Con la filtración el pasado fin de semana en un canal de Youtube creado exprofeso de un conjunto de grabaciones generadas mediante espionaje al fiscal general de la República Alejando Gertz Manero, el sistema de justicia en el país ha escalado un nivel más en la crisis de credibilidad e institucional por la que atraviesa desde hace ya un buen tiempo.
Esta vez involucra a uno de los funcionarios que, evidentemente, sin ser parte formal del gabinete presidencial y contando con autonomía constitucional para desempeñar sus funciones, son más próximos a Andrés Manuel López Obrador. Los audios documentan una conversación entre el fiscal Gertz y su cercano colaborador Juan Ramos López, en la que comenta tener conocimiento del proyecto de resolución del ministro Alberto Pérez Dayán en el caso de Alejandra Cuevas Morán, presa y acusada por el propio Gertz junto con su madre Laura Morán del homicidio por abandono y desatención de su hermano, Federico Gertz Manero, de quien la segunda fue concubina por alrededor de medios siglo. También exhiben los referidos archivos de sonido, por confesión, las gestiones del fiscal ante diversos ministros de la Suprema Corte, incluyendo a su presidente Arturo Zaldívar, para frenar el proyecto que será discutido en el máximo tribunal el próximo 14 de marzo. Este último le habría ofrecido al fiscal posponer la discusión de la resolución propuesta por Pérez Dayán argumentando ser insuficiente el tiempo para que los ministros la estudien.
De entrada, resalta el hecho de que las llamadas del más elevado gestor de la justicia en el país con su colaborador pudieran ser interceptadas por gente ajena a la institución que él encabeza o interna a ésta, lo que alerta sobre la inseguridad en sus comunicaciones, y manifiesta un alto grado de incompetencia de él y el equipo que lo rodea.
Pero lo grave es que lo que las grabaciones hacen transparente es el tráfico de influencias que el primer fiscal autónomo en la historia de nuestro país ha ejercido en un caso en el que él tiene intereses personales y es parte, como el del supuesto —y no demostrado— homicidio de su hermano por negligencia de quien fuera su pareja y la hija de ésta. Esos audios no podrían usarse como evidencias en juicio ante ningún juzgado, por supuesto, por haber sido obtenidos de manera ilegal; pero ante la opinión pública del país dejan claro el uso ilícito por el fiscal Gertz de su cargo para litigar a su favor, como parte acusadora, ante el tribunal supremo del país, como antes lo hizo ante otras instancias de justicia de Ciudad de México.
El punto es que, en las diversas entrevistas y comparecencias en medios que el fiscal ha tenido en los medios desde la comprometedora divulgación, no ha negado la veracidad de las grabaciones. Hace alrededor de siete años que falleció su hermano Federico y desde entonces el hoy inquisidor ha insistido en la responsabilidad de la que fuera su pareja y la hija de ésta; pero esas acusaciones no prosperaron ante por lo menos dos juzgados que conocieron del caso, sino hasta 2020, cuando Gertz llegó a ocupar el alto cargo que hoy ostenta. Sólo entonces Alejandra Cuevas fue encarcelada y se emitieron órdenes de aprehensión contra la nonagenaria Laura Morán. Ahora, la difusión de las conversaciones con el Subprocurador encargado de la investigación de delitos federales pone en evidencia que el caso se ha sostenido, en buena medida, gracias a las influencias movidas por el poderoso fiscal. La familia de las acusadas ha divulgado, a su vez, que la intención última de Alejandro Gertz es hacerse de una cantidad de bienes de los que Federico era, en realidad, su prestanombres.
El alto funcionario está en aprietos; pero más lo está el aparato de justicia federal en su conjunto, y por tanto lo está el país entero. La facciosa utilización de las instituciones y los cargos para la atención y solución de conflictos personales, que también lo son de interés de quien los promueve, pone a esas instituciones, las del poder Judicial de la Federación, en entredicho, y a los ministros en la atención cautelosa de la sociedad. El 14 de marzo se sabrá, en el Pleno de la SCJN, si pueden más las palancas movidas por el fiscal o la defensa de la integridad e independencia del sistema de impartición de justicia por sus responsables.
Pero no es este el único asunto de relevancia en el que está involucrada la FGR a cargo de Gertz Manero. Está también el caso en el que ésta acusa, con base en una denuncia presentada por el abogado Juan Ramón Collado Macelo, preso desde 2019 bajo cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de fraude fiscal, por 36 millones de pesos, y peculado, por 13.7 millones en perjuicio del gobierno de Chihuahua. Collado ha señalado a un grupo de abogados y asesores financieros por tratar de extorsionarlo e incurrir en tráfico de influencias para otorgarle la libertad. Y en su denuncia involucra a quien fuera hasta hace no mucho el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, con quien el fiscal general también parece haber tenido una muy mala relación política y personal. El caso aún dista de haberse resuelto en los juzgados, pero ya hay señalamientos en el sentido de que la fiscalía estaría tratando de presentar a Scherer, sin que aparezcan pruebas en ese sentido, intentando hacerse de la Caja Libertad, de la que Collado es principal propietario, mediante un trueque: “Libertad por tu libertad”.
Las acusaciones de Colado contra los socios de Scherer se dan, hay que decirlo, con independencia de otras que también enfrenta el ex consejero jurídico del presidente, como las que ha sostenido el también abogado Paulo Díez Gargari por tráfico de influencias, asociación delictuosa y ejercicio ilícito del servicio público en el caso de protección a la empresa Aleática que administra el viaducto Bicentenario en el Estado de México, y la que posiblemente presente por extorsión el también imputado Alonso Ancira, propietario de Altos Hornos de México, por la venta con gran sobreprecio de la planta Agronitrogenados a Pemex en el sexenio pasado. El tráfico de influencias e intentos de extorsión los habría realizado Scherer a través de una red de relaciones con juristas y jueces mientras era titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia y uno de los colaboradores más cercanos al presidente López Obrador.
Y está también la casa de Gertz en exclusivo fraccionamiento de Las Lomas de Chapultepec, que fue adquirida por la Universidad de las Américas, de las que el hoy fiscal general era entonces rector. Esa residencia le fue entregada a él mismo, seis años después como pago por supuestos adeudos que la institución universitaria tenía con él. En agosto de 2018, siendo aún representante de esa institución, la casa le fue entregada a él mismo en propiedad como pago por adeudos que sumaban más de 14 millones 483 mil pesos. La residencia podría tener un precio comercial de alrededor de 35 millones. Además, esa propiedad, y otra heredada de su madre, no fueron declaradas por Gertz Manero en su declaración de patrimonial y de intereses al asumir el alto cargo que hoy ostenta (ver el reportaje de Neldy San Martín “La casa secreta de Gertz Manero” en Proceso 2343, 26 de septiembre de 2021).
En el conflicto que desde hace varios meses enfrenta la propia Universidad de las Américas Puebla, que la ha mantenido incluso paralizada por un largo periodo, el nombre de Gertz Manero también aparece como parte interesada, a través de sus hijas Alejandra y Mercedes Gertz Loizaga, y su yerno Julián Antuñano Olvera, socios de esa empresa educativa desde 2014, y de él mismo como rector que fue desde 1995 hasta poco antes de asumir como fiscal. Desde ese puesto realizó acciones, a partir de 2007, para hacerse de la propiedad del nombre comercial, marca, logotipo y lema de la universidad, propiedad de la familia Jenkins que encabeza el patronato correspondiente. Además, según ha trascendido de un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, las cuentas de la UDLAP habrían sido utilizadas para transferir recursos hasta por 150 millones de pesos a cuentas en paraísos fiscales y en México a nombre suyo y de sus familiares (ver “UIF detecta conflicto de interés en caso Gertz y UDLAP” en El Universal, https://www.eluniversal.com.mx/nacion/uif-detecta-conflicto-de-interes-en-caso-gertz-y-udlap.
Un escándalo más es el de haber obtenido en el actual sexenio, y ya desempeñándose como fiscal general de la nación, el reconocimiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel III, el más alto, otorgado a los científicos con más experiencia y producción de nuestro país. Durante 11 años, desde que era rector de la UDLAP, Gertz había buscado sin éxito esa designación —que implica también una sustancial beca monetaria—. Las comisiones dictaminadoras no consideraron nunca que tuviera méritos suficientes para aspirar a ese reconocimiento. Finalmente lo obtuvo en 2021 mediante un recurso ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Conapred. Éste dictaminó a su favor y obligó al Conacyt a revisar sus anteriores resoluciones, pese a que los acuerdos de la Conapred no son vinculantes y quedan como meras recomendaciones. El título de investigador se le otorgó pese a estar bajo señalamientos de haber plagiado en su tesis una obra de Salvador Ortiz Vidales, titulada “Guillermo Prieto”, publicada por la Editorial Botas en 1939.
En fin, el cuidado de la justicia en el México de la llamada Cuarta Transformación está en las peores manos posibles, las de un funcionario involucrado en controvertidos asuntos y negocios personales, por añadidura vengativo y dispuesto a usar a su favor los recursos mismos que el Estado ha depositado en sus manos para beneficio de los mexicanos.
Es buena señal que el Senado de la República haya acordado llamar a Gertz a comparecer para responder por el asunto de las grabaciones divulgadas, y probablemente otros asuntos; pero es el presidente de la República quien podría destituirlo por abuso del cargo y conflicto de intereses con base en el artículo 102 de la Constitución General de la Prepública y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. No lo hará. López Obrador ha salido abiertamente en defensa de tan siniestro personaje. Consideró que será la SCJN la que debe resolver si hay o no conflicto de interés en el caso de Alejandra Cuevas, y que él no debe intervenir por respeto a la autonomía constitucional que está atribuida a la FGR. No dejó de considerar, sin embargo, que el tema “no deja de tener tintes políticos”. Y volvió, en su conferencia mañanera del lunes 7 de marzo, a refrendar su “confianza” en el fiscal. Así las cosas.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH
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