Con su popularidad en alza y en plena luna de miel con la ciudadanía, al presidente de México Felipe Calderón se le apareció el fantasma de la desestabilización social por donde menos lo esperaba: por el lado de los monopolios privados que controlan la comercialización e industrialización del maíz y su derivado alimenticio, la tortilla.
A comienzos de enero la escalada de precios del maíz y la tortilla, alimento básico en la dieta del mexicano, sacó la protesta popular a las calles cuando Calderón y su gabinete de seguridad estaban ocupados en mostrar el «músculo» frente al crimen organizado y el narcotráfico. Con ánimo de legitimarse en el poder y apoyado por una espectacular campaña publicitaria en los medios masivos, el gobierno buscaba capitalizar el envío de miles de soldados y policías a distintas partes del país para combatir la inseguridad, poner «orden» y restaurar el imperio del derecho menoscabado por las mafias criminales.
Pero una corrida especulativa impulsada de manera deliberada por empresarios de la masa y la tortilla y poderosos monopolios de la industria del maíz, lo llamó a la realidad. Al grito de «¡Sin maíz, no hay país!» y «¡Abajo el pan, arriba la tortilla!» -consigna esta última que juega con las siglas del oficialista Partido Acción Nacional-, los «cacerolazos» se multiplicaron en la capital y otras ciudades de México.
Según un sondeo realizado por la encuestadora María de las Heras, el incremento en el precio de la tortilla, que osciló entre un 40 y un 100 por ciento -a lo que se sumó el alza de otros productos básicos como la leche-, afectó «mucho» en su economía familiar a 74 por ciento de los consultados.
Los asesores gubernamentales se dieron cuenta de que el alza en la popularidad del presidente generada por los operativos contra el hampa se estaba perdiendo por la suba de la tortilla. En un primer intento por controlar los daños, el secretario de Economía, Eduardo Sojo, ortodoxo neoliberal, declaró que el gobierno no podía fijar precios, dejó el asunto librado a la mano invisible del mercado y anunció la importación libre de arancel de 650 mil toneladas de maíz blanco, principalmente de Estados Unidos, para enfrentar el problema.
Maíz y libre comercio
A la frivolidad del ministro, que dejó abierto el camino para inundar el mercado de maíz transgénico y aumentar la dependencia alimentaria de Estados Unidos, le siguió la del arzobispo primado de México, cardenal Norberto Rivera, quien minimizó los efectos del «tortillazo» y dijo que no era una «tragedia» ni el «acabóse» para el país. En realidad, tragedia, para monseñor, sería que subiera el precio de las hostias.
Símbolo de identidad que atraviesa todas las clases sociales, el maíz es un referente cultural y además la base de la alimentación del mexicano. De acuerdo con datos del inegi (la oficina de estadística gubernamental), 80 por ciento de los hogares mexicanos compran tortilla. Y de la tortilla decía Jorge Ibargüengoitia que era «alimento, plato, cubierto, servilleta y estabilidad».
La estabilidad económica fue, precisamente, lo que puso a temblar la guerra especulativa de los acaparadores y especuladores, junto con la incompetencia oficial, la corrupción y la codicia. Aunque no fue el único factor que hizo subir el precio de la tortilla. También incidió el alza del gasoil, la electricidad y la gasolina, insumos básicos para la producción, traslado e industrialización de la gramínea. Una tercera causal fue la duplicación del precio del grano en el mercado mundial por el auge en la demanda de bioetanol, que en Estados Unidos se produce en base al maíz y se utiliza como combustible u oxigenante de las gasolinas.
También hubo cambios estructurales de fondo que llevaron a que México pasara de ser autosuficiente a tener que importar el año pasado 5,66 millones de toneladas, equivalentes a la cuarta parte de la producción. Ese es uno de los resultados concretos de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (nafta, por sus siglas en inglés, 1994) con Estados Unidos y Canadá, un acuerdo asimétrico para México. En nombre de la «modernización», durante los sexenios de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo se desmanteló un esquema en el que el Estado vendía la tortilla a precio subsidiado y regulaba el mercado del maíz a través de la fijación de precios de garantía a los agricultores y la regulación de las importaciones.
Pero en 1999 el gobierno eliminó el monopolio del Estado que acopiaba y distribuía el grano y transfirió el sector al monopolio privado. «Ya no siembren maíz», les dijeron los tecnócratas a los productores rurales, al tiempo que eliminaban el apoyo oficial al campo, destruían la economía campesina, entregaban el control del proceso a un puñado de oligopolios y degradaban los agrosistemas.
Con el desmantelamiento de la cadena de producción de maíz-consumo de tortilla y la oligopolización en el abastecimiento de tortilla de harina de maíz, productores y consumidores quedaron inermes frente a las fuerzas del mercado. Tres grandes comercializadoras, el grupo Maseca, empresa encabezada por el multimillonario mexicano Roberto González Barreda, aliado con Archer Daniels Midland, la firma más poderosa de Estados Unidos; el grupo Minsa, asociado con Corn Products International y Arancia, y Cargill, fusionada a Continental, se apoderaron del mercado nacional.
Acuerdo
Desde la entrada en vigor del tlcan, México perdió en seguridad y soberanía alimentaria. El precio de la tortilla se incrementó en 738 por ciento. Se perdieron dos millones de empleos rurales y hubo un éxodo masivo de mano de obra hacia Estados Unidos. Si en el sexenio de Salinas un quilo de tortilla equivalía a 1 por ciento del salario, ahora equivale a 20 por ciento. Otro dato: el año pasado la tortilla aumentó 13,82 por ciento, la inflación 4 por ciento y el salario mínimo 3,45 por ciento. Todo eso en un país donde 20 millones de mexicanos viven con un máximo de 20 pesos diarios (dos dólares), de los cuales usan diez para comer. A los costos actuales, les da para un quilo de tortilla por día sin nada adentro; no les sobra un centavo. De allí la ira popular.
Para dar vuelta la tortilla, el jueves 18 de enero el presidente Calderón convocó a las «fuerzas productivas» a una reunión en la residencia oficial de Los Pinos, y usó la mano visible del Estado para incidir en el «comportamiento» de los agentes económicos. Con toda la pompa del caso, declaró la «cero tolerancia» a especuladores y acaparadores, dijo que iba a «aplicar la ley con firmeza y a castigar a quienes busquen aprovecharse de la necesidad de la gente» y anunció un «precio justo» para el quilogramo de tortilla que resultó 42 por ciento superior al que prevalecía en el mercado dos meses antes. Es decir, frente a los hechos consumados, formalizó un aumento forzado y a eso le llamó «pacto».
En rigor, el presidente sancionó el éxito de la ola especulativa y premió el acaparamiento de los grandes intermediarios. Lo insólito del caso fue que allí, junto a él y los representantes de grandes firmas de la cadena agroalimentaria, como Wal-Mart, Minsa y la trasnacional mexicana Bimbo, estaba Roberto González Barreda, dueño del Grupo Industrial Maseca, principal productor de harina de maíz del mundo (controla 80 por ciento de la harina y el maíz que se comercializan en México) y señalado como el mayor especulador de la coyuntura. Con un agregado: Maseca fue puesto en la picota por la Comisión Nacional de Competencia, luego de la adquisición en 224 millones de pesos de los activos de la firma Agroinsa, lo que a juicio de la comisión coloca a la empresa en un escenario de abierta concentración monopólica. No obstante lo cual, el presidente Calderón posó para los medios estrechado en un fuerte abrazo con González Barreda, uno de los financistas de su campaña electoral. para ricos
El año pasado Cargill compró 600 mil toneladas de maíz a 1.650 pesos la tonelada y la está vendiendo en el valle de México a 3.500 pesos. La crisis sirvió para que empresas trasnacionales productoras de semillas transgénicas, como Monsanto, Pioneer, Syngenta, Agrobio y Dupont presionen al gobierno mexicano para que autorice la siembra de maíz genéticamente modificado como «solución de fondo» en el sector.
A raíz del llamado «error de enero», algunos especialistas de las páginas económicas señalaron que lo ocurrido fue un claro intento de darle una «novatada» a Felipe Calderón. Pero en la guerra económica no hay torpeza, sólo aliados y enemigos. En definitiva, el «acuerdo para la estabilización del precio de la tortilla» sirvió para exhibir que la tan mentada libertad de mercado no existe, ya que es controlado por grupos oligopólicos predadores que buscan maximizar sus ganancias, muy lejos de la idílica competencia perfecta preconizada por los ideólogos neoliberales. Al subsidiar a las grandes comercializadoras y distribuidoras, Calderón practica un populismo para ricos. No hay duda, México sigue siendo una jauja para el gran capital.