M.H.: Hay un comunicado emitido por ATE Río Turbio en nombre y representación de la Asociación de Trabajadores del Estado seccional Río Turbio a fin de responder a la nefasta nota publicada por La Nación el domingo 10 de septiembre. «Enviamos el siguiente texto para ser presentado a los medios rectificando el informe periodístico», manifiestan […]
M.H.: Hay un comunicado emitido por ATE Río Turbio en nombre y representación de la Asociación de Trabajadores del Estado seccional Río Turbio a fin de responder a la nefasta nota publicada por La Nación el domingo 10 de septiembre. «Enviamos el siguiente texto para ser presentado a los medios rectificando el informe periodístico», manifiestan los trabajadores. Se refieren a la nota que se titula: «Río Turbio una mina convertida en símbolo de la corrupción»; el comunicado dice así: «Aquí en la cuenca carbonífera, que bien dice la nota emitida por el diario está a más de 2.770 km pero lejos de ser ciudadanos de privilegio somos un pueblo dedicado a una de las actividades más riesgosas que es la minería subterránea de carbón. Trabajadores que arriesgan sus vidas cada día, que entran a más de 7 km de profundidad, que sufrimos las peores inclemencias climáticas y el aislamiento de los grandes centros urbanos. Otro eje de la nota emitida por este medio nacional, donde se pregunta si es necesario invertir o no, deja en evidencia el rol que cumplen los medios concentrados de la comunicación que no es más que el de justificar todas las medidas que lleva adelante el gobierno nacional de Mauricio Macri. Porque claramente es necesario continuar invirtiendo en este proyecto energético que da un valor agregado a nuestro carbón, que diversifica la matriz energética nacional, que es un paliativo de solución a la emergencia energética declarada por el ministro Aranguren a principios del año pasado, con el único fin de beneficiarse con el aumento de tarifas. Porque Yacimientos Carboníferos Río Turbio y nuestro carbón es soberanía por sobre todas las cosas, es el futuro para el desarrollo productivo de Santa Cruz. Otro tema que queremos desmentir y aclarar con total objetividad es que nuestro yacimiento contaba en el año 2015 con 3.000 compañeros aproximadamente y desde que asumió la nueva intervención, ejecutores de la política del Presidente Mauricio Macri, hoy quedan 2.580 compañeros producto de los despidos, retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas entre otras medidas que se ejecutaron desde el cambio de gestión. Como es característico de los pueblos existe y se respira una enorme solidaridad, comprensión y afecto entre vecinos y todos lo sentimos aunque seamos mineros del carbón. También queremos desmentir el planteo del diario nacional que exista un elefante azul, lo que existe es la concreción de un proyecto energético consecuente de luchas de varias generaciones que pelearon por tener una usina que funcione con nuestro carbón. Queremos repudiar que un diario de tirada nacional con una clara posición dominante deja sin certeza alguna y orientado a difamar nuestra mina que durante 13 años no se terminó la usina y que la mina de Río Turbio jamás se mantuvo. Solo para aclarar la usina fue puesta en marcha en el año 2015 y funcionó durante un mes, donde se paró por el cambio de gestión. La mina sufrió el proceso de desarrollo y expansión más importante de su historia donde pasamos de tener un frente y dos galerías secundarias a tres frentes largos y ocho galerías secundarias. La apertura de una nueva mina, mina 2, etc. Por lo que solicitamos a La Nación que rectifique lo dicho el día 10 del corriente mes y año y que deje de cubrir a un gobierno que no apuesta por las empresas del Estado, que no cree en los trabajadores del Estado y que no cree en la soberanía energética, necesarias para el desarrollo industrial del país.»
¿Qué nos podes comentar por un lado de este comunicado y por otro de este artículo de La Nación?
G.L.: Yo creo que este artículo de La Nación se inscribe en una saga que viene encarando el tema de Río Turbio particularmente, es el «Yaciretá» de este tiempo. Quiero decir, tomado el caso con una enorme liviandad, haciendo referencia fundamentalmente a la morosidad, el incumplimiento de los plazos de terminación de las obras, de que en esa morosidad y en esos plazos no cumplidos no solo el Estado nacional, sino también la empresa española que fundamentalmente tenía que llevar adelante las obras de montaje de la central carboeléctrica, Isolux Corsán, habían sido cómplices de una cantidad relevante de maniobras y malversación de dinero.
A mí lo que me preocupa de este tipo de argumentos es que en el caso específico de la cuestión de Río Turbio, desconociendo la preponderancia del carácter geopolítico del proyecto, qué pasa con las comunidades de Río Turbio y 28 de Noviembre que son las dos involucradas en el posible desarrollo de la carboeléctrica, omitiendo decir que se trata de todo un complejo de producción que le permitiría a una población que está en una situación muy aislada desde el punto de vista político, económico y social del resto de la provincia en sí, de las vías de circulación más relevantes que hay en el país, poder desarrollar un proyecto productivo.
Y es un proyecto histórico, en ese sentido tiene 50 años de historia y por diversos motivos de nuestra discontinuidad institucional y de falta de visión estratégica, recién ahora se pudo encarar. Se banaliza el proyecto y la importancia que tiene haciendo referencia a los supuestos actos de corrupción que se cometieron durante el kirchnerismo, que tienen como protagonista a esta empresa. Son notables estos casos porque se trata de una empresa que tiene un recorrido en España y en el mundo bastante complicado de presentar. Pero generalmente no se pone el foco en el rol de estas empresas y en qué se comprometieron a hacer y no hicieron.
Por otro lado, lo que plantea ATE Río Turbio es muy cierto, no ha habido en todo este tiempo falta de compromiso de los trabajadores, en cuanto al mantenimiento y a la organización de sus tareas. A mí me tocó estar en noviembre de 2005 en la discusión hecha casi en el estribo del gobierno de Cristina, de un Proyecto de ley que finalmente se pudo votar la media sanción para estatizar el complejo de Río Turbio. Que después de la caída de Menem y De La Rúa, durante la breve etapa de Duhalde, se intentó recuperar y después se lo volvió a dejar en la nada.
Eso era una sociedad anónima, se lo dieron al sector privado, este no avanzó, con el kirchnerismo allá por el 2005/6 comienza a intentar reverdecer aquel proyecto de la carboeléctrica. Lo cierto es que se tardó mucho tiempo en ponerlo en marcha, al menos desde mi punto de vista. Hubo muchas demoras y muchas polémicas vinculadas al rol de la empresa y también a ciertos contratos que el gobierno anterior firmó con proveedores chinos para el montaje de los distintos aspectos electromecánicos de la obra, de toda la tecnología para la recolección más limpia de carbón importado de China, por ejemplo.
Hay un montón de elementos que se podrían poner sobre la mesa que por lo menos permitan que no llegue a la gente esta banalización de la situación. En tal sentido, teniendo en cuenta todos estos aspectos que mencioné, dificulto que esto haya sido la obra maestra o el paradigma de la corrupción de la etapa anterior. Hasta te diría que tenemos hoy el asunto de la tragedia ferroviaria de Once, las problemáticas del transporte, la energía en general para hacer un montón de cargos a la etapa anterior. Pero me parece que lo que puede ser que esté en juego, no tengo manera de corroborarlo, pero probablemente en este tipo de notas de La Nación que han sido varias en los últimos años, siempre van dirigidas a un lugar determinado, denostar al Estado, a los trabajadores del carbón, afirmar que el carbón es una alternativa contaminante, no se entra en discusión sobre eso.
Nadie dice que el carbón en la generación eléctrica de la Argentina es totalmente marginal, a lo sumo lo que le agregaríamos es una producción de 120 megas, que no mueve el amperímetro de la producción eléctrica en la Argentina. Y con un mecanismo más limpio de generación de energía vía el carbón de Río Turbio permitiría darle trabajo y cierta estabilidad laboral a la población de allí hasta poder encarar un proceso de reconversión productiva de la región en 20/25 años pero que pueda ser discutido seriamente. Ese sería un camino de transición que habría que encarar.
Todo esto no está en discusión, ellos plantean la corrupción del gobierno anterior y omiten el papel de la empresa. Ese es el otro objetivo que persiguen este tipo de notas, con lo cual me parece que en un total acuerdo con lo planteado por los trabajadores de Río Turbio, es necesario así como en otros temas de la cuestión energética, esclarecer de manera permanente a la población, porque presentado como lo hace La Nación, terminamos en esta banalización absoluta.
El Estado en vez de liberar los precios de los combustibles, debiera garantizar que YPF sea el regulador de precios a la baja
M.H.: Se ha liberalizado el precio de las naftas. Hoy leí en Página 12 que tanto Miguel Gutiérrez CEO de YPF como Teófilo Lacroze de Shell, admiten que los precios de la nafta deberán aumentar. Esperarán a que pasen las elecciones del 22 de octubre y calculan que deberán remarcar aproximadamente un 6% más debido al precio del dólar más el aumento del precio del barril del crudo a nivel internacional. Contanos qué opinión te merece esta liberalización de precios y esta anticipación de las dos empresas líderes en el tema de las naftas que señalan que esperarán a que pasen las elecciones para producir los ajustes.
G.L.: Debo reconocer que hace tiempo que no escuchaba tanta llaneza o grado de explicitación de parte de las autoridades de la nación respecto al cronograma de aumentos que se vienen en un montón de servicios, entre ellos gas y electricidad. Esto se inscribe desde mi óptica en la aceleración del proyecto del gobierno nacional que tiene que ver con trasladar cualquier tipo de decisión estratégica sobre los hidrocarburos en la Argentina a los grandes actores del mercado. La visión de Aranguren es coherente con lo que ha venido a instalar en Argentina. Ellos dijeron que venían a dar curso primero a una fuerte limitación de la intervención estatal en la materia que desde su óptica había generado una serie de distorsiones que había que corregir, para ir después a un segundo paso y establecer que la regla de la oferta y la demanda y el mercado iban a determinar entre otros factores los precios de los combustibles líquidos y del crudo.
Empiezo con esto porque tiene que ver con otra reflexión, hay que tener en claro que esta gente viene con un paradigma que no se vincula en absoluto con la llamada necesidad de salvaguardar el autoabastecimiento energético. La Argentina no es ni un país gasífero ni petrolero, pero sí es un país con gas y con petróleo. Y como creemos que se trata de un bien estratégico y socialmente fundamental, por lo cual debe asegurarse la accesibilidad a ese bien para el transporte, la industria, el consumo y la buena calidad de vida de una población; creemos que debe encararse una estrategia que no sea solo de disponibilidad de suministro en el mediano y largo plazo fundamentalmente de la comunidad nacional, sino también de asegurar el acceso y por ende un margen de maniobra para la sociedad.
Esta gente actúa desde otro lugar. Filosóficamente la idea de libre mercado como asignador de recursos energéticos, es la idea de darle el poder de decisión a cuatro conglomerados, que son los que predominan en el negocio energético de la Argentina. No es casual que 20 días antes de esta decisión anticipada de Aranguren que se iba tomar en el 2018 se haya dado a conocer a través de Bulgheroni de Panamerican, empresa que une con la British Petroleum y los chinos de la CNOOC sus grandes negocios y crean una gran empresa energética integrada. YPF tiene presencia en el eslabón de producción, destilación y comercialización, en todos los eslabones de la cadena. Vamos a tener otro gran jugador ahora, que va a ser Panamerican Energy y Axion Energy. Y después tenemos a Shell que sigue siendo el segundo jugador relevante en destilación, comercialización y otros jugadores un poco menores pero que siguen siendo importantes, como Petrobrás y Oil Combustibles, fundamentalmente en el segmento de refinación y distribución.
Lo que quiero decir es que esta medida abona la decisión de un gobierno que lo que hace es acelerar el traspaso de la decisión estratégica sobre los hidrocarburos y sobre qué disponibilidad de energía, para qué sectores y para qué modelo productivo vamos a tener, a un conjunto empresarial del cual forma parte YPF lamentablemente, porque el Estado en vez de liberar de antemano los precios de los combustibles en un contexto como en el que estamos, debiera garantizar que YPF que tiene el 55% del control del mercado de los combustibles sea el regulador de precios a la baja para poder garantizar el acceso al transporte de carga, al transporte automotor, a la población en general. Del combustible que es un bien que a medida que aumenta se traslada todo a la cadena de precios. En definitiva lo hacen, además de por esta visión que tienen, porque quieren fortalecer esta idea, a este conglomerado concentrado de negocios. Ellos creen que la única manera de asegurar disponibilidad es dar una señal de precios, que la están pidiendo todos, Teófilo Lacroze de Shell, Bulgheroni de Panamerican, Miguel Gutiérrez de YPF, todos. Se trata de tener el suficiente nivel de precios que les garantice que si no lo reciben vía subsidios del Estado, como ha pasado con este Estado bobo con el llamado Plan gas de los últimos años, lo reciban por el nivel de remuneración que van a tener.
Lo terrible es que en el caso del gas vamos a ir a un esquema de aumentos semestrales de precios que va a derivar que en octubre de 2019 estemos con un precio del gas a casi U$S 7 por millón de btu o sea al precio de paridad internacional, de importación. Cuando nosotros tenemos gas en Argentina y yacimientos de dónde lo podemos extraer a mucho menos valor que ése.
M.H.: Te adelantaste a un tema que te pensaba consultar. Estuve leyendo un artículo del domingo 6 de agosto de Tiempo Argentino que dice: «La suba del gas para el consumidor fue del 1.400%», una cifra que asusta. Pero fíjate que esta gente ha tomado la medida de emitir las facturas en 5 partes, en medio de las próximas elecciones. Esta aseveración que hace Tiempo Argentino ¿es real?
G.L.: Es real en cuanto a la decisión que han tomado, una cosa insólita, que un servicio público fundamental para la población tenga que ser fraccionado en su cobro en 4 o 5 facturas.
M.H.: Fue lo que consumimos en invierno.
G.L.: Habría que ver ahora en las facturas que ya están llegando y en las que van a venir en los meses de verano que ya se aproximan, donde obviamente tenemos menos consumo de gas, por una cuestión estacional. Porque creo que el objetivo de ellos es fraccionar esas subas y que el impacto no se sienta tanto. De tal manera que la gente va a terminar pagando facturas de gas altísimas aún en los meses de bajo consumo, de manera de poder honrar el esquema de ajuste tarifario que hicieron.
Las organizaciones de defensa al consumidor han actuado muy mal y a destiempo en esto, porque desde mi óptica es ilegal avalar una facturación de este tipo para un bien que es esencial para la calidad de vida de la población. Es ilegal, es una afrenta y esto debe ser declarado inconstitucional en la justicia. Es lamentable lo que ha pasado. Yo no veo actividad ni movimiento sobre esto. Lo que pasa es que han tenido la pequeña astucia de plantearlo de esta forma, de manera que a la gente el agobio en la billetera le llegue de manera continuada durante todo el año y no vea una factura del 1.000 % en el período invernal.
Pero esto está pasando también con la electricidad, mucha gente no sabe que el valor mayorista del megavoltio de febrero a marzo aumentó en un 100%, la referencia era $ 320 y pasó a $ 640. Dicen que el objetivo, que enmarcan en los presupuestos que enviaron para el 2018, en el caso de la electricidad es que durante el año que viene el 65% del costo de producir energía eléctrica en promedio tiene que ser cubierto enteramente por el usuario.
M.H.: En esa nota del 6 de agosto Tiempo Argentino también afirma: «Las empresas productoras de gas recibieron 59 mil millones de pesos en subsidios». «El Estado argentino podría volver a gastar más de 40 mil millones de pesos en subsidios solo dirigido a las empresas productoras de gas este año. Con lo que repetiría el nivel de erogaciones en este rubro del año pasado.» Pero también Tiempo Argentino el domingo pasado menciona el subsidio a grandes firmas: Siderar, Acindar, Loma Negra, Procter y Air Liquide son algunas de las 514 empresas beneficiadas con un subsidio al consumo eléctrico resuelto por el gobierno nacional por tratarse de industrias electro intensivas. Los descuentos van del 5 al 20% en las facturas, hasta 15 mil megavoltios/hora.
¿Cómo puede ser este beneficio a las empresas y paralelamente el corte a los subsidios a los consumidores?
G.L.: Yo creo que en estas dos noticias que diste se ve con mayor crudeza la dirección de esta política de liberalización a gran escala que el gobierno está encarando. La otra parte que se visualiza en estas noticias es la contracara de esta política de liberalización, es haber realizado la mayor transferencia de la historia moderna argentina de toda la sociedad a las empresas en materia energética. Respecto al tema gasífero es así.
Lo que afirma Randi Stagnaro en la nota de Tiempo Argentino se puede corroborar fácilmente viendo cuál es el presupuesto devengado del Estado nacional. Semejante cifra que fue destinada solamente el año pasado a subsidiar a las empresas de gas fue ya superior a los 30 mil millones de pesos que entre 2013 y 2015 el gobierno kirchnerista le dio con el Plan Gas a las empresas. Treinta mil millones contra 43 mil millones el año pasado, llegamos a los 59 mil millones por lo que se ha gastado este año. Cuando termine el año vamos a estar superando los 40 mil millones en 2017 también. El combo de 5 años de Plan gas entre el gobierno anterior y éste, va a dar algo así como 6.700 millones de dólares. Esa cifra es el 60% de todo lo que invirtieron estos señores en materia gasífera en todas las cuencas en estos 5 años, desde 2013 al 2017 inclusive. O sea, todos nosotros le palanqueamos las inversiones que los tipos tendrían que hacer a riesgo minero propio, y después piden condiciones de libre mercado, en los yacimientos gasíferos de la Argentina.
Y lo último que mencionaste, que es un golpe bajo terrible, las llamadas empresas electro intensivas, que no se trata de una electro intensiva pequeña o mediana o una cooperativa de trabajadores; porque ni la cooperativa de trabajadores ni la empresa pequeña o mediana están siendo escuchadas después de un año y medio de suplicarle al ministro Cabrera que atiendan su situación, dado que en la ecuación de costos el rubro energético les ha disparado los costos y es antieconómica su producción.
M.H.: El caso de Zanón es emblemático. Ocho millones de pesos en gasto energético por mes.
G.L.: Esto no hace más que demostrar que es un gobierno que lleva adelante una política de liberalización en un contexto en donde hasta tanto no estén dadas las condiciones de estos precios altos en materia energética que quieren instalar, van a seguir subsidiando a los grandes grupos económicos. Esta es la peor combinación posible, esto deja sin acceso a la energía en el mediano plazo a nuestra población.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.