En primer lugar, la Argentina no tiene un problema de restricción externa, no es que no podemos crecer porque faltan divisas. Al contrario, las divisas deberían sobrar, de hecho en el año 2020 el superávit comercial fue de 12.528 millones de dólares y, sin embargo, las reservas internacionales del BCRA descendieron en 5.780 millones de dólares en el año pasado.
Y esto fue así porque el BCRA permitió pagar supuestas deudas externas de empresas como las del Grupo IRSA de Eduardo Elsztain o el Banco HSBC, que seguramente tienen deudas pero tienen mucho más activos afuera que esa deuda que el BCRA les autorizó pagar y que en conjunto fue por 6.200 millones de dólares.
Es más, les permitió a los importadores pagar en forma adelantada importaciones (antes que los productos ingresaran al país) por unos 5.000 millones de dólares, y todo ello por cumplir con la legislación de la reforma financiera de 1977 de José Alfredo Martínez de Hoz en plena dictadura. La corrida cambiaria no debería existir si el BCRA priorizará la defensa de nuestra moneda cuyo primer paso es “acrecentar las reservas internacionales”.
En segundo lugar debería trabajarse en un mayor control y supervisión del comercio exterior y sin embargo se publicó el Decreto 949/20 el 26 de noviembre de 2020 que continua delegando el control en las grandes empresas acopiadoras y comercializadoras de productos agropecuarios y en Hidrovía Paraná SA, sociedad cuyo principal accionista es la empresa Jan De Nul Group, con casa central en Luxemburgo, en lugar de que ese rol lo asuma el Consejo Federal de Hidrovía que lo constituyen la Nación y las siete provincias que tienen ribera en la cuenca del Plata.
Incluso se propone en dicho Decreto que se emplee el canal Punta Indio y salida y entrada por el Puerto de Montevideo, cuando el acuerdo celebrado en 2015 en el marco de la Comisión Administradora del Río de la Plata, durante la segunda presidencia de Cristina Fernández, se decidió que todas las exportaciones que vinieran por el Paraná desembocaran en el canal Magdalena, bajo control nacional.
Y en tercer término se debe modificar la Ley 27.541 de Emergencia Económica que puso como límite de la alícuota de los Derechos de Exportación (Retenciones) para la soja el 33% y para todo el resto de los productos que exportamos el 15%, cuando la soja incrementó su precio en el Mercado de Chicago, siempre comparando comienzos de febrero de 2021 con febrero de 2020, en un 49% en dólares, el maíz lo hizo en un 39% y el trigo en un 36% en dólares.
A ello debe sumarse que el gobierno nacional devaluó el tipo de cambio comercial en un 53%, de 60,5 a 92,5 pesos en el período indicado, para permitir hacer un programa de retenciones por producto y por productor. Y ampliar dicha ley para que se declare la Emergencia Cambiaria que fue derogada por el Decreto 893 de noviembre de 2017 por el gobierno de Cambiemos, luego de casi 53 años de vigencia desde el Decreto 2581/1964 Presidencia del Dr. Arturo Illia, con diez de interrupción por el Decreto 530/1991 hasta el DNU 1606/2001, Decreto 1638/2001.
Las empresas multinacionales están relacionadas entre sí, no solo en la finalidad comercial y de acordar precios, sino también en los capitales que la componen.
El mismo Larry Fink Consejero delegado de Black Rock reconoció que tiene parte del capital de Glencore (dueña de Oleaginosa Moreno SA y del 50% del capital de Mina Bajo la Lumbrera) y participación en las empresas que operan en el mercado local: Mercado Libre, Tenaris (Grupo Techint), Grupo Galicia, Banco Macro, Telecom, Pampa Energía, TGN, Arcos Dorados (Mac Donalds), Adecoagro, e YPF SA, que son parte de más de 17 mil empresas donde este fondo participa como accionista en todo el mundo.
A su vez, cuando El Cohete a la Luna publicó en mayo de 2020 el listado de las 100 primeras empresas que compraron dólares durante el gobierno de cambiemos, sobresalen las firmas donde Black Rock es accionista: Telefónica (en el primer puesto), Mercado Libre, Siderar y Tecpetrol (Grupo Techint), Grupo Galicia, TGN, Pampa Energía, YPF, Monsanto, Procter and Gamble, entre otras.
Paralelamente, el FMI en el comunicado publicado en febrero del año 2020, no solo estuvo de acuerdo con el gobierno argentino, incluso dio un paso más: aconsejó a los acreedores privados de Argentina que aceptaran recibir menos dinero para restablecer la sostenibilidad de la deuda, lo que finalmente se consiguió.
El FMI sostuvo que «Se requiere de una
operación de deuda definitiva que genere una contribución apreciable de los
acreedores privados», es cierto que es el principal acreedor de la
Argentina y nuestro país es su principal deudor, pero en su rol de auditor de
los acreedores cedió algunas piezas para ganar la partida, y ese triunfo está
en modelar a nuestro país como un mero proveedor de alimento y principalmente
de forraje, donde la participación del capital extranjero, esencialmente de los
EEUU, es fundamental. Solo desde allí se puede explicar el Decreto 949/2020.
Propuesta
El único camino que se debe transitar es el que diseñó Néstor Kirchner,
defender el mercado interno, el trabajo nacional y nuestra soberanía política.
La deuda externa en general y con el FMI en particular nos subordina a
los mercados internacionales y nos obliga a vender productos primarios.
A la
Argentina no lo beneficia exportar 39 millones de toneladas de maíz como se
hizo el año pasado y que el precio promedio de la carne en el mercado argentino
crezca un 75% como sostuvo el IPCVA (Instituto Promotor de Carne Vacuna
Argentina). Lo que debe hacerse es garantizar el abastecimiento de maíz
para el mercado interno y a un precio accesible a los productores y al consumo.
No es acordando con el FMI que se diseña un proyecto nacional, sino que
teniendo un proyecto nacional se puede acordar con acreedores y grandes
empresas locales y trasnacionales.
Nota
1 El gobierno paralelamente el 4 de febrero 2021 publicó en el Boletín Oficial la Resolución 33/2021 del Ministerio de Transporte que crea la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Canal Magdalena” que será la encargada de llamar a licitación y adjudicar El llamado a licitación del Canal Magdalena podría definirse como la medida estratégica marítima más trascendente de los últimos cien años en la Argentina (El Cronista Comercial, 23 de julio de 2014). Tanto en el Proyecto de Pedido de Informe del Senador Jorge Taiana, como en el fundado trabajo presentado por expertos en el tema, se plantea que el Canal Magdalena cuenta con todos los estudios técnicos aprobados así como también, la partida presupuestaria necesaria, en el actual presupuesto nacional 2021.
Horacio Rovelli. Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).