Ese desbalance gubernamental de la derecha, que acusa una desesperación por encontrar una salida, debería aprovecharse para unir fuerzas para exigir una política de gobierno de respeto a los intereses de los trabajadores, de freno a la represión y de libertad inmediata a los presos políticos.