Francia aprobó en mayo de 2009 una ley para cortar el acceso a Internet por descargas ilegales. El Consejo Constitucional validó el jueves la parte esencial de la polémica y modificada ley francesa contra el P2P, tras el recurso que los socialistas presentaron a finales del mes pasado. El texto de la ley, conocida como […]
El Consejo Constitucional validó el jueves la parte esencial de la polémica y modificada ley francesa contra el P2P, tras el recurso que los socialistas presentaron a finales del mes pasado.
El texto de la ley, conocida como Hadopi 2, otorga a los magistrados la potestad de suspender el acceso a Internet a las personas titulares de un línea desde la que se efectúen descargas ilegales repetidamente.
El ministro de Cultura, Frédéric Miterrand, saludó la validación del texto por el Consejo Constitucional y señaló que los primeros mensajes de advertencia a los usuarios que descarguen contenidos audiovisuales ilegalmente comenzarán a enviarse a principios de 2010, «según el calendario previsto».
Aún hay que regular cómo se calcularán las sanciones
Los miembros del Consejo, que estiman como constitucional el grueso de la ley, han censurado no obstante el artículo del texto que permitía a los jueces fijar la cuantía de los daños y perjuicios para los titulares de los derechos de propiedad intelectual pues entienden que eso le corresponde precisarlo al poder legislativo. Esto deberá articularse mediante un nuevo texto que deberían votar los parlamentarios franceses, que tendrán que establecer las normas aplicables para esas indemnizaciones.
El recurso presentado por el Partido Socialista, después de que la Asamblea Nacional aprobase el texto, argumentaba que no se puede recurrir al código penal contra los «piratas» porque atentaría contra su derecho de defensa.
Después de un agitado trámite parlamentario – la ley inicialmente fue rechazada porque el grueso de los diputados de la mayoría gubernamental adelantaron sus vacaciones la pasada Pascua y no votaron el texto- también fue rechazada una vez por el Consejo Constitucional. Este organismo, compuesto por nueve expertos o «sabios» constitucionales, estimó el pasado mes de junio que no podía ser una autoridad administrativa la que cortase el acceso a Internet, sino que debía ser un juez el que determinase la sanción.