En México, 1.774 de cada 100.000 niños, niñas y adolescentes vivieron una violación sexual en la escuela, 5.000 experimentaron tocamientos y abusos, por lo que nueve organizaciones civiles exigieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador cumplir con su obligación moral, ética y legal, de proteger a niños y niñas ante la violencia sexual y los abusos.
Los hechos suceden, como se ha documentado recientemente y con estadísticas del INEGI, en las escuelas de la Secretaría de Educación Pública, mientras que el gobierno desactivó protocolos y amenazó con desaparecer al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), al que le redujeron al mínimo sus recursos en el presupuesto 2021.
Las organizaciones protectoras de la infancia recogen la información sistematizada, durante 10 años de observación y atención a casos, de la Comisión de Derechos Humanos de la capital del país y afirman que México en el mundo ocupa los primeros lugares en materia de violencia y explotación infantil, es el segundo destino de turismo sexual infantil, y ocupa la primera posición en consumo de pornografía infantil. Datos alarmantes y sin escucha.
Los hallazgos más recientes contabilizan 37 casos de violencia sexual infantil como posibles coincidencias en patrones de explotación sexual; se ha conocido con detalle lo referido por las víctimas en 18 escuelas en siete estados: Ciudad de México, Jalisco, Oaxaca, Morelos, Estado de México, San Luis Potosí y Baja California.
Los datos provienen del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), del estudio de UNICEF denominado Panorama Estadístico de la Violencia contra Niñas, Niños de 2018 y Adolescentes PCF, 2018, entregado al gobierno y de las experiencias y casos denunciados en las procuradurías de justicia. La mayoría de estos casos permanecen en la impunidad.
En México las investigaciones científicas, nacionales e internacionales, además de mostrar el tamaño de la violación -1.774 por cada 100.000 niños, niñas y adolescentes- precisan que 5.000 de cada 100.000 sufren tocamientos y abusos.
Obligaciones internacionales
Las organizaciones, entre ellas Adivac, Fundación Juconi, Mexicanos Primero A.C., Junior Archivement y Save the Children, cuestionan al gobierno no cumplir con sus compromisos, puesto que el Estado mexicano ha ratificado una serie de instrumentos internacionales que lo obligan a proteger a la niñez en casos de explotación sexual, tal como mandata la Convención sobre los Derechos de la Niñez y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres, niñas y niños.
Pero además incumple el mandato de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, donde el artículo 47 establece la obligación de las autoridades federales y municipales de tomar las medidas necesarias para la prevención, atención y sanción en los casos de trata de personas menores de 18 años de edad, abuso sexual infantil, explotación sexual infantil con o sin fines comerciales o cualquier otro tipo de explotación.
Vehementes exhortan y hacen un urgente llamado a las autoridades educativas para crear estrategias de prevención, intervención en la comunidad educativa y protección, vigilancia y denuncia inmediata al Ministerio Público en todos los casos de diversos tipos penales de delitos sexuales dentro de los centros escolares para que las niñas, niños y adolescentes se desarrollen en espacios seguros, teniendo presente que el abordaje debe ser multidisciplinario e interinstitucional.
Recuerdan que México es parte de la Alianza Global para poner fin a todas las formas de violencia en contra de Niñas, niños y Adolescentes y de la estrategia específica para Entornos Escolares Seguros.
El horror de lo que sucede lo ha documentado la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que en un informe dado a la publicidad recientemente, documenta 10 años de casos de explotación sexual organizada al interior de las escuelas del país.
La investigación muestra como grave problema de impunidad desde el año 2011 cuando se interpuso la primera denuncia que puso en evidencia la violencia sexual infantil en contra de aproximadamente 30 niñas y niños de la primera infancia que habían sido utilizados sexualmente por personal de una escuela pública de preescolar en Iztapalapa.
Por ello, las autoridades educativas tienen la obligación de crear espacios seguros en los centros escolares para que niñas, niños y adolescentes puedan desarrollarse de manera integral, se encuentren protegidos y vivan libres de riesgos que vulneren sus derechos, como lo es la violencia y explotación sexual.
La ODI ha señalado que este escenario en la Ciudad de México se ha extendido; se han contabilizado 37 casos de violencia sexual infantil como posibles coincidencias en patrones de explotación sexual, pero solo ha sido posible conocer a mayor detalle lo referido por las víctimas en 18 escuelas en siete estados: Ciudad de México, Jalisco, Oaxaca, Morelos, Estado de México, San Luis Potosí y en Baja California.
En su petición, entregada a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública y a las procuradurías, señalan que desde la Sociedad Civil Organizada, con experiencia y trabajo en la promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, exigen al Gobierno mexicano y en particular a la Secretaría de Educación Pública (SEP), a las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a la Fiscalía General de la República y los Gobiernos estatales involucrados atender urgentemente el problema, a través de estrategias de prevención, intervención y protección urgentes.
Estrategias de prevención:
– Que sea transparente la trayectoria y designación del personal escolar: directivos, maestras, maestros, así como toda persona que labore en las instituciones educativas.
– Fortalecer los espacios de escucha para las niñas, niños y adolescentes en las familias, escuelas y comunidades a través de la sensibilización sobre las diversas violencias sexuales contra esta población.
– Integrar la participación de la ciudadanía para la prevención y denuncia de redes de explotación sexual infantil en espacios escolares como parte de la construcción de espacios seguros.
– Fortalecer los sistemas de protección integral y especial de la niñez y adolescencia asignando los recursos financieros y humanos suficientes de acuerdo a la Observación General 19 del Comité de los Derechos de la Niñez de Naciones Unidas.
– Establecer mecanismos de sensibilización a docentes y personal administrativo; acompañamiento a madres y padres para realizar acciones conjuntas de prevención, protección y formación para la autoprotección y cuidado con los propios niños y niñas.
– Que se garanticen escuelas transparentes sin espacios ocultos, sin casas privadas dentro de la escuela, cuartos obscuros o salones ocultos.
– Revisión y actualización del documento de la SEP: «Orientaciones para el establecimiento de entornos escolares seguros para escuelas de educación básica».
Estrategias de intervención:
– Establecer mecanismos expeditos de denuncia y de seguimiento con toda la comunidad educativa.
– En los procesos de denuncia, dar información a la niñez sobre que hace un juez y cómo será el proceso de denuncia.
– Modificaciones a los procesos administrativos de la SEP cuando se tenga sospecha de un caso de violencia sexual infantil.
– Que se modifique El Protocolo de los procedimientos administrativos de la SEP para que avise inmediatamente y obligadamente a las Procuradurías Estatales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para que trabajen conjuntamente con la policía y Ministerio Público ante cualquier denuncia de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.
– Articulación de la Unidad de Atención al Maltrato y al Abuso (UAMASI) de la SEP con los Sistemas de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y las Procuradurías Estatales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
Estrategias de protección:
– Que se investigue debidamente y que se reconozca a los co-denunciantes de estos casos como víctimas con derechos para participar en la investigación.
– Que se garanticen métodos especializados y adecuación de mecanismos para el testimonio bajo un enfoque de niñez que eviten la revictimización de niñas, niños y adolescentes, entre ellas la aprobación de la prueba anticipada.
– Fortalecer los mecanismos de procuración e impartición de justicia, así como el involucramiento de las Procuradurías de protección de niñez, para garantizar una vida libre de violencia para niñas, niños y adolescentes que hayan vivido violencia sexual.
– Capacitar a las autoridades policiacas, agencias de Ministerio Público, servicios médicos, supervisiones escolares, servicios de apoyo psicológico, acompañamiento, entre otros servicios, para abordar con un enfoque multidisciplinario de derechos de infancia una atención congruente a la edad de niñas, niños y adolescentes, así como atender a las familias afectadas por la violencia sexual contra sus niñas, niños o adolescentes.
– La Fiscalía General de la República debe garantizar la coordinación interinstitucional para la investigación de los casos reportados en más de siete Estados de la República, con cuerpos policiales y ministeriales realmente especializados en la investigación de delitos contra niñas, niños y adolescentes.
– Asegurar el derecho a la no repetición y salvaguarda de la integridad de la víctima de acuerdo con lo estipulado en la Ley General de Víctimas y la no tolerancia a la impunidad en estos delitos.
El gobierno en conjunto con la sociedad, en general, debe cumplir con la obligación moral, ética y legal, de ser garantes de TODOS los derechos de la infancia, por lo que es URGENTE una respuesta de Estado a establecer acciones inmediatas en la defensa de la dignidad de niñas, niños y adolescentes en México.
Firman: Adivac, Fundación Juconi, Mexicanos Primero A.C., Junior Archivement, Save the Children, Plan International, World Vision, México Juega A.C. y Mejores Familias A.C.