Hasta ahora, la denominada reforma educativa es no sólo el primero sino el más relevante resultado del Pacto por México signado el pasado 2 de diciembre por la presidencia de la República y el PRI con el PAN y el PRD. En segundo plano se podría contar la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, anunciada […]
Hasta ahora, la denominada reforma educativa es no sólo el primero sino el más relevante resultado del Pacto por México signado el pasado 2 de diciembre por la presidencia de la República y el PRI con el PAN y el PRD. En segundo plano se podría contar la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, anunciada como una enmienda de gran calado pero que terminó como un parto de los montes que en modo alguno impedirá que Televisa y Telcel sigan siendo dominantes en sus respectivos mercados, el de la televisión abierta y el de la telefonía celular. Ahora, la agenda del acuerdo cupular incluye una serie más de reformas legislativas que interesan al gobierno de Peña Nieto, todas ellas a favor de la plutocracia y los partidos que la representan: la financiera -ya presentada públicamente-, la fiscal, la energética y la política.
El Pacto dio al nuevo gobierno un mayor margen de maniobra al domesticar y comprometer con su agenda a los dos grupos parlamentarios no priistas (inútil llamarlos ya de oposición) más fuertes. El éxito de la maniobra, en lo inmediato, se demostró con la fácil aprobación de la supuesta reforma educativa, en realidad un mecanismo de control laboral y político sobre el magisterio. Ésta, sin embargo, ha concitado el rechazo masivo de los maestros de gran parte del país y en algunos casos, como los de Guerrero, Michoacán y Oaxaca, su radicalización, el paro de actividades y el plantón que sostienen en el Zócalo. De hecho, la inmediata reacción del magisterio y el crecimiento de su movilización desnudaron la naturaleza del acuerdo y mostraron el aparente e instantáneo éxito del Pacto como una ficción poco o nada vinculada con la realidad. Y ahora, para redondear la crisis moral de la malhadada reforma los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), encabezados por su presidenta Sylvia Irene Schmelkes, han planteado su preocupación por la evaluación estandarizada que se pretende aplicar a los docentes -la cual consideran errónea, dada la diversidad cultural y étnica y las grandes diferencias en las condiciones del proceso educativo- y por que a tales evaluaciones se le quiera dar un uso laboral para despedir o presionar a los mentores y plantean que esa información debe ser de uso privado y confidencial. En la práctica, los integrantes de esta Junta de Gobierno dan la razón al movimiento de resistencia magisterial en sus cuestionamientos a la reforma aplicada al sector educativo.
Pero el Pacto ha crujido también con la revelación por parte del presidente del PAN de los famosos videos de Veracruz que evidencian el uso de los programas sociales de la Federación y del gobierno local para captar clientelas electorales para el PRI, y que dieron lugar no sólo a la remoción de diversos funcionarios de la Sedeso sino también a la denuncia presentada por el PRD en la PGR contra la secretaria Rosario Robles por delitos electorales. Esta crisis, como es sabido, dio lugar a la firma de un insólito adendum al Pacto en el que los actores políticos -particularmente el gobierno y el PRI, se entiende- se comprometen a cumplir la ley y a no cometer delitos electorales ya tipificados como tales en los códigos correspondientes.
Desde luego, no es de esperarse que la Fiscalía Especial para Delitos Electorales de la PGR (la Fepade) actúe contra la secretaria de Desarrollo Social del gabinete de Peña Nieto ni contra el gobernador de Veracruz Javier Duarte. Lo que habrá que observar es la actitud de los perredistas y de su presidente Jesús Zambrano ante la segura inacción de la Procuraduría. Porque es un hecho que los firmantes de la concertación del 2 de diciembre están decididos a mantenerla contra viento y marea, no importando que continúen las denuncias en diversos Estados con procesos electorales -Zacatecas y Coahuila entre ellos- por la intervención de los gobernadores a favor del PRI y sus candidatos, ni que una fracción del panismo, identificada con el calderonismo haya pedido la desaparición de poderes en Michoacán, y socavado al de por sí lánguido gobierno priista de esta entidad.
Pero el Pacto y sus derivaciones ya ocasionaron una segunda crisis política, esta vez en el PAN. La destitución de Ernesto Cordero como coordinador parlamentario en el Senado por el presidente del partido Gustavo Madero ha sido la respuesta fulminante a la decisión que aquél asumió de anunciar el 15 de mayo, conjuntamente con la fracción del PRD pero al margen del PRI y del consejo rector del Pacto, una iniciativa de reforma política no consultada con Los Pinos y que va más allá de lo que el propio Pacto prevé en esa materia. Ahora, está clara la división del panismo entra la fracción calderonista-corderista (mayoritaria en la cámara alta) y la maderista. La facultad estatutaria ejercida por el presidente nacional panista de designar directamente a los coordinadores parlamentarios, aun sin consulta con sus legisladores, vuelve a mostrar uno de los aspectos más antidemocráticos del manejo interno del partido, pero ahora puesto al servicio del acuerdo de cúpulas con el PRI y con Peña Nieto. Quizás el dedazo de Madero resuelva formalmente el problema de la coordinación, pero muy probablemente profundizará las contradicciones internas entre ambos grupos, dado el bajo y polémico perfil del designado, el senador colimense Jorge Luis Preciado.
Otras diferencias han aparecido al seno del llamado Pacto por México, particularmente en la recientemente anunciada reforma financiera, elaborada sin el pleno consenso de los firmantes del acuerdo y bajo presión -según reciente confesión de Jesús Ortega, representante del PRD en el consejo rector del Pacto- de los banqueros. La inclusión de medidas como el arraigo y el secuestro de bienes de los deudores de la banca como parte de esa reforma habría sido una iniciativa unilateral de la presidencia y del PRI, pero no avalada por el PAN ni el PRD. El hecho viene a controvertir al arreglo interpartidista en su ámbito natural, por decirlo así, el del poder Legislativo. Después del fracaso moral de la reforma educativa y la deslegitimación política que ésta ha traído a los actores del Pacto, es hasta cierto punto normal que éstos intenten ser más cuidadosos en las iniciativas que se emitan en ese contexto, particularmente las más agresivas hacia la sociedad.
Está por verse si el Pacto por México resiste las próximas pruebas a las que se lo someterá, particularmente los procesos electivos locales del 7 de julio. La competencia electoral y los usos y costumbres del priismo ya evidenciados en Veracruz, Coahuila, Zacatecas y otros Estados, así como el desenlace de las denuncias contra Robles, o los desacuerdos parlamentarios, por no hablar de la resistencia activa que las reformas impulsadas desde el gobierno y las cúpulas partidarias han generado y seguramente seguirán motivando en diversos sectores de la sociedad, hacen cada vez más delicado el manejo de los compromisos del 2 de diciembre y han mostrado ya, más temprano que tarde, los límites de ese tipo de concertación fraguada a espaldas de la sociedad. Como un organismo moribundo que se niega a morir, o peor aún, como un cadáver insepulto, ha dado ya lo poco que podía dar de sí, y se ha convertido de manera muy pronta en una carga política para sus promotores o para quienes por interés político inmediato lo suscribieron.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH