El aterrizaje de un avión Hércules C-130 del ejército estadounidense en el aeropuerto de Toluca el domingo 18 de enero llamó la atención pública, como un mero indicio, y encendió luces ámbar a los observadores, sobre un tema que, o bien se da por cotidiano y normalizado, o al que se da poca publicidad: la cooperación —creciente— de las fuerzas armadas mexicanas con las de los Estados Unidos.
La presidenta Claudia Sheinbaum, en su conferencia matutina trató de explicar que el arribo de la aeronave fue una decisión del Consejo Nacional de Seguridad (“sus razones tienen”, dijo), con el propósito de llevar a “personas” a capacitarse en los Estados Unidos. Después, con cierta vacilación, agregó que ella misma ha tomado la resolución de que cuando se trate de medidas de capacitación no se requiera de la aprobación del Senado de la República. A pregunta de la reportera, negó que hubiera llegado en ese vuelo personal armado; pero advirtió que, en lo sucesivo, será mejor que sea una aeronave mexicana la que transporte a quienes irán al país del norte, en vez de una estadounidense.
El episodio, sin embargo, dio lugar para que el senador Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, aclarara en su cuenta de X que “El Senado de la República no ha sesionado para autorizar el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional”; al tiempo que exhibió la solicitud de la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez Velázquez —fechada el 15 de diciembre de 2025, recibida en la Cámara de Diputados el 16 de diciembre y remitida a la Cámara de Senadores el 17 de diciembre— , dirigida a la diputada Kenia López Rabadán como presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso, “para que la titular del Ejecutivo permita el ingreso a territorio nacional de personal de Navy SEAL’s y del 7mo. Grupo de Fuerzas Especiales de la Marina de los Estados Unidos de América, a efecto de que participen en el Evento [sic] denominado ‘Mejorar la capacidad de operación de las fuerzas especiales’ a realizarse en el Cuartel General de la Unidad de Fuerzas Especiales en Donato Guerra, Estado de México; en el Centro de Capacitación Especializado de Infantería de Marina (CENCAEIM), en Champótón, Campeche, y en el Mando Naval de Ciudad del Carmen, Campeche, mismo que se desarrollará en cuatro fases, del 19 de enero al 15 de abril de 2026”.
El mismo documento de la secretaria de Gobernación añade que “dicho grupo de Fuerzas Especiales de la Marina de los Estados Unidos de América ingresaría con armamento a bordo de una aeronave militar ‘Hércules C-130’ de la Fuerza Aérea Estadounidense, aterrizando el 12 de enero de 2026 en el Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México”. La comunicación y solicitud de la secretaria Rodríguez Velázquez a la Comisión permanente desmentiría, entonces, a la presidenta Sheinbaum en cuanto a que el avión Hércules vino simplemente para recoger personal militar mexicano y transportarlo a los Estados Unidos. Todo indica que, aunque llegó con seis días de retraso, transportaba personal armado de la marina estadounidense para realizar tareas de capacitación en territorio mexicano. El retraso puede deberse a que, al producirse la intervención militar estadounidense en Caracas el 3 de enero, la Comisión de Marina del Senado suspendió la reunión extraordinaria programada para el lunes 5, en la que se discutiría y aprobaría un dictamen para el ingreso de tropas armadas de Estados Unidos con fines de capacitar a militares mexicanos. Se suspendió también la discusión del dictamen, que sería objeto de un periodo extraordinario de ambas cámaras el pasado 13 de enero, de la solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum para autorizar la salida de tropas mexicanas a Estados Unidos. El senador Alejandro Murat, miembro de la Comisión de Marina y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, confirmó que la sesión extraordinaria quedó suspendida sin nueva fecha para su realización https://n9.cl/kstpo2.
El domingo 18 habría llegado, así, sin autorización expresa del Senado, personal de la marina estadounidense armado, con el propósito de entrenar a personal militar en instalaciones del Estado de México, conforme a un programa que se estaría desarrollando actualmente. Y, según indicios, los elementos mexicanos salieron, también conforme fue planeado, con destino a Estados Unidos, aunque la aprobación en el Congreso no se dio para ello.
No es un hecho aislado. El episodio del Hércules C-130 en Toluca forma parte de un amplio programa que involucra al ejército mexicano en una creciente vinculación con las fuerzas armadas estadounidenses. Desde luego, no es algo nuevo tampoco.
Es cierto que, a diferencia de muchos otros países México no ha permitido el asentamiento de bases militares gringas en su territorio (hay unas 750 diseminadas en los cinco continentes, 80 países). Tampoco existen tratados de alianza militar con los Estados Unidos, ni México se ha integrado a la OTAN o a ninguna coalición similar. En 1947, en los inicios de la Guerra Fría, al firmarse el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), México fue, como prácticamente todos los países de América, uno de los signantes, sin que en el periodo posterior participara activamente en ninguna acción armada; y en 2002 el gobierno de Vicente Fox anunció la salida de México de ese acuerdo de defensa conjunta.
Pero los convenios bilaterales con las fuerzas armadas estadounidenses sí han existido, se mantienen vigentes y se han multiplicado en tiempos recientes, particularmente en materia de cooperación técnica y capacitación, ejercicios conjuntos, inteligencia y extradiciones, en el contexto de la lucha contra el narcotráfico. Se pretende que esos acuerdos se desarrollen en el marco de la reciprocidad, el respeto a la soberanía, la responsabilidad compartida y la confianza mutua. También conforme a los principios constitucionales de política exterior de no intervención y resolución pacífica de los conflictos.
Los antecedentes recientes de la “cooperación” binacional contra la producción y tráfico de estupefacientes los encontramos en la Iniciativa Mérida (2008-2021), que permitió dotar a las fuerzas armadas mexicanas de más equipos, tecnología y entrenamiento. Desde 2021, con López Obrador en el gobierno mexicano y Joe Biden en el de EUA, el nombrado Marco Bicentenario refrendó los acuerdos, pero agregando un mayor énfasis en salud pública y prevención del delito.
Aun así, como todos lo hemos visto, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca hace un año ha aumentado la presión para que México tenga una actuación más contundente y con resultados en el combate a las drogas, especialmente el fentanilo, y ha sido profuso en amenazas de actuar unilateralmente con acciones militares en suelo mexicano.
El hecho es que la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de México ha significado un notable fortalecimiento de la vinculación militar con los Estados Unidos a través de convenios de colaboración para el adiestramiento de elementos de nuestras fuerzas armadas y la realización de ejercicios conjuntos. En los 15 meses que lleva en el Ejecutivo, se han firmado —con el beneplácito del Senado para el arribo de elementos estadounidenses armados a México— 15 de esos convenios formales. Eso es más del doble que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Conforme al más reciente acuerdo de cooperación con el ahora Departamento de Guerra (antes de Defensa) de los Estados Unidos, 40 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se trasladaron este mes de enero a Camp Shelby, Mississippi, para participar en el evento SOF28 (“Capacitación de las Fuerzas de Operaciones Mexicanas en los Estados Unidos Continentales”). Esa operación fue autorizada por la presidenta en diciembre 2025.
El 20 de diciembre de 2024 el gobierno federal autorizó el ingreso a México de 11 instructores del 7.º Grupo de Fuerzas Especiales del Comando Norte de Estados Unidos para un ejercicio de capacitación a tropas mexicanas entre el 27 de enero y el 27 de marzo de 2025 en las instalaciones militares de Temamatla, Estado de México, y en el Centro Nacional de Adiestramiento de Santa Gertrudis, Chihuahua. El 4 de abril de 2025 se autorizó la entrada de militares de EU para el “Entrenamiento de Ejercicios Combinados Conjuntos (JCET)”, desarrollado en San Miguel de los Jagüeyes, Estado de México y, nuevamente, en Santa Gertrudis, Chihuahua.
Y del 1 de octubre al 15 de noviembre de 2025, 60 elementos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada de México fueron trasladados en aeronaves de la Fuerza Aérea de Estados Unidos a Camp Shelby para participar en el evento “Aumentar la Capacidad Operacional de la Unidad de Operaciones Especiales”, según lo consigna la revista digital Seguridad en América https://n9.cl/jgtwv.
Todo ello ocurre en los momentos en que el presidente estadounidense, su secretario de Estado Marco Rubio, el vicepresidente James David Vance, el secretario de Guerra Pete Hegseth, y el asesor presidencial Stephen Miller, con claros tintes neonazis, privilegian en las relaciones internacionales el uso de la fuerza —o la amenaza de usarla— por sobre la diplomacia, los tratados y el derecho internacional. México entra, junto con los mismos Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y Groenlandia, en el área de maniobras del Comando Norte del Departamento de Guerra, para protección de los intereses estadounidenses. Como ha sido público, en las últimas semanas no sólo Venezuela ha sido atacado por las tropas de ese país; y también se amenaza a Colombia, Groenlandia (bajo jurisdicción de Dinamarca) y al mismo México con realizar acciones de intervención directa, en nuestro caso bajo el pretexto de combatir en sus guaridas a los cárteles de narcotráfico y destruir laboratorios donde se procesa fentanilo.
En la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América, publicada en noviembre de 2025, se consideran cuatro medidas “obvias” para afirmar la presencia militar de EUA en lo que llaman el “hemisferio occidental”. Dos de ellas involucran directamente a México, a saber: “Una presencia más adecuada de la Guardia Costera y la Marina para controlar las rutas marítimas, impedir la migración ilegal y otras migraciones no deseadas, ¡reducir el tráfico de personas y de drogas y controlar las principales rutas de tránsito en situaciones de crisis”; y “Despliegues específicos para asegurar la frontera [sur] y derrotar a los cárteles, incluido, cuando sea necesario, el uso de fuerza letal para reemplazar la fallida estrategia de aplicación exclusiva de la ley de las últimas décadas”.
Y aun después de la conversación telefónica en la que, según la presidenta Sheinbaum, habría Trump retirado las amenazas de ataques en territorio mexicano, el estadounidense declaró, en el discurso con que conmemoró su primer año de gobierno: “Pronto vamos a comenzar a detener a las drogas que llegan por tierra, es más fácil hacerlo por tierra” https://n9.cl/2ycvt.
La paradoja es que, en realidad, la única amenaza externa para México, ahora y desde mucho tiempo atrás, es la que proviene de los Estados Unidos. Después de la caída del imperio de Maximiliano, es la única potencia que ha tenido intervenciones armadas en nuestro territorio, como en Veracruz en 1914 y Chihuahua en 1916. Pero nuestras fuerzas defensivas, el Ejército y la Armada, están completamente conectadas con nuestros posibles agresores, se forman en sus concepciones estratégicas, adoptan su perspectiva de seguridad nacional y usan armamento y equipo en su mayor parte adquiridos de los Estados Unidos. Y cuando esta potencia se vuelve más amenazante en América y el mundo entero, más se integran las fuerzas armadas de nuestro país a sus proyectos estratégicos, en los cuales se incluyen, así sea como justificación, los de la lucha contra las bandas delincuenciales transnacionales.
Obviamente, no es posible conocer los contenidos de los programas de adiestramiento o “capacitación” con los que se están formando los oficiales mexicanos en las academias militares estadounidenses o en nuestro propio territorio. Pero ahí operan los mecanismos para inculcar en los educandos la ideología del imperio cuyos intereses se busca defender. La segunda paradoja es que un gobierno de la autodesignada “Cuarta Transformación”, que en sus orígenes fue antimilitarista, nacionalista, superficialmente antiimperialista y defensor de los migrantes (recuérdese el opúsculo de Andrés Manuel López Obrador Oye, Trump) hoy deriva en un más completo alineamiento con la administración más militarista que los Estados Unidos han tenido en muchos años, la más violenta contra los migrantes mexicanos y de otras nacionalidades, xenófoba y racista. El antiimperialismo simulado de personajes como Gerardo Fernández Noroña queda en mera apariencia cada vez que votan en el Senado los convenios de colaboración con las fuerzas estadounidenses.
Con Donald Trump en el poder, los conflictos dentro de los Estados Unidos (el ICE y el Departamento de Seguridad Interior y su guerra interna contra los migrantes y todos los opositores al movimiento MAGA) están en el orden del día. ¿De qué lado se ubica México?
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH.
X: @ednava7
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