El intento de magnicidio que conmueve al país no nace de la nada. Más allá de las responsabilidades y motivaciones del autor material, hay una larga historia de discursos de odio y deshumanización que deben considerarse.
Este jueves la sociedad argentina quedó al borde de la comisión de un magnicidio, hecho que hubiera sumido al país en un nivel de conmoción inédito y de consecuencias imprevisibles. Sólo la falla del arma de fuego al ser gatillada impidió que un hecho tan nefasto y peligroso tuviese lugar.
Pero antes de cualquier análisis es necesario explicitar un enfático repudio de lo sucedido. Y también está claro que el intento de una reflexión rigurosa en esta instancia inicial todavía carece de una información más completa sobre el atentado por fortuna frustrado.
Uno de los principales datos faltantes es si estamos frente a un acto individual o existieron complicidades o instigaciones. Ello permitiría discernir si hubo algún tipo de conspiración o se trata solamente de establecer las motivaciones de una acción solitaria. En cualquier caso, la mera identificación y captura del autor material es apenas el punto de partida para una indagación sólida.
Pero la responsabilidad directa de la investigación queda en manos de las autoridades judiciales, un poder del Estado sobre cuyas orientaciones ideológicas, intenciones y nivel de seriedad caben todos los reparos posibles. Y no hace falta explayarse en torno a los organismos de inteligencia, a los que con toda probabilidad se les dará intervención. Son sótanos del aparato represivo, siempre merecedores de las peores sospechas, de los que puede esperarse que desvíen o enreden la investigación, en función de oscuros intereses difíciles de esclarecer para la ciudadanía.
Más allá de estas observaciones acerca de las cuestionables capacidades institucionales en juego, existen indicios de que el autor del atentado podría profesar una ideología de extrema derecha e incluso tendría afinidades con el nazismo. Adquirir certezas al respecto será un insumo importante a la hora de afinar la interpretación sobre el hecho.
Algo sobre “climas” y acusaciones
Lo que puede afirmarse sin temor a equivocaciones es que el atentado tiene una vinculación estrecha con el clima político gestado y azuzado desde hace tiempo, que fue llevado a un punto cúlmine de tensión en los últimos días.
Es el tipo de discurso que tiene fuerte presencia en los medios masivos, reproducido y alentado por la oposición de derecha al Gobierno. Hace años que todo parece válido a la hora de denostar al “kirchnerismo”, a su dirigencia y, muy en particular, a la expresidenta y actual vicepresidenta.
Más allá de la gravitación de las acusaciones en torno a presuntos actos de apoderamiento ilegítimo de fondos públicos y de desviación de los objetivos del manejo estatal de los recursos, éstas se articulan en una perspectiva general de sostenimiento de programas de agresión sobre el conjunto de las clases populares.
No sólo se trata de la honestidad de un funcionario o funcionaria sino de sus rasgos ideológicos y sus prácticas, denostados con el ambiguo calificativo de “populismo”. Las diatribas atacan el menor atisbo de desafío al poder del gran capital, el más tímido intento de autonomía frente a los dictados de Estados Unidos o sus aliados y cualquier reticencia oficial a avanzar contra las condiciones de vida y de trabajo de las mayorías.
El conjunto se acompaña con una cada vez más insistente y altisonante descalificación hacia los sectores más empobrecidos y expoliados de la sociedad. Para ese discurso, serían “vagos” que succionan los recursos del Estado para mantenerse al margen del mundo del trabajo, mientras que los recursos estatales serían provistos por una “clase media” descripta en bloque como laboriosa y “racional”, que así vería así menguar la merecida recompensa a sus esfuerzos y amenazado el status social que a duras penas logró sostener hasta ahora.
Los culpables principales de este estado de cosas serían, por supuesto, los políticos “populistas” que persisten en llevar adelante políticas sociales insostenibles y estimulan que modestos trabajadores vivan “por encima de sus posibilidades”. A la cabeza de la cadena de responsabilidades queda Cristina Fernández de Kirchner, presentada como la mayor corrupta de la historia argentina, además de como autora de por lo menos un crimen de Estado, el del fallecido fiscal Alberto Nisman, respecto de quién se considera como probado su asesinado, por haberse permitido investigar a Cristina y sus cómplices.
Con esas acusaciones, mixturadas con los preceptos más duros del neoliberalismo, se articula un discurso de derecha agresiva, que aspira a una ocupación más directa y plena del poder del Estado, para llevar adelante una ofensiva radical que incluya reformas regresivas en lo laboral y previsional, reformas tributarias “prorricos”, privatizaciones y otras medidas del manual neoliberal.
La derechización extrema, ¿hacia el crimen?
Con frecuencia, al analizar con preocupación las manifestaciones de la extrema derecha se pone el foco en grupos reducidos, encolumnados tras visiones del mundo rayanas en el delirio. Pero se requiere ampliar el campo y reparar en el carácter asimismo extremo de estas formulaciones que descalifican, hasta el límite de la deshumanización, a toda persona que muestre el menor indicio de no ajustarse al programa del gran capital.
La clave es el raigal sentido de clase de esas posiciones, lindante en muchos casos con una verdadera fobia hacia las clases explotadas, que busca expandir el consenso en esa dirección, instaurando una suerte de pedagogía de la estigmatización de millones de trabajadores y pobres. En ese camino se construye una figura líder, a quien se reviste de todos los rasgos merecedores de repudio, asentando su existencia en los más variados y a menudo retorcidos argumentos.
El pedido de condena e inhabilitación de la vicepresidenta se inscribe con claridad en el propósito de presentar como plenamente probados una serie de hechos cuya comprobación plena requeriría de un largo camino judicial. Es destacable además el uso de la figura delictiva de la asociación ilícita, concebida desde su implantación como herramienta discrecional para darle encuadre delictivo a situaciones en que la reprochabilidad de las conductas no está clara o son insuficientes o de dudosa pertinencia las pruebas del hecho denunciado.
En ese contexto, sigue in crescendo el potente y diverso instrumental a disposición del conglomerado de poder económico y mediático, lo que ha derivado en que millones de personas estén convencidas de que se encuentran frente a una conspiración criminal que busca impunidad por cualquier vía. Y que además disputa del peor modo el dominio de la calle, incluyendo los barrios más prósperos y de vocación exclusiva, como se vio en los últimos días con las manifestaciones frente a la casa de la Vicepresidenta en Recoleta.
Fanatizados, intoxicados por el intercambio endogámico característico de las redes sociales, quienes suscriben a estos discursos perciben como fanáticos sólo a los contrarios. Y manifiestan un hartazgo definitivo con una situación que están decididos a no seguir soportando. La voluntad popular expresada en el voto y las libertades democráticas son asimismo objetos de su creciente menosprecio, en tanto permiten la entronización de la indeseable y sus cómplices.
Poco importan “detalles” como que la lideresa a la que detestan con todas sus fuerzas en estos días haya dado su aval más o menos explícito a una política económica que se diferencia cada vez menos de la que propugnan sus ídolos de lsa pantallas o los dirigentes políticos a los que profesan adhesión. Eso no importa tanto, porque no se trata de las decisiones que tome o de las ideas que sostenga, sino que CFK representa algo así como el “mal absoluto” al que es necesario erradicar para bien del país y de sus núcleos de referencia.
No son muy extensas las mediaciones que pueden llevar desde esas creencias, reforzadas por emociones viscerales, al deseo de la supresión física de “la enemiga” por excelencia. Expresiones de este tipo son verbalizadas una y otra vez en los medios y no faltó el diputado que pidiera la restauración de la pena de muerte para el caso.
Con este escenario, realmente no debería extrañar que un individuo o algún grupo pueda acariciar la posibilidad de poner en acto esos anhelos. Y el clima de extrema crispación de los últimos días puede haber alentado la sensación de que era una excelente oportunidad para hacerlo.
Tras el el bárbaro atentado, afortunadamente frustrado, hoy solo cabe sostener en la calle el repudio más firme a ese acontecimiento, el completo rechazo a la ideología reaccionaria que pudo darle sustento y la defensa de las libertades democráticas, las que son amenazadas en cuanto amaguen interponerse con intereses de quienes se consideran dueños del país.
Habría que incluir entre los reclamos en el espacio público, con fuerza, la condena a una política de ajuste antipopular, que avanza sin pausa a despecho de otras controversias.
La publicación original de este artículo fue realizada en Jacobin.
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