Sin que esté establecido en ninguna norma, se ha hecho costumbre que las autoridades electas tomen los 100 días de su gestión como un primer corte en el que difunden sus acciones de gobierno. La presidenta Claudia Sheinbaum no ha sido la excepción, y sólo cabe esperar que no siga el precedente del gobierno anterior de emitir discursos varias veces al año a los que llame, como fue en este caso, informes. Prefiero en este caso usar el término de mensaje para referirme a lo que ocurrió el domingo 12 en el Zócalo.
Con una plaza llena a la que, además de los admiradores fervientes de la gobernante fueron muchos los llevados por el partido oficial y los gobiernos estatales morenistas, se dirigió al país un discurso breve, que quedó por debajo de las expectativas generadas propagandísticamente, pero que iluminó algunos aspectos de la actual administración del Poder Ejecutivo.
Destaca, en primer lugar, la enfática reiteración de la continuidad de esta gestión con el proyecto mil veces publicitado como Cuarta Transformación, que es el de Andrés Manuel López Obrador y del que la presidenta se declaró devota al llamarlo, sin rubor, “el mejor presidente”. Asumió que su propia misión como gobernante es la de “dar continuidad a la transformación de la vida pública de México iniciada en el año 2018”. Si bien esa manifestación (o confesión, según se la quiera ver) no corrobora lo dicho dos días antes por el ex presidente Ernesto Zedillo en el foro del ITAM, de que hay “un caudillo instalado oculto en la oficina anexa a la presidencia de la República”, sí plantea sin contemplaciones que los mexicanos no hemos de esperar más del actual gobierno que el cumplimiento de un programa trazado en la gestión anterior. Se trata, a todas luces, de un compromiso con quien la hizo candidata y le hizo en gran medida la campaña para llevarla al triunfo electoral. Tampoco sale al paso Sheinbaum del señalado hecho de que su presidencia está envuelta por numerosos personajes vinculados política y personalmente con López Obrador en el propio gabinete central y ampliado, la dirigencia del partido oficial, gobiernos estatales y las bancadas y coordinaciones en ambas cámaras del Congreso.
Aun así, doña Claudia presume como logros de su gobierno lo que no es sino el cumplimiento de un guion previamente escrito y cuyas condiciones de realización también fueron estructuradas con anterioridad por un poder nada oculto, que se prolonga desde el anterior sexenio hasta el presente.
El caso más trascendente, la reforma draconiana aplicada puntual e inmisericordemente, que desarma al Poder Judicial y lo hará un apéndice del Ejecutivo. Lejos de llevar a un control democrático por “el pueblo”, es decir por una masa no institucionalizada ni organizada, instalará a los jueces, magistrados y ministros que sean preseleccionados por las comisiones legislativa y del Poder Ejecutivo. Al igual que los núcleos directivos de los partidos predeterminan a los candidatos que tienen asegurado su pase a los congresos, serán esas comisiones el cedazo para colocar en las boletas los nombres que favorezcan al partido oficial. Los ciudadanos serán convocados a votar entre un ramillete de adherentes o simpatizantes del Morena. Ese, entre otros eventos como los insuficientes recursos presupuestados al INE, el desconocimiento de los candidatos, la complejidad del voto y el espontáneo desinterés de los electores, conduce a la votación del 1 de junio hacia el fracaso más rotundo que se recuerde en materia electoral.
Un segundo eje del discurso consistió en una reivindicación del papel social y político de las mujeres, desde luego acompañada de lo que ya es uno de los lemas de su gobierno: “Llegamos todas”. Una frase distintiva que muy poco se compadece con la realidad y que se coronó en el mensaje del 12 de enero con la aventurada afirmación de que “La discriminación, el racismo, el clasismo y el machismo son vestigios del pasado”.
Ojalá que fuera así. Probablemente la presidenta sólo voltea a ver hacia las elites sociales, económicas y políticas (y ni siquiera en ellas, muy clasistas y patriarcales). Para millones de personas las lacras que la prosa presidencial nombra son indudable realidad cotidiana, muy viva, especialmente para las mujeres de bajos ingresos y otros grupos vulnerables, como los indígenas.
El mensaje del Zócalo contiene, entre algunas afirmaciones y datos verdaderos, un conjunto de falsedades y verdades a medias producto de la interpretación intencionada, no de la realidad a secas, que ya han sido señaladas en algunos medios (por ejemplo, en Animal Político: https://www.animalpolitico.com/verificacion-de-hechos/fact-checking/informe-100-dias-sheinbaum-enganoso).
Infortunadamente para la doctora Sheinbaum, y sobre todo para el país, la situación no está para echar campana alguna al vuelo. Negros nubarrones se ciernen sobre la nación para empeorar el complejo escenario derivado de problemas estructurales (pobreza, desigualdad, atraso productivo, dependencia financiera y tecnológica, corrupción, etc.) acumulados durante varias décadas, que están aún lejos de ser superados, pero especialmente de los heredados de la administración del país en el último periodo.
Una deuda pública de alrededor de 16 billones de pesos, que representan el 49% del PIB, y un déficit fiscal de 1.8 billones de pesos, el 6% del PIB, que es el más alto en casi 40 años, ambos heredados del gobierno anterior, son el gran obstáculo para hacer del gasto público una palanca eficaz del proceso de acumulación. En cambio, el gobierno claudista se ha estrenado con recortes presupuestales en salud, infraestructura y seguridad y con despidos, temas que no estuvieron presentes en el mensaje del 12 de enero.
Si algo puede presumir, y lo hizo, es sostener y ampliar los programas sociales, la carta de presentación del gobierno anterior y de este, de los que dependen en buena medida su aceptación social y los niveles de votación del Morena. A este puntal se sumará el ambicioso programa de construcción de vivienda, que dependerá en los hechos de cómo quede finalmente la cuestionada iniciativa de ley del Infonavit. Aun en el mejor de los casos, construir 167 mil casas por año, es una meta que está por verse si se pueda alcanzar.
Pero el desafío más grande al gobierno de Sheinbaum, y a la sociedad y economía mexicanas vendrá con la ya inminente toma de posesión de Donald Trump en la presidencia estadounidense. Las amenazas de deportaciones masivas de trabajadores mexicanos y de otras nacionalidades y de imponer hasta un 25% en aranceles a nuestras exportaciones son dos temas para los que, a pesar de discursos y declaraciones, el gobierno mexicano no tiene recursos suficientes para enfrentar.
Contrario a la intención de proteger a los trabajadores mexicanos en los Estados Unidos es la disminución al presupuesto a las embajadas mexicanas en casi una cuarta parte y la reducción del personal administrativo de la Cancillería entre 20 y 22% en las últimas administraciones. Desde el gobierno anterior, y al parecer también en este, embajadas y consulados se han usado para premiar a políticos propios y aliados nuevos, en detrimento del personal de carrera del servicio exterior. Si bien es muy difícil que Trump cumpla su amenazante proyecto de expulsar a un millón de indocumentados cada año, sí podría hacerlo con unos 400 mil, de los que la mitad o más serían mexicanos. Peor aún si el gobierno mexicano acepta que los deportados de otros países se queden en México, como ya ocurrió en el gobierno de López Obrador. No habrá capacidad económica ni material para atender las demandas vitales y de empleo de esa sobrepoblación relativa, cuando las predicciones son que el crecimiento de la economía mexicana en el presente año será de alrededor del 1.2 o 1.1 por ciento, el más bajo en la OECD y por debajo también del promedio de la región latinoamericana y del Caribe.
Y ese escenario ya nuboso se ensombrece más si el nuevo gobierno estadounidense cumple, pese a las muchas presiones internas en contrario, con imponer aranceles a las exportaciones de México y Canadá, que sería el adelanto de una ríspida y difícil revisión del T-MEC prevista para 2026. A pesar de las declaraciones discursivas de que habrá una buena relación, de respeto y colaboración con los Estados Unidos, los signos visibles apuntan a desencuentros diplomáticos, económicos y en el tema del combate al narcotráfico para los que difícilmente estaremos preparados. Lo que hasta ahora se avizora en una probable tempestad en el futuro inmediato y durante los próximos cuatro años. Se pondrá a prueba por ella la capacidad de reacción de la nación y del gobierno de la continuidad o segundo piso de la llamada Cuarta Transformación.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH.
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