«Nos sentimos indefensos, pero vamos a regresar a San Juan Copala, vamos a estar con la familia de nuestro compañero muerto», aseguró a IPS Jorge Albino, portavoz de esa localidad en el sureño estado mexicano de Oaxaca. San Juan Copala, habitado mayoritariamente por indígenas triqui y que se declaró autónomo en enero de 2007, se […]
«Nos sentimos indefensos, pero vamos a regresar a San Juan Copala, vamos a estar con la familia de nuestro compañero muerto», aseguró a IPS Jorge Albino, portavoz de esa localidad en el sureño estado mexicano de Oaxaca. San Juan Copala, habitado mayoritariamente por indígenas triqui y que se declaró autónomo en enero de 2007, se tiñó nuevamente de sangre por el asesinato de Timoteo Alejandro Ramírez, de 44 años de edad, y de su esposa, Cleriberta Castro, de 35, ejecutados en su casa la tarde del jueves 20 por un comando armado.
Ramírez, quien ya había sufrido dos atentados, fue uno de los precursores de la autonomía de esa localidad y máximo dirigente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (Multi), una de las organizaciones defensoras de esa iniciativa.
Albino y un grupo de organizaciones no gubernamentales responsabilizaron este viernes del crimen a la administración del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y al Partido Unidad Popular Estatal.
«(Timoteo) ha muerto por luchar por sus derechos, por buscar el bien común. La zona triqui ha estado en el olvido, ha estado marginada por mucho tiempo», declaró a IPS Edelberto Hernández, otro dirigente comunitario.
Envuelta en el luto, San Juan Copala, ubicada a unos 600 kilómetros al sudeste de la capital mexicana, es recientemente escenario de crímenes violentos.
El 27 de abril fue atacada una caravana humanitaria que pretendía ingresar al municipio, acción atribuida por los activistas a la Unión de Bienestar Social para la Región Triqui (Ubisort)
En la emboscada murieron Beatriz Alberta Cariño, directora del no gubernamental Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, y el finlandés Jyri Jaakkola, un observador de derechos humanos, además de que resultaron heridas varias personas.
El convoy en el que viajaban activistas de derechos humanos y observadores de Alemania, Bélgica, Finlandia e Italia trataba de suministrar alimentos, agua y otros productos básicos a la población de San Juan Copala, sometida desde enero al bloqueo de Ubisort, una organización paramilitar señalada de tener lazos con el PRI.
Organizaciones no gubernamentales (ONG) mexicanas y extranjeras condenaron el ataque e instaron al gobierno nacional del conservador Felipe Calderón a investigar a fondo los hechos y a castigar a los responsables.
La presidenta de Finlandia, Tarja Halonen, se pronunció en ese sentido en un encuentro con Calderón en la cumbre de la Unión Europea y América Latina y el Caribe, que tuvo lugar el 18 de este mes en Madrid.
Las ONG preparan otra caravana para el 8 de junio, para «romper el cerco paramilitar que desde hace meses mantiene alrededor de dicha comunidad», dijo este viernes a la prensa Alejandro Encinas, coordinador de la bancada legislativa del izquierdista Partido de la Revolución Democrática.
La intención del gobernador Ruiz es, según las organizaciones del pueblo triqui, detener la iniciativa autónoma de San Juan Copala y evitar así que ese espíritu se extienda por el territorio oaxaqueño, así como militarizar la región.
«No caeremos en las provocaciones del Estado. Le apostamos a la autonomía de San Juan Copala», enfatizó Albino, quien encabezó este viernes una manifestación de protesta por el asesinato de Timoteo.
Oaxaca, uno de los estados más empobrecidos de esta nación norteamericana, será escenario de elecciones locales el 4 de julio para renovar el gobierno estatal.
Encuestas recientes dan un virtual empate entre Eviel Pérez, candidato del PRI, y Gabino Cué, abanderado de la coalición opositora integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia.
En ese sentido, Albino indicó que no permitirán la instalación de casillas electorales por motivos de seguridad y por considerar que no hay condiciones para efectuar comicios en el municipio.
La Procuraduría (fiscalía) General de la República investiga los sucesos sangrientos de abril, pero a la fecha aún no hay resultados. En nombre de los familiares de Cariño, varias ONG estudian entablar una demanda por el asesinato de la activista.
«Esto en nada detiene la lucha. Hoy que cae un compañero sentimos que nacen muchos ‘Timoteos'», destacó Hernández.
El Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente llamó al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que se levantó en armas contra el gobierno en 1994, y a organizaciones cercanas a ese movimiento, aglutinadas en la llamada La Otra Campaña, a construir una estrategia común para defender la autonomía comunitaria.
En el sureño estado de Chiapas, el zapatismo ha enarbolado la autonomía en una docena de poblados desde 2006.
Las ONG comunitarias y de derechos humanos apuestan a que la presión internacional obligue al gobierno mexicano a esclarecer los ataques y perseguir penalmente a quienes sean hallados culpables.
Las escisiones entre comunidades triqui son tradicionales en la zona, pero se agravaron a partir de la década de 1970. En esos años, las comunidades nativas crearon El Club, un grupo que con los años derivó en el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui.
Esa organización se dividió más tarde y dio lugar al Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente, al que pertenece el municipio autónomo.
Ubisort culpa al gobierno de no intervenir en el conflicto, que ha dejado al menos una docena de muertos desde 2007. Esa organización se beneficiaría de una intervención gubernamental en el área, presuntamente dirigida contra la administración autónoma.
En abril de 2008 fueron asesinadas en la zona las jóvenes locutoras Felicitas Martínez y Teresa Bautista, de la comunitaria Radio Copala, «La voz que rompe el silencio», víctimas de la violencia en que se expresan las diferencias en la región.