Si bien es pronto para juzgar, es clara la intención del gobernante de modificar una serie de usos y costumbres en la política, en materia de corrupción, derechos humanos, mejora de la transparencia y erradicación del gasto superfluo que López Obrador designa habitualmente con el muy neoliberal término de austeridad.
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Estamos ciertamente ante tiempos sociales muy estremecedores. […], se están desarrollando local y tácticamente un conjunto de luchas, convulsiones e inestabilidades permanentes que nos indican que las victorias del lado conservador y las victorias del lado progresista o de la izquierda, tampoco han de ser duraderas. Es un tiempo en que nada ha de ser duradero durante un periodo prolongado. Cada victoria de las fuerzas conservadoras tendrá pies cortos y podrá derrumbarse, y cada victoria de las fuerzas de izquierda podrá tener pies cortos si es que no sabe corregir errores e impulsar un conjunto de vínculos con la sociedad.
Álvaro García Linera
Un breve discurso, emitido esta vez desde un pequeño salón del Palacio Nacional y con sólo 40 invitados, todos ellos miembros del gabinete o personajes próximos al presidente, sustituyó una vez más lo que antaño fue la comparecencia del titular del Ejecutivo ante el Congreso. Como sus dos antecesores en el cargo, Andrés Manuel cumplió con entregar al poder Legislativo un informe por escrito, y aprovechó la fecha —que en realidad corresponde a la apertura de un nuevo periodo de sesiones del Congreso, esta vez inaugurando también la LXV Legislatura— para emitir un mensaje político a la nación, más allá de las cotidianas ruedas de prensa mañaneras.
No se ha superado el distanciamiento, incluso físico, entre la presidencia y el poder Legislativo desde que Felipe Calderón, cuyo partido no tenía mayoría parlamentaria, modificó la Constitución para no tener que comparecer personalmente ante los legisladores en el inicio del periodo de sesiones del 1 de septiembre, pese a que en la pasada y en la nueva legislatura el partido del presidente tiene, como otrora el PRI, garantizada la mayoría absoluta.
Pero en lo que no se rompió la tradición fue en el contenido triunfalista del mensaje presidencial que, más que un balance de logros y deficiencias, se dedica al autoensalzamiento y a la jactancia. No es, por supuesto, que todo lo realizado en los últimos casi tres años esté mal o que no se registren mejoras en diversos aspectos; pero hubo, como es usual en los mensajes presidenciales desde siempre, una evidente omisión de los aspectos donde la rendición de cuentas no arroja saldos tan positivos: la inseguridad ligada a los grupos de crimen organizado, que mantienen el control o la disputa de porciones del territorio del país; el creciente involucramiento de los militares en la vida civil; los lamentables resultados de una política contra la pandemia que ha apostado todo a la campaña de vacunación, mucho más que a las medidas de prevención del contagio; el desabasto de medicinas en el sector de salud público por malas decisiones de política económica; la falta de un posicionamiento oficial frente a las determinaciones de la Corte de los Estados Unidos que obligan a nuestro país a retener y contener a los migrantes de otros países que intentan el asilo en esa nación; el balance negativo del producto interno bruto en lo que va del sexenio, pese a la rápida recuperación esperada para el año actual.
En cambio, dos aspectos destacaron dentro del mensaje del presidente este 1 de septiembre. Uno de ellos, el alarde con diversos indicadores económicos que, unos con razón y otros sin ella, fueron presentados como “récord”: las remesas que en julio del presente año alcanzaron el insólito nivel de 4 500 millones de dólares; el crecimiento del salario mínimo que, desde 2019, ha recibido un incremento de 60 por ciento en términos nominales y de alrededor de 45 por ciento en términos reales; la estabilidad cambiaria de nuestra moneda; estabilidad de precios y control de la inflación; el que no se ha incrementado en términos reales, más allá del índice de inflación, el precio de las gasolinas, diésel y electricidad; el ingreso de inversión extranjera directa (IED) por 18 mil 433 millones de dólares en el primer semestre de 2021; el nivel de las reservas internacionales, ya cercano a los 206 mil millones de dólares; “récord” en el no crecimiento de la deuda pública en lo que va del actual gobierno; y también un supuesto “récord histórico” en el crecimiento del índice de la bolsa de valores. Envalentonado con su recuento del comportamiento macroeconómico, espetó a los tecnócratas y neoliberales la expresión: “Tomen, para que aprendan”.
En algunos de estos aspectos el presidente tiene razón. El ingreso de remesas, los niveles de reservas internacionales, la estabilización cambiaria, la moderación de los índices inflacionarios, pese a la crisis por la pandemia de SARS-Cov2 y sus repercusiones en la economía, la relativa estabilidad en el precio de los combustibles y energía, la recuperación del salario mínimo, son indicadores, si no con récord histórico, sí muy notables en el desempeño de la economía.
Pero varios de esos índices no dependen de la política económica del gobierno federal sino de otros factores. El de las remesas es el más debatible. ¿Es positivo que una economía como la mexicana tienda cada vez más a depender del producto generado privadamente por los connacionales radicados más allá de nuestras fronteras, y compartido con sus familias en el territorio nacional porque muchas veces no tuvieron oportunidad de hacerlo aquí?
Las reservas internacionales —administradas por el Banco de México, no por el gobierno del país— efectivamente han alcanzado niveles históricos, y en ello influyen tanto las propias remesas que ingresan divisas nuestra economía como los niveles (importantes, pero no “récord”) alcanzados por la inversión extranjera directa, la balanza comercial y, en las últimas semanas, el contabilizar como parte de ellas los derechos especiales de giro por más de 12 mil millones de dólares concedidos por el Fondo Monetario Internacional. Y no hay que olvidar que la mejoría en la balanza comercial ha sido una consecuencia directa de la depresión de las importaciones como consecuencia de la recesión y crisis de 2020.
El bajo índice inflacionario se encuentra ligado a esas reservas, lo mismo que la estabilidad de la moneda frente al dólar y otras unidades monetarias internacionales, y al manejo que el propio Banco de México hace del peso. Los precios de las gasolinas ya no los fija, desde la reforma energética de Peña Nieto, la Secretaría de Hacienda, sino el mercado; incluso la Profeco dedica cada lunes en las mañaneras una sección a informar el “quién es quién en los precios de esos combustibles”. La recesión y la baja de la demanda internacional de combustibles han contribuido a mantener los precios en una franja de oscilación aceptable. Esperemos que la recuperación económica en marcha no presione en el futuro próximo al alza de los mismos.
El incremento en la IED y la bonanza de la bolsa también son multifactoriales; en ellos inciden la vigencia del TMEC, la imparable vinculación de nuestra economía a la de los Estados Unidos y el hecho indiscutible de que la recuperación salarial no se ha extendido a todos los sectores de los trabajadores. Nuestros niveles de remuneración al trabajo son todavía muy atractivos para el capital externo, e incluso el gobierno federal mismo sigue aplicando los sacramentados topes salariales a los trabajadores del sector público.
Es falso, en cambio, que el nivel de la deuda externa no haya crecido. Si en noviembre de 2018 era de 10.7 billones de pesos, al finalizar el pasado mes de julio se ubicó en 12.4 billones, según reporte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con un incremento de 1.7 billones, que para finales de 2021 se estima represente el 49.7 del PIB.
Pero el otro aspecto que resalta del triunfalismo presidencial en su discurso es la reiterada idea de que los cambios operados en esta primera parte del sexenio son irreversibles e incluso han representado cambios culturales permanentes entre la población. Sería difícil, empero, demostrar que la corrupción ha sido erradicada en este periodo.
El combate a la pobreza no sólo no ha dado los resultados esperados, sino que, según la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, del INEGI, y las mediciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, Coneval, recientemente difundidas por separado por ambas entidades, los niveles de carencias entre la población se han incrementado. La pobreza en general aumentó del 41.9 por ciento en 2018 al 43.9 de la población en 2020. La pobreza extrema, del 7 al 8.5 por ciento en el mismo periodo, y la vulnerabilidad por ingresos del 8 al 8.9 por ciento de los habitantes también en ese lapso (https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx). Cierto que el papel desempeñado por la pandemia de coronavirus en 2020 ha sido muy determinante en esos efectos socioeconómicos; pero también el crecimiento cero registrado en la economía en 2019. Y lo importante es que los programas de bienestar del gobierno federal no han logrado mitigar esos efectos; si algo lo ha hecho, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, ha sido el espectacular incremento de las remesas en el periodo. Sin éstas, que mejoran el nivel de consumo de cientos de miles o millones de familias y reactivan la economía, la situación de empobrecimiento social sería aún peor.
Por eso, si bien los programas asistenciales han quedado garantizados constitucionalmente, no aseguran por sí mismos el bienestar de la población ni la disminución consistente de la pobreza. La recuperación de impuestos antes evadidos o condonados a los grandes capitales, tarea en la que el SAT ha sido muy eficaz en el periodo, es importante, pero tendrá un efecto sólo coyuntural en la hacienda pública. Lo mismo puede decirse de la recuperación de recursos por la corrupción, insuficiente para enfrentar los grandes desafíos sociales y económicos que se plantean a nuestro país. Para hacer permanente el fortalecimiento de ésta es necesaria una reforma fiscal progresiva que elevaría la muy magra recaudación (la menor entre las economías de la OCDE e inferior en porcentaje a la de la mayoría de las economías latinoamericanas) y permitiría impulsar proyectos de desarrollo en gran escala y también un programa amplio de fortalecimiento de la economía social, pero que el gobierno se resiste a realizar.
La concentración del ingreso se ha acentuado en el último periodo; y mientras para miles de familias la crisis y la pandemia han traído más limitaciones en sus ingresos, las fortunas de los mismos de siempre se han acrecentado aprovechando las mismas circunstancias. Según reporte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, de junio de 2021, México sigue en el segundo lugar entre los países latinoamericanos por sus niveles de concentración de la riqueza, sólo superado por Chile, que tiene un gobierno de derecha, y superior al de Brasil, también gobernado por el conservadurismo en el último periodo. En promedio, en estos países, el 10 % más acaudalado controlaba en 2019 el 49 % del ingreso nacional y el 1 % colocado en la cúspide de la sociedad el 28 % de la riqueza (https://www.onu.org.mx/mexico-de-los-paises-con-mayor-concentracion-de-riqueza-en-manos-de-unos-cuantos-undp/).
Esta situación ha empeorado con la pandemia de 2020, cuando el 1 % de la población pasó a controlar el 31 % de la riqueza nacional (https://expansion.mx/economia/2021/06/23/el-1-de-las-personas-en-mexico-acumula-el-31-de-la-riqueza-del-pais). Nada qué celebrar, entonces, en esa materia.
Ni una de las llamadas reformas estructurales que se ejecutaron en el sexenio de Enrique Peña Nieto, con excepción, de manera incompleta de la Educativa, se ha revertido, aunque se anuncia una transformación de gran calado en el sector eléctrico para el periodo de sesiones que inicia, pero de la cual habrá que ver su viabilidad al no contar el gobierno con mayorías calificadas para la reforma constitucional en ambas cámaras. Y aunque el presidente mantiene asombrosos niveles de aceptación entre la población, que en algunas mediciones se aproximan al 70 %, y Morena tiene amplias posibilidades de volver a ganar la presidencia en 2024, si no ocurre un gran desaguisado, es difícil compartir el optimismo de López Obrador en cuanto a que “se han sentado sólidamente las bases” en estos tres años, para la transformación económica y social del país.
Pero, si bien es pronto para juzgar, es clara la intención del gobernante de modificar una serie de usos y costumbres en la política, en materia de corrupción, derechos humanos, mejora de la transparencia y erradicación del gasto superfluo que López Obrador designa habitualmente con el muy neoliberal término de austeridad. Es pronto, para echar campanas a vuelo y hacer celebraciones, nada está escrito con tinta indeleble, menos aún con sangre, a la vista de experiencias como la del Brasil donde un gobierno semifascista pero dotado de legitimidad electoral ha revertido mucho de los avances logrados en atención a las clases populares por los gobiernos de Lula y el Partido de los Trabajadores. Sólo cabe esperar que, en lo que resta de este gobierno y en los años subsiguientes, se siga y sobre todo se profundice un camino que de verdad beneficie a las clases y sectores hoy explotados y oprimidos, ahora lejos aún de haber encontrado la realización de sus proyectos emancipatorios.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH