A 100 días de haber llegado al poder, el gobierno de Evo Morales adoptó ayer una medida magnífica: decretó que los hidrocarburos del subsuelo boliviano pasen al «control absoluto» del Estado, por medio de la empresa pública refundada Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). La disposición establece un plazo de 180 días para que las empresas […]
A 100 días de haber llegado al poder, el gobierno de Evo Morales adoptó ayer una medida magnífica: decretó que los hidrocarburos del subsuelo boliviano pasen al «control absoluto» del Estado, por medio de la empresa pública refundada Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). La disposición establece un plazo de 180 días para que las empresas extranjeras suscriban nuevos contratos de trabajo y la confiscación de montos diversos de acciones de empresas mixtas para que corresponda a la nación más de 50 por ciento de la propiedad de ellas.
La disposición es, para empezar, el cumplimiento estricto de una de las promesas centrales de campaña del actual mandatario: la recuperación de los recursos naturales bolivianos, los cuales fueron convertidos en botín de empresas transnacionales en los periodos presidenciales de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003), disciplinado ejecutor del Consenso de Washington y del neoliberalismo más literal. Pero la nacionalización conocida ayer, en una fecha emblemática, es más que un compromiso entre el gobierno de Morales y la porción mayoritaria de la sociedad: constituye una condición imprescindible para sacar al país andino de su postración económica y orientarlo a un desarrollo que permita atender sus pavorosas desigualdades sociales, su miseria y su marginación. La medida es, también, un parteaguas histórico en la construcción de la soberanía boliviana.
Las dos transnacionales más afectadas por el decreto son la hispano-argentina Repsol YPF y la brasileña Petrobras. Es lógico que en círculos gubernamentales de Madrid y Brasilia se hayan vertido de inmediato expresiones de disgusto por la medida oficialmente llamada Decreto Supremo 28701 »Héroes del Chaco»; que el ministro brasileño de Minas y Energía, Silas Rondeau, la haya calificado de «gesto no amistoso», y que el Ministerio español del Exterior haya manifestado su «preocupación». Cabe esperar que tanto el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como el de Luiz Inacio Lula da Silva actúen con espíritu comprensivo, entiendan que la nacionalización de los hidrocarburos es una necesidad impostergable de Bolivia y logren contener la hostilidad provocada por el decreto de Morales en los círculos financieros españoles y brasileños.
Es pertinente recordar que la lucha de los bolivianos por recuperar sus recursos del control extranjero no empezó ayer, ni cuando Evo llegó al Palacio Quemado de La Paz. Ya el 13 de marzo de 1937, en el gobierno de David Toro Ruilova, se nacionalizó la Standard Oil y se fundó YPFB. El control sobre el petróleo volvió a perderse en años posteriores, y el 17 de octubre de 1969, durante la gestión de Marcelo Quiroga Santa Cruz en el Ministerio de Minas y Petróleo, se nacionalizaron los bienes de la Bolivian Gulf Oil Company. Ayer, en suma, el gobierno de Evo Morales rindió un justo homenaje al pasado a la memoria de Quiroga Santa Cruz, asesinado por la reacción en 1980; a los mineros legendarios; a los caídos durante la llamada Guerra del Gas, en 2003, y a muchos otros y dio un paso trascendental para garantizar el futuro de los bolivianos.