La receta del FMI para la inflación pasa por la «moderación salarial», a pesar de que son los tarifazos en servicios públicos los principales causantes del recalentamiento de la suba de precios.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó el jueves un pronóstico actualizado sobre el panorama económico para América Latina y el Caribe en 2018. El organismo prevé una expansión de un 1,9% para América Latina en 2018. Para la Argentina, estima que creció un 2,8% en 2017, se expandirá un 2,5% este año y un 2,8% en 2019.
El informe, firmado por Alejandro Werner, el director para el Hemisferio Occidental del organismo, evalúa que la «moderación salarial» sería la clave para frenar la inflación en la Argentina. Se trata de un planteo curioso, considerando que los últimos datos disponibles muestran una inflación que se aceleró no por subas de salarios, sino por una serie de tarifazos y aumentos de precios regulados como los combustibles.
El documento del FMI dice suscintamente que la inflación «seguiría retrocediendo, suponiendo que haya una moderación salarial». En esta frase hay una falsa premisa, que es que el proceso inflacionario en el país estaría ocasionado por aumentos «no moderados» de salarios.
La evidencia muestra que los salarios vienen corriendo por detrás de los precios, y que es el aumento en el costo de vida lo que fuerza los reclamos por mayores aumentos salariales. Así y todo, por la presión del gobierno y los empresarios, y la colaboración de los burócratas sindicales, los aumentos negociados en paritaria vienen perdiendo casi todos los años contra la inflación.
Sólo en 2017, haciendo cuentas preliminares (los números finales estarán recién en unos meses) los salarios habrían crecido entre 3 y 5 puntos porcentuales menos que los precios. El año anterior, el primero del gobierno de Macri, acumularon una pérdida porcentual de 6,1% en promedio (considerando el empleo formal en el sector público y privado).
Esta pérdida de poder adquisitivo se suma a la que se produjo también durante los últimos años del gobierno de Cristina Fernández, sobre todo con la devaluación de 2014, que también estuvo acompañada por negociaciones paritarias por debajo de la inflación como resultado de la presión del gobierno.
En cuanto a las causas de la inflación, hay que buscarlas en otro lado. La devaluación de 2016 como resultado de la eliminación del cepo cambiario (así como antes la de 2014 que aplicó el entonces ministro de Economía Axel Kicillof) se encuentran entre los principales elementos que explican el proceso inflacionario en el país. A esto, durante los años del gobierno de Macri se le agregó la eliminación de retenciones para los productos de exportación, que tuvo impacto sobre los precios locales, y sobre todo, la implementación de tarifazos a las tarifas de los servicios públicos para reducir los subsidios.
En diciembre de 2017, el aumento de precios de 3,1% se explica centralmente por incrementos tarifarios. En dicho mes el rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles tuvo el escalofriante incremento de 17,8%. Trasporte subió 3,2%.
En todo 2017, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles subió 55,6%, mientras que transporte creció 20,6.
Y el año arranca caliente en materia de precios regulados. Al aumento de combustibles de entre 4 y 6,5 % para el expendio de combustible que rige desde ela semana pasada (al cual se plegó ayer YPF), se suman incrementos en trasporte, combustible, electricidad, gas y agua. Las previsiones de distintas consultoras calculan un piso de inflación de 6 puntos para los primeros tres meses del año, como resultado de este combo.
En este contexto, ¿qué resultados puede arrojar la «moderación salarial» que aconseja el FMI? Simplemente, que sean los trabajadores la variable de ajuste, absorbiendo con una reducción en su poder adquisitivo el impacto de estos incrementos. Esto no pondrá ningún límite a la inflación, que tiene otros motivos, pero producirá un significativo abaratamiento del «costo» salarial que afrontan los empresarios, contribuyendo a mejorar sus márgenes.
Por eso, en sintonía con el planteo del FMI, el gobierno adelantó el objetivo de que las negociaciones salariales tengan un techo de 15%. Ese número mágico es el que pusieron como objetivo de inflación para este año. Por lo tanto, según el relato macrista, si los salarios tuvieran ese incremento no ganarían ni perderían respecto de la inflación (olvidando, claro, el pequeño detalle de lo que perdieron ya en 2016, y lo que seguramente habrán perdido también en 2017 cuando estén los números finales).
Pero entre los analistas, considerando la batería de tarifazos con las que arranca el año (a lo que se suma el recalentamiento del dólar que también promete empujar a un alza de precios), las previsiones de inflación para el año no bajan de 20%.
En este contexto, con la foto de hoy, podemos decir que para recuperar en enero de este año el poder de compra de diciembre de 2015 y anticipar la inflación esperada en 2018, de mínima la discusión paritaria debería partir del reclamo de un aumento del 25%. Menos que eso, será una pérdida de poder adquisitivo asegurada.
El gobierno de Macri dio los primeros pasos en el gremio docente, de cara al objetivo de imponer la «moderación salarial». Pero se le puede torcer el brazo y evitar que los trabajadores sean la variable de ajuste. La primer pelea para esto está en los sindicatos, contra el quietismo de la burocracia en sus diversas alas, para imponer una pelea decidida contra la erosión del poder adquisitivo y enfrentar los ataques en curso con los despidos en el sector público y privado, y los que se vienen con la reforma laboral.