El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, realizó un recuento de las medidas adoptadas por esa empresa del Estado para revertir los negocios, contratos y ventas de plantas realizados al amparo de la reforma energética del gobierno del sexenio pasado y que han derivado en gravísimos daños al patrimonio nacional.
El funcionario afirmó que Pemex fue convertido en un mecanismo para transferir a compañías privadas del país y extranjeras riqueza derivada de la explotación de los hidrocarburos nacionales y anunció que la estatal recomprará dos plantas de hidrógeno (Tula y Madero) que fueron vendidas a particulares (desincorporadas, según el eufemismo tecnocrático) a pesar de que eran necesarias para la operación de la empresa.
Contó Romero Oropeza que fueron utilizados 241 mil millones de pesos para explorar en busca de petróleo en aguas profundas del Golfo de México, pero hasta ahora no se ha extraído un solo barril, y añadió que una parte de los recursos obtenidos por la venta de petróleo era transferido a una empresa constituida en Holanda (un país de baja tributación).
Esa política ya se acabó, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador: “Estamos levantando, rescatando a la industria petrolera, que fue dejada por los gobiernos anteriores en una condición de desastre”.
Aún cuando se prometió que las privatizaciones derivadas de esa modificación constitucional de la llamada reforma energética darían un impulso a la producción de petróleo por parte de agentes privados, el verdadero negocio consistió en devastar el patrimonio de Pemex.
Esos y otros negocios turbios permiten entender la verdadera naturaleza de la reforma energética del gobierno de Enrique Peña Nieto, bajo el paraguas político del llamado Pacto por México de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).
En lo que se refiere al crudo, cinco años después de realizada la reforma, las empresas particulares apenas aportaban 50 mil barriles diarios a una producción de un millón 670 mil barriles; es decir, un paupérrimo cuatro por ciento de lo extraído por Pemex.
Asimismo, Romero Oropeza recordó contratos como el firmado con el corporativo Braskem-Idesa, que obligaba a Pemex a entregar 66 mil barriles diarios de etanol 30 por ciento por debajo del precio internacional, a absorber los costos del transporte y con una cláusula de etanol de 200 por ciento sobre las cotizaciones circunstanciales de ese insumo. Como consecuencia, en muchas ocasiones la petrolera mexicana tuvo que adquirir etanol a precio de mercado para surtirlo al contratista con una evidente pérdida.
Unas muestras más de esas prácticas delictivas incluyen la inversión en 2013 de 5,1 millones de eruos de la empresa en un astillero español quebrado (en Vigo) que no generó dividendos a Pemex, o un contrato lesivo que obligaba a la petrolera a proveer a un particular insumos industriales a un precio inferior al del mercado y subsidiar costos de operación; o vender parte de las instalaciones de sus refinerías.
Otro ejemplo del saqueo a Pemex perpetrado durante sexenios anteriores fue el de Agronitrogenados y Fertinal, cuyas plantas fueron compradas a particulares, la primera en ruinas y la segunda, gracias a un complejo esquema de lavado de dinero en el que estuvo involucrada la corporación trasnacional brasileña Odebrecht. Ambas fueron adquiridas a precios mucho más altos que el de su valor real.
A partir de diciembre de 2018 se tuvo una participación activa en la supervisión de la empresa y se logró la salida de Pemex en mayo de 2020 con la recuperación de la inversión inicial y la eliminación de garantías por un valor de ocho millones de dólares.
En los dos últimos años, la actual administración ha invertido 79 mil 871 millones de pesos (hoy unos mil 600 millones de de dólares) y se ha obtenido una producción de nuevos campos en cuencas terrestres y aguas someras de 186 mil barriles de crudo al día. También se ha emprendido el rescate de plantas productoras de fertilizantes, para buscar que se garantice el abasto nacional de este insumo.
Respecto de las actividades relacionadas con la comercialización internacional, Romero Oropeza informó que ya el cien por ciento están domiciliadas en México y son auditables. Inicialmente se tenían 25 filiales y a la fecha se han fusionado cinco, reducido ocho; y actualmente quedan 12. La meta es llegar a 10 para trabajar de manera eficiente, añadió.
La privatización energética promovida por administraciones anteriores aún cuenta con voces defensoras, por más que los hechos aquí referidos ponen de manifiesto la naturaleza depredadora y en muchos casos delictuosa de los negocios realizados al amparo de la reforma energética, señala un editorial de La Jornada.
Las resistencias a eliminar tales negocios se originan en los intereses inconfesables que desearían seguir haciendo dinero fácil a expensas del erario público, desagrando a México
Gerardo Villagrán del Corral. Antropólogo y economista mexicano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)