El pasado 20 de mayo fui invitado por los compañeros del Instituto de Formación Política del Morena en Michoacán a conversar con ellos y los militantes de ese partido que quisieron seguirnos por plataforma de Internet, a propósito del tema: “¿Qué se juega Morena en las elecciones de 2021?”.
Más que centrarnos en la situación particular del partido en Michoacán, se trató de observaciones y reflexiones acerca de la situación partidaria nacional de frente a los comicios del 6 de junio próximo.
Y es que, aun cuando mantiene en los sondeos altas intenciones de votación entre los ciudadanos, cierto es que el partido de Andrés Manuel López Obrador enfrenta una elección asaz compleja y sobre todo muy diferente de la de 2018 en que obtuvo triunfos contundentes e inobjetables, incluidos los de la presidencia de la República y la mayoría de las dos cámaras del Poder Legislativo federal. No es que no pueda refrendar en este año su dominio en la cámara baja, sino que eso tendrá costos en el mediano y largo plazo que ahora, en el barullo y la euforia de las campañas, y la expectativa de otras victorias electorales, no creo que sean percibidas o bien consideradas por la militancia y los votantes.
Convendría diseccionar en concreto y con profundidad la naturaleza política y social del hoy partido en el gobierno, pero no alcanzaría el espacio de un artículo periodístico para hacerlo. Sólo algunas apreciaciones someras podría por ahora aventurar; porque no es vano tratar de caracterizar lo que el Morena es y no es.
Lo más obvio: Morena no es un partido revolucionario que se plantee la transformación del sistema económico y la estructura social para instaurar otra forma de régimen. Aunque se proclama movimiento, tampoco es un partido de lucha social que acompañe a los grupos movilizados en sus demandas; sus manifestaciones, por grandes que sean, han tenido siempre como eje una perspectiva electoral, que predomina por sobre otras formas de lucha. ¿Alguien piensa en serio que la burocracia partidista encabezada por Mario Delgado Carrillo —o antes, por Yeidkol Povlensky— es un verdadero instrumento de lucha popular?
El Morena es un aparato electoral con base popular masiva construido fundamentalmente para impulsar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, después de las elecciones fraudulentas de 2006 y 2012. Es, en ese aspecto, una hazaña política que en muy breve tiempo alcanzó ese objetivo y varios otros por la vía del sufragio. El único antecedente que podría mencionarse con similitudes en nuestra historia es el del partido oficial fundado en 1929 por el jefe máximo Plutarco Elías Calles; pero es algo también muy distinto, puesto que este último organismo surgió cuando ya el grupo sonorense que Calles encabezaba estaba a cargo del aparato de Estado: fue un partido para conservar el poder de manera más centralizada, no para ganarlo desde los sectores de la sociedad. Pero, al igual que el entonces PNR (Partido Nacional Revolucionario), es un organismo conducido con fuertes tintes caudillistas, y hoy oficialistas, por la figura tutelar de su creador.
El hoy partido en el gobierno es también un enlace entre los poderes públicos, y especialmente el titular del Ejecutivo, y amplios sectores de la sociedad que intentan expresarse políticamente a través de él y conforman sus bases en la sociedad.
El Morena surgió, en lo fundamental de la escisión del PRD dirigida por López Obrador en 2012 —que ya tenía una estructura previa, al menos parcialmente—, a la cual se han agregado otros grupos de la sociedad política muy diversos en sus prácticas y tintes ideológicos. En este sentido, se presenta ante la sociedad civil como un partido de los caracterizados como catch-all, al que se integran grupos y tendencias disímbolos y hasta contrapuestos. No hay un tamiz ideológico que permita seleccionar a su membresía o a su militancia, de suerte que está dominado por el pragmatismo en su dirigencia y también en buena medida en sus bases.
Si, en principio, el sentido de un partido político es la representación de grupos o clases de la sociedad en relación con la estructura del poder político —ya sea frente al poder o desde el poder—, en su aspiración a representar a la sociedad en su totalidad, o simplemente a alcanzar o retener el poder totalizador (el del Estado), muchos partidos pierden cualquier identidad ideológica o de pertenencia a un grupo o clase social. Las agrupaciones partidarias ideológicas (de conservadores, socialistas, liberales, demócrata-cristianos, comunistas, etcétera) tienden a ceder en nuestros tiempos el espacio a meros aparatos de competencia electoral que buscan ganar adeptos en toda la sociedad. De ahí la moderna noción de partido de Giovanni Sartori (Partidos y sistemas de partidos) como “cualquier grupo político identificado por una etiqueta oficial que presenta a las elecciones, y puede sacar en elecciones (libres o no) candidatos a cargos públicos”.
De esa forma, la generalidad de las estructuras partidarias actuales en México —el Morena incluido— se conforman como enlaces o canales de comunicación entre la estructura de poder y los ciudadanos (forma atomizada de la participación política), no hacia la sociedad civil, como la parte del pueblo que se expresa de manera organizada. Como otros partidos, Morena opera como instrumento electoral para llevar a posiciones de poder a individuos con presencia local, regional o nacional, y en pocas ocasiones a actores vinculados a agrupamientos con perfiles sociales determinados.
En el caso específico del partido guinda, en buena medida se encuentra atado a dos de las condiciones de su nacimiento: su vinculación directa a la presencia moral de López Obrador, ahora también como figura presidencial, y los compromisos políticos asumidos en 2018 y ahora para “amarrar” los triunfos electivos. En el Legislativo esto se ha reflejado, al menos en tres aspectos: primero, cuando al inicio del sexenio se frenó la iniciativa del senador Monreal para limitar y regular las comisiones bancarias, una medida que hubiera sido de gran beneficio popular; las dos veces en que se “congelaron” las iniciativas para la regulación de la subcontratación del trabajo, aprobadas sólo cuando el presidente López Obrador lo negoció con los organismos empresariales; y el hecho de que, en su plataforma electoral y en su agenda legislativa, el Morena, bajo la línea de “no aumentar impuestos”, ni siquiera se plantea una reforma fiscal progresiva que toque las super ganancias de los grandes capitales, como ya se hace en la Argentina, Bolivia, Colombia y Uruguay y en varios países de la OCDE, como se plantea hacerlo también en Chile y en los Estados Unidos ¡y como lo está recomendando el FMI!
En cambio, están excluidas la crítica y la disidencia internas, como en el caso de la marginación y eliminación de Porfirio Muñoz Ledo de la lista de candidatos a la reelección legislativa.
Para el partido en el gobierno las elecciones de 2021 implican el desafío de consolidar su papel hegemónico en el Legislativo, obtener nuevos triunfos en gobiernos estatales y municipales, y mayorías en las legislaturas locales superando una diversidad de factores que le serán adversos: la opacidad de sus procesos de selección de candidatos, que han dado lugar a expresiones, más bien aisladas, de descontento en sus propias filas, pero sobre todo candidaturas otorgadas a advenedizos y personajes impresentables, sin consenso en la sociedad y ni siquiera entre los militantes; el factor de la decepción con el gobierno y su partido, que reforzarán la presencia de la abstención, el voto opositor y el voto nulo; también factores coyunturales, como el accidente en la línea 12 del metro, que pese a que han sido sacados de los temas de relevancia en los medios y postergados para después de la jornada electoral, estarán presentes en la conciencia de los votantes, en este caso en Ciudad de México.
La violencia política es un elemento más a tomar en cuenta y que ha asumido dimensiones crecientes, afectando candidaturas de muy distintos partidos y distorsionando el proceso electoral en su conjunto. La criminalidad y su penetración en las estructuras de poder —que es una forma de la corrupción— en las escalas municipal y estatal se expresan en amenazas, secuestros y asesinatos de candidatos y dirigentes partidarios con una brutalidad ante la cual los tres órdenes de gobierno se han mostrado inermes. Todo indica que es un factor que ha llegado para permanecer y que llevará años erradicar, sólo con estrategias y medidas adecuadas.
En este panorama, el Morena se juega, si no su presencia inmediata, sí sus perspectivas de mediano o largo plazo: como un organismo que busque representar y acompañar a las clases populares en sus necesidades y luchas, o burocratizado y dependiente sólo de su cercanía con el poder presidencial.
Hasta ahora, las acciones de gobierno y las propuestas partidarias se presentan insuficientes en materia de corrupción, seguridad pública, educación, salud y crecimiento y desarrollo económico. Los avances logrados en estos temas centrales distan mucho de satisfacer las expectativas de la sociedad. Con un 60 % de la población en condiciones de pobreza; más de la mitad de la población económicamente activa en el sector informal; pensiones de hambre, ahora con la inminencia de ser pagadas en Umas y no en salarios mínimos; dos millones de desempleados en 2020 y la quiebra de un millón de empresas; falta de apoyos a la educación media y superior; violencia cotidiana, territorios capturados, feminicidios, asesinatos y 80 mil desaparecidos, fosas clandestinas y 37 mil cuerpos sin identificar en las morgues; las tareas de gobierno se antojan descomunales para cualquier fuerza política. Y no hay elementos para pensar que la elección del 6 de junio modifique de manera importante esas situaciones.
Se requiere mucho más organización social-popular, con empresas de economía social y solidaria y organizaciones de defensa social, sindicalización y mejoría salarial y en prestaciones para todos los trabajadores, cooperativas de consumo, etc., cuando hasta ahora se propicia la cultura de dependencia y la atomización, individualmente o por familias, de los apoyos provenientes de los programas sociales del gobierno.
Se precisa también fortalecer el Estado de bienestar mediante una reforma fiscal progresiva y el impuesto a las súper ganancias de las empresas gigantes, a fin, entre otras cosas, de crear el seguro de desempleo, consolidar el sistema de salud universal —donde hay avances— y una educación digna —donde hay retrocesos—. También poner en el primer plano el resarcimiento a víctimas de la violencia social, la crisis ambiental generada por el cambio climático y la desordenada explotación de nuestros recursos naturales, y acabar con la llamada austeridad y el Estado mínimo. Pero muy poco de eso se podrá hacer sin una mayor vinculación de abajo hacia arriba entre la sociedad en sus diversos sectores y los poderes estatales, y sin los adecuados canales de comunicación y atención hacia ella, un papel que el partido obradorista no parece poder ocupar.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH