Faltando cuatro meses para la próxima cumbre mundial del clima en México, los legisladores de este país estudian un proyecto de ley para afrontar el fenómeno, iniciativa no exenta de críticas. El proyecto de Ley General sobre Cambio Climático forma parte de la agenda que los parlamentarios del Congreso legislativo mexicano debaten antes de la […]
Faltando cuatro meses para la próxima cumbre mundial del clima en México, los legisladores de este país estudian un proyecto de ley para afrontar el fenómeno, iniciativa no exenta de críticas. El proyecto de Ley General sobre Cambio Climático forma parte de la agenda que los parlamentarios del Congreso legislativo mexicano debaten antes de la realización de la 16 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP-16), en la sudoriental ciudad de Cancún entre el 29 de noviembre y el 10 de diciembre.
El proyecto, presentado en marzo por el senador Alberto Cárdenas, del conservador y gobernante Partido Acción Nacional, estipula cambios a 34 marcos legales, como las leyes generales del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y de Aprovechamiento de las Fuentes Renovables de Energía.
«Es necesaria una agenda legislativa de cambio climático, más allá de lo que pueda obtenerse este año con esta legislatura. Tiene que haber un debate profundo», propuso Gustavo Ampugnani, coordinador de la campaña de clima de la organización ambientalista internacional Greenpeace.
La iniciativa de Cárdenas, secretario (ministro) de Agricultura entre diciembre de 2006 y septiembre de 2009, obligaría a los gobiernos de los 32 estados de México a aplicar programas contra el cambio climático.
Sólo algunos territorios como la capital, el sudoriental estado de Veracruz y el nororiental estado de Nuevo León cuentan con ese tipo de planes.
«La sociedad necesita de leyes contundentes, claras, sencillas y que sean verdaderamente aplicables», planteó a IPS Aquilino Vázquez, presidente de la no gubernamental Liga Mundial de Abogados Ambientalistas.
«Hay demasiadas leyes, pero hay desconocimiento. El problema es si realmente han llegado a donde tienen que llegar y si la sociedad las usa para hacer valer sus derechos», acotó.
En el Congreso legislativo funciona desde febrero una comisión especial sobre el cambio climático, cuyo objetivo es recomendar acciones contra el fenómeno.
Aunque México emite 1,5 por ciento del total mundial de gases de efecto invernadero (GEI), causantes del recalentamiento planetario, está muy expuesto a los impactos del cambio climático, como la sequía que golpeó a la mayor parte de su territorio en 2009 o la tormenta «Alex» que devastó a comienzos de este mes los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.
La propuesta de Cárdenas plantea la creación de un fondo ambiental, de un sistema nacional de información para el cambio climático, de un registro de emisiones y de un mercado de carbono, al estilo de los llamados bonos de carbono establecidos en el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kyoto.
Mediante ese esquema, una empresa demuestra que su proyecto captura GEI, como dióxido de carbono, lo registra ante el MDL, con sede en la ciudad alemana de Bonn, y puede vender los bonos a las naciones que están obligados a recortar sus emisiones, agrupadas en el Anexo I del protocolo, vigente desde 2005 y cuyos compromisos expirarán en 2012.
Ese acuerdo obliga a 37 naciones industrializadas que lo ratificaron a reducir sus emisiones en al menos 5,2 por ciento para 2012, respecto de los niveles de 1990.
Además del dióxido de carbono, el Protocolo de Kyoto establece normas para disminuir la descarga a la atmósfera de otras sustancias consideradas responsables del recalentamiento planetario, como metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre.
México ocupa el lugar número 13 entre los países con más emisiones de GEI, con 715,3 millones de toneladas de dióxido de carbono o 1,5 por ciento del total mundial, sólo detrás de Brasil en América Latina, según cifras gubernamentales.
El 60 por ciento de esos gases provienen de la producción y el consumo de energía, 14,4 por ciento del manejo de desechos, 9,9 por ciento del cambio de uso del suelo –deforestación–, 8,9 por ciento de los procesos industriales y 6,4 por ciento de la actividad agrícola.
El 93 por ciento de la energía producida proviene de fuentes fósiles como el petróleo, mientras el resto se origina en hidroeléctricas y plantas eólicas y geotérmicas.
En la COP 15, que tuvo lugar en Dinamarca en diciembre, este país norteamericano ofreció la reducción de 30 por ciento de sus emisiones en 2020 y de 50 por ciento en 2050, respecto al volumen generado en 2000, para alcanzar la meta de 2,8 toneladas de dióxido de carbono por persona.
«Sólo hay planes de gobierno y, como país, se debe ir mucho más allá. Este año es clave, porque se puede capitalizar que México sea sede de la cumbre del clima», recordó Ampugnani.
Los efectos del cambio climático le podrían costar a México hasta seis por ciento de su Producto Interno Bruto anualmente hasta 2100.
De no contrarrestar el fenómeno, sus emisiones podrían trepar hasta 1.089 millones de toneladas de dióxido de carbono en 2050. Desde 1990 el nivel contaminante creció 28 por ciento.
Un análisis de Greenpeace sobre la propuesta legal critica que ésta promueva soluciones parciales, como la reforestación con plantaciones comerciales.
Además, señaló que no etiqueta presupuestos específicos para que los gobiernos federal, estatal y municipal alcancen metas de adaptación y mitigación del cambio climático.
«La meta de alcanzar al menos 40 por ciento de la generación eléctrica a partir de las fuentes no fósiles para 2030 no es ambiciosa, dada la ambigua redacción del concepto, que facilita la adopción de tecnologías como la nuclear», que es «altamente contaminante, cara e insegura», cita el documento.
«Deberíamos hablar de un andamiaje jurídico legal donde confluyan los tres niveles de gobierno», indicó Vázquez, egresado de la Facultad de Derecho de la estatal Universidad Nacional Autónoma de México.