La propuesta de ejercicios militares enviada por el presidente Mauricio Macri al Congreso Nacional está generando una fuerte polémica y crecientes repudios. Puede parecer novedoso que surja en este momento la cuestión de la autorización de la entrada de tropas extranjeras pero no lo es ya que todos los años las cámaras legislativas deben dar […]
La propuesta de ejercicios militares enviada por el presidente Mauricio Macri al Congreso Nacional está generando una fuerte polémica y crecientes repudios. Puede parecer novedoso que surja en este momento la cuestión de la autorización de la entrada de tropas extranjeras pero no lo es ya que todos los años las cámaras legislativas deben dar tratamiento al programa de ejercicios propuesto por los ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores y Culto.
Así lo dispone la Constitución Nacional en su artículo 75 inciso 28 que establece que corresponde al Congreso Nacional «permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Nación, y la salida de fuerzas nacionales fuera de él» y la ley 25.880 que regula el procedimiento por el cual el Poder Ejecutivo debe solicitar autorización al Congreso. Lo realmente novedoso es que se levanten voces contra los ejercicios propuestos, como está ocurriendo este año. Sin lugar a dudas, hay motivos para reaccionar frente a lo que el gobierno está proponiendo. Veamos de qué se trata
En el Documento de Puebla de 1979, de la III Conferencia del Episcopado Latinoamericano, los obispos expresaron en «Reflexión sobre la violencia política», N° 547: «En los últimos años se afianza en nuestro continente la llamada Doctrina de Seguridad Nacional, que es de hecho más una ideología que una doctrina. Está vinculada a un determinado modelo económico político, de características elitistas y verticalistas que suprime toda participación amplia del pueblo de las decisiones políticas. Pretende incluso justificarse en ciertos países de América Latina como doctrina defensora de la civilización occidental y cristiana. Desarrolla un sistema represivo, en concordancia con su concepto de «guerra permanente». En algunos casos expresa una clara intencionalidad de protagonismo político».
Nunca Más, Informe de la Conadep, septiembre de 1984. Capítulo V: El respaldo doctrinario de la represión
Cambiemos las políticas de seguridad y de defensa nacional
El pedido de autorización para el ingreso de tropas extranjeras y la salida de tropas nacionales que ha enviado Macri al Congreso está poniendo en evidencia la decisión del gobierno de modificar los roles que corresponden a las fuerzas armadas de acuerdo a la Ley de Defensa Nacional. El gobierno está avanzando en la implementación de una política que implica involucrar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior. Por ahora Macri no propone una modificación de las leyes en materia de defensa nacional y de seguridad interior sino que simplemente opta por violarlas. De tal manera elude un duro debate en el Congreso y juega a los hechos consumados cuyas nefastas consecuencias serán muy difíciles de modificar y revertir en el corto plazo.
El enfoque del macrismo responde a la política que Estados Unidos ha propiciado ininterrumpidamente en la región, que fue resistida durante los años de predominancia de gobiernos progresistas y que hoy tiene especial eco en los gobiernos neoliberales latinoamericanos. Para este enfoque el énfasis y centro de la preocupación de la defensa nacional está puesto en las denominadas «nuevas amenazas».
Perú, un país que asumió tempranamente este paradigma, las ha categorizado en el denominado Libro Blanco (2005) de la siguiente manera:»a) amenazas externas: las que podrían generarse si se intentaran aplicar en la subregión sudamericana doctrinas de seguridad incompatibles con la vigencias del derecho internacional; las que podrían surgir de crisis en función de escasez de recursos naturales de valor estratégico, tales como recursos vitales; el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia internacional; b) amenazas internas: grupos terroristas y subversivos, contrarios al ordenamiento constitucional, que optan por la violencia; grupos radicales que promueven la violencia social y desbordes populares; la delincuencia común organizada; el tráfico ilícito de drogas; la corrupción, y la depredación del medio ambiente».
Las consecuencias de la aplicación de este paradigma pueden visualizarse en toda su dimensión y crudeza en México y Colombia, países en los que los resultados de su aplicación han demostrado que los problemas de la inseguridad lejos de resolverse se han agravado y que la intervención de las fuerzas armadas en conflictos internos no solo desnaturalizan sus misiones esenciales sino que además las corrompen.
Se trata de una nueva versión de la Doctrina de la Seguridad Nacional absolutamente funcional -como lo fue la vieja doctrina que apuntaba a «garantizar» el orden interno mediante la aplicación de técnicas de contrainsurgencia – a la estrategia de seguridad y política exterior de los Estados Unidos. El involucramiento de las fuerzas armadas en la «guerra contra el terrorismo» y la «guerra contra el narcotráfico» es una consecuencia de esta perspectiva y constituye el pretexto para la intervención en tareas propias de la seguridad interior.
Para ello, la construcción de enemigos internos colocados en el lugar de «grupos terroristas y subversivos» resulta fundamental para justificar el cambio de rol propuesto para las fuerzas armadas. En esto andan ocupados Macri, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y Pablo Nocetti (su jefe del gabinete) cuando promueven incursiones patagónicas de las fuerzas de seguridad en favor de empresarios amigos del gobierno y en contra de comunidades de pueblos originarios o cuando policías de civil infiltran manifestaciones públicas generando disturbios luego atribuidos a los manifestantes o en el descubrimiento de supuestas células anarco-terroristas que según las versiones oficiales estarían abocadas a preparar acciones contra visitas de presidentes extranjeros y cumbres internacionales que se realizarán en el país en el marco de la OMC y el G-20.
Macri está destrozando la política de defensa que se venía construyendo desde la Unasur. Desde 2008, con la firma de su tratado constitutivo y luego con la conformación del Consejo de Defensa Suramericano (CDS) la región puso énfasis en consolidar a Suramérica como una región de paz, construir una visión común en materia de defensa y fortalecer la cooperación entre las fuerzas armadas de los distintos países. Ello permitió incrementar la interoperabilidad y el relacionamiento entre las fuerzas y planificar acciones comunes, como medidas de confianza mutua, y generar información recíproca sobre inventario militar.
El programa de ejercicios militares combinados de la Argentina priorizaba por entonces los ejercicios con países de la región y con países de otros continentes con los que pudiéramos tener realidades o intereses comunes, como por ejemplo Sudáfrica en tanto país costero del Atlántico Sur.
Esa política permitió avances en doctrina combinada bilateral con Chile y Brasil. Incluso el ministro brasileño Celso Amorim llegó a proponer la creación de una especie de Junta Sudamericana de Defensa, símil a la Junta Interamericana que funciona en Washington, pero alineada con una estrategia de defensa regional compartida por los países suramericanos.
Las novedades que propone Macri en materia de ejercicios militares tiene una directa relación con iniciativas promovidas por Estados Unidos en el marco de su estrategia de seguridad y política exterior e implican la adopción del paradigma de las «nuevas amenazas».
Una emergencia que llegó para quedarse
Desde el comienzo de su gobierno, Macri dio pasos para plasmar la nueva política. La responsable de su instrumentación ha sido y es la ministra Bullrich, y el instrumento utilizado para avanzar en la reconfiguración de las políticas de defensa nacional y seguridad interior ha sido la declaración de la emergencia de seguridad mediante el decreto 228/2016 y su prórroga mediante el decreto 50/2017.
La emergencia de seguridad representa el primer paso concreto en favor de la intervención de las fuerzas armadas en acciones vinculadas con la seguridad interior a través de la autorización del derribo de aviones. Se levantaron voces críticas desde distintos sectores que cuestionaron que el Poder Ejecutivo declarara la emergencia eludiendo la obligatoria intervención del Congreso Nacional (fue parte del paquete de decretos que dictó Macri en sus primeros días de gobierno aprovechando el receso legislativo) y que se involucrara a las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior que por ley tiene vedadas. Con la complicidad del massismo y de los diputados alineados con el dirigente justicialista Juan Manuel Urtubey, el macrismo evitó que los duros cuestionamientos del FPV-PJ echaran por tierra a la emergencia ilegalmente declarada.
En línea con las políticas que inspiran a la emergencia de seguridad, el gobierno promueve la realización de ejercicios militares perfilan la incursión de las fuerzas armadas en el campo de la seguridad interior.
Más grave y peor que «Cormorán»
Varios de los ejercicios militares propuestos por el gobierno están alineados con la nueva política de seguridad nacional. Tienen por objeto capacitar a las fuerzas armadas argentinas en funciones de seguridad interior que como antes señalé están expresamente prohibidas. El terrorismo y el narcotráfico aparecen como las nuevas amenazas a conjurar y para ello se prepara a las fuerzas armadas no para la defensa sino para la guerra. Estados Unidos y el Reino Unido de Gran Bretaña actúan como los promotores y protagonistas principalísimos de tales iniciativas.
Hay motivos suficientes para rechazar la iniciativa de Macri. Un análisis de cada caso permite concluir que tales ejercicios violan la legislación vigente
La desaparición forzada de Santiago Maldonado -ocurrida en un contexto de tensiones entre terratenientes extranjeros y comunidades mapuches en la Patagonia con una interesada y repudiable toma de posición en contra de las comunidades de parte del gobierno nacional- ha tenido una derivación inesperada. A partir de un comunicado de la CTA Autónoma de la provincia de Río Negro cobró fuerza un duro cuestionamiento a la decisión del Senado nacional de autorizar el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional.
La preocupación expresada desde la Patagonia ha estado centrada en el ejercicio denominado «Cormorán», cuya realización está programada por el Poder Ejecutivo para el presente mes de septiembre y el próximo mes de octubre en la base aeronaval «Almirante Zar» ubicada en la localidad chubutense de Trelew -tristemente recordada por haber sido el escenario de la masacre de Trelew en 1972- y en la base bonaerense «Comandante Espora» de Bahía Blanca.
Ha sido oportuna la alarma activada desde Río Negro aunque resulta necesario precisar que el cuestionamiento no solo debe alcanzar al ejercicio «Cormorán». Previo al tratamiento de ese ejercicio el Senado aprobó un paquete de otros 22 ejercicios militares de los que poco se ha dicho en los medios de comunicación.
Antes de que la entidad gremial rionegrina llamara la atención sobre el tema ya se hacían escuchar duras críticas en la Cámara de Diputados. En el seno de la Comisión de Defensa, hace dos semanas, surgieron los primeros cuestionamientos que quedaron plasmados en un dictamen del bloque del FPV-PJ.
La semana pasada se volvió a dar el debate en la Comisión de Relaciones Exteriores, ámbito en donde me tocó expresar la posición del bloque del FPV-PJ. En línea con lo sostenido por la diputada Nilda Garré en la Comisión de Defensa sostuve el cuestionamiento de 5 de los 22 ejercicios propuestos mediante pruebas irrebatibles de que Macri pretende involucrar a las fuerzas armadas argentinas en ejercicios destinados a situaciones que la legislación nacional les prohíbe explícitamente, por tratarse de funciones de seguridad interior: lucha contra el terrorismo, narcotráfico, narcoterrorismo y contrabando, entre otras. Ante nuestras imputaciones el oficialismo guardó silencio. No debatir, no levantar ola, parece ser la línea asumida por los diputados y diputadas de Cambiemos.
Nuestra decisión fue no acompañar el dictamen de mayoría que el oficialismo y una parte de la oposición (el opoficialismo de Massa, principalmente) acordaron y, en consecuencia, presentar un dictamen propio que excluye la autorización de esos ejercicios que resultan abiertamente ilegales.
El interbloque Cambiemos intentó forzar el tratamiento de la autorización de esos ejercicios en la última sesión de la Cámara de Diputados pero no obtuvo los dos tercios necesarios por la negativa del FPV-PJ. Nuestro bloque ha anticipado el voto negativo a la autorización de la entrada de tropas extranjeras y la salida de fuerzas nacionales propuesta por Cambiemos en su dictamen. Es importante destacar que el proyecto de ley que autoriza el ejercicio «Cormorán» recién ingresó esta semana a la Cámara de Diputados tras la aprobación en el Senado hace dos semanas. Resulta extraño ya que los plazos previstos para su realización ya están corriendo y pronto vencerán.
Según un informe producido por nuestros asesores en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados «todos los ejercicios que los diputados del FPV-PJ cuestionan están vinculados con capacitaciones u operaciones prohibidas por nuestro marco normativo. Dichas ejercitaciones hacen referencia, según lo establecido en el detalle de los anexos remitidos por el PEN o en información periodística especializada, a las denominadas ‘nuevas amenazas’: narcotráfico, terrorismo, narcoterrorismo, piratería, etc., lo cual constituye una abierta violación a la legislación vigente en nuestro país, según la ley de seguridad interior y la ley de defensa nacional y su decreto reglamentario».
Resulta interesante hacer un repaso de cada uno de los ejercicios cuestionados para avalar lo que hemos sostenido en el debate en comisiones:
Ejercicio Bold Aligator: es el único que se realizará en territorio de los Estados Unidos de América. La invitación para participar de esta ejercitación llegó a la Armada Argentina el 21 de diciembre de 2015 y fue acordada en junio de 2016, durante la visita de una delegación del Comando Sur. Es un ejercicio multinacional del que no forma parte ningún país de la región (Mercosur y Unasur). El único país latinoamericano participante es México. El resto de los participantes son EEUU, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Italia, Países Bajos, España y Gran Bretaña. De este ejercicio han dicho sus promotores que «los escenarios fueron desde ayuda en situaciones de desastre hasta operaciones antiterrorismo».
Ejercicio Panamax: Es uno de los ejercicios que durante la gestión anterior siempre fue excluido del programa. Según información de prensa, «Fuerzas aeronavales de 17 países de América participarán este mes en el noveno Panamax, un ejercicio militar anual orientado a repeler un hipotético ataque terrorista contra el Canal de Panamá». Se afirma que «La hipótesis de trabajo es evitar que una fuerza terrorista afecte la libre navegación por el Canal de Panamá».
Ejercicio Teamwork South: se realiza en Chile. Participa Gran Bretaña y EEUU, y se hace para adiestrar en guerra antisubmarina, guerra de superficie, defensa antiaérea y ejercitación de armas navales. Sus promotores anuncian que «Este año, las distintas unidades participantes realizarán ejercicios avanzados de Guerra Submarina, Guerra Antiaérea, Guerra Litoral y operaciones de interceptación y captura de buques mercantes para el control y prevención de ilícitos, desde actos terroristas hasta el tráfico de estupefacientes».
Ejercicio Unitas, fase Atlántico: propuesto y dirigido porlos Estados Unidos, contiene una propuesta de ejercicios de asistencia humanitaria ante catástrofes o desastres naturales. Este año se realizará en Brasil. Las capacitaciones que van a recibir nuestras fuerzas armadas en caso de participar serán»maniobras militares para enfrentar amenazas a la seguridad en el hemisferio como el narcotráfico y el crimen organizado.»
Ejercicio Gringo Gaucho: con este sugerente nombre se involucra a fuerzas de Estados Unidos y Argentina en un ejercicio que es el único de carácter bilateral planteado con un país no fronterizo. Involucra la participación de 5.330 efectivos estadounidenses en el mar argentino. Es un ejercicio de oportunidad debido al paso de un portaaviones de EEUU por nuestra zona económica exclusiva. Según el gobierno es necesario para que los pilotos de la Armada practiquen despegue y aterrizaje. Constituye sin dudas una demostración de fuerza y poderío militar estadounidense en aguas argentinas, no solo para nuestro país sino, sobre todo, para otras potencias militares como China y Rusia.
Resulta extraño que el paso del portaaviones esté acompañado de un solo destructor, tal como sostiene la Armada en el anexo del proyecto de Ley. También llama la atención que no tenga fecha de realización, lo cual despierta la sospecha de que este ejercicio podría hacerse coincidir con la cumbre del G-20 a realizarse en 2018 en Buenos Aires. En tal caso, la presencia del portaaviones estadounidense podría vincularse con tareas de seguridad de la cumbre que violarían la soberanía argentina y darían lugar a una evidente violación de la legislación en materia de seguridad interior.
Ejercicio «Cormorán»: involucra operaciones de naves estadounidenses en la Zona Económica Exclusiva fuera del mar territorial argentino tomando como bases operativas a las bases aeronavales antes mencionadas. Se prevé la presencia de 30 militares estadounidenses vinculados con el ejercicio.
Regresando a una relación «normal»
Este año el gobierno rechazó el pedido de comparecencia de funcionarios del Ministerio de Defensa y de la Cancillería en la Cámara de Diputados para explicar los alcances del Programa de Ejercitaciones Militares Combinadas. En una situación nunca vista en los últimos años nos enteramos que personal militar participaba de las reuniones de asesores de las comisiones intervinientes, aportando argumentos a los asesores del interbloque oficialista. La ausencia de representantes de la conducción civil de las fuerzas armadas en el Congreso resulta sintomática. Más llamativo aún es que en el Senado los 23 ejercicios militares hayan sido aprobados sin siquiera tener dictámenes de las comisiones, lo que nos permite inferir que allí tampoco existieron explicaciones de los funcionarios ministeriales.
Las explicaciones que omite dar públicamente el gobierno a los legisladores nacionales las ha brindado amigablemente al diario Clarín el Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en la entrevista publicada el día de la primavera. Thomas Cooney ha dicho «Estamos iniciando actividades de cooperación militar con el país». Al referirse al ejercicio Cormorán y ante la sugerencia de la periodista de que estos ejercicios no se hacían desde unos 10 años el diplomático afirma: «es una muestra de que estamos regresando a una relación normal».
Y agregó que «la NASA está haciendo algo en cooperación con el Gobierno argentino para recoger y buscar más datos científicos que tienen que ver con la Antártida. Es una cooperación científica, en Ushuaia, pero no tiene nada que ver con lo que están denunciando. Los dos aviones involucran P3, porque son buenísimos en recoger información. Dos aviones distintos, uno es propiedad de NASA y el otro pertenece a la Armada. Y eso se usa para rescate y búsqueda». Cooney parece referirse a la posible instalación de una base logística estadounidense en Ushuaia que ha sido motivo de varios pedidos de informes que hemos presentado en el Congreso.
En otro párrafo de la entrevista el funcionario informa que «hemos reiniciado la cooperación militar entre ambos países. Seguramente ustedes saben de la State Partnership Program, Guardia Nacional del Estado de Georgia, con Obama en diciembre pasado, pero ese es un nuevo programa. Y lo que estamos haciendo mayormente ahora es cursos de capacitación en mantenimiento de la paz. Hay intercambios profesionales a EE.UU, estamos hablando de una docena de personas cada año que van a los EE.UU y a la vuelta acá para estudiar en la Escuela de Guerra y cosas así.
Hay otra parte que tiene que ver con el equipamiento: las FF.AA tienen necesidades, y Argentina necesitaba nuevos aviones para capacitar pilotos. Estamos hablando de un avión que se llama T6, Texas, y no son armados, no son aviones de guerra, no son jets tampoco. Son 12 aviones y cuatro helicópteros». Reveladoras declaraciones del más alto funcionario diplomático de «la» Embajada en este momento, sin dudas. Lamentablemente quienes saben de esto en el gobierno y en el Congreso se resisten a informar de qué se trata. Es un muy buen motivo para que insistamos con nuestro reclamo para que los diputados Amadeo y Laspina -a falta de funcionarios del ejecutivo disponibles- nos expliquen los alcances de estos acuerdos sobre compra o donación de armamentos en los que sorprendentemente participaron.
Ante tantas evidencias preocupantes no cabe otra cosa que el voto negativo a estas iniciativas del gobierno que nos subordinan en las delicadas cuestiones de la defensa y la seguridad interior al juego de las grandes potencias extranjeras y recrean la nefasta doctrina de la seguridad nacional. Nuestro rechazo será también una nueva oportunidad para la interpelación a partir de estas preguntas sobre las que exigimos respuestas urgentes de Macri y su gobierno:
¿Por qué se viola la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Defensa Nacional con ejercicios militares que adoptan hipótesis propias de una Doctrina de Seguridad Nacional?
¿Por qué se pretende la autorización del ingreso al mar, la tierra y el aire argentinos de artefactos militares y tropas de un país que promueve el involucramiento de las fuerzas armadas en acciones de seguridad interior?
¿Dónde está Santiago Maldonado?
En el actual contexto, en materia de política exterior, defensa y seguridad, todo tiene que ver con todo. Evidente, triste y lamentablemente.
Guillermo Carmona. Diputado Nacional por Mendoza (FPV-PJ), vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados argentina. Asesor del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico.
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