Tras las elecciones de medio término del 14 de noviembre 2021, el Presidente de la Nación dijo en un breve discurso: “Cuando el modelo económico del anterior gobierno reveló ser un fracaso, en lugar de cambiar el rumbo decidieron tomar esa deuda de 44.000 millones de dólares [1] con un doble propósito: pagar la deuda insostenible que habían tomado con acreedores privados y permitirle la salida a capitales que habían ingresado sólo para especular”.
“Es por ello que quiero anunciar que, en la primera semana de diciembre de este año, enviaremos al Congreso de la Nación un proyecto de ley que explicite el Programa Económico Plurianual para el Desarrollo Sustentable. Ese programa contemplará los mejores entendimientos que nuestro gobierno haya alcanzado con el staff del FMI en las negociaciones que lidera nuestro ministro de Economía, Martín Guzmán, sin renunciar a los principios de crecimiento económico e inclusión social a los que me he referido previamente”.
Además, reveló que esta decisión “cuenta con el pleno aval del Frente de Todos” y que “ha sido el fruto del trabajo conjunto con la Vicepresidenta de la Nación, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y el gabinete de ministros y ministras”.
Es obvio que el gobierno pretende acordar con la oposición política, liderada mayoritariamente por “Juntos”, el último nombre que adoptó la alianza de centro derecha y derecha que, como sostuvo el mismo Alberto Fernández y el propio Mauricio Macri reconoció, nos endeudó para beneficiar a una minoría parásita y rentista de la sociedad.
La deuda externa de la Argentina en diciembre de 2015 era equivalente a 222.703 millones de dólares, de los cuales 148.881 millones eran en divisas y el equivalente a 73.822 millones de dólares era en pesos. El 60% de la misma era intra sector público (en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS, de los bancos oficiales, de los fondos fiduciarios argentinos, etc.), el 9% con organismos internacionales (sin el FMI, al que se le habían pagado todas las acreencias en enero de 2006) y el 31% al sector privado.
En diciembre de 2019 pasó a ser de 320.630 millones de dólares, de los cuales en divisas eran 249.047 millones (más de 100.000 millones por arriba de 2015), en tanto la deuda en pesos al tipo de cambio oficial era de 71.583 millones de dólares. El 40% de la misma intra sector público, el 22,7% con organismos internacionales (mayormente el FMI por el equivalente a 45.400 millones de dólares) y el 37,3% con el sector privado. La deuda se incrementó en más de 100.000 millones de dólares y desmejoró sensiblemente su distribución, sobre todo por la perentoriedad de los plazos.
El 21 de mayo de 2020 el Banco Central de la República Argentina publicó el informe “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019”, en el que demuestra que, de la deuda tomada por la gestión de Cambiemos, la “fuga de capitales” del período comprendido entre diciembre de 2015 y octubre de 2019 alcanzó los 86.200 millones de dólares. Aumentaron la deuda y prácticamente el 85% de la misma no se invirtió en el país y se convirtió en activos financieros de residentes argentinos en el exterior.
Es más, ese Informe sostiene que, en total, 6.693.605 personas físicas y 85.279 personas jurídicas compraron los 86.200 millones de dólares durante la gestión de Cambiemos, pero los 100 mayores adquirieron 24.679 millones de dólares.
Ni el Banco Central (que armó el listado) ni el gobierno nacional dieron a conocer los nombres de los que compraron las divisas en que se endeudaba el Tesoro de la Nación de la gestión de Cambiemos, pero sí lo hizo El Cohete a la Luna en una nota titulada Los 100 de Macri, del 24 de mayo de 2020, firmada por su director, Horacio Verbitsky.
La lista jamás fue desmentida por los interesados ni por el Banco Central. Entre esos grandes fugadores están Telefónica Argentina con 1.248,2 millones de dólares y Pampa Energía SA (del grupo Midlin y Josep Lewis) con 903,9 millones de dólares[2]; Monsanto Argentina SA (donde hizo toda su carrera Gustavo Idígoras, actual presidente de CIARA-CEC y conspicuo miembro del Consejo Agroindustrial Argentino); Grupo Clarín con DirecTV Argentina S.A. y Telecom Argentina SA.
Asimismo, el grupo Techint con Siderar SA; Hidrovía Paraná SA (que es la empresa que tiene la concesión del dragado del Río Paraná); Aceitera General Deheza, una de las grandes beneficiadas con las privatizaciones y concesiones del menemismo, que posee tres puertos propios (en uno de ellos en sociedad con la multinacional Bunge) en los 70 kilómetros del nodo portuario del Gran Rosario-Santa Fe que va desde Arroyo Seco al sur hasta Timbués al norte de esa ciudad; y también están Arcor SA de la familia Pagani; el Grupo Galicia de los Braun, Ayerza y Escasanny[3]; el Banco HSBC; y el Grupo IRSA de Eduardo Elsztain, entre otros.
Ninguna de las 100 empresas que más dólares compraron (y se infiere que debe pasar más o menos lo mismo con el resto de los grandes compradores) declararon ganancias por esa suma y menos que menos pagaron el impuesto correspondiente, por lo que ni siquiera declararon ganancias por la mitad de los dólares que compraron en los cuatro años del gobierno de Cambiemos.
Sin embargo, el gobierno, tras dos años de gestión, ha avanzado poco y nada en dilucidar a dónde se fue la deuda contraída, en qué se usó; sólo ha incorporado a la causa las declaraciones de Mauricio Macri al canal CNN el 5 de noviembre 2021, cuando sostuvo que “la plata del FMI la usamos para pagarle a bancos comerciales que tenían miedo de que volviera el kirchnerismo”.
El gobierno debería haber llamado a cada uno de los administradores de esas 100 empresas y preguntado de dónde extrajeron los fondos para comprar los dólares, una acción legal porque el gobierno de Macri eliminó todos los límites al endeudamiento y a la compra de divisas[4], pero también existe una ley anterior (Ley 25.246 de Lavado de Activos, del año 2000) que exige conocer la procedencia de los fondos; por eso es que los ricos y sus empresas debieron comprar con su nombre y apellido y/o razón social.
El problema de la deuda
El problema es que el Presidente Alberto Fernández propone acordar con la oposición política nucleada mayoritariamente en “Juntos” (ayer “Juntos por el Cambio” y en el gobierno en 2016-2019 “Cambiemos”), es decir con los responsables del endeudamiento y de la fuga. Se le pide a los que generaron el endeudamiento que acepten un plan con el FMI, corresponsable de dicho endeudamiento.
Esto fue buscado y conseguido por los principales fugadores de capital, por Clarín, La Nación y su vasta red de repetidoras, más de 150 canales de televisión en todo el territorio nacional, más de 100 radios, dos periódicos de fuerte difusión, Papel Prensa SA, y a eso sumémosle el grupo Fontevecchia, el grupo Vila-Manzano, el grupo De Narváez, etc., que han logrado convencer a gran parte de la población de que la deuda es un tema menor, y ello fue posible porque el gobierno de Alberto Fernández nunca dio a conocer quiénes habían comprado dólares a granel en la gestión de Cambiemos.
El circuito se cierra para beneficio de una minoría que compró dólares y fugó, y en perjuicio del pueblo argentino que debe pagar esa deuda.
El pueblo argentino debería saber que
- desde 1956 se firmaron 28 acuerdos con el FMI; todos fueron en beneficio de la minoría más rica de la población y fueron pagados con el “hambre y el sudor del pueblo argentino”, como dijo alguna vez el Presidente Nicolás Avellaneda.
- sólo nos liberamos del FMI en enero de 2006, después de 50 años; fue el gobierno que más obras públicas realizó en menos tiempo:
- inversiones en el sistema energético para satisfacer la mayor demanda por el crecimiento económico del período, entre ellas terminar Yacyretá (1.325 megavatios) y Atucha II, que estaban paralizadas desde hacía una década; ambas obras se hicieron y se terminaron entre 2003 y 2015.
- Se incluyó a 9.000.000 de argentinos en la red de agua potable y cloacas: 17.000 kilómetros de cañerías de agua; 22.000 kilómetros de cañerías de cloacas; 2.500 obras hídricas en todo el país; 2.300.000 hectáreas recuperadas.
- Se repavimentaron rutas y se hicieron nuevas: 2.677 kilómetros de autovías y autopistas; 5.846 de rutas pavimentadas; 677 obras de puentes nuevos construidos; y 36.211 kilómetros de obras de mejoras (entre ellas la ampliación de la Avenida General Paz).
- Los Planes Federales de Vivienda y el Plan PRO.CRE.AR brindaron solución a 8.500.000 de personas (se entregaron 457.002 viviendas). Se construyeron 1.965 escuelas que beneficiaron a 817.000 alumnos. Se ejecutaron 230 obras en las universidades y se crearon nueve universidades nuevas.
- Se construyeron 188 obras en hospitales y centros de salud. Se crearon tres centros públicos de diagnóstico y tratamiento por medicina nuclear.
- Se ejecutaron los planes Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, Más Patria con 8.107 obras en ejecución en 1.682 municipios de todo el país.
- Se lanzaron los satélites ARSAT 1 y 2 y el Proyecto de Lanzadores Nacionales Tronador II en materia de telecomunicaciones. 35.000 kilómetros de fibra óptica construidos que permitieron incorporar a todo el país. Televisión Digital Abierta: se construyeron 86 antenas digitales y se entregaron 1.572.519 decodificadores.
- Se pusieron en valor iglesias, catedrales, teatros, cines y se construyó el Centro Cultural Kirchner, etc.
Y la Argentina crecía y redistribuía ingresos.
Con el FMI lo único que se asegura es un feroz ajuste externo en base a que no consumamos alimentos, y de esa manera no sólo se priorice su venta externa sino que se avance en forma irracional y salvaje sobre bosques y reservas naturales, propiedades de pueblos originarios y de campesinos pobres.
El modelo propuesto por el FMI es funcional con el proyecto de ley que el 30 de septiembre de este año (tras perder las PASO) el gobierno nacional firmó y presentó como propio en el Congreso de la Nación, denominado “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial, Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador”. Proyecto que consensuó con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y que tiene un conjunto de beneficios fiscales, incluida la estabilidad, por ende no se le pueden subir los derechos de exportación (retenciones) hasta diciembre de 2025, para un sector que básicamente no lo necesita, dado que sus principales cámaras que son CIARA (Cámara de la Industria Aceitera) y CEC (Centro de Exportadores de cereales) declaran haber ingresado en los primeros diez meses del año 28.086 millones de dólares por la venta de 96,5 millones de toneladas de granos y derivados.
La alianza entre los intereses del FMI y del CAA se basa en un tipo de cambio alto, que el Fondo sugiere para acortar la brecha entre el dólar oficial (que les permite exportar la barbaridad que exportan) y el especulativo y de fuga. Lo que no dicen es que en la Argentina existe una relación inversamente proporcional entre el dólar y los salarios, las jubilaciones y pensiones y todos los que estén ligados a ingresos fijos, dado que exportamos el mismo bien que consumimos (alimentos) y si se dan más pesos por dólar, como se internacionaliza el precio, con nuestros magros ingresos debemos pagar cada vez más.
Sin cuestionar el modelo extractivo, agropecuario y agroindustrial exportador, la integración internacional colisiona con la defensa del mercado interno, a costa de la pobreza y la marginalidad de nuestra población.
Notas
[1] Se refiere al capital del crédito del FMI efectivamente tomado por el gobierno de Cambiemos.
[2] En ambas empresas (Telefónica y Pampa Energía), Larry Fink titular del fondo BlackRock, reconoce que tiene participación en su capital.
[3] Larry Fink reconoce participación en el capital accionario del Grupo Banco Galicia por un 18,8% del total.
[4] Como su cualquier argentino podría comprar en un día un millón o diez o cien millones de dólares.
Horacio Rovelli. Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
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