Me cuento entre los que ya sospechábamos que el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador no sería tan fácil ni tan terso, y que la transición calificada como «de terciopelo» o era un pacto convenido para negociar impunidad por una mudanza del poder estatal sin perturbaciones, o era una ilusión óptica y auditiva. […]
Me cuento entre los que ya sospechábamos que el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador no sería tan fácil ni tan terso, y que la transición calificada como «de terciopelo» o era un pacto convenido para negociar impunidad por una mudanza del poder estatal sin perturbaciones, o era una ilusión óptica y auditiva. En especial, pensé que el mayor conflicto que el nuevo equipo gobernante tendría que resolver al inicio de su gestión sería el de la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto en el vaso de Texcoco. Hasta ahora, al menos, en ese tema parece haber un control de daños y una salida negociada con los empresarios involucrados en el proyecto aeroportuario.
En cambio, la liebre ha saltado por otro lado. Se ha agudizado la confrontación al interior del Estado mismo, entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, por una parte, y el Poder Judicial por la otra. Y se trata de un conflicto de pronóstico reservado. Los ministros de la Corte, magistrados y jueces han salido a la palestra a oponerse activamente -seguramente haciendo bloque con otros grupos y fuerzas menos visibles- a defender sus elevadísimas prerrogativas, por no decir opulentos e insultantes ingresos.
«Es la guerra», ha dicho Ricardo Monreal, líder de la fracción de Morena en el Senado. Y ha propuesto abrir investigaciones a los ministros por presunta corrupción y hasta posibles vínculos con la delincuencia organizada. El semitroglodita también senador Félix Salgado Macedonio, asimismo del grupo de Morena, ha planteado, por su parte y sin más, la destitución de todos los ministros de la Corte por el presidente López Obrador para que otros nuevos sean designados (acotación: a la desaparición de un poder por otro se le llama, técnicamente, golpe de Estado).
¿Pero de dónde vienen esos privilegios palaciegos que tan obstinadamente defienden los ministros, magistrados y jueces, así como otros miembros del alto funcionariado estatal? Básicamente, de dos fuentes. La primera, la reproducción endogámica de los mismos grupos de poder que durante décadas se hicieron del control del Estado y de sus órganos para usarlos en beneficio propio; es decir, de un proceso de corrupción no individual sino sistémica en la que no necesariamente cada funcionario es o puede ser señalado como corrupto, sino lo es el organismo en su conjunto, y cada alto componente individual es tan sólo una pieza o elemento de ese aparato. La segunda, lo que podríamos bien llamar la Doctrina Fox (el del «gobierno de empresarios para empresarios»), según la cual es necesario que el Estado pague altos estipendios a fin de captar para la administración pública a los ejecutivos de alta empresa o «impedir» que los funcionarios públicos se «fuguen» hacia el sector privado.
En todo caso, quienes ahora suspenden por controversia constitucional la nueva Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos tienen a su favor al menos dos artículos constitucionales: el 94, que en uno de sus párrafos dicta: «La remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo», y el 14, que establece que «A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna».
Por su parte, la nueva Ley de Remuneraciones es reglamentaria del artículo 127 que en su fracción II establece: «II. Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente».
En consecuencia, como se ve, la aplicación a rajatabla de la fracción citada y de la nueva Ley sólo podría hacerse en violación a los artículos 14 y 94 de la Ley Suprema. Por eso la secretaria de Gobernación de López Obrador y ministra en retiro de la propia Corte, Olga Sánchez Cordero, ha señalado que será muy difícil y se ha manifestado en contra de la reducción de las remuneraciones de los ministros y magistrados del poder judicial. Ella misma, según se sabe, percibe en su condición de ex ministra una pensión de retiro de 258 mil pesos mensuales, más otros beneficios en efectivo y en especie. A eso se añadirá ahora su remuneración como secretaria de Estado, remuneración que ha ofrecido públicamente donar. El tener esos ingresos, como queda dicho, no la hace una persona corrupta, sino que es producto de un aparato que en su conjunto se fue corrompiendo hasta alcanzar niveles majestuosos en la desigualdad con respecto de los salarios mínimos, los comunes y los profesionales.
Pero hay algo más. Creo que la controversia fue mal planteada desde el inicio. En vez de que el tema de las remuneraciones a los altos funcionarios se tratara en el Congreso dentro del debate del Presupuesto de Egresos -el cual sólo se iniciará después del 15 de diciembre-, fue planteado por López Obrador apenas unos días después del 1 de julio, cuando aún ni siquiera era declarado presidente electo, en conferencia de prensa en la que salió a decir que su propia remuneración sería de 108 mil pesos y que haría aplicar la disposición del artículo127. Desde luego, nunca antes un candidato triunfante se había atrevido, al margen del Congreso y de un proyecto de Presupuesto, a establecer per se su retribución. El tema en vez de ser de racionalidad presupuestal se politizó y desde entonces generó urticaria y temores en amplios sectores de la administración pública. Hoy, no sólo los miembros del Poder Judicial sino muchos otros servidores públicos promueven amparos y se rebelan contra la nueva disposición legal expedida por el Congreso.
Desde luego que entre la población en general hay enojo contra la posición asumida por ministros y magistrados, en los que se han focalizado los señalamientos como casta privilegiada -que efectivamente son, pero no sólo ellos-, enojo que se manifiesta en las redes sociales, muchas veces con propuestas e iniciativas desubicadas o imposibles de cumplir por el Legislativo como no fuere a costa de romper el propio orden constitucional. Por el contrario, lo que se está logrando es unificar a las fuerzas de la derecha, el PRI, PAN, grupos empresariales y en general a los aún amplios sectores antiobradoristas detrás de la Corte y en contra de lo que ya califican como autoritarismo del Presidente y su partido.
Pero eso no quiere decir que no se pueda hacer nada contra el sistema de privilegios de la alta burocracia estatal en sus diferentes poderes.
En primer lugar, por supuesto, la nueva Ley de Remuneraciones habrá de aplicarse en lo sucesivo a los nuevos empleados de confianza del presidente López Obrador y en general a los que en el futuro se vayan incorporando a la administración pública federal y de los Estados.
En segundo término, como ya se hizo, llegar al acuerdo con los miembros de la actual Suprema Corte y del Poder Judicial en general, de no dar efecto retroactivo a la norma reglamentaria del 127. Desgraciadamente, por un tiempo, sí seguirán vigentes los faraónicos ingresos de esos y otros estamentos -consejeros del INE, IFAI, CNDH y, en general, de los organismos autónomos- a los que no les sería aplicable directamente esa ley sino violando el artículo 14 constitucional.
En el plano presupuestal, en tercer lugar, revisar todas las prerrogativas no retributivas que también benefician a esa casta de opulentos funcionarios; es decir, vehículos, combustibles, teléfonos, ayudantías, guaruras, etcétera, que ahora tendrán que ser pagados por los funcionarios con sus propios y elevados ingresos. Se debe partir de un señalamiento evidente: lo que esos miembros del servicio público perciben no son salarios, pues no se corresponden con el nivel de capacitación de su fuerza laboral, por más que algunos de ellos sean muy meritorios, ni mucho menos con las condiciones generales del mercado laboral, ahí donde se establecen realmente los salarios, sino con la específica ubicación de esos individuos en la cúpula del aparato administrativo que debe ser público pero que se ha tergiversado para ponerse al servicio de interese privados.
Y en un cuarto plano, perseguir puntualmente, esas sí como abusos de poder y delitos, y como lo sugiere el senador Monreal, las otras expresiones de corrupción, pero individuales. Desde luego, los abusos de poder, como el nepotismo que ya ha sido exhibido por investigaciones periodísticas, como el que, hasta ahora, a 500 ministros, magistrados y jueces se les han encontrado familiares y allegados cobrando en la nómina del Poder Judicial, en muchas ocasiones como aviadores. Lo mismo ha de hacerse en los organismos autónomos y todos los sectores donde sea necesario aplicar auditorías de personal.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH
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