El gobierno ha desatado una furiosa persecución contra dirigentes de organizaciones sociales después de una infame campaña propagandística en la que se estigmatizaba los bloqueos de caminos, criminalizándolos.
De este modo, Luis Arce cumple el objetivo más preciado que pueden tener las fuerzas conservadoras y reaccionarias en la lucha política, vale decir, criminalizar la protesta social. Efectivamente, ese es el objetivo político máximo que persigue la derecha en toda sociedad, a lo largo de toda la historia. Una vez alcanzado este objetivo, puede darse a la tarea de perseguir a los dirigentes, con la pretensión ridícula de proteger a la sociedad contra “viles malhechores”. Por esa razón, los líderes populares han sido siempre objeto de una terrible propaganda política, cuyo fin último es presentarlos, ante la sociedad, como vulgares delincuentes. No es pues casual que en forma paralela a la persecución que lleva Luis Arce contra dirigentes populares en Bolivia, en la Argentina de Milei se emprende una ofensiva judicial contra Cristina Fernández, como punto culminante de una apabullante campaña mediática cuyo objeto era desprestigiarla, presentándola también como delincuente. El guion es exactamente el mismo, aquí, allá y en todos lados.
Como agravante de este proceso se tiene en Bolivia, que el gobierno actúa al más típico estilo mafioso, pues la detención de Humberto Claros tiene las características de un secuestro, ya que eran personas vestidas de civil que, sin identificarse como policías, lo subieron a un vehículo sin placa para llevárselo con rumbo desconocido, junto a su acompañante, nada menos que una diputada, a la que dejaron luego en el camino. Ese mismo estilo gansteril utilizó también la policía de Arce, hace unas semanas atrás, en su atentado criminal contra Evo Morales.
Ahora bien, lo importante es identificar el objetivo político del gobierno, para darle también una respuesta política. Entonces, como tenemos dicho, el objetivo político es criminalizar la protesta social y, en este caso muy especialmente, el bloqueo de caminos. Por esta razón importa mucho reivindicar el bloqueo de caminos como un patrimonio de las luchas sociales en nuestro país. Tiene su génesis en el cerco a La Paz por los guerreros de Tupak Katari, que se constituyó en el antecedente más importante para impulsar la guerra independentista. A partir de entonces, los guerrilleros altoperuanos cercarían una y otra vez las ciudades de los realistas.
Así también, el bloqueo de caminos ha sido un recurso básico en nuestra historia para defender la democracia. De este modo, se resistió a los golpes militares en esa terrible noche obscurantista que las fuerzas conservadoras del país nos impusieron con las dictaduras del militarismo. Recuérdese, como ejemplo más sobresaliente, los bloqueos que vencieron el golpe de Natusch Busch el año 1979.
Más aún, resulta completamente justificado decir que este gobierno es fruto del bloqueo de caminos, puesto que, en agosto del año 2020, cuando la autoproclamada Jeannine Añez, se prorrogaba una y otra vez en su espurio mandato, se le arrancó la convocatoria a elecciones mediante un contundente bloqueo de caminos. En ese entonces, y del mismo modo que hoy, el gobierno estigmatizaba el bloqueo como si fuera un acto criminal, evidenciando de este modo, el carácter conservador y reaccionario de ambos gobiernos.
El
bloqueo de caminos es, sin duda, una expresión de la lucha y
protesta popular y debe ser reivindicada como tal. El sólo hecho que
la derecha la estigmatice como «acto criminal», la
legitimiza como la más importante estrategia de lucha del pueblo
boliviano.
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