El juez federal Ernesto Kreplak procesó al exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas, al intendente de la ciudad de La Plata, Julio Garro, a otros exfuncionarios del anterior gobierno provincial de María Eugenia Vidal y a exdirectivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en la causa en la que se investiga la denuncia sobre la coordinación de acciones ilegales para perseguir a sindicalistas y opositores.
La preocupación principal de aquel encuentro parecía ser la existencia de sindicatos que reivindicaran los derechos de los trabajadores en el sector de la construcción
El expediente que se inició a partir del hallazgo, entre los archivos digitales de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), de la grabación de una reunión llevada a cabo en junio de 2017 en la sede del Banco Provincia en la ciudad de Buenos Aires, y a la que asistieron los procesados y también un grupo empresarios de la construcción de La Plata, a los que el juez les dictó la falta de mérito.
El juez dio por probado, además, la línea de tiempo que comenzó con una reunión el 4 de mayo de ese 2017 en la presidencial Casa Rosada en la que estuvo el expresidente Mauricio Macri. Señaló que la orden se tomó más arriba y en la parte resolutiva sostuvo la necesidad de continuar con la investigación para determinar otras responsabilidades de escalones superiores del Gobierno, la AFI y funcionarios judiciales que participaron de su armado
El video reveló que la gestión de la gobernadora macrista María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires (2015-2019) buscaba crear causas judiciales contra sindicalistas, iniciando las acciones contra el dirigente metalúrgico Juan Pablo “Pata” Medina. En la grabación, incluso un jerarca admite que quisiera tener una ‘Gestapo’ para «terminar con todos los gremios».
Los procesados son el exministro Villegas; el intendente Garro; el exsubsecretario de Justicia bonaerense Adrián Grassi; el senador provincial de Cambiemos Juan Pablo Allan y los exdirectivos de la AFI Juan Sebastián Destéfano (Asuntos Jurídicos), Diego Dalamu Pereyra (Contrainteligencia) y Dario Biorci (exjefe de Gabinete de la subdirección de la AFI).
A todos los procesados el juez les trabó embargos por 10 millones de pesos, mientras que en la misma resolución dispuso la falta de mérito para el exministro de Planificación bonaerense Roberto Gigante y para los empresarios que participaron de la reunión del Bapro.
En aquella reunión celebrada el 15 de junio de 2017, al entonces ministro de Trabajo de Vidal se le escuchó decir: «Créeme que, si yo pudiera tener, y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte, si yo pudiera tener una Gestapo (la policía política del nazismo), una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría».
Desde que el nazismo dispuso en 1939 la creación de la Geheime Staatspolizei (Policía Secreta del Estado en alemán), laGestapo) se convirtió en un paradigma de una de las peores caras del régimen: persecución implacable a los opositores y las torturas y asesinatos con total impunidad. Ésta quiso ser una mera imitación argentina, no por ello menos preocupante,
En el fallo, de casi 250 páginas, el magistrado describe las maniobras que se le atribuyen a los procesados que habrían llevado a violar la ley de Inteligencia y a que se dictaran fallos judiciales arbitrarios en perjuicio del sindicalista de la Uocra platense.
Mientras, el exdirector Operacional de Contrainteligencia de la AFI Diego Dalmau Pereyra vinculó a los exdirectores de ese organismo del gobierno de Mauricio Macri, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, con la grabación de la reunión desarrollada en junio de 2017 en la sede del Banco Provincia en la que se habló de cómo acorralar judicialmente al gremialista Medina.
El plan de los “inteligentes” funcionarios macristas era incentivar que los empresarios alentaran el surgimiento de conflictos laborales en sus empresas y, ante las medidas sindicales, presentaran denuncias ante el Ministerio de Trabajo de la provincia, las que no transitaban por los caminos habituales, sino que eran presentadas directamente a Villegas y debían contar con «palabras clave» como «extorsión» o «amenaza». El Ministerio, en complicidad con la Justicia, agregaba contenido a la causa judicial y aseguraba que el proceso continuara.
La vicepresidenta y expresidenta argentina (2007-2015), Cristina Fernández de Kirchner, utilizó sus redes para darle un poco de contexto al término. «Gestapo: policía secreta de Hitler que utilizaba métodos despiadados para identificar y arrestar a los oponentes políticos y a otros que se rehusaban a ajustarse a las políticas del régimen nazi. Tratándose del gobierno macrista, todo siempre es peor a lo imaginado», escribió.
El propio Villegas intentó ofrecer disculpas por «haber utilizado torpemente una palabra absolutamente inadecuada, que además está lejos de mi forma de sentir, de pensar y actuar». Sin embargo, no se excusó por las maniobras judiciales ocultas detrás del término Gestapo.
El subcomisario Hernán Casassa, encargado de los allanamientos, contador, especialista en Activos Ilegales señaló que se trataba de “el armado judicial, la mesa que tenían con Vidal, Salvai, Conte Grand y Ritondo. De ahí salían los diferentes armados”. Lo que dice Casassa es que la estrategia del espionaje y la persecución era de tanta importancia en el macrismo que no se dejaba en manos de segundas o terceras líneas.
Los cuatro grandes protagonistas eran María Eugeniua Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires y, como tal, responsable política de todas las operaciones desplegadas por sus funcionarios; C ristian Ritondo, ministro de Seguridad de Vidal y hoy diputado nacional; Federico Salvai, hombre de confianza de la gobernadora que fue ministro de Gobierno y jefe de su gabinete; y Julio Conte Grand , hombre de confianza de Macri y Vidal, jefe de los fiscales provinciales a fin de diciembre de 2016.
Y la mano de Macri aparece en que algunos de los protagonistas visitaron su despacho en las fechas anteriores a las operaciones: quedó claro en el caso del exministro de Trabajo de Vidal, Marcelo Villegas, y el titular de la AFI, Gustavo Arribas, ambos ingresando a verlo al expresidente pocos días antes de la ahora famosa reunión registrada en el video para urdir la maniobra contra el sindicalista Medina.
En la reunión en la que se añoró la Gestapo, estuvieron presentes el jefe de operaciones de la AFI, Diego Dalmau Pereyra, Director de Operaciones de Contraespionaje; Sebastián Di Stéfano, director de Jurídicos y Darío Biorci, jefe de Gabinete de la central de espías. Nunca en la historia de la inteligencia argentina, se cometió la irresponsabilidad de sacar a la luz, en una sola reunión, a tres directores del máximo nivel de la Secretaría de Información del Estado (SIDE).
Los legisladores de Juntos por el Cambio (la nueva coalición macrista) resolvieron en bloque apoyar al procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, luego del pedido de juicio político presentado por el oficialista Frente de Todos ante la denuncia de formar parte de una “mesa judicial” que perseguía ilícitamente a dirigentes sindicales.
La exgobernadora María Eugenia Vidal rompió el silencio y tuiteó que “El video ilegal que se ‘encontró’ muestra una reunión de trabajo entre mi gobierno e instituciones de la construcción de la ciudad de La Plata”. “Quiero dejar algo bien claro: los mafiosos no son víctimas ni pueden convertirse en víctimas. Ustedes creen que el Pata Medina, ¿es una víctima?La mentira de la persecución no puede nunca tapar acciones mafiosas que están probadas”, inició su descargo Vidal, quien intentó victimizarse.
Cristina Caamaño, la actual titular de la AFI, afirmó que ese video fue encontrado por la gente de informática que estaba revisando qué discos se podían reutilizar y encontraron ese archivo. “El video en total dura dos horas y fue encontrado en un disco en desuso que estaba en la Agencia”, dijo.
“Es lo que llamamos lawfare, el aparato de la derecha para neutralizar, en este caso, a los gremios y dirigentes populares.Acá tenemos muy claro quién es el establishment, la corporación judicial, los políticos de derecha y faltaban los medios de comunicación hegemónicos y la AFI, esos son todos los ingredientes para tener el lawfare”, manifestó la titular de la AFI y resaltó que “aparentemente lo filmó alguien de la AFI”.
Rubén Armendáriz. Periodista y politólogo, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
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