La invitación de los senadores del PAN al dirigente del grupo ultraderechista español Vox, Santiago Abascal, y la firma por ellos de la Carta de Madrid, cuyo eje es la convergencia de fuerzas de España y América para enfrentar, de manera difícilmente más trasnochada, al “comunismo”, no pudieron ser hechos políticos más desafortunados.
El acto realizado en el Senado de la República con los monarquistas de Abascal, sería simplemente ridículo si no fuera porque transparenta la fibra más reaccionaria presente en el segundo partido más votado en nuestro país y expresión actual más relevante del pensamiento (de algún modo hay que designarlo) y la política de las derechas, tanto “moderadas” como fundamentalistas. El hecho destacable es que son estas últimas las que han ido ganando terreno dentro del partido, asumiendo su representación, tejiendo alianzas en lo interno (Va por México) y en el exterior, como la de Vox, disponen de recursos económicos con el apoyo de un sector de la oligarquía financiera de nuestro país y ocupan espacios de poder en el poder Legislativo.
Es difícil que esa alianza de la derecha partidaria mexicana —que toca en más de un sentido a sus coyunturales e interesados aliados nacionales del PRI y el PRD— tenga alcances largos en la sociedad o las elites políticas de nuestro país. Más bien es una expresión de la debilidad panista, su pérdida de rumbo y línea política (“extravío”, le llamó el también muy derechista Felipe Calderón), zozobra e impotencia frente a la sólida posición de Andrés Manuel López Obrador y el Morena en la presidencia, el poder legislativo federal y numerosos Estados de la República.
Es seguro también que no todos los panistas comparten el extremismo de su correligionario y coordinador senatorial Julen Rementeria, promotor del encuentro con Vox y de los quince legisladores que lo acompañaron. De esa acción se deslindaron Xóchitl Gálvez, Roberto Gil Zuarth, Héctor Larios y Gustavo Enrique Madero, entre otros. Pero la firma por esos legisladores de la Carta de Madrid, en la que se llama a enfrentar “el avance del comunismo”, y a los “regímenes totalitarios de inspiración comunista” no hace sino exhibir la pobreza intelectual y política de un sector del PAN que, como en un espejo y no sin cierta desesperación, quiere ver en Vox a una organización potente y dispuesta a enfrentar con decisión a cualquier rasgo de progresismo político o social.
Para ellos, además de Cuba, esa “amenaza comunista” se expresa en el Foro de Sao Paulo y en los gobiernos de Venezuela y Bolivia (quizás ahora añadan al del Perú), que, según ellos, atentan contra la democracia, la libertad y la propiedad privada, por lo que los catalogan como regímenes “totalitarios”. Y no fue ninguna casualidad que Rementería considerara su entrevista con los legisladores españoles como “un mensaje muy importante” para el presidente López Obrador “y sus radicales”. La identidad entre este sector del PAN y sus ahora aliados voxistas es, pues, plena.
Sin embargo, la virulenta reacción en las redes sociales y en los editoriales periodísticos contra la presencia de Abascal en el Senado y su pacto con los panistas, ha llevado a que, en los días siguientes, los mismos firmantes de la Carta de Madrid se deslinden o expresen —como la ex morenista Lily Téllez— arrepentimiento por haber participado en esa suscripción. Unos días después, con un alud de críticas, caricaturas, memes, casi sólo Rementeria se hace responsable de la invitación a los falangistas de Vox, y hasta se ha buscado un chivo expiatorio en la persona del coordinador de redes de la fracción panista en el Senado.
La situación de Acción Nacional ha sido ya desde antes, comprometida y compleja. Pese a conservarse como la segunda fuerza electoral del país, ha tenido que buscar alianzas con sus otrora adversarios del PRI y el PRD (y más coyunturalmente con Movimiento Ciudadano) para enfrentar la casi avasallante fuerza y apoyo popular que representan el movimiento lopezobradorista y el Morena. Aun con su triple alianza, que fue electoral y ahora se reproduce en el ámbito parlamentario, la oposición apenas logrará frenar o modificar las iniciativas de reforma constitucional del gobierno y el partido oficial, pero no la aprobación por mayoría de reformas o leyes secundarias. Su retroceso en los gobiernos de los Estados es concluyente, al igual que en las legislaturas locales.
Es muy posible que los panistas se sientan cada vez más acorralados y amenazados por la acción de la justicia. La FGR, por otro lado, ha venido señalando particularmente a prominentes miembros del PAN en casos de corrupción, especialmente por las denuncias de Emilio Lozoya Austin en relación con los casos de cohechos de Odebrecht y los contratos de operación a la planta Etileno XXI, así como los sobornos del gobierno de Peña Nieto, a través de Pemex, a legisladores del PRI y el PAN para asegurar sus votos aprobatorios a la reforma energética de 2013. Aunque entre los 70 políticos señalados por Lozoya hay un buen número de priistas involucrados, comenzando por el ex presidente Peña Nieto y su secretario de Hacienda Luis Videgaray, es claro que, hasta ahora, las imputaciones de la Fiscalía se han centrado en los panistas, como el ex senador José Luis Lavalle Maury, que se encuentra ya en prisión preventiva y sometido a proceso.
También está el caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, desaforado ya por la Cámara de Diputados pero que no ha sido aprehendido por los recursos que interpuso el Congreso de ese Estado. Y más recientemente, las acusaciones contra el ex presidente nacional del PAN y ex candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés, a quien la FGR imputa los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, lo que dio a éste la supuesta justificación para salir del país y eludir lo que llama “persecución política” desde la presidencia de la República. Anaya ya fue investigado por su rápido enriquecimiento entre 2013 y 2016, y por lavado de dinero en la venta fraudulenta de una nave industrial en el Estado de Querétaro en 2018, justo durante la campaña con la que aspiraba a la primera magistratura del país, aunque esa averiguación fue cerrada a finales del gobierno de Peña Nieto por falta de pruebas.
A la debacle panista sin duda ha contribuido su carencia de figuras y liderazgos de alto perfil. La conducción de Marko Cortés ha sido errática, de reacción inmediata ante las acciones del gobierno nacional, pero sin línea ni dirección clara; y ha llevado al partido a depender, para obtener algunas victorias electorales, como en las alcaldías de Ciudad de México, de las alianzas con sus antes antagonistas. El propio Anaya, pese a haber sido candidato a la presidencia en 2018, no parece tener suficiente reconocimiento entre sus compañeros de partido como para volver a serlo en 2024, además de su difícil situación jurídica en el momento actual.
Pero no sólo los movimientos en las instituciones y en las elites políticas han contado aquí. Las transformaciones en la conciencia social comienzan a hacerse más evidentes en nuestro medio.
Casi al mismo tiempo que la reacción voxista pisaba suelo mexicano para dar a sus cófrades panistas el apoyo del que ahora éstos quieren desmarcarse, la Suprema Corte de la Nación resolvió la controversia constitucional acerca del aborto en el Código Penal de Coahuila, declarando inconstitucionales todas las leyes que en el país criminalizan el aborto. Se trata de una resolución que finalmente viene a responder a décadas de lucha de grupos feministas que, desde la sociedad civil, lo han demandado. No es posible que en el siglo veintiuno la mujer sea tratada como delincuente por tomar decisiones que atañen a su propio cuerpo, e incluso condenada a penas que muchos de los verdaderos criminales no purgan. Y es también un golpe a los sectores más conservadores de la sociedad mexicana de los que el PAN es uno de sus portavoces, junto con las iglesias, las organizaciones provida y otros actores. ¿Puede el Derecho, en este caso basado en las doctrinas de los derechos humanos, convertirse en fuente de nuevas formas de conciencia social, de ética y de cultura? Cabe esperar que sí y apostar por ello, en aras del avance de la sociedad hacia formas más elevadas de convivencia.
Y también al tiempo que el hispanismo de Vox (ahora designado pedantescamente como “Iberosfera”) con el respaldo de legisladores panistas pretende hacer de México nuevamente tierra de conquista gestionando su registro como “marca”, la jefa del Gobierno de Ciudad de México anunciaba el retiro definitivo de la estatua de Cristóbal Colón del Paseo de la Reforma, con gran aprobación de los habitantes de la capital y en general del país. Nuestra visión de Colón, un personaje que, conforme a los conocimientos historiográficos actuales puede ser juzgado más como un filibustero esclavista y genocida de los pueblos del Caribe que como héroe, ha cambiado; y lo ha hecho en gran medida gracias a las luchas de los pueblos y organizaciones indígenas que han debatido y controvertido también el juicio y el significado de la conquista y colonización europea en nuestro continente en los siglos XV y XVI.
Falta mucho por consolidar, sin duda, en materia de conciencia colectiva y de cultura; pero se perciben avances desde la sociedad misma e impulsados y consagrados también desde algunas instituciones. Y eso va marcando el retroceso de los prejuicios y las formas de conciencia que han servido a los grupos más conservadores para afirmar por muchas generaciones su dominio sobre la sociedad o partes de ésta. Una sociedad que se libera de los prejuicios religiosos en materias que son de orden estrictamente civil e individual, y que revisa su propia historia, pese a los dogmas que también por centurias la recubrieron, puede avanzar. En ese aspecto, vamos bien.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH