El problema de la deuda pública y el acuerdo y plan de pago con el Fondo Monetario Internacional (FMI) revisten extrema gravedad por su grado de condicionamiento al modelo económico local, que es propiciado por los acreedores externos y por las grandes empresas y sus dueños y administradores, que son los beneficiados de la deuda y su fuga.
En efecto, el FMI presiona para que se incrementen las exportaciones a como dé lugar, en un país que se viene primarizando a pasos agigantados. El 65 por ciento de nuestras ventas al exterior son productos primarios y, a lo sumo, manufacturas de origen agropecuario (harinas, aceites, biocombustibles, etc.) que por definición contienen pocas horas de trabajo y son frutos de la superficie de la tierra y de su subsuelo. Se priorizan estas ventas, para maximizar el superávit comercial y de esa manera que se disponga de las divisas necesarias para “honrar” la deuda.
La Argentina no necesita un ajuste comercial como el que exige el FMI, que incremente las exportaciones por año en torno a un 25 y a un 30% en divisas (consta en el Memorándum de entendimiento y en el de políticas económicas y financieras). En 2020 se operó con un superávit comercial de 12.500 millones de dólares y en 2021 por 14.700 millones de esa moneda, sumando ambos años 27.200 millones de superávit comercial.
El Banco Cntral los dilapidó, de manera que hubo que correr contra el reloj, las formas, y los contenidos para que se apruebe el plan acordado con el FMI antes del 22 de marzo, día en que se debe cancelar la tercera cuota del capital prestado por ese organismo al gobierno de Cambiemos, por un importe de 2.800 millones de dólares, que el BCRA no tenía.
Paralelamente en Argentina existe una relación directa y proporcional entre la deuda con el Fondo Monetario Internacional y la suba de los precios internos de los alimentos en primer lugar y, de la energía y de los llamados bienes de uso difundido (acero, aluminio, cemento, etc) en segundo término.
Según el último registro de la suba de los precios de los bienes y servicios del INDEC, correspondiente al mes de febrero 2022, si bien la inflación general fue del 4,7%, el incremento en el precio de los alimentos fue 7,5% y en la provincia de Buenos Aires, del 8,6%. ¿Por qué suben los precios y en forma generalizada y más en los alimentos y en combustible?
Porque están fuertemente concentrados los grandes productores, en el caso de los acopiadores y comercializadores de granos, con todos sus derivados: harinas, aceites, biocombustibles, y también en el comercio internacional de la carne vacuna. También está concentrada la distribución de la electricidad o del gas, el precio de los combustibles, del acero, del cemento, del aluminio, etc.
En el tema central de los granos y sus derivados, solamente nueve empresas, cinco norteamericanas: ADM, Bunge, Cargill, Glencore y Louis Dreyfus. Una china, Cofco —que compró Nidera y Noble, y se convirtió en un importantísimo acopiador y comercializador de granos en la Argentina actual— y tres, teóricamente, empresas privadas nacionales: Aceitera General Deheza, ACA -asociación de 25 cooperativas ricas argentinas – y la división agro de Pérez Companc: Molinos Río de la Plata en el mercado interno y Molinos Agro para la exportación.
Estas nueve empresas, el año pasado representaron el 80% de las exportaciones de granos y derivados de la Argentina.
A su vez, en el tema de la carne existe un consorcio ABC, compuesto por 16 frigoríficos que son los que realizan el 66% de las exportaciones de carne y el 100% de la cuota Hilton. Esto es, hay más de 200.000 productores, más de 6.000 frigoríficos, pero solo 16 son los que representan en Argentina el 66% de las exportaciones de carne vacuna y el 100% de la cuota Hilton.
En ese consorcio ABC que los nuclea, están dos brasileños: Margrif y Quick. De la Argentina está FRIAR que era de Vicentin, que ya no sabe ni de quién es; La Anónima, de los Brown; Coto, Frigorífico Rioplatense. Dieciséis frigoríficos que ya fueron acusados en su momento, por vender carne de vaca e incluso carne que -supuestamente- no era apta para consumo humano, pero era carne para exportación. La vendían a Uruguay a un precio menor, y Uruguay la revendía al precio internacional.
Esta confabulación entre grandes acopiadores y comercializadores de granos y derivados y el consorcio ABC de carnes tiene representación en la Bolsa de Cereales de Rosario. Dicha bolsa de cereales conforma un trípode para exportar e importar todo por el Río Paraná, en que está privatizada su explotación (dragado y balizamiento) a través de Hidrovía SA, sociedad conformada por la empresa belga Jan de Nul y la privada local Empa SA.
El trípode es, explotación del comercio por el Río Paraná y el control de los puertos de Rosario y de Montevideo. Porque las empresas acopiadoras y comercializadoras de granos y de carne tienen filiales en Montevideo, puerto que también está concesionado hasta 2081 a la empresa belga Katoen Natie.
Ellos se oponen a la construcción del canal de Magdalena porque sería una salida fuera de Montevideo, por puertos propios de aguas profundas como tenemos en el sur de la provincia de Buenos Aires, y se le acabaría todo este negocio de tener que pasar sí o sí por Montevideo o por Rosario.
Entonces tenemos, un precio interno exorbitante de nuestros productos, de todo lo que sea granos y de sus derivados. La Argentina tuvo el año pasado producción récord de trigo, 22 millones de toneladas. Se autorizó a exportar 14 millones de toneladas, por lo que deberían haber quedado 8 millones de toneladas para el mercado interno, el consumo interno representa entre 600.000 y 650.000 toneladas de trigo por mes. Sin embargo, los grandes molinos harineros (donde Molinos Río de la Plata tiene el 56% del mercado) no le venden la bolsa de harina a los panaderos en todo el país, sino se les paga una suma mucho mayor que lo estipulado en el acuerdo con la Secretaría de Comercio Interior de la Nación.
Antes de comenzar la guerra de Ucrania y Rusia, la bolsa de 25 kg de harina salía 1.300 pesos. En la semana del 14 al 18 de marzo 2022 a ningún panadero de la Ciudad o en el gran Buenos Aires le bajan del camión la bolsa de harina para pan a menos de 2.200 pesos (unos 22 dólares al cambio oficial, 11 al paralelo). En Córdoba el precio rondaba los 3.000 pesos (unos 15 y 30 dólares, respectivamente)
Las tierras son argentinas, los trabajadores argentinos, la lluvia, el arroyo, todo es argentino. Se produce todo acá, sube el precio internacional y repercute en forma directa y proporcional en el país, esto es posible por el grado de concentración y extranjerización de nuestra economía.
El objetivo del FMI es profundizar ese modelo, por ende propone dolarizar todo lo que se pueda. Esto es: aumentar las exportaciones, aumentar los saldos exportables. Primero exportar y después vender al mercado interno. Y solamente se vende al mercado interno, sí o sí, se lo hace a precios similares al del mercado internacional.
Ello explica también el aumento del precio de los combustibles no bien enterados del conflicto Ucrania-Rusia a la par que se incrementaba el precio internacional del barril. Y volvieron a aumentar el lunes 14 de marzo 2022, en tres semanas el precio de la nafta y del gas oil en el mercado local se acrecentó en un 20% Dos empresas -YPF SA y Pan American Energy- tienen el 70% de la extracción de petróleo en la Argentina actual.
Si bien el 51% del paquete accionario de YPF es del Estado Nacional, con el 6,06% de participación que tiene BlackRock (que es el fondo de inversión que posee mayor cantidad y valor de títulos de deuda argentina, se estima una tenencia de más de 2.000 millones de dólares) y un 20% más de un pool de capitales privados, tienen más decisión en el Directorio de YPF SA, que Pablo González, que es su Presidente.
Lo que no dicen es que nuestro salario y las jubilaciones y pensiones no se internacionalizan. Es más, se ajustan a pautas mucho menores que la inflación. Y la inflación refleja esto que estamos contando. Por ejemplo, en este primer trimestre, el gobierno avaló que el aumento a los jubilados sea un poco más del 12% y la inflación general acumulada hasta febrero es un 8%, pero en alimentos es mucho más, y la proyección para el primer trimestre 2022 del aumento del precio de los alimentos es en torno al 18 o 20% y el nivel general de precios va a ser del 14 ó 15% en el trimestre.
Quiénes se benefician
Los que se benefician son un puñado de empresas, empresarios, y administradores de esas empresas que están en lugares claves del modelo extractivista agropecuario exportador y que son a la vez, básicamente, las mismas empresas y las mismas personas que aparecen en el listado de la nota titulada “Los 100 de Macri” del 24 de mayo de 2020 y “Ahora las personas” del 31 de mayo de 2021 de El Cohete a la Luna.
Si bien es cierto que el gobierno de Macti fue flexibilizando los límites de compra para no poner ninguno, lo cierto es que los compradores de divisas deben demostrar fehacientemente el origen de los recursos por la Ley 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos que data del año 2.000. Por otra parte, todas las empresas que conforman el lote de las 100 primeras compradoras por un total de 24.769 millones de dólares en el transcurso de la gestión de Cambiemos, cotizan en Bolsa y por ende deben presentar sus estados contables de acuerdo a las normas internacionales de información financiera (NIIF), amén de las normas impositivas del país.
Es más existe un cuadro de Flujo de Fondos (generalmente denominado “Estado de Flujos de Efectivos Consolidados”) que debe hacer constar el aumento neto en el efectivo y en el equivalente de efectivos que es donde se contabiliza la compra de divisas por la empresa. Ese cuadro se combina con el de Activos y Pasivos en moneda extranjera y de allí se obtiene la información de cuántos dólares se adquirió en el ejercicio fiscal.
Observando las Memorias y Balances de esas 100 empresas, para los años 2016, 2017, 2018 y 2019, ninguna contabiliza haber comprado ni siquiera la mitad de los dólares que aparecen adquiriendo en el mercado libre de cambio y que constan dichas operaciones en los bancos que se los vendieron.
Es por eso la presentación que hizo la agrupación “Soberanxs” ante la Justicia Federal el 11 de marzo de 2020, donde indica que la única manera de poder determinar la legalidad de la transferencia de capitales efectuadas entre los años 2016 y 2019, es verificarlo a través de los informes cruzados del BCRA y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ya que así se podrá establecer si la salida de esos capitales correspondieron a operaciones convencionales derivadas de la compra de insumos importados, pago de derechos por uso de marcas (royalties), y depósitos en el exterior de sumas oportunamente declaradas, o de operaciones efectuadas al margen de la ley.
En el caso de que las empresa y particulares que no pudieran acreditar le legitimidad de los fondos transferidos, correspondería investigar la procedencia de los mismos. También sería de fundamental importancia verificar si se pagaron a la AFIP, los impuestos correspondientes a los bienes que fueran declarados, ya que de otro modo se habría producido la violación eventual de los artículos 46 y 47 de la Ley 11.683, texto ordenado mediante el Decreto 891/98, sin perjuicio de la comisión de otros delitos, que pudieran ser detectados en el curso de la investigación, que debe tener la amplitud necesaria, dada la complejidad de tales operatorias.
Independientemente de las obligaciones que se acuerdan con el FMI, es imprescindible saber a ciencia cierta dónde se fue el préstamo otorgado por el FMI al gobierno de Cambiemos, así como todo tipo de endeudamiento que no se corrobore con la disminución de pasivos y/o el incremento de activos del país.
Un gobierno debil y dependiente
Exigido por el FMI y por el resto de los acreedores para pagar una deuda externa acrecentada en más de cien mil millones de dólares en la gestión de la coalición neoliberal Cambiemos, depende del ingreso de las divisas para pagarla. Dependencia que es grave cuando el 65% de las exportaciones realizadas en el año 2021 fueron por parte de las mismas empresas extractivistas y agropecuarias nombradas.
Entonces, ante el exorbitante aumento del precio de trigo a nivel internacional (por encima de los 400 dólares la tonelada), el gobierno decidió crear un Fideicomiso, que se conforma con el 2% de aumento en los derechos de exportación de la harina de soja y del aceite de soja. La cantidad estimada permitirá subsidiar hasta 3,8 millones de toneladas de trigo para vender al mercado interno a 25.000 pesos la tonelada (unos 250 dólares al cambio oficial, 125 al paralelo), en lugar de los 40.000 que están solicitando los grandes molinos harineros.
Las empresas que exportan soja y sus derivados y trigo y sus derivados son básicamente las mismas nueve empresas referidas, por ende ellos saben que no pueden asfixiar a la población con más aumento y de esa manera el precio del kilo de pan rondaría en las panadería nuevamente, entre los 220 a 260 pesos (2,2 y 2,6 dólares al cambio oficial, 1,1 y 1,3 al paralelo o blue).
En segundo lugar, el trigo ya estaba destinado al mercado interno, forma parte de los 8 millones de toneladas que se venden en el país, se trata de esta manera que no aumente su precio por encima de lo acordado.
En tercer lugar deben acordar realizar un fondo con el 2% de incremento de los derechos de exportación (retenciones), porque no pueden subir más del 3% dichos derechos por la Ley 27.541 de Emergencia Económica de Alberto Fernández que acordó que no se puede subir las retenciones más de 3%, de esa manera el trigo, el arroz, la avena, el girasol, el maíz etc. tienen una tasa del 12% y lo máximo que puede llegar a ser es el 15%-
En cuarto término para modificar la ley se necesita del voto del frente Juntos por el Cambio y dijeron claramente que se oponen y que si se incrementaba la tasa del derecho de exportación no le votaban a favor el acuerdo con el FMI.
Quinto y último lugar, el “campo” como le gusta llamarse a la mesa de enlace que agrupa las cuatro entidades patronales (SRA; CRA, FAA, Coninagro) ya dijeron que iban a tratar de realizar un paro de su sector porque el gobierno aumenta las retenciones
A Alberto Fernández, no le tiembla el pulso para acordar con el FMI un plan de gobierno que libera el precio del dólar oficial para que se iguale a la inflación y de esa manera deteriora el poder adquisitivo del salario, de las jubilaciones y pensiones.
Es más, su gobierno firmó en el Memorándum de Entendimiento que el gasto previsional no puede superar el 43% del presupuesto nacional (como fue en el año 2021, donde más del 50% de los siete millones cien mil jubilados y pensionados nacionales perciben el haber mínimo o en torno al haber mínimo), con lo que condena a los supuestos beneficiarios a percibir un ingreso igual o menor (por la tasa de incorporación al sistema que es mayor que la tasa de baja que se produce por deceso) que en la actualidad hasta el año 2034 (que es el plazo final del acuerdo con el FMI).
Sin embargo titubea y se amedrenta ante la amenaza que el “campo” le haga un paro patronal y /o los exportadores no liquiden las ventas que realizan al mundo, al dólar oficial. Es un gobierno débil y subordinado al FMI, y esa es la razón porque perdió más de cuatro millones de votos en el año 2021 con respecto a su elección en el año 2019.
Horacio Rovelli. Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
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