Como todos sabemos, el 1 de septiembre asumieron sus cargos casi 900 integrantes de los que se ha llamado el nuevo Poder Judicial federal —incluidos los ministros y ministras de la Suprema Corte—, surgido de la iniciativa presentada hace un año por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar la Constitución y leyes secundarias en lo relativo a ese poder del Estado.
En lo sustancial, se trata de que el grupo llegado al poder en diciembre de 2018, mediante una cuantiosa votación popular, ha logrado consolidarse en la ocupación del aparato de Estado en sus tres poderes. Pero ello se ha logrado no sin operar radicales reformas a la constitución y a las leyes, ni sin artimañas legales y políticas que han permitido instaurar —hay que insistir en ello— un nuevo orden político que ubica a México en un régimen híbrido o semidictatorial, que niega o anula el pluralismo en las instituciones.
El proceso seguido desde que se anunció por el entonces presidente, en febrero de 2024, la reforma a los poderes públicos, destacadamente el Judicial, estuvo pletórico de todo género de irregularidades y anomalías. La fundamental, que se ubicó en el origen de todas las demás, el que la mayoría de los consejeros del Instituto Nacional Electoral y tres de los cinco integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación otorgaran tras las elecciones de ese año a la coalición partidaria gobernante una inusitada sobrerrepresentación legislativa en ambas cámaras que le ha permitido tener la mayoría calificada para reformar a su total conveniencia la constitución federal.
Tras la reforma constitucional que introdujo, en septiembre del año anterior, la insólita elección popular de jueces, magistrados y ministros, y de los miembros del Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral, se han instalado ya en sus puestos los juzgadores que resultaron de un tortuoso proceso que incluyó, entre otras anomalías graves, la inducción del sufragio de los ciudadanos a través de los ya famosísimos acordeones. La oferta a la sociedad fue que a la reforma permitiría erradicar de la administración de la justicia la corrupción y el nepotismo, reducir sustancialmente el costo del sistema judicial eliminando los elevados emolumentos y prestaciones de los ministros, avanzar en la resolución del enorme rezago acumulado en los juzgados de mucho tiempo atrás y evitar la liberación —siempre atribuida a los jueces, no a las fiscalías— de peligrosos delincuentes que pueden representar una amenaza para la sociedad.
El fundamental reportaje de la reportera Estrella Pedroza publicado en la revista Proceso de septiembre, y redactado con base en las pruebas presentadas en las denuncias ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, testimonios, videos y evidencias extraídas del portal de transparencia del Poder Ejecutivo, viene a develar los detalles de cómo se urdió desde la Secretaría de Bienestar la red para cometer delitos electorales y administrativos para configurar la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se documenta ahí la desviación de recursos públicos ($ 429 millones) para la impresión de los acordeones empleados en la jornada electoral; la licitación amañada con que la Secretaría del Bienestar a cargo de Ariadna Montiel asignó a la empresa Impresores en Offset y Serigrafía el contrato para ello; el diseño de un algoritmo informático para asegurar que en el cómputo —realizado en los comités distritales del INE, sin presencia de representantes de partido y, prácticamente, a puerta cerrada— quedaran los previamente designados; la violación de la veda electoral con la distribución de los acordeones en los días previos y durante la misma jornada electoral; el empleo de los llamados siervos de la nación y de coordinadores territoriales del Morena para la distribución de los mencionados instrumentos de inducción del voto; la coincidencia total, estadísticamente imposible, entre los electos y los inscritos en los propios acordeones; las casillas con 100% o más de participación de los electores, cuando en los resultados nacionales fue de sólo 13 por ciento; los candidatos que resultaron ganadores y que ni siquiera hicieron campaña, pero sí figuraban en las eufemísticamente llamadas por el oficialismo “guías de votación”; y el rebase de los topes de campaña puestos a los candidatos https://n9.cl/te7o3. Esas y otras anomalías fueron presentadas en quejas ante el INE y la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales de la FGR por candidatos perdedores y observadores electorales, y acreditadas por el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón en el TEPJF, donde por mayoría de tres votos contra dos, fueron finalmente desestimadas y desechadas para validar plenamente la elección.
A la bajísima participación hay que sumar el número sin precedente votos nulos (10 millones 19 mil 710) depositados en las urnas, casi el 11% del total, de suerte que hubo un número mayor de anulaciones que los sufragios obtenidos por el candidato más votado para cualquiera de los cargos que se disputaban en cada distrito judicial; así en el caso de Hugo Aguilar Ortiz, el candidato más votado para la Suprema Corte y quien ahora la preside.
El balance del accidentado proceso ya puede comenzarse; y el rasgo que más resalta de esta nueva composición del cuerpo de juzgadores es su conformación mayormente político-partidaria o su cercanía política con las figuras prominentes de los gobiernos federal o estatales del Morena. Resulta natural. Los nombres de casi todos aparecieron en los acordeones del oficialismo.
En el Tribunal de Disciplina Judicial de Ciudad de México, por ejemplo, aparecen.
Nicolás Jerónimo Alejo, originario de Tabasco y quien ahora preside ese órgano, e Ixchel Sarai Álzaga Alcántara. Jerónimo fue agente ministerial de la Fiscalía General de la República, colaborador desde 2022 de Rosendo Gómez Piedra en la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa. Gómez Piedra llegó a ese encargo por su vinculación con el entonces secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández. Había sido, durante el periodo en que éste fue gobernador en Tabasco, titular del Instituto Electoral y del Tribunal Electoral del Estado. Ixchel Álzaga Alcántara, por su parte, fue “asesora jurídica externa” del Gobierno de Ciudad de México durante la administración de Claudia Sheinbaum para “coordinar la revisión de proyectos ejecutivos, costos y supervisión de obras” de protección civil. También figuró en 2023, a través de su empresa “Dabisa Soluciones Jurídicas SA de CV”, por adjudicación directa, como contratista de la alcaldía Iztapalapa durante la administración de Clara Brugada Molina, la actual jefa de gobierno de la ciudad https://n9.cl/grjyx.
Y no fue sólo Morena. Tanto el partido oficial como el PAN, el PRI y el Verde Ecologista en los Estados donde gobiernan, se dieron gusto colocando a sus allegados en magistraturas de los tribunales locales y en los tribunales de disciplina judicial, de acuerdo con la investigación realizada por Sabueso del portal Animal Político y el Observatorio Judicial de la Universidad Iberoamericana https://n9.cl/hzcm5.
Para buscar la legitimidad que en las urnas resultó dudosa e insuficiente, el nuevo aparato judicial, politizado y partidista ha tenido que recurrir al grotesco sainete de una sibilina ceremonia de “purificación” de supuestas raíces indígenas en la que, violentando el laicismo que constitucionalmente debe revestir a todos los órganos del Estado, se invocó a espíritus y al dios Quetzalcóatl, a la entrega de “bastones de mando”, según el guion establecido desde 2018 por Andrés Manuel López Obrador y reproducido luego con su sucesora Claudia Sheinbaum. El grupo político que se ha hecho del aparato todo de Estado usa una vez más la impostura indigenista para buscar la legitimación política y su afirmación en el poder.
Ahora, ya instalados los parcialmente renovados juzgadores, deben demostrar con hechos que expedirán con más rapidez y legalidad la justicia de la que el país está sediento. Y la anunciada erradicación de la corrupción judicial está por verse. Porque no bastaría con la reducción de sueldos de los ministros, que de cualquier manera quedarán en niveles que sobrepasan con mucho el ingreso de un abogado o académico. Veremos si en flamante Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por ejemplo, cancela el contrato por el que paga seis millones de pesos de renta mensual en el edificio que ocupa, a José María Rioboo, esposo de la ministra Yasmín Esquivel —la misma que recurrió al aparato judicial para impedir que la UNAM divulgara el dictamen sobre el plagio de su tesis de licenciatura—, como lo ha mostrado un reportaje reciente del portal periodístico Eme Equis https://n9.cl/s5aka. Mientras eso no ocurra, no podremos hablar en serio de un nuevo poder judicial.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH
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