En el sexenio de Javier Duarte, Veracruz se convirtió en un laboratorio de la alquimia militarista. En ese sangriento período de guerra no declarada contra la sociedad veracruzana, convergieron e intervinieron todas las instituciones de seguridad, fuerza pública y corporaciones policiacas. Que toda esa legión de fuerzas fuera impotente o incapaz de frenar el crimen, […]
En el sexenio de Javier Duarte, Veracruz se convirtió en un laboratorio de la alquimia militarista. En ese sangriento período de guerra no declarada contra la sociedad veracruzana, convergieron e intervinieron todas las instituciones de seguridad, fuerza pública y corporaciones policiacas.
Que toda esa legión de fuerzas fuera impotente o incapaz de frenar el crimen, la violencia e inseguridad en el estado no es ningún fracaso. La delincuencia nunca fue un objetivo de la militarización: la militarización fue un objetivo de la delincuencia. Este diagnóstico se basa principalmente en dos indicadores, uno tangible otro intangible: el primero, el avance de la ocupación militar dentro del territorio veracruzano y el ensamblaje de los agentes castrenses con el crimen organizado; y el segundo, la aprobación de los sectores dominantes (político-empresariales) a la gestión militarizada de la seguridad.
Esta aprobación, que no pocas veces se elevó a un júbilo desbordado por lo militar, se manifestó en casi todas las esferas gubernativas y empresariales. El 13 de diciembre de 2013, en un titular de la sección de política en La Jornada Veracruz se podía leer: «Piden empresarios militarización de las principales ciudades por la ola delictiva». La nota refiere a un encuentro que sostuvieron altos mandos militares con empresarios del estado.
En otra nota de septiembre de 2014, en el mismo diario, se anuncia la solicitud de los dirigentes del Partido de Acción Nacional de dar urgente entrada a la Gendarmería Nacional en el estado:
«Seguiremos insistiendo en que llegue la Gendarmería Nacional, igual que otras fuerzas, la verdad es que en el tema de la inseguridad nada sobra (sic), al contrario, si llega la Fuerza Civil que están anunciando, bienvenida, pero que también llegue la Gendarmería, el Ejército, la Marina, y la Policía Federal (¡sic!)» (La Jornada Veracruz 15-IX-2014).
La presentación de la Gendarmería Nacional en Veracruz se registró durante la realización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, y consistió en un despliegue de 300 elementos de la división. En octubre de 2015, el gobierno anunció, a través de la dirección regional sur-sureste de la Secretaría de Gobernación, que la Gendarmería Nacional entraría en funciones para «reforzar el trabajo de coordinación del grupo Veracruz Seguro…» (Grupo Fórmula 12-X-2015).
«Veracruz Seguro» fue el nombre de la estrategia de centralización-militarización de la seguridad que en 2011 inauguró el duartismo.
«El operativo ‘Veracruz Seguro’, presentado por el Secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora y el gobernador Duarte el 4 de octubre [de 2011]… consuma la estrategia de unificar los mandos policiacos locales en el gobierno federal, por lo que la Marina será ahora la encargada de planear, coordinar y encabezar las labores de seguridad en el estado. Esto quiere decir que llegarán más efectivos militares al estado y que el gobierno del estado estará como auxiliar de los mandos castrenses» (De la Garza en Rebelión 10-X-2011).
Las cinco acciones que englobó el operativo «Veracruz Seguro» fueron las siguientes:
-
El despliegue de fuerzas federales en todo el territorio del estado bajo un mando único federal
-
Información e inteligencia
-
Evaluación y depuración de las corporaciones policiacas
-
Mayores recursos para la seguridad
-
Aplicación irrestricta de la ley en sus tres órdenes de gobierno (Ortiz en Al calor político 4-X-2011)
Pero algunas organizaciones civiles y ciertos sectores de la sociedad veracruzana no aceptaron nunca las legitimaciones de la militarización que repiten el estribillo de la seguridad. La prensa reportó que, tras la implementación del Plan Veracruz Seguro, persistió el afán de la opacidad o el ocultamiento de información sobre la crisis de seguridad en el estado. Incluso con el operativo en marcha, la incidencia del crimen no decreció.
A una semana de haber arrancado el operativo Veracruz Seguro, y sólo unos meses antes de su cobarde asesinato, Regina Martínez escribió en Proceso:
«Mientras las autoridades veracruzanas y federales intentan ponerse de acuerdo sobre el manejo de la información acerca de los asesinatos masivos cometidos por la delincuencia organizada o grupos paramilitares, la sociedad sigue viviendo en el pánico y la psicosis ante una violencia inédita en la entidad… El jueves 6 [de octubre de 2011], las redes sociales fueron -otra vez- las que anunciaron la aparición de más de 30 cadáveres en casas de seguridad en tres fraccionamientos exclusivos en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río… Pese a que después del mediodía del jueves la noticia del hallazgo de los cuerpos circulaba en las redes sociales y la información se había difundido extraoficialmente en los portales de internet, el gobierno estatal negaba los hechos. ‘Es mentira, no es cierto, no hay nada de eso’, insistió Miguel Valera, director de Información de la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS, que encabeza Georgina Domínguez) ante las preguntas de esta reportera» (Martínez en Proceso 9-X-2011).
El contraste de la realidad y los discursos era irreconciliable. Las narrativas negacionistas no eran suficientes. Y el duartismo acudió a la fórmula de maridar militarización con seguridad y bienestar de la población. En el marco de la presentación del Plan Veracruz Seguro, Duarte declaró:
«Estamos fortaleciendo todo el territorio, bajo un mando único federal para recuperar los espacios invadidos por la delincuencia y lograr que sean nuevamente espacios seguros, en los que cada persona de bien pueda desarrollar su vida en paz con la seguridad de que su familia y patrimonio están siendo protegidos por las autoridades» (Ortiz en Al calor político 4-X-2011).
En 2014, otra vez el mandatario refrendó votos con la fuerza pública en un acto protocolario celebrado en las instalaciones de la 26 Zona Militar. Duarte de Ochoa aseguró:
«[…] la fortaleza institucional que tenemos en Veracruz está basada en esta coordinación estrecha, cercana, vinculante que existe entre las diferentes fuerzas y de manera destacada subrayo el Ejército y la Marina Armada, que han sido pilares fundamentales en el crecimiento (sic) de nuestro estado» (La Jornada Veracruz 21-IX-2014).
Un año más tarde (2015), Veracruz lograría el tercer mayor presupuesto para seguridad pública en todo el país: cerca de 390 millones de pesos, sólo detrás del Estado de México y el Distrito Federal (Redacción El Universal 2-I-2015).
Está demostrado estadísticamente que esta inyección de recursos a las instituciones de seguridad, acarreó la erosión del derecho público y enseñoreó la excepcionalidad de la ley. Incluso esas modalidades de delito que a menudo involucran a agentes del estado aumentaron manifiestamente tras la implementación del mando único y la militarización: a saber, la desaparición, el secuestro y la tortura.
Respecto a la desaparición, la Procuraduría General de Justicia del Estado indica que entre 2006 y 2014 alrededor de 2 mil personas fueron víctimas de ese delito en la entidad.
Sobre el delito de secuestro abundan cifras. El Observatorio Ciudadano de Veracruz para la Seguridad y la Justicia reporta que «la tasa de secuestro en el estado de Veracruz es de 1.41 para el año 2014, ubicándose arriba de la tasa nacional que es de .86, ocupando el 6º lugar a nivel nacional… La tasa de incidencia delictiva por c/100,000 habitantes… aumentó un 53.58%» (Observatorio Ciudadano de Veracruz para la Seguridad y la Justicia VIII-2014).
En materia de tortura, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, reportó 74 víctimas en Veracruz, correspondiente al periodo 2012-2014 (E-Veracruz 22-IV-2015), es decir, el bienio que siguió a la implementación del operativo Veracruz Seguro. Algunos analistas insisten en señalar que la incidencia de este delito a nivel estatal es superior.
Con estos datos en mano, en 2014 se les preguntó a integrantes del Colectivo por la Paz Xalapa si era cierto que la militarización había aumentado la incidencia del crimen, a lo que respondieron:
«Aquí en Veracruz la presencia de las fuerzas armadas ha sido nociva. Sí, esa presencia aumentó la incidencia del delito. Cada corporación tiene su modus operandi para cometer crímenes. La Marina ejecuta principalmente. La Policía Estatal desaparece. El Ejército, se presume que secuestra y entregan al crimen… La Policía Estatal se cuida de los Marinos. Pero la Marina trabaja conjuntamente con la Policía Estatal… Las corporaciones policiacas y militares no están para resolver la situación de inseguridad ni combatir al crimen. La policía y el ejército están selectivamente dispuestos para cuidar altos mandos. No están para cuidar a la gente… Cuando viene el cambio a policía estatal [militarizada], y se elimina la policía municipal, se dispara el número de desapariciones forzadas».
Que Veracruz sea uno de los estados más castigados por la violencia está estrechamente relacionado con la gestión militarizada y criminal de la seguridad que prohijó el duartismo, y con esa condición de laboratorio al servicio de ensayos militaristas frankensteinianos.
El único resultado tangible de esos «ensayos militaristas» fue la ocupación militar-delincuencial del territorio y el espacio público veracruzanos. La seguridad sigue en crisis. Javier Duarte «prófugo». Y la población civil en vilo por el clima de terror militar-criminal. A la violencia de la delincuencia se añadió la violencia del «orden». Los problemas persisten o empeoran. Sólo cambia la presencia y el margen de acción de los mandos militares-delincuenciales. Crece.
Fuente: http://lavoznet.blogspot.com.br/2017/02/el-archivo-del-terror-de-javier-duarte.html
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.