Traducido para Rebelión por Germán Leyens
«Mesa es como Kerensky.»
Gonzalo Sánchez de Lozada
El último Zar
El 20 de octubre, en venganza por la aprobación del «juicio de responsabilidades» por parte del presidente boliviano Carlos Mesa, representantes en el congreso del MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario), partido del anterior presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, votaron a favor de la Ley de Hidrocarburos presentada por la Comisión Mixta de Desarrollo Económico. En vista de que el MAS (Movimiento al Socialismo) dirigía la comisión, el MNR votó a favor de su antigua Némesis contra un enemigo más reciente. La ley del presidente Mesa – que favorecía a las compañías petroleras extranjeras de acuerdo con el Decreto 1689 de Sánchez de Lozada – ni siquiera fue considerada en serio. Sólo la delegación regional de Tarija, al sur, y algunos diputados del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) se opusieron a la legislación que pasó la primera de tres etapas en el proceso legislativo.
De acuerdo con la interpretación del MAS de los resultados del referéndum de julio y las exigencias de la insurrección de octubre del año pasado, la nueva ley exige que los contratos firmados bajo el Decreto 1689 sean renegociados y que un porcentaje más elevado de la propiedad pase a la compañía estatal de petróleo y gas (YPFB), junto con un aumento de regalías de un 18% a un 50%. Según las compañías petroleras que se oponen, si la ley no es modificada considerablemente durante la segunda etapa o la etapa final en noviembre, pondrá en peligro tres mil millones de dólares de capital extranjero invertido desde 1999.
En una entrevista del 22 de octubre con el consejo de redacción del Miami Herald, en la que equiparó a Mesa con Kerensky, Sánchez de Lozada también acusó a Mesa de ser un conspirador. Después de consultar a sus abogados del bufét de Steel, Hector y Davis en Miami, «Goni» modificó sus anteriores declaraciones sobre su disposición de presentarse ante un tribunal boliviano. Ahora se negó a aceptar futuros pedidos de extradición ya que, según Sánchez de Lozada, en Bolivia existe un «ambiente de linchamiento». En dicha entrevista, el político, de setenta y cuatro años, reiteró su afirmación de que ha sido la víctima de una amplia conspiración en la que Mesa ha jugado su parte. Comentando las afirmaciones de Sánchez de Lozada, el antiguo ministro de Educación Hugo Carvajal, que participó en una de las maniobras más sucias de Sánchez de Lozada*, dijo: «Lo que ocurrió en octubre no es producto del ‘narcoterrorismo’ o de ‘narcoguerrillas’, ni nada de eso. No hubo conspiración… En su momento él dijo que había efectivamente una acción contra el gobierno establecido, pero nunca presentó alguna evidencias y tampoco señaló adecuadamente el tema, como estaba estructurado» (La Prensa, 23 de octubre).
Imperialismo, sub-imperialismo y las petroleras
Como su antiguo jefe, el presidente Mesa también se retractó de sus declaraciones previas. La oposición a la Ley de Hidrocarburos se unió tan rápido y provino de tantas direcciones diferentes que Mesa se echó a un lado y dejó que otros se encargaran del asunto. Sin embargo, durante el fin de semana del 23-24 de octubre, el ministro de la Presidencia, José Galindo, inundó las ondas con advertencias de que si no se modificaba substancialmente la Ley de Hidrocarburos durante las siguientes etapas, las petroleras, incluyendo a Petrobras, se marcharían y abandonarían Bolivia. Por su parte, el gobierno brasileño declaró que los 600 millones de dólares en créditos para la construcción de carreteras, para un país en el que un 80% de las carreteras no están pavimentadas, depende de la aprobación de una ley que no ponga en peligro las inversiones brasileñas – es decir las de Petrobras.
Charles Shapiro, subsecretario de Estado de EE.UU. para la región andina, llegó a La Paz el 21 de octubre, ocupando rápidamente el vacío creado por la decisión de Mesa de «respetar» la autonomía legislativa. Shapiro subrayó las discrepancias que la nueva ley introduciría con las leyes que rigen el ALCA [Área de Libre Comercio de las Américas] una versión del TLC que el gobierno de EE.UU. espera imponer en la región andina en los próximos años. La administración Bush está negociando actualmente acuerdos de libre comercio con Ecuador, Colombia y Perú, mientras Bolivia «observa». Shapiro pasó el fin de semana del 23-24 de octubre presionando a los partidos políticos para que modifiquen la ley a fin de que Bolivia no pierda su «oportunidad» de formar parte del bloque comercial regional dominado por EE.UU. Como dijo Shapiro: «Estados Unidos también tiene sus leyes». Una reunión con el MAS de Evo Morales, cuya comisión parlamentaria preparó la ley bajo la dirección de Santos Ramírez, formó parte de la agenda del subsecretario durante el fin de semana **.
En todo caso, Evo Morales y el MAS han logrado una sorprendente victoria sobre la administración Mesa y el gobierno de EE.UU. – ¡gracias a la venganza del MNR de Sánchez de Lozada! Si la ley pasa intacta las dos próximas etapas, Mesa tendrá que vetarla, perdiendo así los últimos vestigios de legitimidad popular; o tendrá que observar desde afuera como el gobierno de EE.UU. modifica la ley para proteger las inversiones de las multinacionales petroleras. En cualquiera de estas situaciones, Mesa pierde y Morales gana. Como para ilustrar el problema, el gobierno brasileño anunció que su representante, Marco Aurelio García, se reuniría en primera instancia con Morales en lugar de Mesa, reflejando una evaluación realista por parte de Lula y sus asesores sobre de dónde proviene la amenaza a las ganancias del petróleo multinacional. Los que tienen esperanzas de una alianza Kirchner-Chávez que establezca Petrosur, y finalmente incluya una sociedad con Petrobras, pueden tener motivos de escepticismo si consideran la obstinada oposición de Petrobras a la nueva Ley de Hidrocarburos en Bolivia y la determinación del gobierno brasileño de revocarla mediante la presión sobre Morales y demás representantes de la ‘sociedad política’ boliviana, como los partidos MIR y NFR.
Regionalismo revanchista
Además de las reacciones de las grandes potencias del hemisferio, en Bolivia la aprobación de la ley provocó una reacción derechista en el sur (Tarija) y en el este (Santa Cruz). A principios de la semana, y por primera vez, el presidente Mesa confrontó al bloque agro-industrial derechista al declarar que el departamento de Santa Cruz, donde se encuentra una parte importante de las reservas de gas de Bolivia, tendrá que mostrar «solidaridad» con otros departamentos en lugar de tratar de reforzar su poder y riqueza a su costa.
Incluso antes de que se aprobara la ley del MAS, la polarización regional había comenzado a profundizarse, la nueva ley sólo ha echado leña al fuego. En Tarija y Santa Cruz, enfurecidos por la dominación «centralista» sobre sus respectivas regiones – una dominación que el MAS, el MNR y el MIR han consagrado en la ley – los Comités Cívicos y las asociaciones empresariales exigieron una modificación radical de la ley. Como los «federalistas Liberales» de La Paz a fines del Siglo XIX, que llegaron al poder a través de la victoria en la guerra civil, los regionalistas de la actualidad utilizan el monto desproporcionado de ingresos transferidos de sus regiones al gobierno central como argumento a favor de la autonomía política.
Dejando a un lado el mito de una «región productiva, moderna, empresarial» que se ha auto-generado – la identidad dominante en Santa Cruz -, desde la administración de Hernán Siles Suazo (1956-60), las tierras bajas orientales fueron favorecidas en su desarrollo con subsidios estatales de la industria minera de las tierras altas así como con préstamos y créditos extranjeros. Esta transferencia deliberada de riqueza y poder hacia el este fue totalmente sistematizada bajo la dictadura del general Hugo Banzer Suárez (1971-78), cuyos principales partidarios fueron los agro-industrialistas organizados en el Comité Cívico de Santa Cruz y la FSB [Falange Socialista Boliviana]. Los feroces golpes de 1979 y 1980 – este último orquestado por exiliados ex-nazis, mercenarios neonazis y un magnate de la cocaína, y apoyados activamente por la dictadura brasileña – pueden ser considerados como desesperados intentos regionalistas de bloquear el triunfo de una coalición progresista de centro-izquierda basada en las tierras altas y valles occidentales.
Por lo tanto, la política que impulsan los auto-nombrados portavoces (ni una sola mujer) del sur y del este es contrarrevolucionaria en un sentido histórico concreto. Tiene como objetivo que se eche marcha atrás en la agenda de soberanía nacional de octubre sobre la extracción, la refinación, el consumo y la exportación de los recursos naturales. El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO), Svonko Matkovic, advirtió al Congreso de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el FMI habían congelado los créditos hasta que se pudiera redactar una nueva ley. Histeria no sería una palabra demasiado fuerte para describir la reacción de las asociaciones empresariales regionalistas y los Comités Cívicos, la cual no está dirigida contra el MNR por haber votado por la nueva ley, sino contra Mesa, cuya propia ley dio a las multinacionales y a sus socios cruceños casi todas las prebendas que pedían, aumentando los impuestos a un máximo de un 32%. Pero aun en sus propias regiones, los regionalistas han perdido terreno político. Se ha puesto de manifiesto que los portavoces no representan ni siquiera a su ‘pueblo’, y que las organizaciones populares e incluso grupos de clase media disputaban la representación política y organización económica de esas regiones.
La ironía es que aunque su partido votó por la ley en cuestión, Sánchez de Lozada tiene buenos aliados a los niveles más elevados de instituciones financieras internacionales cruciales – como Alfonso Revollo, su antiguo ministro de «capitalización» (privatización), quien dirigió la sección Bolivia del Banco Mundial hasta que la administración Mesa pidió un nuevo responsable, momento en el cual Revollo se integró al grupo de «Modernización del Estado» en el BID. En una reunión con la Comisión Fiscal de la Cámara de Diputados, representantes del BID y del Banco Mundial, se mostraron preocupados por la posibilidad de una cesación de pagos del servicio de la deuda si la nueva Ley de Hidrocarburos es aprobada sin mayores modificaciones.
El pasado en presente
En una coyuntura marcada por precios récord del petróleo crudo, bombardeos aéreos cotidianos por parte de las fuerzas armadas de EE. UU contra vecindarios urbanos iraquíes y una resistencia anticolonial que depende, tácticamente, de coches-bomba, secuestros, y decapitaciones videograbadas, podría ser un consuelo que existan lugares donde el espectro del bolchevismo sigue apoderándose de la imaginación contrarrevolucionaria, y que la aprobación de una nueva Ley de Hidrocarburos en su primera etapa bastó para provocar semejante furor, así como lo que el novelista William T. Vollmann ha llamado «el miedo centelleante». ***
28 de octubre de 2004
El correo de Forrest Hylton es: [email protected].
Notas:
* En septiembre de 2003, días antes de las masacres en Warisata, Carvajal renunció a su puesto de ministro de Educación, y tomó su escaño en el parlamento para elegir al candidato del MNR para el puesto de Defensor del Pueblo una vez que el MNR obligó a la extremadamente popular Ana María Romero de Campero a abandonar su candidatura. Carvajal luego renunció a su sitio en el parlamento para reasumir su puesto como ministro de Educación.
** Como señalamos en «De ‘¡Goni go home!’ a ‘¡Goni a Chonchocoro!'», el presidente Mesa negoció recientemente un acuerdo con Morales, el MAS y las seis federaciones del trópico cochabambino y los sindicatos de los Yungas de cultivadores de coca para permitir un cato (0.5 hectáreas) de coca por familia. US AID saludó el acuerdo porque permitiría que US AID realizara proyectos de desarrollo alternativo en un clima de menor hostilidad. Sin embargo, tanto Charles Shapiro como el embajador de EE.UU., David Greenlee, consideraron » algo preocupante» que Bolivia podría dejar de adherirse a lo que calificaron eufemísticamente sus «obligaciones internacionales», que consisten en el compromiso frente al gobierno de EE.UU. de erradicar 8.000 hectáreas de coca en 2004, de las cuales 6.000 hectáreas ya han sido supuestamente erradicadas. Aunque la política exterior de EE.UU. hacia Bolivia sigue siendo incoherente, no existe una división clara entre el Departamento de Estado y el Pentágono-CIA.
*** En Argall (Viking, 2001), Vollmann utiliza la frase para describir cómo los colonos británicos durante las dos primeras décadas del siglo XVII se sentían ante la proximidad de grupos indígenas en el área de Chesapeake Bay.
http://www.counterpunch.org/hylton10282004.html