El periodo extraordinario acordado por el Congreso para este 21, 22 y 23 de agosto da cuenta, al mismo tiempo, del rezago legislativo en diversos temas de importancia fundamental y de la urgencia de la sociedad política peñista por impulsar, antes del ya muy cercano periodo ordinario de sesiones que iniciará el 1 de septiembre, […]
El periodo extraordinario acordado por el Congreso para este 21, 22 y 23 de agosto da cuenta, al mismo tiempo, del rezago legislativo en diversos temas de importancia fundamental y de la urgencia de la sociedad política peñista por impulsar, antes del ya muy cercano periodo ordinario de sesiones que iniciará el 1 de septiembre, varias de las reformas que considera cruciales para la conducción del país. En el brevísimo periodo señalado, se han apretado temas en nada intrascendentes ni de fácil consenso.
El Senado agendó para estas sesiones extraordinarias la reforma constitucional para regular la deuda de estados y municipios, la incorporación al artículo 116 de las candidaturas ciudadanas y la designación de los integrantes -a propuesta del Ejecutivo- de la Comisión Federal de Competencia y del recién creado Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel). También la legislación secundaria de la Reforma Educativa, en caso de que la Cámara de Diputados la remitiera a tiempo.
La Cámara Baja, por su parte, previó sacar adelante la reforma constitucional en materia de acceso a la información y protección de datos, mediante un dictamen que modifica sustancialmente la iniciativa enviada por el Senado abriendo la posibilidad de que las autoridades obligadas a proporcionar información recurran a los acuerdos del IFAI ante las instancias judiciales y excluyendo a los partidos políticos como sujetos obligados a informar del uso de los recursos públicos que reciben; también el nombramiento del miembro faltante en el Consejo General del Instituto Federal Electoral desde la renuncia, en febrero pasado, de Sergio García Ramírez.
Pero sobre todo, la Cámara de Diputados tenía agendado incluir la aprobación de tres normas complementarias a la llamada Reforma Educativa promovida por Peña Nieto y arropada por el Pacto por México: la Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), la reforma a la Ley General de Educación y la nueva Ley General del Servicio Profesional Docente, en la que se concreta la reforma como virtual espada de Damócles sobre los maestros y los coloca en una situación laboral de excepción entre todos los servidores públicos.
Con relación a las reformas magisteriales -que no educativas-, Enrique Peña Nieto advirtió que «no serán negociables» los ordenamientos aprobados por el Congreso; y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, expresó su seguridad de que saldrían adelante en virtud de haberse llegado a acuerdos en torno a ellos en el marco del Pacto por México.
Sin embargo, esto último ya está, llegada la fecha de inicio del periodo extraordinario, en cuestión. Por una parte, porque la declaración de Osorio desató una pequeña rebelión legislativa entre los senadores del PRD, que exigieron a su presidente partidario, Jesús Zambrano, una explicación sobre lo acordado en el Pacto y se pronunciaron por no respetar acuerdos que se tomen fuera del ámbito parlamentario; pero sobre todo porque la movilización de los profesores adscritos o aliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación logró, hasta el momento de redactar estas líneas, impedir que se realizara la sesión conjunta del Congreso para inaugurar el periodo legislativo extraordinario y que se reúna la Cámara de Diputados. El cerco masivo al Palacio Legislativo de San Lázaro -una nueva versión mexicana del movimiento de «Ocupa»- cerró todos los accesos y ha obtenido, hasta ahora, el retiro del orden del día del debate y aprobación de la controvertida Ley de Servicio Profesional Docente. También lograron que los representantes del movimiento magisterial fueran por fin recibidos por los coordinadores parlamentarios del PRI, el PAN y el PRD que, hasta ahora, se habían negado a concederles audiencia. Tampoco la sesión del Senado pudo realizarse en la fecha prevista, al no haberse cumplido con la instalación de la sesión general del Congreso.
Mucho de lo que el sistema se está jugando en este periodo de sesiones está en riesgo. Aprobando a toda máquina y con su artificial mayoría parlamentaria las mencionadas reformas y nuevas leyes, consideraban los operadores del Pacto que podría convocarse a un segundo periodo extraordinario para la siguiente semana, en el que se tratarían la reforma político-electoral y la financiera, dejando para el periodo ordinario, a partir de septiembre, los platos principales de este banquete legislativo: la reforma energética y la fiscal.
¿Cuántas de esas iniciativas han resultado de la realización de foros de consulta o de alguna otra forma de participación de la sociedad? En política la forma es fondo (vale la pena citar una vez más al viejo Reyes Heroles): el empacho legislativo preparado para estos últimos días de agosto habla de la urgencia del equipo en el gobierno de sacar adelante, simultáneamente, un conjunto de prioridades que en varios aspectos modificarán las relaciones entre gobernantes y gobernados, sin dar tiempo a que la sociedad reaccione o se organice para opinar sobre temas fundamentales para la vida nacional.
Pero los acontecimientos ocurridos el lunes 19 y el miércoles 21 en torno a la Cámara de Diputados, así como la persistencia y reforzamiento creciente del plantón que los maestros de la CNTE en el Zócalo, muestran que la capacidad de resistencia social está lejos de haber sido vencida. Frente a la mayoría parlamentaria pactada por los administradores de las franquicias partidarias hay aún una importante reserva de indignación social y de organización dispuesta a no capitular sin lucha. Si mediante los acuerdos pactistas la sociedad política ha querido acorralar y arrinconar a la sociedad civil, el cerco establecido por los maestros al Palacio Legislativo, una de las sedes y símbolos del poder en el país, ha mostrado, que desde la movilización social es posible frenar las iniciativas más agresivas y regresivas de la coalición gobernante.
Si la victoria obtenida en San Lázaro por los maestros de la Coordinadora se consolida en los próximos días impidiendo la aprobación de la legislación secundaria en materia de las relaciones laborales magisteriales, y si la opinión pública logra que se abra de manera amplia el debate acerca de la normatividad del IFAI, se estará demostrando que también en la reforma energética es posible organizar una resistencia social extensa y eficaz, pese a la abrumadora campaña de medios y la bastarda invocación al General Lázaro Cárdenas para legitimar la iniciativa de privatización de la renta petrolera y ampliar el margen de acción de las empresas privadas en el sector energético.
La apuesta de legislar y operar cambios trascendentes a espaldas de la nación ha resultado riesgosa para un gobierno que, si bien logró en su inauguración el respaldo no sólo del sector empresarial sino de los dos principales partidos de oposición, hoy debe percibir que ese capital político no es suficiente. En el caso del sector educativo no lo parece. ¿Lo será para la privatización del sector energético y la reforma hacendaria?
Fuente original: http://www.cambiodemichoacan.com.mx/editorial-8586