La Comisión para el esclarecimiento de los hechos de Pando fue categórica: hubo masacre en esa región de Bolivia. Un gran resultado para la autonomía de Sudamérica.
El primer gran logro de la Unión de Naciones de Sudamericanas (Unasur) fue la entrega el 3 de diciembre del Informe de la Comisión sobre la masacre de Pando a la presidenta de Chile, Michele Bachelet, en Santiago. Las conclusiones a las que arribó esta delegación integrada por profesionales de las doce naciones de la novísima sigla son contundentes: el 11 de setiembre hubo una masacre en los alrededores de Pacífico, población del Departamento de Pando, perpetrada por los sectores afines al prefecto Leopoldo Fernández contra los campesinos afines al gobierno del presidente Evo Morales.
En setiembre pasado, la derecha más recalcitrante, separatista de Bolivia inició una serie de acciones que se movían en dos direcciones concurrentes: lograr un golpe de Estado que destituyese al presidente Evo Morales como hipótesis de máxima, o bajo el pretexto de las «autonomías» desintegrar a la nación entre un «oriente próspero» o «Media Luna racialmente blanca» de un occidente indígena.
La «Media Luna» está compuesta por los departamentos de Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija. En estas regiones se sucedieron una serie de gravísimos hechos patrocinados por los prefectos, que significaron la toma de distintos edificios públicos que representaban al Estado nacional y daños estimados en 200 millones de dólares. La Aduana Nacional, el Servicio de Impuestos, la Administradora Boliviana de Carreteras, el Instituto Nacional de Reforma Agraria, y la Empresa de Telecomunicaciones fueron algunas de las instituciones tomadas por los separatistas.
Los hechos más luctuosos se registraron en Pando, cuando campesinos de esa región realizaron una asamblea antes del mediodía donde decidieron que marcharían en contra de la toma del Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA) por parte de los cívicos, que respondían a la voluntad de Fernández.
Los hechos
Los sectores afines al prefecto e incluso organismos de la estructura estatal del Departamento de Pando se organizaron deliberadamente para enfrentar a los campesinos. Los hechos más sangrientos se produjeron en el puente que cruza el río Tahuamanu donde los campesinos fueron emboscados. Se sucedieron disparos de armas de fuego, muchos indígenas se arrojaron al curso de agua para sobrevivir; los que fueron capturados por los «cívicos» sufrieron detenciones clandestinas y torturas. El saldo fue de 19 muertos y decenas de heridos.
Ante esta situación, y tras haberse declarado el estado de sitio en ese departamento del norte de Bolivia, las Fuerzas Armadas detuvieron al prefecto Fernández, quien fue trasladado a la prisión de San Pedro, en La Paz, por violar la normativa en vigencia y para determinar sus responsabilidades en los sangrientos hechos.
De inmediato, Morales hizo una convocatoria que marca un cambio. En lugar de llamar a la Organización de Estados Americanos (OEA), a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o cualquier otro organismo supra o interestatal, regionalizó la cuestión. Llamó a que la Unasur se manifieste en forma contundente a favor del mantenimiento del orden institucional y la integridad territorial de Bolivia.
Los presidentes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Uruguay, Surinam y Venezuela respondieron en distinto grado pero en la misma dirección: los doce no permitirían la caída del gobierno legítimamente constituido, ni ningún intento de desmembramiento de la nación altiplánica.
«Para dejar en claro la postura frente a la complicada situación que está padeciendo Bolivia, los miembros de Unasur, el pasado 15 de septiembre se reunieron en el Palacio de la Moneda en Chile. En dicho encuentro los 9 presidentes sudamericanos que se hicieron presentes, expresaron su repudio a los movimientos separatistas y desestabilizadores de la ‘Media Luna’ boliviana…» escribía Taiana González en APM el 21 de setiembre. (Ver: «¿La calma que antecede al huracán?». APM 21/09/2008)
De ese encuentro en la capital chilena surgió la Declaración de la Moneda, donde se expresaba que «los países integrantes de la Unasur expresan su más pleno y decidido respaldo al Gobierno Constitucional del Presidente Evo Morales, cuyo mandato fue ratificado por una amplia mayoría en el reciente Referéndum».
Allí declararon que la organización repudia a la masacre de Pando, y respaldan el pedido de que la Unasur pueda constituirse para realizar una investigación imparcial que permita esclarecer los hechos a la brevedad para que no haya impunidad. Tras lo cual se crea una Comisión investigadora, coordinada por el argentino Rodolfo Mattarollo, e integrada por Fermino Fechio (Brasil), Luciano Fouillioux Fernández (Chile), Fulvia Elvira Benavides Cotes (Colombia), Ramiro Rivadaneira Silva (Ecuador), Graciela Caballero (Paraguay), Hugo Contreras Morales (Perú), Juan Faroppa/Juan Alejandro Mernies (Uruguay) y Freddy Gutiérrez (Venezuela).
La investigación
El 29 de setiembre comenzó la investigación de la Comisión de constatación de hechos sobre los sucesos de Pando. La misma recurrió al auxilio de antropólogos forenses de Argentina y Chile, a especialistas en criminalística, penal y criminología. Realizó un pormenorizado trabajo de campo, tomaron testimonios a fuentes primarias, recibieron a miembros del oficialismo, la oposición y a refugiados.
El 1 de octubre la Comisión viajó a Pando, donde visitaron las ciudades de Cobija, Porvenir y Filadelfia, recorrieron los lugares de los hechos y se reunieron con sobrevivientes. Se recogieron testimonios que fueron
El 14 de octubre, la Comisión se reunió en La Paz con el Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, quien señaló como actos de «soberanía fáctica» a lo hecho por los comités cívicos de la «Media Luna» fértil, falta de real autonomía del Poder Judicial y de las policías en esas regiones.
Respecto de los hechos de Pando, reafirmó la existencia de grupos armados, disparos a los campesinos, negación de asistencia médica a los heridos, y que no cree factible que los campesinos estuviesen armados. «Cree que hubo una masacre, ya que hubo una acción unilateral sin enfrentamiento de fuerzas».
El 15 de octubre, la Comisión se reunió con Rafael Vidal, Defensor del Pueblo de Pando, quien se refirió a la impunidad de las autoridades locales. «La toma del INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) por los ‘cívicos’ es considerada por Vidal como el hecho que desencadena el llamado a asamblea de los campesinos y la organización de la marcha», señala la Comisión.
El periplo de la Comisión continuó con entrevistas con la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, con el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, con el fiscal General de la República, Mario Uribe, y fiscales de la comisión Especial de la Cámara de Diputados. Luego se trasladaron a Sucre para reunirse con los ministros de la Corte Suprema de Justicia.
El 29 de octubre, la Comisión se entrevistó con el prefecto Fernández en la prisión de San Pedro, en La Paz, durante tres horas y media. Dos días después, los profesionales se trasladaron a la ciudad de Brasileia, en Brasil (la región donde se produjo la masacre es limítrofe con la nación lusoparlante). Y el 3 de diciembre pasado entregó al Bachelet, quien ejerce la presidencia pro tempore de la Unasur, las conclusiones del informe.
Las conclusiones de la Comisión
El informe comienza sus conclusiones con las prerrogativas que guiaron la investigación: «el imperativo de actuar con imparcialidad la condujo a recoger informes, testimonios y evidencias de todos los actores y sectores involucrados en los hechos que se les encomendó esclarecer».
El punto número 8 agrega que «Contribuir a perforar el muro de la impunidad nos obliga a develar los nombres de los presuntos responsables, ya que la verdad es integral y no puede segmentarse. Las responsabilidades personales exigen esclarecer el papel desempeñado por los distintos actores sin complacencias de ninguna naturaleza». Es decir, aunque la Comisión no debe inmiscuirse en los asuntos internos de Bolivia, sí van a señalar con nombre y apellido a los responsables de la matanza.
El primer punto de los Indicios y pruebas de los hechos es contundente: «como consecuencia del proceso de confrontación entre los sectores políticos del Departamento de Pando, se produjeron mutuas amenazas y acciones de fuerza al margen de la ley, las que culminaron con muertes y otros hechos delictivos, impulsados por sectores cívicos y prefecturales contra los sectores campesinos, y caracterizada por una evidente desproporción en los medios y fuerzas empleadas». Lo que se halla resaltado en negrita es la definición jurídica de masacre.
Más adelante, el documento explica que la comisión distingue dos momentos de ese 11 de setiembre: durante las primeras horas del día, el intento de impedir por medio de la fuerza la marcha campesina, en pleno desarrollo. Luego, a partir del mediodía, la masacre de campesinos.
El punto 3 de este subíndice afirma que «Los campesinos coinciden en forma unánime en que la agresión vino de los sectores prefecturales e incluso desde sus máximos dirigentes. Esto fue admitido por el propio prefecto Leopoldo Fernández», y en el punto siguiente aclara que «quienes buscaron impedir la concentración campesina efectivamente se encontraban armados».
Existen algunos testimonios acerca de que algunos campesinos estuviesen armados, aunque esta posibilidad no ha podido se constatado fehacientemente. Ni siquiera por las pruebas aportadas por los sectores cívicos y prefecturales.
Los últimos considerandos concluyen que se han producido numerosas ejecuciones sumarias por parte de agentes pertenecientes a la estructura del Gobierno prefectural del Departamento de Pando o afines a ella; y que salvo los casos de Pedro Oshiro y Alfredo Céspedes, el resto de los muertos pertenecen al sector campesino, con signos de muerte por heridas de armas de fuego, según los videos presentados.
En la Conclusiones del documento, la Comisión expresa en su punto número 1 «La convicción intelectual y coral según la cual el 11 de setiembre de 2008, en la localidad de Porvenir y otros sitios del Departamento de Pando, República de Bolivia, se cometió una masacre en el sentido empleado por la Organización de las Naciones Unidas».
En su punto número 4 agrega que «Aún cuando hubo personas que actuaron particularmente, los agresores de los campesinos lo hicieron en forma organizada y respondían, según algunos testimonios, a una cadena de mando y contaban con funcionarios y bienes del gobierno departamental al servicio de la empresa criminal».
Y el punto 7 cierra introduce la noción de persecución. «Igualmente la Comisión dispone de elementos que permiten concluir que se desencadenó una clara persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos raciales, étnicos, culturales y sociales».
Las consecuencias a futuro
La Comisión no tiene jurisdicción sobre Bolivia. No puede obligar a este Estado o a alguno de sus poderes a realizar tarea alguna. Es tarea del Poder Judicial boliviano juzgar y condenar a los culpables de la masacre de Pando. Pero ahora los magistrados que lleven adelante esta necesaria tarea no pueden hacer caso omiso al documento entregado a la presidenta temporaria de la Unasur. Esto marca un antes y, esperemos, un después.en el manejo de las crisis institucionales y las violaciones de los Derechos Humanos.
El documento realiza distintas recomendaciones sobre qué debe hacer la Justicia en Bolivia, e incluso, en los distintos países de Unasur. Sobre esta línea deben conducirse los gobiernos de América del Sur, ya que se hace hincapié en el respeto de los Derechos Humanos y el respeto a la autodeterminación de las naciones.
Se le puso un límite a la impunidad. El texto es muy claro en que no se actuó debido a las simpatías que pueda generar el proceso que se lleva adelante en Bolivia, sino que se decidió respetar convenciones universalmente aceptadas por la comunidad internacional. No se define a los hechos sangrientos como «masacre» porque los integrantes de la comisión adhieren a la política de Evo Morales, sino porque jurídicamente corresponden los hechos a esta categoría.
No va a ser tan sencillo de ahora en más que un miembro del Estado, como el senador José Villavicencio, grite delante de las cámaras «si Evo quiere sangre, va a haber sangre», mientras de fondo una turba corría a los tiros a un grupo de indígenas.
Desde un principio se eliminó de cuajo de recurrir a cualquier eufemismo que mencionase dos posturas en contraposición. En el propio texto del documento y en las expresiones vertidas en La Moneda, se deja bien en claro que no se va a admitir el quiebre del orden institucional ni el desmembramiento del país.
No se convocó a «especialistas» de la Unión Europea o Estados Unidos. Al respecto, Washington siempre trató de mostrar al conflicto como el choque entre dos sectores que se disputan el poder para mejorar la situación de Bolivia, mientras que la evidencia nos ha demostrado que de un lado, del gobierno de Evo Morales, se encuentra la población mayoritaria que quiere un Estado integrado y socialmente justo, mientras que del otro lado, la derecha más recalcitrante, sólo hay odio a los sectores campesinos, indígenas, progresistas y pobres. Pero en esta oportunidad el Departamento de Estado no fue tenido en cuenta en absoluto y la Casa Blanca va a tener que esperar.
Hacia el exterior la Unasur mostró un frente homogéneo, sin margen de dudas para el mantenimiento del Estado de Derecho y la integridad territorial. Los próximos intentos de las potencias extranjeras para desmembrar a los países más «díscolos» van a chocar contra este importante antecedente.
Nunca se dudó de la legalidad del gobierno en ejercicio, ni se vaciló sobre su vocación democrática. Fuera de la región se ataca a los gobiernos de Morales y de Hugo Chávez (Venezuela) en primer grado, y también a los de Rafael Correa (Ecuador) y hasta a Cristina Fernández (Argentina) acusándoselos de «populistas». Pero fronteras adentro, en este verdadero subcontinente, las distintas capitales cerraron filas para evitar la intromisión de intereses que nada tienen que ver con nuestra región.
Quizás el punto más importante sea que la región pudo solucionar un problema que tendía a agravarse y cuyas consecuencias eran imprevisibles. Aunque la Unasur existe desde mayo de este año, en este breve período de tiempo, sin dudas, éste es su mayor logro.