El pasado fin de semana el Partido Revolucionario Institucional, otrora todopoderoso en el medio político mexicano, realizó el proceso inédito de una elección universal y directa entre sus militantes de su presidencia nacional. De ella surgió triunfante un joven político, el gobernador con licencia de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, también conocido como Alito . Es […]
El pasado fin de semana el Partido Revolucionario Institucional, otrora todopoderoso en el medio político mexicano, realizó el proceso inédito de una elección universal y directa entre sus militantes de su presidencia nacional. De ella surgió triunfante un joven político, el gobernador con licencia de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, también conocido como Alito . Es clara la intención, con esta nueva dirigencia, de dar una imagen de renovación y frescura ante sus militantes y los ciudadanos en general de cara a los próximos procesos electorales, en busca de recuperar algo del mucho terreno perdido en los comicios de 2018.
Pero esa imagen no parece corresponderse en nada con lo que se vio en el proceso electivo interno del domingo 11 de agosto: urnas vacías, denuncias de fraude y ausencia de consenso en torno a los resultados. De sus 6.76 millones de adheridos formalmente inscritos en sus padrones, participó alrededor del 20 o 25 por ciento, y eso después de una campaña aún inconclusa de afiliación. El candidato triunfante habría obtenido un 80 por ciento o más de la votación. En tanto que la candidata que quedó en segundo lugar, la ex gobernadora de Yucatán Ivonne Ortega, que obtuvo un 13 o 16 por ciento, según la fuente consultada, denunció a lo largo del día a través de su cuenta de Twitter compra de votos, acarreo de votantes, urnas «embarazadas» y paquetes electorales abiertos. Anunció que impugnará el proceso, en tanto que a la tercera candidata, la prácticamente desconocida Lorena Piñón, le correspondió un papel testimonial con no más del 3 o 3.5 %; pero aun así contribuyó a convalidar el proceso favorable a Alito . Previamente, el ex rector y ex secretario de Salud José Narro Robles se había retirado de la contienda y del partido denunciando que la elección estaba arreglada y el resultado cantado. Y al también aspirante Ulises Ruiz -el represivo ex gobernador de Oaxaca, con más de 20 muertes en su haber durante el conflicto de 2006- se le negó el registro por no tener respaldo de los sectores del partido, por lo que denunció que el proceso era «una farsa».
Por otro lado, Manlio Fabio Beltrones, ex presidente partidario, anunció en un tuit que no participaría en la elección por las irregularidades en el padrón. Y renunció al partido la destacada periodista Beatriz Pagés Rebollar denunciando que se lo estaba entregando al presidente López Obrador.
En fin, desde la confección del padrón y la emisión de la convocatoria hasta el final de la jornada electiva hubo denuncias de irregularidades y trampeo en favor de quien se levantó a la postre como triunfador. Triunfo pírrico, si se considera el alto costo que para el partido tuvo la erección de la nueva dirigencia y el nivel de la indiferencia de los propios priistas hacia el proceso y sus candidatos. Un aguacero sobre mojado, dada la situación que vive ahora el otrora partidazo oficial, al que se le aplicaban en otros tiempos sobrenombres como «invencible», «aplanadora», y otros.
Las elecciones federales y estatales de 2018 determinaron la debacle tricolor, de la que se antoja imposible que se repongan los priistas. Su candidato presidencial, el «externo» José Antonio Meade sólo obtuvo -en alianza con el PVEM y el Panal- el 16 por ciento de la votación y se ubicó en un lejano tercer lugar, sin ganar en una sola entidad del país. En el Senado, sólo logró colocar, por la vía plurinominal, a 14 de sus candidatos, el 11 por ciento de los escaños. En la Cámara de Diputados cuenta con apenas 47 legisladores, el 9.4 por ciento del total. Desde la elección del Estado de México en 2017 no ha logrado ganar ningún gobierno estatal; en este año, en la elección de Baja California y en la extraordinaria de Puebla ni siquiera figuró como competitivo.
Sólo declarativamente, pues, y como un señuelo, pueden Claudia Ruiz Massieu Salinas y otros dirigentes priistas hablar de una recuperación política o electoral de su partido.
Pero hay más. Se trata de los escándalos de todos conocidos de corrupción en los que los priistas han estado comprometidos. Casi todos los gobernadores que Enrique Peña Nieto anunció como los exponentes del «nuevo PRI» se han visto involucrados en procesos de carácter penal por peculado, desviación de recursos, sobornos, paraísos fiscales, vínculos con la delincuencia y otras lindezas similares. Javier Duarte -de quien ahora sabemos que pactó su aprehensión y su condena con el entonces secretario de Gobernación Osorio Chong-, Roberto Borge, César Duarte (prófugo), Rodrigo Medina, el veracruzano Flavino Ríos, el tamaulipeco Egidio Torre Cantú y sus antecesores Eugenio Hernández, Tomás Yarrington y Manuel Cavazos Lerma. Humberto Moreira y su hermano Rubén han sido repetidamente señalados por su corrupción y su probable involucramiento con los zetas . Exonerados, han llegado a la cárcel el tabasqueño Andrés Granier y el michoacano Jesús Reyna García. Antes cayó y sigue en prisión Mario Villanueva Madrid por delincuencia organizada. Ahora, los señalamientos judiciales han alcanzado a altos ex funcionarios del gobierno de Peña Nieto: Emilio Lozoya Austin (prófugo) y su familia, y Rosario Robles Berlanga, protagonista central de la llamada Estafa Maestra . Seguir la pista del dinero puede llevar a varios otros ex servidores públicos de alto nivel, particularmente de la última administración priista.
Especial atención ha tenido el caso de César Duarte Jáquez, a quien el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, busca tenazmente procesar a pesar del fracaso, hasta hoy, de los intentos de extradición desde su refugio en los Estados Unidos. Su secretario de Gobierno Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, quien también fue secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI con Manlio Fabio Beltrones, ha sido condenado por peculado agravado y es la pieza clave para inculpar a Duarte Jáquez.
El priismo y especialmente el peñanietismo se convirtieron, a los ojos de la sociedad mexicana, en sinónimos de corrupción. Las puntas de la madeja: Robles, Duarte de Ochoa, Lozoya y Duarte Jáquez parecen conducir a un mismo nudo: el financiamiento ilegal de las campañas del PRI, especialmente de la de 2012 en la que Peña ganó la presidencia a costa de torrentes de dinero, pero también las de varios gobiernos estatales (Estado de México) en las que se derrocharon recursos y se rebasaron los topes establecidos.
También podría hablarse de los actos de represión durante los gobiernos de Peña en el Estado de México y el país: San Salvador Atenco, el 1 de diciembre de 2012 en la Ciudad de México, Tlatlaya, Apatzingán, Nochixtlán, Iguala -con sus 43 normalistas desaparecidos sin solución aún- y Tanhuato, varios de ellos verdaderos crímenes de Estado que colocaron e México en la mira de las organizaciones internacionales oficiales y civiles de derechos humanos. También de los más de 37 mil desaparecidos contabilizaos durante su mandato y el asesinato de 66 periodistas y de 161 defensores de derechos humanos, crímenes casi en su totalidad impunes o ni siquiera esclarecidos. De ese pesado lastre de su gobierno más reciente tendría que desprenderse el PRI para recuperar alguna dosis de aceptación social. El propio ex candidato presidencial priista Francisco Labastida Ochoa ha calificado a Peña Nieto como el peor presidente que ha tenido México en los tiempos actuales.
Ahora, el tema del financiamiento público, con el acuerdo del Consejo General del INE de otorgar a los partidos registrados 5 mil 240 millones de pesos para 2020, coloca al PRI en un nuevo dilema. De esa cuantiosa cifra (a la que habría que agregar la otorgada por los organismos electorales de las entidades federativas, que quizá se aproxime a otro tanto) le correspondería al partido tricolor unos 896 millones. Sin embargo, de inmediato el presidente López Obrador ha reaccionado a ese acuerdo del organismo superior electoral haciendo un llamado a los dirigentes partidarios a devolver la mitad de esas prerrogativas, e incluso ha girado instrucciones a la Secretaría de Hacienda de dialogar con ellos para ese fin. Renunciar a esos recursos, de por sí exiguos para el tamaño del aún voluminoso aparato priista, significaría profundizar su crisis; no hacerlo implicaría aumentar su desprestigio ante una sociedad harta de la partidocracia y de los abusos que desde las franquicias electorales se siguen cometiendo.
No es inminente que el PRI pierda su registro electoral en los años inmediatamente por venir. Su presencia sigue siendo extendida entre los ciudadanos del país. Pero se ve cada vez más difícil que logre el acceso a posiciones de poder por la vía de votaciones de mayoría relativa. Aun con su renovada dirigencia la sombra del fracaso lo asechará durante la nueva etapa que se ha abierto, la que López Obrador y Morena han proclamado como «Cuarta Transformación». El camino que le quedará será el de contemporizar con el gobierno obradorista y evitar el enfrentamiento con éste, que sólo llevaría a su mayor desgaste. Pero aún eso difícilmente lo salvará de la marginalidad en las elecciones por venir en 2020, 2021 y aún en las de 2024. Los ciudadanos dieron un veredicto implacable en 2018, cuyas consecuencias todavía no acaban de desplegarse para el ya ni revolucionario ni institucional, como se seguirá viendo en el próximo periodo.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH
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