En España, la Administración lidera el 62% del gasto, frente al 38% que llega del sector privado El Estado pierde el control sobre la inversión pública cuando el resultado de las investigaciones se transfiere de las universidades y centros de investigación a las empresas Nueve de las diez compañías que más ayudas económicas han recibido […]
- En España, la Administración lidera el 62% del gasto, frente al 38% que llega del sector privado
- El Estado pierde el control sobre la inversión pública cuando el resultado de las investigaciones se transfiere de las universidades y centros de investigación a las empresas
- Nueve de las diez compañías que más ayudas económicas han recibido para proyectos en salud de 2010 a 2016 son grandes empresas farmacéuticas
Madrid, 29 de enero de 2019. En España, la mayor parte de la inversión en investigación y desarrollo en salud la realiza el sector público, principalmente en los centros de investigación dependientes de la Administración y en las universidades, pero esa inversión pública se invisibiliza en el momento que se transfiere a la industria, principalmente farmacéutica. Esta es una de las principales conclusiones del informe «Interés público en la innovación biomédica», que publicamos hoy desde Salud por Derecho. El estudio analiza cómo, aunque gran parte de la inversión es del sector público -un 62% frente al 38% de las empresas-, éste pierde el control sobre ella cuando el producto o la tecnología resultante de la investigación se transfiere al sector privado. De esta forma, la Administración no tiene capacidad de influir en asuntos tan importantes como el precio o la gestión de la propiedad intelectual, a pesar de ser el principal comprador de los medicamentos y productos sanitarios que resultarán de esa investigación pública.
El informe analiza, además, en qué condiciones se da esa transacción desde las universidades y los centros de investigación a las empresas. Constata cómo las invenciones desarrolladas en estos centros públicos son habitualmente protegidas por una patente y posteriormente se traspasan a las compañías a través de una licencia de explotación de la tecnología o cediendo su titularidad a cambio de una contraprestación económica. En este proceso, la gran mayoría de los centros de investigación y las universidades cuenta con políticas para la gestión y transferencia de su propiedad industrial e intelectual. Sin embargo, según revela el estudio, no contemplan criterios de interés público.
Estos criterios serían medidas que ayuden a visibilizar la inversión pública cuando pasa a manos privadas; criterios de trasparencia que faciliten el acceso a toda la información sobre los proyectos e invenciones que han recibido fondos públicos; medidas que aseguren que los productos finales tendrán precios asequibles que contribuyan a la sostenibilidad del sistema; o alternativas al modelo actual de gestión del conocimiento y de la propiedad industrial e intelectual. Todo lo contrario, las licencias de explotación suelen ser en exclusividad, que dan lugar a futuros monopolios. Son muy habituales los acuerdos de confidencialidad, cerrando así la puerta al conocimiento compartido y a la transparencia en lo que respecta a la accesibilidad en los registros y resultados de la investigación biomédica generados a partir de la actividad científica financiada con fondos públicos.
Menos presupuesto estatal, más autonómico
A nivel presupuestario, el informe recoge los recortes en investigación de los últimos años, sobre todo a nivel estatal, lo que ha provocado una reducción del número de proyectos, el abandono de líneas de investigación y una precarización de las condiciones laborales del personal investigador. Destaca que, de 2010 a 2016 y en términos globales, han sido clave tanto las aportaciones del conjunto de las comunidades autónomas como la financiación procedente de programas europeos, principalmente Horizonte 2020. No obstante, estas nuevas fuentes de financiación no sustituyen la responsabilidad de la Administración del Estado de incrementar la inversión y su compromiso con la investigación científica.
El informe pone de manifiesto la necesidad de disponer de mejores mecanismos para conocer la inversión pública en la innovación biomédica, el destino de estas inversiones y la necesidad de visibilizar su contribución a la cadena de valor de la I+D.
La estrategia de las compañías
El sector farmacéutico es el principal beneficiario de las ayudas y préstamos concedidos en el ámbito de la salud y la biotecnología por el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), organismo encargado de la concesión de ayudas al sector industrial. Nueve de las diez empresas que más financiación han recibido en el periodo 2010-2016 son farmacéuticas. Se trata, además, de compañías muy significativas en el sector y, en algunos casos, filiales de grandes multinacionales, la mitad de ellas interesadas en proyectos de oncología, enfermedades neurodegenerativas y enfermedades mentales.
Propuestas
El informe recoge una serie de propuestas que podrían ponerse en marcha para invertir esta situación lo antes posible y permitir un mayor seguimiento e impacto social de la inversión pública en I+D, tomando como referencia las experiencias en otros países. Entre ellas, detalla medidas concretas sobre gestión de propiedad intelectual, transferencia de conocimiento o rendición de cuentas, que tendrían como resultado disponer de información pública y completa de lo que se financia, cómo se financia, qué resultados se obtienen, qué resultados se patentan y a quién se transfieren y/o licencian.
Además, el estudio aboga por consensuar una definición de interés público y a partir de ahí establecer una serie de criterios que aseguren la transparencia, el acceso y los precios asequibles de los medicamentos y productos sanitarios resultantes de la inversión pública en I+D. Estos criterios se aplicarían a subvenciones, acuerdos que regulen la participación de universidades y organismos de investigación públicos en proyectos público-privados, la participación de centros sanitarios públicos en ensayos clínicos, o incentivos fiscales, entre otros. De hecho, en España, la Ley de Economía Sostenible ya incorpora aspectos de interés público y podría servir de punto de partida.
Por último, recoge la necesidad de impulsar políticas e iniciativas que permitan gestionar con transparencia los conflictos de interés en la innovación biomédica y apuesta por desarrollar guías y recomendaciones consensuadas que permitan delimitar mejor las relaciones entre actores públicos y privados.