Durante la colonia, los castellanos hicieron que el indio construyera los muros de sus propias prisiones a cambio de cuentas de cristal. ¿Habrá cambiado para algo la historia? René Zavaleta diría que no, que tras ganar en las calles la revuelta de octubre el pueblo perdió en el Parlamento; que el perverso «hilo de continuidad» […]
Durante la colonia, los castellanos hicieron que el indio construyera los muros de sus propias prisiones a cambio de cuentas de cristal. ¿Habrá cambiado para algo la historia? René Zavaleta diría que no, que tras ganar en las calles la revuelta de octubre el pueblo perdió en el Parlamento; que el perverso «hilo de continuidad» en la historia larga del país permanece incólume y que la casta encomendera se encaramó en el poder una vez más como hiciese tras la revolución popular de 1952 y tras la revuelta de noviembre de 1979.
Ganar tiempo y desgastar al movimiento popular fue lo que hizo durante un año y medio de gobierno el Presidente de Bolivia. Por 18 meses Carlos Mesa fue el señuelo con el que una casta oligárquica en recomposición, mantuvo a líder visible de la subalternidad, Evo Morales, embelezado con la virtual posibilidad de gestionar desde el Parlamento una histórica reversión de la Capitalización vía derogación de la Ley de hidrocarburos de Sánchez de Lozada. Entretanto, Mesa generó las condiciones jurídicas, políticas y electorales para una velada reconstitución de la lógica de poder secular, herida pero no destruida por la revuelta de octubre de 2003. Él mantuvo al líder cocalero embriagado con la perspectiva de sucederle en la Presidencia, le distanció de los sectores sociales y, bajo el argumento de «propuesta antes que protesta», sumergió a su partido – el Movimiento al Socialismo – en la práctica política palaciega y estéril de la democracia representativa prebendal.
Hoy, cuando es más débil el movimiento popular, la política presidencial da un giro abiertamente conservador y revela que Mesa sólo estuvo esperando el momento de decirle al MAS que «cayó el telón».
El vuelco a la derecha
Tanto el respaldo de los partidos tradicionales, plasmado en el reciente Acuerdo de Gobernabilidad, como la movilización urbana gestada por la intermediación del aparato político de los Alcaldes en la Paz, El Alto y Cochabamba, exponen a un Mesa que ha retornado al seno de la derecha y que hoy dispone de un respaldo en el Parlamento y de una fuerza social en las calles que en adelante le permitirá prescindir de cualquier diplomacia con los movimientos sociales que, a desdén de las cambiantes actitudes del MAS, le demandaron inclaudicables la nacionalización de los hidrocarburos desde el primer día de su gobierno.
Saliendo en defensa de la aprobación del 18% de regalías logrado en la Cámara Baja por la coalisión MNR-MIR, Mesa no sólo ha mostrado su abierta postura conservadora sino que ha refortalecido al alicaído bloque parlamentario neoliberal que componía la «Megacoalición» de Sánchez de Lozada. Mantener los términos de explotación de los recursos hidrocarburíferos es el punto de acuerdo, el interés común, que ha dotado a Mesa del respaldo parlamentario del que – al menos en apariencia – había carecido durante su año y medio de gobierno.
Tras el destape del Presidente del domingo 6 de marzo, es claro que Mesa hizo lo que mejor sabe hacer: Ser convincente y generar un cambio de actitud en la opinión pública para legitimar la represión de los bloqueos que ejercitan los aparatos de seguridad del Estado.
Mesa actuó y su talento histriónico, amplificado por la cobertura cómplice de la media, convenció a todo el país de que obviara lo evidente y de que olvidara lo esencial; que él fue desde siempre el campeón mediático de la política neoliberal, que ascendió al poder del brazo de Sánchez de Lozada, que su staff de ministros son un remanente de la administración gonista y que todas las reformas que implementó durante este año y medio, a título de «transformar el país», sólo han servido para «rearticular» la vieja lógica política y «restaurar» el orden social y económico que subvirtió al pueblo en 2003.
La instrumentalización municipal
Pero las revelaciones no paran ahí. Mientras durante el primer año de su gobierno las bancadas del MIR y el MNR aún resentían que Mesa diera curso al Juicio de Responsabilidades y se resistían a asumir el liderato de Mesa sobre el bloque de los partidos conservadores, el Presidente estaba generando las condiciones electorales óptimas para consolidar un brazo «popular» que hiciese frente en las calles a la protesta campesina, indígena y subalterna. La Ley de Agrupaciones Ciudadanas fue el instrumento para que en diciembre de 2004 se constituyeran gobiernos locales «legítimos» en las ciudades capitales del país, sin que el gobierno tuviera que involucrarse promoviendo fórmula electoral propia en ninguna ciudad. Hoy esos gobiernos municipales urbanos son el aparato con el que el Ejecutivo conjurará cualquier protesta social pro recuperación de la propiedad de los recursos naturales, cual hicieron en La Paz Juan del Granado y en El Alto José Paredes durante la semana que concluye. Las comunas de las ciudades capitales serán en adelante el resorte que activará el antagonismo campo-ciudad, que resucitó el discurso maniqueísta del Presidente.
Reedición de la Bolivia dual
Pero Mesa no sólo gestó gobiernos municipales con actores afines a la preservación de su política estatal sino que también trabajó el escenario de reconstitución de la base social que siempre sustentó la vieja lógica de poder: las elites urbanas. Y lo hizo vía reconstrucción de la noción de «las dos Bolivias»; mediante la exacerbación del histórico particularismo de las elites urbanas, cuyo sustento ha sido siempre uno: el racismo.
Mesa reeditó la Bolivia dual, impulsando un espontáneo «reconocimiento de las elites». La marcha de los «pañuelos blancos» es un espacio periódico de reencuentro de las minorías privilegiadas del país, en esta ocasión propiciado por el discurso del Presidente.
De acuerdo a la psicología social, una comunidad, un grupo o una minoría específica dispersa sólo se reconoce y se reunifica en la presencia de «el otro», de un contrario que represente una amenaza a la integridad de su «yo» identitario; de aquello que les constituye en lo que son. En el caso de Bolivia, un país caracterizado por la permanente exclusión de las clases populares de los niveles de decisión en el Estado, ese elemento aglutinador fue la impugnación del indio «irracional» y «descabellado», que osa reclamar el ejercicio del poder.
Desde la ruptura histórica que representó abril de 2000, las elites castizas del país permanecieron arrinconadas en el flanco de un fallido proyecto político y económico, que pretendiendo hacer historia se derrumbó en dos décadas: el neoliberalismo.
La caída de la ilusión de una economía privada que asumiera la responsabilidad del Estado de generar condiciones productivas, fuentes de empleo y bienestar social, es precisamente producto de ese racismo que le impide a la elite nacional pensarse igual en derechos y oportunidades a «el otro». Mesa estuvo conciente en todo momento de aquello y por esa razón su discurso – lo sostenemos – tuvo la deliberada intención de reeditar la diferencia, de fragmentar el país, para apoyarse en la minoría histórica blanca y hacer prevalecer el marco jurídico que permite la explotación de las riquezas naturales sin rédito para el Estado.
El erratismo del MAS
En el año posterior a la revuelta popular de Octubre de 2003, la imagen contestataria del MAS se fue deteriorando paulatinamente por su respaldo al gobierno de Mesa, por su distanciamiento de las organizaciones sociales, por su giro electoralista durante las municipales y – por encima de todo – por su cambio de actitud política que le llevó de ser la reserva moral del país, a ser un partido que actuó en función a cálculo político, a pragmatismo de objetivos y al inmediatismo electoralista.
Morales pecó de ingenuo, es innegable. Fue cómplice de la aprobación de un Referéndum que le sirvió de instrumento a Mesa para desvirtuar la Agenda de Octubre y relativizar el mandato popular. El Referéndum fue el argumento para sustentar un mandato ambiguo cuya interpretación cambió el Presidente a gusto y necesidad de las coyunturas.
Asimismo Morales y el MAS apoyaron la aprobación de una Ley de agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas que Mesa les vendió como la oportunidad de deshacerse de los partidos tradicionales, cuando fue en realidad el instrumento que les permitió al MNR, el MIR y la ADN proyectar a sus hombres de segunda línea y evitar perder el control de las ciudades capitales del país durante las elecciones municipales.
Si tras el Referéndum Mesa pudo prescindir del mandato de Octubre, tras las Elecciones Municipales le fue posible disponer de los operadores y el aparato político con el que finalmente se opuso y prescindió de Evo Morales. La paradoja de esta historia es que Mesa construyó su hegemonía respaldado por los votos del MAS en el Parlamento y por el voluntario desmarque del movimiento cocalero de la Coordinadora de Defensa del Gas y del Estado Mayor del Pueblo.
En abril de 2004 Morales llegó a enfrentar a los movimientos sociales para imponer el Referéndum del Gas y castigó con el exilio y la expulsión a la disidencia de su propio partido por oponerse a su giro «por la gobernabilidad del país». Con una purga stalinista, a título de disciplina partidaria, se liquidaron del MAS a intelectuales y dirigentes contestatarios para proveer a Mesa de gobernabilidad.
Durante la colonia, los castellanos hicieron que el indio construyera los muros de sus propias prisiones a cambio de cuentas de cristal. ¿Habrá cambiado para algo la historia? René Zavaleta diría que no, que tras ganar en las calles la revuelta el pueblo perdió en el Parlamento; que el perverso «hilo de continuidad» en la historia larga del país permanece incólume y que la casta encomendera se encaramó en el poder una vez más como hiciese tras la revolución popular de abril de 1952 y tras la revuelta de noviembre de 1979.
El autor es periodista de bolpress