1. Una Reforma Educativa que no tiene nada que ver con la educación El gobierno de Peña Nieto no ha detenido la violencia, promovido el desarrollo económico, impulsado la democratización del país, respetado los derechos humanos y sociales o gobernado la catástrofe social en la que se hunde México. Lo único que ha hecho este […]
1. Una Reforma Educativa que no tiene nada que ver con la educación
El gobierno de Peña Nieto no ha detenido la violencia, promovido el desarrollo económico, impulsado la democratización del país, respetado los derechos humanos y sociales o gobernado la catástrofe social en la que se hunde México. Lo único que ha hecho este gobierno, que se hizo del poder ejecutivo por un fraude electoral, es seguir promoviendo de manera dogmática las contra-reformas neoliberales que subordinan los intereses y derechos del pueblo trabajador y de la nación a la dinámica e intereses del capital transnacional (privatizar, mercantilizar, explotar, aumentar sus ganancias). Con un lenguaje orwelliano que invierte todo, a esas contra-reformas les llama «reformas» y al control administrativo y burocrático de los maestros lo nombra «educativo». De esta manera nació la mal llamada «Reforma Educativa».
Si se examinan los documentos de esta contra-reforma (Ley General de Educación, Ley General del Servicio Profesional Docente y Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación) toda la compleja cuestión de la educación se reduce a la promoción de la «evaluación» del llamado «servicio docente», instituyendo un control administrativo sobre los trabajadores docentes. No por casualidad, en estos documentos nunca se habla de nuevas formas de promover aprendizajes, contenidos de enseñanza, reforma curricular, innovación pedagógica, etc. En realidad, como nos consta por casi 30 años de neoliberalismo en nuestro país, a los gobiernos neoliberales nunca les ha importado la educación pública. De hecho, el neoliberalismo se define como un ataque desde el Estado contra lo público, lo común y lo gratuito para privatizarlo y mercantilizarlo, aunque con ello niegue las obligaciones constitucionales del poder político público. Es por eso que en estos últimos años hemos sufrido constantes recortes del presupuesto público para la educación así como el cumplimiento al pie de la letra de los lineamientos de los organismos financieros: privatizar la esfera educativa pública y volverla una mercancía, no ampliar la oferta de educación superior, promover la educación técnica, instituir formas de «evaluación», imponer el absurdo de la prueba Enlace, etc.
-Si no se pretende mejorar la educación en nuestro país, ¿qué fin tiene esta contra-reforma mal llamada educativa?
-Esta medida es un paso más en el proyecto neoliberal de asfixiar a la educación pública y promover su privatización. Pero esta contra-reforma también tiene una finalidad política: busca controlar al magisterio, tanto al del charrificado SNTE como al de las fuerzas disidentes. En realidad, es una contra-reforma administrativa-laboral que elimina los derechos básicos de los trabajadores de la educación.
2. Una Reforma que en realidad es una contra-reforma laboral
Las reformas sociales concretan reclamos de libertades, derechos, justicia así como pactos históricos que incorporan a las leyes y constituciones tales reclamos. Sin embargo, a los gobiernos neoliberales no les interesa hacer reformas, ampliar libertades y derechos, introducir justicia. Por lo contrario, su único propósito es desmontar, derrumbar, desarticular las reformas sociales, consagradas en la Constitución, para permitir el desbocamiento, el flujo desregulado, del capital. Esta mal llamada «reforma» es en realidad una contra-reforma de carácter laboral que anuncia el desplazamiento del control charro de los trabajadores por el control directo del Estado mediante la negación de derechos laborales básicos (estabilidad, contratación, defensa sindical) y formas de «evaluación» punitivas.
Los antecedentes de esta medida los podemos encontrar en el ataque al SME, violando toda la legislación laboral, así como en la imposición de la reforma laboral, que ya tiene graves consecuencias entre trabajadores y sus organizaciones gremiales: 480 mil empresas ya han planteado ante la Secretaría del Trabajo la disolución de los sindicatos.
Todo indica que el PRI abandona el control corporativo, el control charro sobre los trabajadores, por la experiencia de Elba Esther Gordillo. Con ella se demostró que este control sale muy caro para los neoliberales y puede volverse una fuerza mercenaria que se vende al mejor postor en los procesos electorales. Al parecer, se apuesta por el control directo de los trabajadores eliminando derechos básicos, con la amenaza directa de despido y la supresión de la intervención sindical en la defensa laboral, lo que nos retrotrae al siglo XIX, intentando suprimir las conquistas de los trabajadores del siglo XX.
3. Una declaración de guerra contra los trabajadores de la educación
Lo que el magisterio nacional ha vivido en estos últimos días es una abierta declaración de guerra por parte de este nuevo gobierno neoliberal, con la complicidad de los partidos que integran el malhadado Pacto por México: el PRI, el PAN y el PRD.
Si los contenidos de la reforma son un ataque contra los derechos laborales básicos, las formas de imponerlos implican una estrategia casi militar que incluye una alianza política, un bloque histórico que integra al PRD al dominio neoliberal, así como tácticas divisionistas que incluyen el linchamiento mediático-ideológico de las acciones civiles de los profesores, buscando criminalizar toda protesta social y limitar los derechos políticos. Además de esta lucha ideológica del bloque político en el poder, que cuenta con la ayuda de los medios de comunicación de masas, el gobierno usa otras tácticas como desvirtuar la protesta con provocadores, hacer descuentos y amenazas de despidos, repartir migajas, etc.
En esta batalla, por cierto, no sólo se combate al magisterio del SNTE o de la CNTE. Esta declaración de guerra está dirigida contra todos los trabajadores de la educación. Esta contra-reforma laboral primero se ha impuesto en la educación básica, primaria, secundaria y bachillerato. Pero, si esta imposición se capitaliza, luego se extenderá entre los trabajadores universitarios, que de por sí ya sufren limitaciones laborales significativas. En educación superior, la productividad y la competencia desde hace años se ha impuesto, así como los contratos temporales a los docentes, la desaparición de las plazas de investigador asociado o de tiempo completo.
¿Qué pretende esta guerra?
-Vigilar, castigar y controlar a los trabajadores educativos; someter a la fuerza organizada de trabajadores más significativa del país; aislar sus luchas para derrotarlos y depurar al sistema educativo de las fuerzas disidentes. Pero, más allá del magisterio y los trabajadores de la educación, esta contra-reforma pretende proporcionar un castigo ejemplar al conjunto de la clase trabajadora e imponerle una derrota histórica.
-Esta guerra también busca que el Estado, al servicio de la oligarquía y de la dinámica de un capital desregulado, tome el control de lo educativo con la forma ideológica de la evaluación para seguir aplicando las políticas neoliberales.
4. ¿Qué hacer?
-Organizar una verdadera y masiva insurrección magisterial a lo largo y a lo ancho del país que luche por la abrogación de las llamadas «reformas educativas».
Para ello es necesaria la organización, sin sectarismo alguno, de un frente unitario amplio que luche por un objetivo común: la abrogación de las reformas y adiciones a los artículos 3° y 73° constitucionales del decreto de fecha 26 de febrero de 2013, así como la abrogación de las leyes secundarias : Ley General del Servicio Profesional Docente, Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y las reformas a las Ley General de Educación.
También es necesario demandar la liberación inmediata y sin condiciones de los presos políticos y de conciencia del magisterio.
Mientras se organiza este frente unitario es necesario fortalecer y rehacer el poder sindical de base para la defensa de los trabajadores en cada escuela, seguir batallando por democratizar las organizaciones sindicales, dar la lucha en el campo de las ideas, así como generar consenso entre los propios docentes, ganar el respaldo del pueblo trabajador, de los padres de familia, de las organizaciones sociales y de los pueblos.
En resumen: se trata de enfrentar esta guerra de manera estratégica, organizando una gran fuerza nacional, con acciones coordinadas, evitando provocaciones o acciones que desprestigien al movimiento, esclareciendo el contenido real de esta mal llamada «reforma educativa» y planteando alternativas (que muchas fuerzas del magisterio tienen) que realmente mejoren la educación pública.
5. De la lucha sindical a la batalla política
Sin embargo, es necesario comprender que la contra-reforma laboral-administrativa es una declaración de guerra: se pretende derrotar al magisterio para someterlo y para que el Estado controle por completo la educación. Debe quedar claro que este ataque rebasa la lucha sindical. No se sugiere, por supuesto, abandonar la lucha sindical pero sí entender que se lucha contra una política de Estado. Que ya es, se quiera o no, una lucha política.
Por eso, se debe pasar ya a la lucha política: a la batalla por la disputa del poder. Ello requiere, desde luego, un nuevo instrumento político, una Organización Política del Pueblo y los Trabajadores (OPT), y una lucha hegemónica, construyendo un poder popular alternativo.
Ya es hora de empezar a organizar esta lucha.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.