La mafia de los funcionarios macristas -apoyada por la Justicia y los medios oficiales- ha iniciado una cruzada contra la mafia sindical. Son 27 los funcionarios de Macri investigados por la Oficina Anticorrupción que conduce Laura Alonso. Setenta mil millones de pesos fue la cifra que el Banco Central abonó luego de que el actual […]
La mafia de los funcionarios macristas -apoyada por la Justicia y los medios oficiales- ha iniciado una cruzada contra la mafia sindical. Son 27 los funcionarios de Macri investigados por la Oficina Anticorrupción que conduce Laura Alonso.
Setenta mil millones de pesos fue la cifra que el Banco Central abonó luego de que el actual gobierno aplicara una fuerte devaluación en diciembre de 2015. Por esta medida resultaron beneficiados, según un informe del diputado Héctor Cavallero, 17 funcionarios macristas o sus parientes, entre los que se destacan Nicolás Dujovne, Mario Quintana, Gustavo Lopetegui, Francisco Cabrera, José María Torello, Hernán Lacunza y Martín Lousteau.
Los diputados Rodolfo Tailhade y Martín Doñate (FpV) denunciaron ante la Justicia federal que funcionarios del gobierno favorecieron a sociedades vinculadas a la familia del Presidente Mauricio Macri con la concesión de parques eólicos. La empresa española Isolux Corsán, socia del grupo Macri en varios emprendimientos, que entró en concurso de acreedores en España, les transfirió seis parques que habían ganado en licitación por U$S 25 millones, que el grupo vendió a las firmas Goldwind (china) y Genneia (Grupo Brito) por un total de U$S 73 millones. La denuncia es por tráfico de influencias, negociaciones incompatibles y uso de información privilegiada.
El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, mantiene un contrato de explotación publicitaria en las líneas Roca, San Martín y Belgrano Sur que beneficia directamente a su cuñado, Julián Alvarez Echagüe, a través de la empresa PC Publicidad, especializada en la explotación comercial de mobiliario urbano en distintos puntos del país. La investigación avanza con la instrucción del magistrado Sebastián Ramos, mientras Dietrich demora y cambia los pliegos para licitar la Estación Terminal de Omnibus de Retiro y permitir el ingreso del Grupo Neuss, otros dos amigos íntimos del ministro, Germán y Jorge Neuss, que ya fueron beneficiados en la Ciudad de Buenos Aires con la concesión de la Verificación Técnica Vehicular, consigna Tiempo Argentino en su edición del 14 de enero.
La Administración Federal de Ingresos (AFIP) apeló la medida judicial que benefició a Daniel Angelici, presidente de Boca, empresario del juego y amigo del presidente con relaciones en la Justicia, con parte de sus negocios con juegos de azar en la provincia de Buenos Aires donde gobierna María Eugenia Vidal, al eximir a bingos de su propiedad de pagar la nueva alícuota del Impuesto a las Ganancias. La modificación de la carga tributaria sobre el juego de azar se aplicó a través de un decreto firmado por el presidente Mauricio Macri. Es el número 179 de 2017.
Es curioso que entre los U$S 116.000 millones que ingresaron al blanqueo, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) hasta ahora solo haya detectado irregularidades en los movimientos de los sindicalistas Víctor Santa María -titular del Suterh y dueño de Página 12– y Hugo Moyano. E l camionero anota varias causas en trámite en el fuero federal que lo involucran en supuestas maniobras de lavado de dinero, desvío de fondos del sindicato a empresas de su familia, facturaciones truchas y aparentes negociados en Independiente, que cuentan con la apoyatura de organismos oficiales como la AFIP y la UIF.
No obstante, entre los 2.300 millones presuntamente blanqueados por familiares y amigos del Presidente, la UIF no halló nada que le llamara la atención. Tampoco hay registros de ninguna acción gubernamental para investigar la denuncia formulada por la hija del extinto Gerónimo «Momo» Venegas sobre presuntos ilícitos cometidos en la UATRE, el sindicato de trabajadores rurales. La denuncia involucra al sucesor de Venegas, Ramón Ayala, líder de los sindicalistas oficialistas agrupados en las 62 Organizaciones a quien auspicia el gobierno para asumir la cúpula de la CGT.
Río Turbio
El interventor enviado por el gobierno nacional, Omar Zeidán, que responde al Senador de Cambiemos, Eduardo Costa, decidió finalmente enviar 250 telegramas con una propuesta con olor a extorsión. O aceptan el «retiro voluntario» y cobran alguna indemnización, o son despedidos y hacen juicio.
Ante una situación que amenazaba con agravarse, los sindicatos lograron que la empresa abriera una instancia de diálogo en la Ciudad de Buenos Aires entre el lunes y el martes y generar un compás de espera para llegar a algún acuerdo que les devuelva los puestos de trabajo a los mineros.
A principios de 2016 ya habían despedido a otros 500 trabajadores, incluidos 79 que fueron echados «con causa» por lo que no se les ofreció compensación alguna. La mina contaba en 2015 con casi 3.000 trabajadores.
El ministro Aranguren dijo meses atrás en su visita a esta localidad que la empresa debería funcionar con 1.400 trabajadores. Los trabajadores temen que en breve pierdan sus salarios al menos 500 más.
Ya el senador Costa había señalado que la mina, «de acuerdo a los salarios que maneja, está más destinada al cierre que a la producción».
La reacción de las comunidades de Río Turbio y 28 de Noviembre (la única localidad argentina cercana en un radio de cientos de kilómetros) fue inmediata con marchas de repudio a la intervención y el reclamo de la reincorporación. Estos pueblos dependen íntegramente de lo que esta mina produzca.
Entre los despedidos hubo seis delegados de planta y un delegado paritario, a los que no se les respetaron los fueros gremiales. También se enviaron telegramas a gente que estaba de vacaciones en sus provincias de origen, como Jujuy y Salta.
Hasta ahora las actividades en mina están paradas, y los trabajadores se encuentran en asamblea en boca de mina en espera a lo que suceda el martes.
La zona está blindada por efectivos de Gendarmería. Sergio Lumacchi, coordinador de YCRT y mano derecha del interventor, envió una carta al Escuadrón 43 de Gendarmería en la que solicitó «en carácter muy urgente la presencia de 200 efectivos de Gendarmería y/o otras fuerzas federales que designe, a los fines de garantizar la seguridad en la planta industrial».
«Según ellos por seguridad, pero es para intimidar. Nosotros jamás destruiríamos nuestro patrimonio, la fuente de trabajo que da sustento a la economía de nuestro pueblo», apunta el delegado del sector Geología, Oscar Ramos, uno de los despedidos.
El sábado se realizó una masiva asamblea en el ingreso principal de la mina 5. El ingreso a mina 5 está a 2 kilómetros de la abandonada mega usina térmica pensada para producir 240 MV a base de carbón. Desde la ciudad puede observarse la cinta transportadora de carbón que va desde la mina hasta la usina, hoy en desuso.
La mega usina térmica no fue un «invento» del kirchnerismo sino que es un proyecto que viene del primer peronismo. El objetivo es dar valor agregado al carbón que provee la mina. Pero el Gobierno nacional parece tener otra idea. Al igual que con las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz, la usina está paralizada desde diciembre de 2015. Entre el trayecto que va desde la mina 5 hasta la usina pueden verse los marchantes -equipo que sirve para sostener el cerro en los frentes de explotación- agolpados, sin uso a la vista. En cambio, el interventor Zeidán manifestó la semana pasada que estaba muy preocupado por la situación ya que tenían acuerdos firmados que cumplir, entre ellos la venta de carbón a Chile. Todo indicaría que al Gobierno nacional no le interesa generar valor agregado (energía eléctrica) con el carbón. Las inversiones de capital para la usina previstas en el Presupuesto 2018 equivalen a cero pesos.
El domingo hubo una misa y una vigilia a la espera de las negociaciones que comenzarían el lunes cuando el Gobierno pondría sobre la mesa la modificación de los Convenios Colectivos de Trabajo. «O la modificación de los convenios, o los despidos», analizaban en la asamblea comunitaria. El ejemplo de la adenda firmada en Vaca Muerta es un espejo donde no quieren mirarse ya que a pesar de ese acuerdo, también hubo despidos masivos.
Por su parte, el delegado de ATE en Río Turbio, Adonis Rojas, señaló que si no se llega a una solución satisfactoria lo que seguirá será la «toma de la mina» y una lucha que se extenderá en el tiempo.
«Vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Si los mineros se tienen que meter adentro de la mina lo harán. Por ahí las personas que no conocen, no saben que es muy crítico que un minero se encierre en la mina. Lo van a hacer porque es el pan que llevan a su casa. Esa es la razón de ser de este pueblo. Nosotros no podemos ni queremos hacer una vida en otro lugar. De acá no nos vamos a mover», concluyó Joana, una trabajadora despedida, como antes lo había sido su esposo por ser delegado sindical.
Además, hay 40 despedidos de Luz y Fuerza Patagonia, en la Usina, y 900 trabajadores nucleados en la UOCRA, que se ocupaban de la construcción, también quedaron en la calle, informó el Secretario general de ATE Río Turbio, Miguel Páez.
FanAzul
Los fabriqueros de Fanazul, en el marco de una jornada de 48 horas de paro y movilización de ATE Provincia el miércoles y jueves pasados, organizaron cortes en los cruces de las rutas nacionales 226 y 3, y 226 y la ruta provincial 51. Medidas de fuerza de gran repercusión y ante un importante dispositivo desplegado por las fuerzas policiales para organización del tránsito, a pesar del gran acompañamiento de los conductores, por sobre molestias y demoras. A los fabriqueros y sus familias, se sumaron organizaciones políticas, sociales, sindicales, ediles, y vecinos para acercarles su adhesión.
Se repartieron volantes explicando los motivos y alcances del reclamo y, a diferencia de los cortes ‘del campo’, de 2008 y 2009, los fabriqueros dejaron transitar normalmente a personas con problemas de salud y a quienes, por otras circunstancias, necesitaban pasar. Asimismo, subrayaron que estas medidas no podrían hacerlas de no contar con el apoyo y el acompañamiento de la comunidad azuleña. Mientras se esperan definiciones sobre próximas reuniones entre la dirigencia política, esta semana se realizarán actividades culturales en apoyo a los despedidos.
Los cortes de ruta tuvieron su fin el jueves poco después de las 18:00, para luego concentrar en Caneva e Yrigoyen, desde donde se marchó hacia el Palacio Municipal.
Allí Griselda Altamirano, del movimiento 1º de Octubre indicó que algo más que demuestra la causa de los trabajadores de Fanazul es que «el problema no son los métodos de lucha. Puede cortar un desocupado pidiendo trabajo, puede cortar un vecino porque no tiene servicios. Cortar la ruta, tomar edificios públicos, eso no es violencia. Violencia es el hambre, son los despidos». En referencia a que desde el poder se trata de generar divisiones, Altamirano señaló: «luego de dos días de una gloriosa jornada de lucha, cortando la ruta, el pueblo le está mostrando que está de acuerdo cuando se corta la ruta en defensa de los puestos de trabajo».
Juan Rubolino, integrante del Partido Obrero (FIT) azuleño, hizo alusión a una nueva etapa que transita Azul, «la de las movilizaciones obreras, con el pueblo trabajador en la calle, peleando por su trabajo y por sus derechos»; y a lo representativo de que mientras Mauricio Macri se encontraba «de rodillas» en Davos, «ante el capital financiero, los trabajadores estamos en la calle, peleando por nuestra dignidad y por nuestras fuentes de trabajo».
En referencia al intendente Bertellys, al que definió como «traidor», indicó que «nos quiere mentir con el Comité de Crisis. Dice que va a solucionar las cosas, cuando estuvo todo el año ninguneando el reclamo de los compañeros, mintiendo y diciendo que en Azul no iba a haber despidos. Y acá está la fábrica cerrada, y vamos a pelear porque la reabran».
Por su parte, Christian Castillo, diputado provincial (MC) del FIT, acercó el apoyo de la militancia del PTS-FIT, y el aporte de 30.000 pesos de la bancada de Nicolás del Caño y Myriam Bregman para el fondo de lucha de los trabajadores.
Joaquín Propato, presidente del Partido Justicialista de Azul, llevó el apoyo del peronismo lugareño a esta lucha que «debe tener como resultado la reapertura de la fábrica, con todos los trabajadores adentro». Propato señaló a los gobiernos nacional, provincial y municipal de estar «cerrando una fábrica y dejando a más de 200 compañeros en la calle y a sus familias», y que se cierra «un emblema nacional: una fábrica que es y hace a la defensa y a la soberanía nacional, por lo tanto Macri, Vidal y Bertellys son los verdaderos traidores a la Patria».
Por último, Juan Cacace, uno de los delegados de los trabajadores de FanAzul, agradeció a sus compañeros de trabajo, «porque seguimos siendo todos compañeros de trabajo», mientras cantaban: «Adónde vas, yo siempre voy, soy fabriquero de corazón».
El reclamo llevado en Azul fue acompañado, además, por la instalación de un acampe frente al Ministerio de Trabajo bonaerense, en La Plata; y una caravana para manifestarle a la gobernadora María Eugenia Vidal la urgencia de una mesa de negociaciones para encaminar los conflictos por los despidos en organismos estatales.
El intendente Bertellys (Cambiemos), en reunión con el vice jefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui, el pasado 17 de enero, presentó un plan de reapertura de la planta, «una salida que el Gabinete dio de baja», según el oficialista Clarín, lo que dejaría al descubierto que el Intendente «habría mentido cuando dijo que el funcionario macrista iba a analizar los proyectos presentados». Mientras tanto, el interventor Luis Riva volvió a afirmar que FanAzul está en estado terminal y no abrirá más.
Ningún funcionario provincial de alto rango ha intervenido hasta el momento en el conflicto. Los fabriqueros reclaman algún accionar, teniendo en cuenta que FanAzul es la única fábrica militar en territorio bonaerense, y por lo significa para Azul y la zona.
Desde ATE Provincia adelantaron que el 5 de febrero se realizará una reunión para la organización de un gran paro nacional y la llegada de caravanas a Capital, para manifestarse en Plaza de Mayo.
Más despedidos estatales
Luego de un diciembre de ajuste en los organismos del Estado, con más de 1.200 despidos en todo el país, el Gobierno Nacional parece haberse propuesto batir sus propios récords y cada funcionario se apresura en cumplir al pie de la letra los objetivos diseñados por el Ministro de Modernización, Andrés «Manos de Tijera» Ibarra.
El sábado se conoció mediante un comunicado de la Fábrica de Aviones la desvinculación de 35 empleados de distintas áreas por un «plan de adecuación de la dotación». Según la firma, los despidos no son una medida aislada, sino que se enmarca en un conjunto de acciones que se están realizando para reestructurar y reorganizar a la fábrica, aunque no se aclara si habrá nuevas cesantías.
La protesta pacífica por el despido arbitrario de cinco trabajadores dio lugar a que el gobierno porteño, a través del director del Canal de la Ciudad, despidiera a otras 19 personas, sin más explicación que la de haber participado de una acción gremial. Lo hicieron a través de un mail, cuyo asunto era «Lunes 8: consecuencias», en referencia a la permanencia pacífica que por unas horas habían realizado los trabajadores.
El despido por haber sido parte de una acción gremial fue acompañado por el cierre, hasta ahora temporario, del Canal. Excepto los directivos, ningún trabajador -despedido o no- puede entrar. Hace nueve días que el único Canal público de la Ciudad de Buenos Aires repite contenidos, no tiene programas en vivo, no graba ni produce.
Los delegados Ezequiel Díaz y Mariana Giordano relacionaron lo que pasa en el Canal con lo que sucede en la Villa 31, en la que despidieron a diez trabajadoras sociales por organizarse: «Están tratando de desarmar a las Juntas internas que están más movilizadas. Es una decisión muy clara. Es parte de un plan mayor, porque está sucediendo en otras reparticiones del Gobierno de la Ciudad».
Trabajadores de ATE y organizaciones sociales realizaron una radio abierta en la puerta del edificio de la Jefatura de Gabinete de Ministros donde funcionan las oficinas administrativas de los distintos Ministerios del Poder Ejecutivo de la Nación.
Durante el espacio abierto se acercaron delegados y referentes de distintos organismos del Estado que se pronunciaron contra los despidos de los 27 trabajadores de la Jefatura de Gabinete de Ministros por Marcos Peña, además de contextualizar los diferentes conflictos gremiales en otras áreas estatales.
Las autoridades les comunicaron a los Secretarios generales de los gremios ATE y UPCN el envío de telegramas de despidos a 250 trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
Los trabajadores que se encontraban desde el viernes en el organismo, convocaron el lunes a una masiva asamblea donde ratificaron la continuidad de las medidas. El martes volverán a reunirse para seguir definiendo colectivamente las acciones a tomar. La asamblea se realizó tras horas de tensión por el despliegue de las fuerzas represivas que impidieron el ingreso a las instalaciones, ya que las autoridades dispusieron un asueto de 48 horas. Organizaciones sindicales, estudiantiles, sociales y políticas se movilizaron para brindar el apoyo a la lucha y contra el vaciamiento del organismo.
Un numeroso grupo de trabajadores de los talleres de kilo 4, depósito de locomotoras de Remedios de Escalada y de Plaza Constitución, se hicieron presentes en la Seccional Sud de la Unión Ferroviaria para exigirle a su Secretario General, y al resto de la Comisión Directiva, el llamado urgente a una asamblea de todos los trabajadores de Ferrobaires por la difícil situación que se ha p lanteado ante el decreto de liquidación ferroviaria, publicado el 23 de enero en el Boletín Oficial, que deja en la calle a más de 1.000 ferroviarios, y la mitad corresponden a esta Seccional.
El «ajuste de la política» prometido por la Casa Rosada llegará a la ex ESMA, donde funcionan la Secretaría de Derechos Humanos, el Archivo Nacional de la Memoria, el Museo Sitio de Memoria ESMA, Sitios de Memoria, el Centro Cultural de la Memoria «Haroldo Conti», el Consejo Federal de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Y si bien la premisa era achicar cargos y estructuras, también caerán en la razzia empleados.
«La orden que se bajó desde Jefatura de Gabinete es «hay que reducir entre un 20 y 25 % los cargos políticos y otro 25 % la planta de empleados», confió una fuente oficial.
Despedir, sin embargo, no será la única herramienta de «ahorro» que se utilizará en la secretaría de Derechos Humanos para bajar gastos. Tanto en el Archivo Nacional de la Memoria como en otros organismos que funcionan en la ex ESMA, directores nacionales y funcionarios de carrera, que concursaron por los puestos que hoy ocupan, serán re categorizados «hacia abajo».
Este recorte llega luego de que el presidente Mauricio Macri lanzara el 12 de diciembre pasado el primer «Plan Nacional de Acción sobre Derechos Humanos 2017-2020».
Como continuidad del plan de lucha que incluyó una Jornada Nacional de protestas, los trabajadores del SENASA se concentraron en Avenida de Mayo y 9 de Julio, para movilizarse por el centro porteño, pasando por el Obelisco, hasta llegar a la puerta de la sede central de la Sociedad Rural Argentina, ubicada en peatonal Florida entre Lavalle y Corrientes. La marcha de los empleados estatales del organismo fue para continuar rechazando los 130 despidos anunciados informalmente en diciembre y para denunciar que el recorte de personal, el ajuste presupuestario, y la privatización de los controles sanitarios ponen en riesgo la calidad de vida de toda la población. Además, confirmaron la realización de un Paro Nacional de ATE SENASA de 4 días de duración, que comenzará el martes 30.
La asamblea de trabajadores del Hospital Posadas resolvió un paro de 24 horas el martes 30 de enero con movilización a los ministerios de Salud y Modernización. Concentrarán en 9 de Julio y Belgrano.
El presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA), Jorge Yabkowski, adelantó que los 30.000 médicos, profesionales y trabajadores de la salud de 600 hospitales de todo el país acompañarán con una Jornada Nacional de Lucha con paros y manifestaciones el paro del Hospital Posadas.
El Colectivo de Arqueología Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT) denunció que no recibieron su sueldo correspondiente a 2017 y que el período trabajado en 2016 se completó recién en octubre pasado.
El CAMIT, a lo largo de sus quince años, comprobó la existencia de la fosa común del Pozo de Vargas y hallaron restos óseos de un centenar de víctimas de la represión que fueron arrojadas durante el Operativo Independencia y luego en la dictadura. El equipo está integrado por once investigadores que están trabajando activamente a pesar de la falta de presupuesto y de no cobrar sus sueldos.
Darán de baja 28.000 planes sociales
El verano de 2018 trae más recortes a sectores populares por parte del gobierno de Cambiemos. Esta vez le toca el turno al Ministerio de Trabajo que dará de baja 28.000 planes sociales laborales, cerca del 35% del programa «Entrenamientos para el trabajo» que maneja la cartera del cuestionado Jorge Triaca (h).
El lunes, el ministro se reintegra a sus funciones luego del escándalo que lo puso en la picota por despedir con insultos a una empleada sin registrar y a la que se le pagaba el sueldo a través del gremio SOMU. Una de sus primeras medidas se comenzará a implementar el jueves con 5.537 bajas que se completarán con otras 8.000 durante febrero.
Los planes que se recortarán son de 1.850 pesos mensuales por persona y no se prevé una alternativa, excepto el lanzamiento en marzo de una plataforma virtual, llamada «Trabajo en Red», en la que los beneficiarios deberán cargar sus currículum para luego presentarse a entrevistas en diferentes empresas que pueden publicar ofertas de empleo en ella. Los beneficiarios que no hayan quedado afuera, también se verán afectados ya que la duración del plan será de seis meses.
Desde el martes 23, hay movilizaciones y estado de alerta en San Juan, una de las provincias sobre las que golpeará con más fuerza la decisión, ya que 13.000 de los 28.000 planes se recortarán allí. José Luis Gioja, diputado y ex gobernador de San Juan, dijo que en su provincia se corre el peligro «de que esto desate una crisis social de proporciones». El viernes, tras reunirse con movimientos sociales el presidente del PJ expresó que se trata de una política sistemática del presidente Mauricio Macri que tiene a San Juan como objetivo preferente: «(Macri) trata a San Juan como a una provincia de último orden: nos recortan fondos para obras públicas, buscan la división entre los sanjuaninos y ahora nos quieren generar un caldo de cultivo para que se provoque un conflicto social recortando planes».
El programa que consta de 80.000 beneficiarios se implementaba a través de organizaciones sociales como Barrios de Pie y el Polo Obrero. El recorte es consecuencia del ajuste presupuestario ordenado por el Presidente hace unos meses y parte de un plan para socavar la representatividad de ciertas organizaciones sociales.
Tras el anuncio, que calificó de «provocación», Daniel Menéndez, referente de Barrios de Pie, adelantó que este lunes las organizaciones sociales se reunirán para convocar una marcha para el 15 o 16 de febrero.
En esa marcha, se llevarán otros reclamos de la agenda de los movimientos sociales, como el pedido de la emergencia alimentaria y el reclamo de puestos de empleo en obras de infraestructura. Además, los movimientos se plegarán a la marcha que Hugo Moyano convocó para el 22 de febrero. Allí marcharán Barrios de Pie, la Ctep de Juan Grabois y la Corriente Clasista Combativa. No se descarta el corte de los principales accesos a la Ciudad.
Cresta Roja
Tras ser escoltados y desalojados por un imponente operativo de la Gendarmería Nacional del corte que intentaron realizar el viernes por la mañana en la autopista Ezeiza-Cañuelas, los trabajadores de Cresta Roja decidieron trasladarse hacia el Obelisco porteño para visibilizar el conflicto, donde fueron reprimidos con golpes, gas pimienta y desalojados por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. La jornada de lucha fue decidida por los trabajadores ante el fracaso de la segunda reunión con la patronal, que a pesar de los subsidios que recibe de parte del Estado nacional argumenta que está hace cuatro días sin producir porque «no tiene pollos para faenar».
Leonardo Sandoval, delegado de Planta 2 de Cresta Roja, denunció: «Estamos en una situación compleja desde hace dos años. Trabajamos en pésimas condiciones, con promesas incumplidas de parte del Gobierno y la empresa. Ahora no nos están trayendo pollos para faenar y hace una semana que está parada la empresa. Somos 1.400 trabajadores sin actividad. No sabemos cuándo se van a retomar las tareas».
«Mientras el Gobierno le da subsidios a su empresario amigo, los trabajadores no vemos los beneficios, entonces, si no se pueden hacer cargo que se retiren», aseguró.
Los trabajadores también afirmaron que todavía no se pagaron en tiempo y forma las vacaciones.
El presidente Mauricio Macri junto a la gobernadora María Eugenia Vidal habían visitado la planta en su reapertura en mayo de 2016. La presentaron como un símbolo de la reactivación que comenzaría con su gobierno. Ese día, con la mitad reincorporada de los obreros de fondo, el Presidente vetó la Ley Antidespidos por considerarla «antiempleo».
Azúcar amarga
La Seaboard Corporation, empresa de capitales yanquis que es dueña del gigante azucarero del norte salteño «El Tabacal», planteó que se ve obligada a reducir el 10% de la planta, para garantizar la continuidad de 1.700 fuentes laborales. Lo hace el mismo día que el Secretario General de la Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar (FOTIA), Roberto Palina, informara sobre el peligro del inicio de la zafra en el ingenio San Juan y a una semana de que la multinacional peruana Grupo Gloria S.A. informara mediante un banner en la puerta del Ingenio San Isidro que tras iniciar el trámite de presentación de un proceso «Preventivo de Crisis», se dispone a cerrar el mismo, dejando a más de 730 familias en la calle, una cifra que para algunos medios alcanza los 1.500 trabajadores.
Tras el anuncio de la multinacional estadounidense Seaboard Corporation de 181 despidos en el Ingenio Tabacal, los trabajadores en asamblea convocada por el Sindicato de Trabajadores del Azúcar (STA) votaron a mano alzada paro general hasta conquistar la reincorporación de todos. La medida de fuerza en la planta es total.
Luego de la asamblea, se realizó una movilización desde la sede del sindicato en la localidad de Hipólito Yrigoyen hasta el ingreso al Ingenio. Entre los despedidos se cuentan 164 trabajadores dentro de convenio, de los cuales 101 cumplen funciones en la planta y 63 en el campo, y otras 17 personas que corresponden a personal jerárquico.
El lunes recibieron la notificación del Ministerio de Trabajo de la provincia de Salta, resolución 0435, que intima a las partes en conflicto, representadas por medio del Sindicato de Trabajadores del Azúcar y por la patronal, a dejar por el lado de los trabajadores en suspenso la medida de fuerza y por el lado de la empresa a retrotraer los despidos y «abstenerse de realizar represalias de cualquier naturaleza con los trabajadores representados por la entidad sindical». En la asamblea se votó acatar la conciliación.
En Ledesma, Libertador General San Martín, la patronal del genocida Carlos Blaquier anunció unos 30 despidos, entre los que se encuentran activistas obreros que participaron de los conflictos del año pasado.
El martes pasado se realizó la Asamblea Extraordinaria convocada con el fin de informar a los afiliados al Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL-CTA) respecto de las negociaciones llevadas a cabo con la empresa por los recientes despidos sin causa y evaluar el petitorio empresario para detener futuras desvinculaciones.
Luego de efectuado el informe respectivo se analizó la nota presentada por la empresa proponiendo entre otras cosas la constitución de una Comisión Negociadora y el compromiso del cese de los despidos que se mantendría durante el primer semestre del 2018. En la intensa deliberación se privilegió la fuente de trabajo y la situación de los compañeros despedidos.
Los industriales azucareros con epicentro en las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán son parte de los sectores económicos ganadores bajo el gobierno de Macri, que no solo se vieron beneficiados por el aumento del cupo de etanol en naftas, la devaluación y la quita de retenciones a la exportación, sino que además vienen siendo beneficiadas por un sostenido aumento de los precios del bioetanol, que se triplicó en los últimos 5 años, y de los precios internos del azúcar, que han aumentado más de un 50% en el último año.
Recordemos que en noviembre del año pasado, como parte del paquete de reformas impositivas, el gobierno nacional dispuso la reducción del 29% en los precios del bioetanol que pagan las empresas petroleras. Tras acordar con los gobernadores el apoyo a la reforma previsional, el gobierno dio marcha atrás con esta medida estableciendo una reducción del 7,5% hasta enero de 2018. A partir de febrero se implementaría el segundo tramo de la reducción por un 14% sujeto a una revisión de las partes, una rebaja que de aplicarse mantendría los precios del bioetanol en niveles históricamente altos. En su comunicado la empresa reclama la anulación de esta medida utilizando los despidos como forma de chantaje, sobre todo apuntando a dar un golpe a los trabajadores y reducir drásticamente el costo salarial.
Luego de los anuncios de los ofrecimientos del grupo económico Omega Energy y su empresa subsidiaria NikOil Energy Corp de comprar el Ingenio La Esperanza, el Juez de la quiebra de la planta fabril, Juan Pablo Calderón, solicitó al Gobierno de la provincia que acredite la existencia real del grupo empresario en el país.
Con este pedido, el Ejecutivo deberá presentar en el plazo de cinco días hábiles toda la documentación que pruebe que Omega, de capitales colombianos, esté constituido legalmente en el país.
Omega Energy ofertó 85 millones de dólares por el ingenio azucarero, para quedarse con todos sus bienes, activos y con 600 o menos trabajadores, sobre los 1.000 que existen hasta ahora. Varios de ellos se jubilaron, otros optaron por el retiro voluntario y algunos pasaron a la planta permanente del Estado provincial.
Finalmente, el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL) informó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) -órgano de las Naciones Unidas especializado en asuntos relativos al trabajo- dio tratamiento a la denuncia efectuada por el gremio ante incumplimientos del Convenio sobre protección del salario, respecto a los trabajadores de los Ingenios Ledesma y La Esperanza en Jujuy y San Isidro y Tabacal en la vecina provincia de Salta.
Convenios
En el tironeo entre el Ministerio de Trabajo y La Bancaria la palabra clave es «ultraactividad». El término remite a la condición que sostiene la vigencia de los Convenios Colectivos de Trabajo incluso después de su vencimiento hasta tanto sean reemplazados por un acuerdo nuevo. Ese carácter está consagrado por leyes laborales como la 14.250 y la 25.877. Esta última establece en su artículo 13 que «una convención colectiva de trabajo, cuyo término estuviere vencido, mantendrá la plena vigencia de todas sus cláusulas hasta que una nueva convención colectiva la sustituya, salvo que en la convención colectiva vencida se hubiese acordado lo contrario».
Basados en ese principio en los sindicatos alegan que las cláusulas gatillo que fueron incorporadas en varias de las negociaciones más importantes del año pasado, como la de los bancarios, Comercio, los albañiles de UOCRA o los estatales de UPCN, se mantendrán vigentes este año a pesar de la negativa del Gobierno en la medida que no sean sustituidas por acuerdos renovados. Dicho de otra forma, los opositores alegan que si el Ejecutivo traba las discusiones que no crea alineadas con su postulado de tope de 15%, de todos modos podrán validar la activación de las cláusulas de 2017 que permitieron compensar eventuales pérdidas por subas inflacionarias, y que deberían reajustar los sueldos de esos convenios cada mes al darse a conocer la suba del costo de vida.
El razonamiento inverso hace la cartera laboral para presionar a los sindicatos rebeldes. En el caso de los bancarios afirman que la ultra actividad rige para convenios colectivos pero no para acuerdos paritarios. Y en ese sentido explican que algunas cláusulas, como la «cuota solidaria» de 1% a favor del gremio de Palazzo que se les descuenta a los no afiliados de manera compulsiva con destino a la organización sindical, puede quedar sin efecto este año de no haber pleno acuerdo con los bancos. En Trabajo agregaron otra advertencia: igual suerte podría correr otro aporte de 1% que realiza cada entidad financiera sobre su nómina salarial a favor de la Obra Social bancaria.
El personal del BAPRO programó nuevas medidas de fuerza para el inicio de febrero, ante la falta de respuestas por el conflicto surgido tras la reforma de la Caja jubilatoria.
En una reunión de la Comisión Gremial Interna y el secretario de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, se resolvió llevar adelante una serie de paros en el Banco Provincia, los que se cumplirán los días jueves 1, viernes 2, jueves 8 y viernes 9 de febrero, fecha en las cuales tampoco se recargarán los cajeros automáticos en ninguna sucursal.
Los empresarios aceptaron la «cláusula gatillo» y acordaron con el sindicato de mercantiles que lidera Armando Cavalieri el pago de un adicional de 6% para compensar el incremento de la inflación.
Los empresarios aclararon que el extra por inflación será del 6%, como había anticipado el gremio, y que se abonará en forma remunerativa y no acumulativamente: 2% este mes; 2% en febrero y en marzo. «El mencionado aumento será de aplicación a todas las empresas y/o establecimientos y para todos los trabajadores comprendidos en las mismas y bajo el régimen de jornada completa», agregaron en un comunicado de prensa.
Además, desde la CAC informaron que en el mismo acto de la firma del convenio, se acordó la apertura de la paritaria salarial para 2018 a partir de abril, en sintonía con lo reclamado desde el Poder Ejecutivo.
En ese marco, trascendió que los empresarios ofrecieron hasta 15% de incremento salarial para el nuevo acuerdo, vigente hasta marzo de 2019 y sin cláusula gatillo.
Mientras tanto, los industriales alertaron que la presión del dólar sobre la inflación les generó un escenario de alta conflictividad de cara a las negociaciones paritarias, con aumentos de precios que habilitará a los sindicatos a reclamar pautas salariales por encima del deseo oficial del 15%, pero en ciertos sectores con «escasas» posibilidades de afrontar mayores costos laborales ante ventas congeladas y costos a la alza en distintos rubros.
Calculan que durante enero habrá una inflación del 2% que, apenas iniciado el año, «es una mala señal para creer que se puede negociar para todo el 2018 en un 15%».
Los economistas que asesoran a organizaciones sindicales aseveran que con un 20% «pierden por bastante y se mantiene robusto el deterioro del poder adquisitivo salarial».
Otros economistas acercan pronósticos más complicados: «discutimos hoy perder por poco, es de esperar que en 2019 mantengan su vigencia las paritarias».
Bajo el fuego de la requisitoria judicial, Hugo y Pablo Moyano ratificaron su movilización/protesta del 22 de febrero contra la política económica del Gobierno. La convocatoria del gremio de los Camioneros servirá como base para la confluencia de otros sindicatos refractarios a la administración de Mauricio Macri así como de las dos versiones de la CTA, organizaciones sociales y sectores de la oposición política.
El secretario general del SUTEBA, Roberto Baradel, consideró que sería «irrisorio» y «un ensañamiento con los trabajadores» que la propuesta oficial en el marco de la negociación paritaria docente sea del 15 % sin cláusula gatillo.
Así lo expresó en declaraciones con las que salió al cruce de versiones periodísticas que dan cuenta de la posibilidad de que la propuesta que formule la gestión bonaerense en el marco de las paritarias docentes sea de un aumento del 15 %, distribuido en cuatro cuotas y sin cláusula gatillo, dato que no fue confirmado desde el gobierno.
Sonia Alesso -Secretaria General de CTERA y Miembro del Ejecutivo Mundial de la IE- y Hugo Yasky -Presidente de la Internacional de la Educación para América Latina-, estuvieron presentes en la 50° sesión del Consejo Ejecutivo Mundial de la internacional de la Educación que se realizó en Bruselas, donde denunciaron la actitud del Gobierno Nacional de atacar la negociación colectiva en Argentina.
Asimismo denunciaron las amenazas sufridas por Roberto Baradel, hecho que ya se había producido durante las negociaciones del año 2017.
Por los medios
En conferencia de prensa, desarrollada en la sede de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), trabajadores de la Agencia Télam junto a más de 50 organizaciones sindicales, sociales y de Derechos Humanos denunciaron espionaje ilegal e intimidación por parte de un móvil de la Policía de la Ciudad sin identificaciones a la vista. Los «confundieron» con militantes sociales, intentaron explicar desde el Gobierno porteño.
El pasado 14 de diciembre la periodista Estefanía Cámera Da Boa Morte, integrante de FM Mundo Sur 106.5 y de Mundo Villa, se encontraba filmando la represión que llevaba a cabo la Gendarmería, en la esquina de Bartolomé Mitre y Callao. Sin que mediara ninguna otra razón, fue detenida. A pesar de que no cuenta con ninguna prueba el juez Claudio Bonadío acaba de procesarla por «intimidación pública y resistencia a la autoridad». En total, Bonadío procesó a 40 víctimas de la cacería, cuatro de las cuales permanecen detenidas, ya que fue liberado Esteban Rossano, quien estuvo preso 43 días.
El ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria ante el conflicto en el Diario Hoy y la radio Red 92. Es por 15 días donde se retoma el trabajo en la redacción y no podrán concretarse despidos ni realizar nuevas desvinculaciones.
La empresa titular del diario, Edigráfica SA, no se presentó en la audiencia y se citó a una nueva conciliación para el 29 de enero. Quien sí se constituyó a tomar vista de las actuaciones fue un abogado en representación de los letrados patrocinantes de Marcelo Balcedo, titular de Soeme y dueño del diario, detenido en Uruguay desde principios de mes.
La asamblea de trabajadores destacó el acercamiento que lograron entre la redacción, la imprenta y los canillitas en estos días de reclamo y entendieron como una conquista la mediación del Ministerio de Trabajo «en un medio acostumbrado a pasar por encima los derechos laborales».
En ESPN Radio denuncian que la patronal echó a una docena de trabajadores y levantó la totalidad de la programación para emitir solo el noticiero Sport Center y música. La política de ajuste implementada en ESPN Radio se suma a los retiros voluntarios que se están ofreciendo en ESPN Televisión. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires reclama la inmediata reincorporación del personal despedido y exige el cumplimiento del Estatuto y del Convenio que rigen la actividad.
Fuentes: La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano, Página 12, Clarín, Tiempo Argentino, Anred, APU, Red Eco Alternativo, www.baenegocios.com, www.agenciacta.org, www.andaragencia.org, periodicoelroble.wordpress.com
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