Bastó con que el ex presidente Ernesto Zedillo apareciera en una entrevista con la revista Nexos a propósito de la llamada transición democrática durante su periodo de gobierno y la situación actual de la democracia en el país, y publicara un artículo en Letras Libres que tituló “México: de la democracia a la tiranía” para que el gobierno de Claudia Sheinbaum lo colocara en el banquillo de los acusados y en las conferencias mañaneras, todos los medios oficialistas con sus comentólogos y moneros se promoviera el linchamiento del personaje.
Como se sabe, las dos revistas mencionadas han mantenido posiciones muy críticas a los gobiernos de López Obrador y Claudia Sheinbaum y ambas, también, han sido señaladas por éstos de haber recibido cuantiosos contratos de publicidad de gobiernos federales, sobre todo los priistas desde Carlos Salinas de Gortari.
Pero no, el debate no se centró en las tesis políticas del ex mandatario que dieron contenido a las dos publicaciones. El debate no se ha enfocado de rebatir sus tesis acusatorias contra la autodenominada “Cuarta Transformación”. Tampoco, ya que se trataba de revisar el pasado, sobre la emboscada tendida en febrero de 1995 por el gobierno zedillista a la dirigencia del EZLN que obligó a un éxodo de sus bases sociales hacia la selva y cuyo operador, el entonces secretario de Gobernación Esteban Moctezuma, ha ocupado prominentes cargos en los dos pisos del régimen actual. Ni en las políticas que EZ adoptó frente a la crisis financiera heredada de Salinas, como el empeñar los ingresos petroleros del país al Tesoro de los Estados Unidos, abrir las puertas de la banca mexicana a la inversión y apropiación por corporaciones transnacionales o fortalecer a la banca ya en proceso de desnacionalización con el modelo friedmaniano y pinochetista de las afores, preservado cuidadosamente hasta la actualidad por los gobiernos cuatroteístas.
Se trata, en cambio de volver a plantear, como lo hizo desde 1998 Andrés Manuel López Obrador, el tema de la deuda pública asumida por el gobierno zedillista a través del Fondo de Bancario de Protección al Ahorro, Fobaproa, hoy inexistente pues fue reemplazado por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, IPAB. Constituido en 1995 para evitar la quiebra de las instituciones de ahorro y préstamo amenazadas por la cartera vencida, sirvió para refaccionar con recursos públicos créditos fraudulentos, otorgados sin garantías, y autopréstamos de los banqueros. En su momento, el mismo AMLO decía que el “Fobaproa” costaría 180 mil millones de pesos, pero ya se habían desembolsado 3 billones, y aún faltaban 50 años para liquidarlo. Algo grave para la economía del país, las finanzas públicas y la población en general.
Similares señalamientos ha usado la presidenta Sheinbaum en sus conferencias mañaneras para deturpar al economista politécnico que nos gobernó entre 1994 y 2000. ¿Pero qué ha hecho este gobierno para eliminar o aligerar, al menos, la pesada carga financiera que por generaciones, se dice, pesará sobre las espaldas del pueblo?
El 8 de mayo Sheinbaum acudió a Nuevo Nayarit a la 88ª Convención de la Asociación de Bancos de México, generando la expectativa de que el tema del “Fobaproa” sería planteado ante los amos del dinero para buscar una renegociación del principal o los intereses del adeudo. Pero no. La aborrecida palabra no apareció en los discursos, menos en las conclusiones de la reunión. “Y es que ella no llegó sola. Llegó con el capital de su lado. El mismo que en otros sexenios prefería hacer negocios en silencio en Palacio Nacional, ahora se acomodaba en los lujosos salones del complejo Vidanta, en Nuevo Nayarit, para escuchar y pactar”, reseñó la reportera Camila Ayala Espinosa, de Proceso, en su crónica del evento.
No podría ser de otro modo. El espinoso tema que por casi tres décadas ha servido a AMLO, primero en el PRD, luego en Morena y en la presidencia, para azuzar resentimiento a los gobiernos priistas y ganar simpatías hacia su causa, no puede ser tratado ni negociado con los acreedores, como hubiera sido de esperarse de un gobierno que se proclamó de izquierda. Resulta que en los seis años y medio últimos la deuda pública no sólo no ha decrecido sino se ha incrementado notablemente. Es decir, los gobiernos de López Obrador y Claudia Sheinbaum contrataron créditos con la banca o colocaron en el mercado bonos de deuda por la friolera de 6.8 billones de dólares.
Al finalizar el sexenio pasado, el monto de la deuda pública llegó a 17.4 billones de pesos, equivalente al 51.4% de la economía, 3.2 billones de pesos y 23% más que en 2018. En términos per capita, la deuda que corresponde a cada mexicano es de 131 mil 738 pesos. Esto es 19,596 pesos y 17.5% más que al terminar el sexenio de Peña Nieto, que eran 112 mil 141 pesos por persona.
¿Pero cómo opera el sistema de la deuda pública con el sector bancario?
Así: un grupo financiero, que dispone de una franquicia oficial para operar, capta dinero de los ahorradores, inversionistas y, desde 1996 cuando se creó el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), de todos los trabajadores afiliados al IMSS que hacemos aportaciones forzosas a las afores, también ligadas a los bancos. Ese dinero es prestado a empresarios, a la compra de bienes raíces o consumo en general y también al gobierno, que se convierten así en deudores de la banca. El Estado traslada su adeudo, con todo e intereses, a toda la sociedad por medio del sistema de impuestos, de manera que los ahorradores y trabajadores afiliados a las afores ¡somos deudores de nuestro propio dinero!
Pero el manejo de los fondos no sólo ha dado a la banca poder económico. También impone políticas públicas —como el propio Fobaproa-IPAB—, e impiden que se regulen las comisiones y tasas de interés que cobran. Como acreedores del Estado, éste no puede tocarlos ni con el pétalo de un impuesto a la sobrerriqueza y superganancias. Son los amos del universo controlando el dinero ajeno, el de toda la sociedad.
Así, no es Ernesto Zedillo, para estos efectos un chivo expiatorio con larga cauda e indefendible; es la estructura política y económica del Estado, que transversalmente abarca gobiernos del PRI, del PAN y de Morena. López Obrador y Sheinbaum no han estado menos sometidos a ese poder económico que sus antecesores del «PRIAN». El capital financiero es el verdadero poder de poderes.
El sobreendeudamiento del gobierno lopezobradorista se debe al también histórico déficit fiscal que generó. Si bien los ingresos recaudados por la vía de impuestos fueron de cerca de 7.5 billones de pesos, o el 22.1% del PIB, Al cierre de 2024 el gobierno gastó, 9.2 billones de pesos, es decir, rebasó sus ingresos por 1 billón 881 mil millones de pesos, que representaron el 27% del PIB. Un nivel de gasto público y déficit que no se había visto en 35 años. Una parte de este déficit gubernamental corresponde a las ayudas financieras y fiscales que se han otorgado a Pemex, aunque éstas no han representado mayores ingresos petroleros. Al cierre de 2024 la administración federal sólo obtuvo 27 mil millones de pesos de ingresos petroleros, esto es 704 mmdp y 94% menos de lo que ingresó Peña en su último año de gobierno*.
A ese gasto hay que agregar los subsitios a la Comisión Federal de Electricidad y el gasto en programas sociales, que indebidamente fueron financiados con deuda, por no hablar del derroche de las prolongadas precampañas de los precandidatos del Morena y la campaña de Claudia Sheinbaum, de las que no hay claridad hasta ahora en su financiamiento.
El poder que ejerce el sistema bancario sobre el poder público y sobre la sociedad en general no es, así, más que el dominio del acreedor sobre el deudor, del que ya hablaba Aristóteles y, desde luego, Carlos Marx. Por eso, tanto Sheinbaum como el líder de los diputados Ricardo Monreal salieron rápidamente a declarar que dejar de pagar el Fobaproa es imposible porque “traería graves consecuencias.
Para terminar, habría que agregar que el mejor regalo que hizo Zedillo a los banqueros no fue el Fobaproa. Por un lado, abrió de par en par las puertas a la internacionalización bancaria, permitiendo que los magnates del país se asociaran con las corporaciones transnacionales o hasta les vendieran los bancos, ya previamente reprivatizados por Salinas. Pero, sobre todo, la joya de la corona fue la creación del Sistema de Ahorro para el Retiro SAR, que hoy concentra mediante el ahorro obligado de los trabajadores 72 millones de cuentas y casi 7 billones de pesos, la misma cantidad en qué ha crecido la deuda pública desde 2019. Ni el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se atrevió, ni el de Claudia Sheinbaum Pardo lo hará, a recuperar para financiar las pensiones en un sistema solidario e impulsar la inversión pública y el crecimiento del país, ese dinero que pertenece a los trabajadores.
Lo demás es demagógico.
Nota:
* Las cifras y datos tomados del Análisis anual: “Intereses récord y deuda histórica: el saldo del sexenio de México Evalúa. Febrero de 2025. https://numerosdeerario.mexicoevalua.org/2025/02/06/intereses-record-y-deuda-historica-el-saldo-de-amlo/
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH
@ednava7
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