El pasado vive abierto en el presente. Por los sueños colectivos inconclusos y por las impunidades todavía vigentes. Muchas de esas injusticias tienen su origen en la traición de los grandes partidos políticos a sus principios y documentos principales. El kirchnerismo está atrás y a la derecha de la Constitución del peronismo de 1949. «Los […]
El pasado vive abierto en el presente.
Por los sueños colectivos inconclusos y por las impunidades todavía vigentes.
Muchas de esas injusticias tienen su origen en la traición de los grandes partidos políticos a sus principios y documentos principales.
El kirchnerismo está atrás y a la derecha de la Constitución del peronismo de 1949.
«Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedades imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su producto, que se convendrá con las provincias», decía el artículo 40 de aquel documento liminar de las primeras experiencias justicialistas en el gobierno nacional.
Petróleo y gas, entre otros, eran propiedades inalienables e imprescriptibles del pueblo.
Desde mediados de los años noventa, cuando Néstor Kirchner estaba al frente de las provincias productoras del oro negro, el gobierno de Carlos Menem -otra máscara del peronismo-, decidió el remate de estos recursos y su extranjerización.
La Constitución Nacional fue reformada no solamente para permitir la reelección del riojano sino también para provincializar aquellos recursos derivados del petróleo y gas que, durante décadas, habían alimentado la evolución del pueblo argentino en su conjunto.
Nada fue tocado desde entonces.
La mayoría del petróleo argentino está en manos no argentinas.
La mayoría del gas argentino está en manos no argentinas.
Fenomenal negocio que hacen otros y se llevan el dinero para otras latitudes.
El último balance publicado de YPF, sigla que alguna vez remitía a uno de los orgullos nacionales, habla de una facturación de más de 85 mil pesos por minuto y ubica a la empresa en el primer lugar entre las mil que más venden en la Argentina del tercer milenio.
Sin embargo, la mayoría de ese dinero, la mayoría de ese petróleo y ese gas, no queda en la Argentina y no se usa en beneficio de los argentinos.
Porque la matriz de los años noventa sigue viva y porque la vieja y mítica constitución de 1949 quedó muy atrás del presente kirchnerismo.
De allí que las consecuencias del saqueo que continúa.
Los últimos informes periodísticos dan cuenta de que «en los sectores más pobres repercute la escasez de combustibles: la garrafa social está más cara que lo que fija el Gobierno y hay algunos cortes eléctricos; no alcanza el GNC y no se extiende la red de gas natural; ciertas industrias suspenden obreros».
La diferencia entre el gas natural y el de garrafa muestra, una vez más, que los más pobres financian a los más acomodados. El gas natural por redes se paga a razón de 30 centavos el metro cúbico, en tanto el de garrafa, a un peso y veinte centavos, cuatro veces más.
Por eso en muchos barrios humildes de la Argentina no hay gas natural y cuesta mucho encontrar las garrafas que también se usan como herramienta para garantizar el clientelismo político.
Cuando el frío vuelve en cada invierno, por otro lado, comienzan a surgir los casos de muerte por hipotermia pero la naturaleza no es la asesina.
La falta de gas es consecuencia de aquellos negocios de los años noventa que despreciaron de manera definitiva la Constitución de 1949.
Una de las tantas formas del desprecio contra las mayorías.