Un viejo y maquiavélico líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), llamado Fidel Velázquez, solía repetir esta frase: «En México los votos no se cuentan; se pesan». Con esa antológica sentencia expresaba que en materia de procesos electorales lo importante no es la voluntad ciudadana, sino la opinión e intereses de la cúpula política, representada en […]
Un viejo y maquiavélico líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), llamado Fidel Velázquez, solía repetir esta frase: «En México los votos no se cuentan; se pesan». Con esa antológica sentencia expresaba que en materia de procesos electorales lo importante no es la voluntad ciudadana, sino la opinión e intereses de la cúpula política, representada en primer término por el Presidente de la República.
Ahora, sin embargo, las cosas han variado un poco. Y si bien sigue siendo cierto que en México los votos no se cuentan, sino que se pesan, también es verdad que los sufragios igualmente se compran. Hace apenas unas horas, la Procuraduría General de la República solicitó y obtuvo de un juez el libramiento de una orden de aprehensión contra el ex dirigente del Partido Verde y hasta hace unas horas subsecretario de Gobernación, Arturo Escobar, precisamente por la comisión del delito de compra de votos.
El asunto es insólito por muchas razones. En primer término porque Escobar es un fiel y probado vasallo del PRI. Un hombre de la cúpula tricolor actuando con bandera verde. Un simulador, pues. Y siendo así, hay que preguntarse por qué ahora sus correligionarios y patrones priistas han decidido sacrificarlo. Y máxime cuando, según me dicen reporteros muy bien informados, Arturo Escobar es antiguo e íntimo amigo de Enrique Peña Nieto. ¿Qué pasó? ¿Qué poderosas e insalvables razones políticas llevaron a defenestrar a un compañero de viaje tan servicial y eficiente a la hora de comprar votos para la causa común?
Pero el asunto es aún más insólito si se toma en cuenta que el defenestrado era parte del equipo cercano del secretario de Gobernación y aspirante a la candidatura presidencial, Miguel Ángel Osorio Chong. ¿Qué pasó?
Y todavía mayormente insólito, porque lo cierto es que, más allá del discurso legalista y de separación de poderes, la procuradora, Arely Gómez, no ha podido proceder como lo ha hecho sin contar con la aprobación de su jefe (formal y real), el Presidente de la República. ¿Qué pasó?
Sea de ello lo que fuere, lo cierto es que el caso Escobar es una prueba fehaciente de las prácticas mercantiles, mafiosas, delincuenciales que caracterizan al sistema político, falsamente democrático, que priva en México. Y es claro que el cese, la persecución penal y el eventual pero poco probable encarcelamiento de Arturo Escobar no significará el fin de las prácticas corruptas de compra, coacción y falseamiento de los votos, características del sistema político mexicano. Un escándalo mediático pasajero, un chivo expiatorio, una simulación de cumplimiento de la ley y que todo siga como siempre.
Contra este peligro advirtió hace unos días el líder de la izquierda electoral mexicana y presidente del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo evitar -preguntó- que mediante millones y millones de pesos de dinero público y de los grandes empresarios privados se compren centenas de miles de votos para favorecer a los partidos de la oligarquía, PRI, PAN, PRD, Nueva Alianza y Verde?
Tarea difícil, sin duda. A pesar de las leyes que prohíben el mercadeo de los sufragios; a pesar de las declaraciones solemnes de que se respetará la voluntad ciudadana; y a pesar del sacrificio personal del amigo, correligionario y obsecuente vasallo Arturo Escobar, hoy en la picota del descrédito público. Tarea muy difícil porque, podría decirse, el fraude institucional y la coacción y compra del voto están en el ADN del sistema político mexicano.
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