Finalmente, Samuel García Sepúlveda ha reasumido su puesto como gobernador de Nuevo León, poniéndose fin a la breve pero intensa crisis política en que sus malas decisiones sumieron al Estado que dice es su prioridad. Y esa crisis ha tenido repercusiones no sólo en esa entidad sino en el nivel nacional, que se prolongarán por un tiempo, y particularmente en el ya iniciado proceso electoral.
El origen del conflicto, y el gran error de Samuel, fue pensar que podría vencer a un congreso en el que no tiene mayoría e imponer a su secretario de Gobierno Javier Navarro Velasco como gobernador interino por el tiempo de la licencia que solicitó para separarse del cargo por seis meses a partir del 2 de diciembre de 2023.
La constitución local otorga al congreso estatal la facultad de hacer esa designación, y los legisladores del Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional, mayoritarios, le mostraron que no podía pasar por encima de las atribuciones del poder legislativo del Estado, y designaron inicialmente como interino a Arturo Salinas Garza, hasta ese momento presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Nuevo León y un reconocido militante del PAN, por el cual ha sido diputado federal y local con anterioridad. Una designación a todas luces ilegal, pues el escogido rindió protesta anticipadamente como gobernador, esto es, antes de renunciar al tribunal. Su investidura, en consecuencia, fue impugnada por García Sepúlveda y la bancada de su partido Movimiento Ciudadano ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El ministro Javier Laynez Potisek, ponente a cargo, anuló, por lo tanto, de manera provisional —en una decisión que no fue criticada por el presidente Andrés Manuel López Obrador— la nominación del magistrado como gobernante interino, y también la de Javier Navarro, impugnada por el Congreso estatal e igualmente improcedente. El ministro dejó a salvo la facultad constitucional del Congreso para designar al gobernador interino.
El órgano legislativo nombró entonces como gobernante interino al abogado Luis Enrique Orozco, quien se venía desempeñando como vicefiscal en la Fiscalía General de Justicia del Estado, a pesar de la protesta de un grupo de manifestantes que ingresó al recinto parlamentario, y de la resolución de un juez que permitía a Navarro Velasco, en juicio de amparo, ser designado. Sin embargo, esta última disposición también fue anulada por la Corte, que reconoció el nombramiento de Orozco Suárez.
Sin em, nuevamente Movimiento Ciudadano manifestó su inconformidad, y el gobernador ya con licencia García Sepúlveda, en acción con visos de ilegalidad y usurpación de funciones, hizo publicar en el periódico oficial del Estado la anulación de su solicitud de licencia y su reasunción del Ejecutivo. Se reunió con Luis Enrique Orozco, con quien llegó a un acuerdo, y éste, ya de pleno derecho como interino, renunció al cargo para permitir el retorno de Samuel como gobernador. Se resolvió así una crisis que incluso llevó a algunos actores como el senador panista Víctor Fuentes y el mismo presidente municipal de Monterrey Luis Donaldo Colosio Riojas, también adscrito en MC, a plantear la posibilidad de solicitar al Senado la desaparición de poderes en la industriosa entidad norteña.
En los días de su breve (pre)campaña de sólo diez días, Samuel García se exhibió a sí mismo como una pieza política al servicio del presidente López Obrador y del Morena, al lanzar constantes ataques contra la coalición opositora y su candidata Xóchitl Gálvez Ruiz, pero no a la representante del oficialismo Claudia Sheinbaum, que encabeza las encuestas de intención de voto. El presidente de la República mismo y su candidata se sintieron obligados a confirmaron que el papel del joven gobernador con licencia era el de acompañante de la campaña morenista, al defenderlo públicamente contra el Congreso de Nuevo León, el poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia de la Nación que impidió la llegada del secretario de Gobierno Javier Navarro al interinato. Una vez más, el presidente López Obrador se mostró impúdicamente como un político sin respeto al federalismo, al tomar partido en un asunto de carácter estrictamente local; ni a la división de poderes, al prejuzgar y al tratar de descalificar a los tribunales que tenían en sus manos la resolución del conflicto. Sheinbaum también asumió partido al demandar que se designara a un interino perteneciente a Movimiento Ciudadano.
Pero, en el balance, Samuel García no pudo cumplir su encomienda de restar votos a la coalición PAN-PRI-PRD y a Xóchitl Gálvez. Por errores propios entró en un conflicto que de entrada no podía ganar con el congreso de su Estado, dominado por los dos primeros partidos de esa coalición. Ahora es, para Morena y López Obrador un cartucho político quemado; pero dejó a su partido Movimiento Ciudadano en evidencia de palero del lopezobradorismo y en una incómoda posición para el proceso electoral. Cualquiera que sea nominado en enero como su candidato presidencial, habrá perdido credibilidad en su supuesta independencia con respecto del partido oficial. Muy poco podrá hacer para debilitar a los opositores, aun si éstos no muestran por sí mismos fuerza ninguna que les permita alcanzar un nivel realmente competitivo con la candidatura de Sheinbaum.
Para corroborar su ya manifiesta posición política, el miércoles 6, Dante Delgado Rannauro, propietario hasta ahora de la franquicia de Movimiento Ciudadano, declaró muerto, en entrevista banquetera ante diversos medios, a lo que se ha llamado el bloque de contención en el Congreso de la Unión, el acuerdo político que incluyendo al PAN, PRI, PRD, Grupo Plural en el Senado y el propio MC, ha permitido frenar algunas de las iniciativas promovidas por el presidente López Obrador y el bloque oficialista. Parece ser el anuncio, entonces, de que el partido anaranjado se incorporará virtualmente a este último, apoyando con sus votos al lopezobradorismo.
Y ahora llama la atención que inmediatamente, desde la conferencia mañanera, el presidente haya anunciado que reactivará sus iniciativas de reforma política y la del Poder Judicial, donde propondrá que los ministros de la Corte, magistrados y jueces sean electos por votación popular; es decir, la politización de ese poder para facilitar su control por el Ejecutivo y su partido que, al menos durante el próximo sexenio, todo indica que seguirá en el poder. Trece senadores y 24 diputados de MC podrían sumar sus votos a esas iniciativas No tardaremos en ver la postura que los anaranjados asuman frente a ellas.
Por ahora, Nuevo León fue el escenario más relevante en los pasados días de la polarización y encono que marcan desde ya el proceso electoral, al que faltan casi seis meses para definirse, y han mostrado sin recato los recursos, desde la judicialización hasta los inconfesados acuerdos, de los que las castas políticas y la presidencia de la República pueden echar mano en su lucha por el poder.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.