El modelo de acumulación basado en la industrialización por sustitución de importaciones de la Argentina de posguerra logró que la economía del país creciera a una tasa del 3,4 % anual promedio entre 1943 y 1974 y que se redistribuyera progresivamente el ingreso que, con una creciente población más las corrientes inmigratorias, fue conformando un tejido social e industrial importante. En 1974, la Argentina era el país del continente americano más integrado, donde menos diferencia había entre los más ricos y los más pobres. Se había generado una matriz productiva que había aprendido de sí misma y, para 1970, había comenzado a compensar las importaciones industriales con la venta de casimires, caños sin costura, acero, y, en 1973, se obligó a las empresas automotrices radicadas en el país a vender vehículos y repuestos al mundo socialista. Por lo que el modelo no solo no estaba agotado, sino que empezaba a fortalecerse en un salto cualitativo en la producción industrial y su exportación. La pobreza alcanzaba a menos del 6 % de la población.
En 1973, por iniciativa de los Estados Unidos, se creó la Trilateral Commission, que pregonaba el libre comercio y sostenía que los Estados debían reducir su participación y dejar que los mercados definan lo que debe producir la economía mundial, eufemismo en que las grandes corporaciones penetraron por su mayor conocimiento técnico y economía de escala en todos los países, conformando cadenas globales de valor que los tiene a ellos como centro y a quienes los demás deben subordinarse. Es lo que formalmente se denominó “la lógica del capital monopolista”: se fijaron como objetivos el control de las industrias básicas (petróleo, acero, cemento, etcétera), las finanzas y el comercio exterior, que se logra si esas actividades están en manos privadas, que por la ley de concentración y centralización de capitales termina en monopolios. Esto se sumó al monopolio de la tecnología y del conocimiento, a la necesidad de importar insumos industriales estratégicos (coeficiente técnico de importación), a la necesidad de recurrir al endeudamiento, condicionando el presente y el futuro del país, asociado a la libertad de entrada y salida de capitales.
Esa nueva matriz fue la que, “Rodrigazo” mediante, se llevó adelante con el golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, que continuó con la democracia, con la salvedad de un intento distinto: cuando fue ministro de Economía Bernardo Grinspun, pero el mismo Alfonsín lo dio por finalizado cuando aceptó toda la deuda externa heredada de esa dictadura canjeándola por títulos nuevos firmados por Juan Vital Sourouille y José Luis Machinea. Es el camino que preparó el gobierno de Carlos Menem con las privatizaciones de todo, incluso de nuestro Río Paraná y de sus puertos, que eclosionó en diciembre de 2001 y sobre el que Néstor Kirchner reconstruyó, volviendo a la matriz productiva basada en el mercado interno, sabiendo que en la Argentina cuando crece el consumo nacional crece el PIB y que la suma que una sociedad gasta en consumo depende principalmente del peso que los salarios reales tienen sobre el ingreso global, es decir, de la distribución social (apropiación vía salario) de lo que se produce.
El modelo extractivista, agropecuario, financiero, exportador
Es claro que el modelo de sustitución de importaciones implicaba trabajo y poder de los trabajadores, y también fue claro que nuestra burguesía aceptó y acepta subordinarse a la economía mundial que exige una Argentina que produzca alimentos, materias primas y energía, porque es una burguesía rentista y fugadora, incluso asociada (la más de las veces como socio menor) al capital internacional, que vive de la diferencia abismal entre el costo de producción y el precio internacional que tienen las materias primas, petróleo, gas y alimentos en el país con respecto al mundo, por contar con tierras fértiles y abundantes recursos minerales e hidrocarburos.
Para ello fue necesario endeudar a la Nación (y a las provincias), que esa plata la fuguen los sectores dominantes, enriqueciéndose, y que la deuda la pague el pueblo argentino. Con ese fin, obligan a que se priorice vender afuera por encima de la producción y su venta al mercado interno.
La Argentina pudo tener problemas de estrangulamiento del sector externo en algunos años del siglo XX, en los que una tasa sostenida de incremento del PIB hizo que crecieran más las importaciones que las ventas al exterior. Pero eso no es cierto en el siglo XXI: si tomamos la suma acumulada desde el año 2000 hasta el año 2022 inclusive, las exportaciones superaron las importaciones en 271.192 millones de dólares. Divisas que se emplearon para pagar deuda y fugarla y eso explica que residentes argentinos tengan, según estimaciones del INDEC, activos financieros por 261.795 millones de dólares en el exterior (en divisas, depósitos bancarios y títulos y acciones), y que la deuda externa pública sea de 382.281 millones de dólares al 30 de septiembre de 2022 (último dato publicado por la Secretaría de Finanzas de la Nación).
Los números son contundentes y un país en que los ricos tienen activos por un PIB en el exterior [1] nos dice que no puede haber un problema de ahorro o de falta de recursos. Lo que se tiene es una clase empresarial rentista y parasitaria que invierte lo mínimo para mantener la posición y su privilegio rentista y fuga capitales para recrear ese circuito.
Es la matriz productiva que genera el modelo extractivista, agropecuario, financiero, exportador la que engendra la extrema pobreza por desocupación y mal pago y la extrema riqueza por apropiación de la renta y, con ello, la destrucción del aparato productivo.
Para salir del circuito de extrema pobreza y extrema riqueza es imprescindible cambiar la matriz productiva. Y eso exige de un preponderante rol del Estado en las políticas que debe llevar a cabo, principalmente la de sustitución de importaciones, como la de mejorar la composición de las exportaciones. El Estado debe ser el proveedor de financiamiento por la vía de obtención de divisas o por permitir sustituir con producción local las importaciones (ahorro de divisas).
El rol de la deuda externa
Para volver a reimplantar el modelo rentístico fue necesaria la deuda, que es a la vez una fuerte restricción y, con ello, un mecanismo de subordinación en lo económico y en lo político. En el gobierno de Cambiemos se incrementó la deuda en más de 100.000 millones de dólares, y cuando el ministro Guzmán le pregunta al columnista de Clarín, Marcelo Bonelli, dónde se había ido esa deuda, la respuesta fue obvia: se fugó. Pasó a engrosar el capital que los ricos del país tienen en el exterior; sin embargo, pretenden y accionan para que lo pague el pueblo argentino.
La deuda con el FMI es de unos 44.599 millones de dólares y se hizo para enriquecer a la minoría rentista y para condicionar al nuevo gobierno, por eso es, por un lado, por lo que el FMI, sabiendo que esos dólares que ingresaban al país se fugaban, no hizo ninguna observación al respecto y, por el otro, se acordó con el gobierno de Cambiemos en que se pagaba en tres años a partir del 30 de septiembre de 2021, lo que obviamente fue imposible. De allí que acuerda con la administración de Alberto Fernández, autorizado por la ley 27.668, a firmar con el Fondo Monetario Internacional el plan de pagos en que, con ahorro argentino, se le abona los intereses y, a cada vencimiento del capital, este se renueva con un nuevo préstamo de ese organismo internacional a 10 años de plazo, con cuatro años de gracia para amortizar, de manera tal que, cumpliendo con todos los requerimientos, la deuda con el FMI se terminaría de cancelar en el año 2034. El acuerdo subordina la política económica al organismo internacional de crédito quien, a cada vencimiento de capital, efectuará un nuevo préstamo con la condición de que el gobierno cumpla las metas fiscales, monetarias, y de acrecentamiento de las reservas internacionales netas del BCRA fijadas.
En el segundo semestre del año 2022, la pobreza en la Argentina fue de 39,2 % y la indigencia de 8,1 %, según informó el INDEC. Estos porcentajes implican que hay 18.679.605 de pobres y 3.859.816 millones de indigentes. Bien, en este país no se adopta ninguna medida estructural para paliar la situación. Y sí se pregona prolongar la Ley 24.196 de Estabilidad Minera de Menem, el proyecto de ley de “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial, Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador” consensuado con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), confiriéndole un conjunto de beneficios para un sector que básicamente no los necesita, entre ellos y fundamental, usar como propio el Río Paraná, denominado por ellos “hidrovía”. Igual para la industria automotriz a la que se le reducen los derechos de exportación en la medida que incrementan sus ventas al exterior. Basta con inquirir cuáles son las empresas que están detrás de cada uno de esos sectores para saber quiénes se benefician y quiénes no.
Pero esa Argentina, que supo tener fuertes superávits comerciales por 34.201 millones de dólares acumulados en los años 2020, 2021 y 2022, los dilapidó, sin dar explicaciones y sin responder los innumerables “Pedidos de Informes” del Congreso de la Nación al respecto. Ahora, repite el procedimiento, pero en medio de una sequía importante y, según informa CIARA-CEC [2], el ingreso fue de 928.372.001 dólares en enero y de 644.961.511 dólares en febrero de 2023, suma que es menos de la mitad de lo que ingresaron en años pasados y, ante la persistente demanda de divisas que afronta y concede (sin explicar por qué) el BCRA, hace que las reservas netas sean menos de 3.000 millones de dólares al 31 de marzo de 2023.
En este marco, el gobierno propicia otro “dólar agro”, que incluye a la soja y otros productos adicionales, con el objetivo de que “el campo” incremente fuertemente las exportaciones y su liquidación.
Se trata de un nuevo plan temporario, en principio de 30 días para la soja y 90 días para las economías regionales. “Es un programa de incremento exportador, que pretende de alguna manera facilitar en el año de sequía la capacidad y el cumplimiento de los contratos de nuestros exportadores, entendiendo las dificultades que sufrieron nuestros productores”, les dijo Sergio Massa a corresponsales argentinos en Washington, el jueves 30 de marzo, después de entrevistarse con Gita Gopinath, primera subdirectora general del FMI.
El problema, una vez más, es que la devaluación encubierta implica un costo fiscal en que el Tesoro de la Nación coloca un título de deuda en pesos ajustable en el BCRA que fue de 407.150 millones de pesos en septiembre de 2022 y de 189.240 millones de pesos en diciembre de 2022 [3].
Esa mayor deuda pública avala la devaluación puntual, temporaria, pero implica —por el grado de concentración de la tierra y de las firmas acopiadoras y distribuidoras— un nuevo impulso inflacionario para mayor flagelo de la población y con esa mayor suba de los precios de los alimentos, acrecienta la pobreza y la indigencia [4].
El gobierno sigue acordando contra viento y marea con el FMI, a como dé lugar, sin contemplar el impacto en nuestro pueblo y, con ello, diseña el rol de la Argentina en la economía mundial en el presente y en el futuro, para beneficio de unos pocos, que son básicamente los que fugaron los dólares de la deuda que nunca se investigó.
Notas:
[1] Activos totales suman propiedades inmuebles, empresas, etcétera, en el exterior y según la balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa del INDEC, totalizan 424.777 millones de dólares a diciembre 2022 (Cuentas Internacionales, Vol. 7, N.º 1).
[2] Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales.
[3] En septiembre 2022 se liquidaron 8.143 millones de dólares cuando estuvo vigente de manera temporal el régimen de promoción de las exportaciones conocido también como «dólar soja», con una cotización de $ 200 por cada unidad de la divisa estadounidense liquidada, cuando el valor oficial era de $ 150. Y por el “dólar soja 2” se liquidaron 3.154 millones de dólares desde el 28 de noviembre al último día hábil de diciembre 2022, el BCRA los vendió a 170 pesos y el Tesoro de la Nación puso 60 pesos más para conformar un dólar de 230 pesos.
[4] Recordemos que de las 42 millones de hectáreas cultivables en la Argentina, 14 millones están sembradas con soja. Que la mitad de los campos están arrendados y, en la mayoría de los casos, el alquiler se ajusta por el valor soja. Que el sistema de plaguicidas de la soja obliga a todos los productores a incorporarlo, de otro modo la plaga ataca sus cultivos.
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