Si bien la presidenta Sheinbaum, los dirigentes del partido oficial y algunos actores políticos más se declararon satisfechos con la elección reciente en la que el 10% de los ciudadanos votó por quienes los acordeones les indicaron para integrar el Poder Judicial, el proceso no ha concluido. Hay y habrá recursos interpuestos por quienes no ganaron el cargo al que se postularon, ante la evidente manipulación del sufragio, la descarada intervención del gobierno y de su partido en las elecciones y el cochinero que caracterizó el desarrollo de este innovador procedimiento de principio a fin. Comenzó con mayorías legislativas calificadas, truculentamente asignadas al oficialismo, y votos comprados en las cámaras para poder hacer reformas constitucionales, y termina con el reparto masivo del también novedoso acordeón electoral.
Como un primer bocado de lo que de este inédito ejercicio traerá, está el informe inicial que presentó la Misión de Observadores de la Organización de Estados Americanos encabezada por el ex canciller chileno Heraldo Benjamín, en el que se asienta que con candidaturas que fueron propuestas por el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo y el reparto de «acordeones» a los votantes, no se garantiza la independencia del nuevo Poder Judicial. Además, el informe resalta la baja participación de los ciudadanos, de solo 13 por ciento. Y agrega: «Se constató que 6 de los nuevos Ministros/as fueron postulados por el comité del Poder Ejecutivo y las 3 restantes son integrantes de la Corte actual, nombradas por el ex Presidente (AMLO), lo cual levanta dudas razonables sobre la autonomía e independencia del máximo tribunal con respecto al Ejecutivo». Cuando el esclarecido presidente del Senado Gerardo Fernández Noroña declaraba que después de México “el mundo empezará a elegir a sus poderes judiciales y nos reconocerán como pioneros en la democratización [de éstos]”, la Misión no recomendó que el modelo electoral aplicado en México sea replicado en otro país.
La respuesta del gobierno de México no se hizo esperar, a través de la cancillería, la cual señaló en su comunicado 091 que “la Misión de Observación Electoral de la OEA rebasó el mandato de la misma e incurrió en acciones contrarias a los principios de la Carta de la Organización, en particular el Artículo 3 (e) que señala: ‘todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga’”. Y agrega el comunicado: “Una Misión de Observación Electoral no cuenta con la facultad para tratar de imponer sus propios criterios sobre la forma en que los países, en uso de su soberanía, deben conformar su poder judicial. Menos aún, de emitir juicios de valor que rebasan sus atribuciones”.
Por supuesto que los observadores no hicieron más que observaciones, sin tratar de tener injerencia en la forma de gobierno y mucho menos de “imponer” sus criterios a los mexicanos. Ni la Secretaría de Relaciones Exteriores ni la presidenta en la intervención mañanera en que trató también al asunto, desmienten ni dan respuesta al uso de acordeones, ni al origen de las candidaturas plasmadas en las boletas. Habremos de conocer el informe definitivo de esta misión y los de otros observadores internacionales, así como la reacción que despierten en el gobierno mexicano, para saber si la elección de jueces y ministros mejoró o no la imagen que fuera del país se tiene de nuestro régimen político.
Concluido el cómputo de votos en los comités distritales, falta aún la valoración de los resultados por el Consejo General del INE y la resolución por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de las impugnaciones que se presenten. Pero ya se pueden prever algunos de los efectos directos de esta elección, tanto en la estructura constitucional del Estado como en lo inmediato.
La sustitución de la carrera judicial por el mecanismo de “elección popular” hará que la administración de la justicia dependa, más enteramente aún, de la correlación de fuerzas políticas y los aparatos de carácter electoral. Claro que, a pesar de tener mecanismos institucionales de integración, el Poder Judicial siempre estuvo sujeto a la intervención de fuerzas políticas e intereses particulares y a la corrupción. Ahora, estas situaciones de irregularidad se han establecido como lo regular, como tempranamente se ha visto en el estreno del procedimiento. Quien tenga los recursos electorales más poderosos se podrá adueñar ahora de la administración de justicia.
No sólo Andrés Manuel López Obrador y su correa de transmisión Morena en el Poder Judicial Federal, sino también gobernadores como la panista María Eugenia Campos en Chihuahua, y otros, que lograron copar los tribunales superiores de sus entidades. Fue totalmente visible cómo el gobierno federal a través de los llamados servidores de la Nación y los cuadros del partido oficial participaron en el acarreo de votantes y el reparto de acordeones para tener finalmente una Corte y tribunales capturados por el poder político. La decisión del siempre servicial Tribunal Electoral federal de no sancionar el apoyo que recibió la candidata oficialista Lenia Batres de militantes del Morena en Querétaro y Nuevo León (donde hubo denuncias documentadas, por no hablar de muchas otras entidades del país) sienta un precedente de impunidad y normalización de los atropellos a la ley.
La modificación estructural, ya se ha explicado, radica en la virtual desaparición de la división de poderes que se deriva del factor electoral y la selección de candidatos. Si antes la designación de un ministro requería el consenso de diversas fuerzas políticas en el Senado, ahora el sistema de listas implica que quienes aparezcan en la boleta pueden ser decididos por la voluntad de quien ocupe la presidencia de la República o tenga la mayoría —haiga sido como haiga sido— en el Congreso. Una vez cooptado también el Poder Judicial, y particularmente la Corte, los candidatos de los tres poderes estarán en consonancia con una sola fuerza política o los personeros y caciques de ésta.
La alineación del Poder Judicial Federal y los de varias entidades, como Ciudad de México y muchos otros, con el interés político partidario se ha logrado. Falta ver el desempeño de los nuevos juzgadores, más expuestos ahora que nunca al escrutinio público.
Además, la elección judicial ya ha comenzado a tener efectos en el exterior. La filtración a la agencia noticiosa Reuters de las negociaciones entre la cancillería mexicana, el fiscal general de la nación y el secretario de Seguridad Pública hace unos meses con el gobierno estadounidense, en las que se externó la presión de éste por que diversos políticos del partido gobernante en México, del actual gobierno y del anterior, sean investigados por sus posibles vínculos con la delincuencia organizada, nos habla de la urgencia de Washington por abrir carpetas que sean judicializadas antes de que los nuevos jueces y magistrados entren en funciones. Aunque la nota de Reuters ha sido desmentida por la embajada estadounidense en México y por el propio gobierno mexicano, su contenido se ajusta a hechos concretos, como la entrega el pasado febrero de 29 capos al gobierno de Estados Unidos sin juicio de extradición, y el retiro de visas a la gobernadora de Baja California Marina del Pilar Ávila y a su esposo Carlos Torres, y ahora al también morenista presidente municipal de Puerto Peñasco, Sonora.
Es previsible, así, que no sea sólo el sector empresarial el que exprese su desconfianza con el nuevo Poder Judicial, como lo ha hecho la Coparmex, sino que también el gobierno estadounidense esté vigilante sobre la actuación de los juzgadores en áreas clave como la penal y civil, y adopte una posición más activa sobre el gobierno mexicano.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH
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